Seis de cada diez liquidaciones tributarias que los contribuyentes se animan a recurrir son estimadas total o parcialmente por las instancias administrativas o judiciales encargadas de valorarlas. La Agencia Tributaria acostumbra a oponer a estos datos otras cifras igualmente oficiales que indican que apenas un 2% de sus actos administrativos son recurridos por los contribuyentes, sin especificar eso sí cuánto supone ese 2% sobre las deudas tributarias totales que liquida.Para una parte muy importante de los profesionales de la fiscalidad en España esas cifras resultan intolerables y son el síntoma más demoledor de lo que señalan como un problema estructural del sistema fiscal: un nivel de litigiosidad superior al de cualquier otro marco tributario comparable. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la CEOE, ha reunido a algunos de los académicos y profesionales más prestigiosos del país para elaborar un informe que no solo enmarca en cifras el grave problema que la litigiosidad supone tanto para los contribuyentes como para el erario público sino que también plantea medidas para una reforma profunda del sistema tributario que ponga fin a esta losa.«Al cierre del año 2022 la deuda pendiente de cobro por parte de la Administración Tributaria superaba los 40.000 millones de euros, hablamos de una quinta parte de la recaudación tributaria que se obtiene en un ejercicio», ha ilustrado este lunes el presidente del IEE y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, en el acto de presentación del informe que el think tank ha encargado a 17 profesionales y académicos sobre la litigiosidad en España. «Ese año se presentaron más de 230.000 reclamaciones tributarias y los recursos tributarios que no se pueden utilizar por estar inmersos en litigios tributarios ascienden a 10.847 millones de euros , estamos hablando de una cantidad similar al presupuesto del ministerio de fomento. No hay duda de que estamos ante un problema estructural», ha explicado.(((HABRÁ AMPLIACIÓN))) Seis de cada diez liquidaciones tributarias que los contribuyentes se animan a recurrir son estimadas total o parcialmente por las instancias administrativas o judiciales encargadas de valorarlas. La Agencia Tributaria acostumbra a oponer a estos datos otras cifras igualmente oficiales que indican que apenas un 2% de sus actos administrativos son recurridos por los contribuyentes, sin especificar eso sí cuánto supone ese 2% sobre las deudas tributarias totales que liquida.Para una parte muy importante de los profesionales de la fiscalidad en España esas cifras resultan intolerables y son el síntoma más demoledor de lo que señalan como un problema estructural del sistema fiscal: un nivel de litigiosidad superior al de cualquier otro marco tributario comparable. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la CEOE, ha reunido a algunos de los académicos y profesionales más prestