En Génova 13, capital Puerta del Sol, se han dado cuenta de la jugada: el Gobierno empotra políticos disfrazados de empresarios en grandes compañías con participación simple o de control público para que llegado el momento del cambio el tejido corporativo esté tan trufado de paladines sanchistas y colaboradores necesarios que sean capaces de mantener y promocionar la esencia de quien les puso a dedo, funcionando autónomamente como las manecillas de los relojes de los soldados caídos.En condiciones normales de mercado y ante un escenario de escandalera política como el actual pocos serían los que se atreverían a dar el paso de adscribirse a un Ejecutivo en aparente desmoronamiento, pero para compensarlo entran en liza dos factores: la tentación de un sueldo millonario automático y, lo que no es menos importante en estos momentos, la capacidad para auto imponerse un blindaje de oro, que llegado el momento de la salida supondría recibir dos o tres anualidades para hacer la travesía por el desierto con el estómago lleno. Echen cuentas.La vicesecretaría general de Economía del PP ya se interesó por la situación de las compañías participadas por el Gobierno en las pasadas elecciones generales y elaboró un exhaustivo documento («Nombramientos en el sector público institucional y sector público empresarial»), donde a lo largo y ancho de sus 42 páginas se analizaba con minuciosidad, con nombres y apellidos, la lista de empresas estratégicas y de colocados por el sanchismo, con particularidades de cada compañía y muy especialmente de las rescatadas, donde habría que aplicar un plan inmediato de rigor y profesionalización. Aena, Enagás, Airbus, Ebro Foods, Indra…, eran algunos de los nombres destacados a los que después se hubiese sumado Telefónica, donde la SEPI ahora mantiene la posición de control.Desde entonces la acción colonizadora del Gobierno se ha disparado y se ha multiplicado el número de agraciados del sanchismo, que alcanzó su cénit a comienzos de año con la ocupación de Telefónica , situando a Marc Murtra de presidente, al autor de la tesis ‘fake’ de Pedro Sánchez, Carlos Ocaña, como vicepresidente, y al, digamos, ‘zapaterista’ Javier de Paz como presidente de Movistar+ además de consejero de la matriz… una acción ocupacional muy similar a lo que ha ido aconteciendo con otra semipública desde la llegada de Sánchez al poder: Indra, en la que la SEPI mantiene un 28%. Numerosas y potentes han sido las voces internas que en los últimos meses han reclamado al líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, mano dura contra esta estrategia invasiva y la solución estrella sobre la mesa consiste en un decreto/promesa electoral que penalizará desde el 75 al 90% de las indemnizaciones de salida de los principales directivos de empresas con participación pública, llegando a la horquilla máxima si la compañía se encuentra en pérdidas. El mensaje es balsámico para una dirección nacional de los populares que necesita mostrarse contundente ante su próximo XXI Congreso Nacional , que tendrá lugar en Madrid en julio, una plaza donde Isabel Díaz Ayuso reclama firmeza contra el sanchismo y los apoderados que ejecutan su programa ideológico.Esta medida permitiría extender la idea fuerza de que el PP recuperará el dinero de los contribuyentes destinado a sustraer un régimen de directivos y consejeros enchufados, y entronca con el proceder habitual en las finanzas y negocios anglosajones, donde los analistas e inversores exigen y aplauden las llamadas ‘clawbacks’, o cláusulas de recuperación de indemnizaciones ante diversos supuestos como la mala conducta, el bajo rendimiento, pérdidas significativas o vicios de fondo en las contrataciones. De esa forma se protegen los intereses de la parte que paga, máxime si procede del erario público. El impuesto especial sería un claro mensaje a los ‘colonos monclovitas’ y un revulsivo para acercarse a las posturas de Vox o, como decía, de la propia Díaz Ayuso, que exigen dureza contra el ecosistema sanchista .A los oídos de Feijóo llegan no solo los susurros de quienes quieren actualizar el mapa de fuerzas económicas en el PP, sino las maniobras orquestales en la oscuridad de directivos y consejeros del sanchismo que en los últimos meses y ante el olor a cadaverina del régimen se han subido los sueldos para así multiplicar sus ‘golden parachutes’ para que el aterrizaje sea más blando cuando toque la caída.Por cierto, otra semana sin saber de José Luis Rodríguez Zapatero . Mal debe de estar el sanchismo. Y peor que estará con este ejemplarizante correctivo fiscal Popular al cuento de la lechera de tanto político de segunda metido a empresario de primera. En Génova 13, capital Puerta del Sol, se han dado cuenta de la jugada: el Gobierno empotra políticos disfrazados de empresarios en grandes compañías con participación simple o de control público para que llegado el momento del cambio el tejido corporativo esté tan trufado de paladines sanchistas y colaboradores necesarios que sean capaces de mantener y promocionar la esencia de quien les puso a dedo, funcionando autónomamente como las manecillas de los relojes de los soldados caídos.En condiciones normales de mercado y ante un escenario de escandalera política como el actual pocos serían los que se atreverían a dar el paso de adscribirse a un Ejecutivo en aparente desmoronamiento, pero para compensarlo entran en liza dos factores: la tentación de un sueldo millonario automático y, lo que no es menos importante en estos momentos, la capacidad para auto imponerse un blindaje de oro, que llegado el momento de la salida supondría recibir dos o tres anualidades para hacer la travesía por el desierto con el estómago lleno. Echen cuentas.La vicesecretaría general de Economía del PP ya se interesó por la situación de las compañías participadas por el Gobierno en las pasadas elecciones generales y elaboró un exhaustivo documento («Nombramientos en el sector público institucional y sector público empresarial»), donde a lo largo y ancho de sus 42 páginas se analizaba con minuciosidad, con nombres y apellidos, la lista de empresas estratégicas y de colocados por el sanchismo, con particularidades de cada compañía y muy especialmente de las rescatadas, donde habría que aplicar un plan inmediato de rigor y profesionalización. Aena, Enagás, Airbus, Ebro Foods, Indra…, eran algunos de los nombres destacados a los que después se hubiese sumado Telefónica, donde la SEPI ahora mantiene la posición de control.Desde entonces la acción colonizadora del Gobierno se ha disparado y se ha multiplicado el número de agraciados del sanchismo, que alcanzó su cénit a comienzos de año con la ocupación de Telefónica , situando a Marc Murtra de presidente, al autor de la tesis ‘fake’ de Pedro Sánchez, Carlos Ocaña, como vicepresidente, y al, digamos, ‘zapaterista’ Javier de Paz como presidente de Movistar+ además de consejero de la matriz… una acción ocupacional muy similar a lo que ha ido aconteciendo con otra semipública desde la llegada de Sánchez al poder: Indra, en la que la SEPI mantiene un 28%. Numerosas y potentes han sido las voces internas que en los últimos meses han reclamado al líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, mano dura contra esta estrategia invasiva y la solución estrella sobre la mesa consiste en un decreto/promesa electoral que penalizará desde el 75 al 90% de las indemnizaciones de salida de los principales directivos de empresas con participación pública, llegando a la horquilla máxima si la compañía se encuentra en pérdidas. El mensaje es balsámico para una dirección nacional de los populares que necesita mostrarse contundente ante su próximo XXI Congreso Nacional , que tendrá lugar en Madrid en julio, una plaza donde Isabel Díaz Ayuso reclama firmeza contra el sanchismo y los apoderados que ejecutan su programa ideológico.Esta medida permitiría extender la idea fuerza de que el PP recuperará el dinero de los contribuyentes destinado a sustraer un régimen de directivos y consejeros enchufados, y entronca con el proceder habitual en las finanzas y negocios anglosajones, donde los analistas e inversores exigen y aplauden las llamadas ‘clawbacks’, o cláusulas de recuperación de indemnizaciones ante diversos supuestos como la mala conducta, el bajo rendimiento, pérdidas significativas o vicios de fondo en las contrataciones. De esa forma se protegen los intereses de la parte que paga, máxime si procede del erario público. El impuesto especial sería un claro mensaje a los ‘colonos monclovitas’ y un revulsivo para acercarse a las posturas de Vox o, como decía, de la propia Díaz Ayuso, que exigen dureza contra el ecosistema sanchista .A los oídos de Feijóo llegan no solo los susurros de quienes quieren actualizar el mapa de fuerzas económicas en el PP, sino las maniobras orquestales en la oscuridad de directivos y consejeros del sanchismo que en los últimos meses y ante el olor a cadaverina del régimen se han subido los sueldos para así multiplicar sus ‘golden parachutes’ para que el aterrizaje sea más blando cuando toque la caída.Por cierto, otra semana sin saber de José Luis Rodríguez Zapatero . Mal debe de estar el sanchismo. Y peor que estará con este ejemplarizante correctivo fiscal Popular al cuento de la lechera de tanto político de segunda metido a empresario de primera. En Génova 13, capital Puerta del Sol, se han dado cuenta de la jugada: el Gobierno empotra políticos disfrazados de empresarios en grandes compañías con participación simple o de control público para que llegado el momento del cambio el tejido corporativo esté tan trufado de paladines sanchistas y colaboradores necesarios que sean capaces de mantener y promocionar la esencia de quien les puso a dedo, funcionando autónomamente como las manecillas de los relojes de los soldados caídos.En condiciones normales de mercado y ante un escenario de escandalera política como el actual pocos serían los que se atreverían a dar el paso de adscribirse a un Ejecutivo en aparente desmoronamiento, pero para compensarlo entran en liza dos factores: la tentación de un sueldo millonario automático y, lo que no es menos importante en estos momentos, la capacidad para auto imponerse un blindaje de oro, que llegado el momento de la salida supondría recibir dos o tres anualidades para hacer la travesía por el desierto con el estómago lleno. Echen cuentas.La vicesecretaría general de Economía del PP ya se interesó por la situación de las compañías participadas por el Gobierno en las pasadas elecciones generales y elaboró un exhaustivo documento («Nombramientos en el sector público institucional y sector público empresarial»), donde a lo largo y ancho de sus 42 páginas se analizaba con minuciosidad, con nombres y apellidos, la lista de empresas estratégicas y de colocados por el sanchismo, con particularidades de cada compañía y muy especialmente de las rescatadas, donde habría que aplicar un plan inmediato de rigor y profesionalización. Aena, Enagás, Airbus, Ebro Foods, Indra…, eran algunos de los nombres destacados a los que después se hubiese sumado Telefónica, donde la SEPI ahora mantiene la posición de control.Desde entonces la acción colonizadora del Gobierno se ha disparado y se ha multiplicado el número de agraciados del sanchismo, que alcanzó su cénit a comienzos de año con la ocupación de Telefónica , situando a Marc Murtra de presidente, al autor de la tesis ‘fake’ de Pedro Sánchez, Carlos Ocaña, como vicepresidente, y al, digamos, ‘zapaterista’ Javier de Paz como presidente de Movistar+ además de consejero de la matriz… una acción ocupacional muy similar a lo que ha ido aconteciendo con otra semipública desde la llegada de Sánchez al poder: Indra, en la que la SEPI mantiene un 28%. Numerosas y potentes han sido las voces internas que en los últimos meses han reclamado al líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, mano dura contra esta estrategia invasiva y la solución estrella sobre la mesa consiste en un decreto/promesa electoral que penalizará desde el 75 al 90% de las indemnizaciones de salida de los principales directivos de empresas con participación pública, llegando a la horquilla máxima si la compañía se encuentra en pérdidas. El mensaje es balsámico para una dirección nacional de los populares que necesita mostrarse contundente ante su próximo XXI Congreso Nacional , que tendrá lugar en Madrid en julio, una plaza donde Isabel Díaz Ayuso reclama firmeza contra el sanchismo y los apoderados que ejecutan su programa ideológico.Esta medida permitiría extender la idea fuerza de que el PP recuperará el dinero de los contribuyentes destinado a sustraer un régimen de directivos y consejeros enchufados, y entronca con el proceder habitual en las finanzas y negocios anglosajones, donde los analistas e inversores exigen y aplauden las llamadas ‘clawbacks’, o cláusulas de recuperación de indemnizaciones ante diversos supuestos como la mala conducta, el bajo rendimiento, pérdidas significativas o vicios de fondo en las contrataciones. De esa forma se protegen los intereses de la parte que paga, máxime si procede del erario público. El impuesto especial sería un claro mensaje a los ‘colonos monclovitas’ y un revulsivo para acercarse a las posturas de Vox o, como decía, de la propia Díaz Ayuso, que exigen dureza contra el ecosistema sanchista .A los oídos de Feijóo llegan no solo los susurros de quienes quieren actualizar el mapa de fuerzas económicas en el PP, sino las maniobras orquestales en la oscuridad de directivos y consejeros del sanchismo que en los últimos meses y ante el olor a cadaverina del régimen se han subido los sueldos para así multiplicar sus ‘golden parachutes’ para que el aterrizaje sea más blando cuando toque la caída.Por cierto, otra semana sin saber de José Luis Rodríguez Zapatero . Mal debe de estar el sanchismo. Y peor que estará con este ejemplarizante correctivo fiscal Popular al cuento de la lechera de tanto político de segunda metido a empresario de primera. RSS de noticias de economia
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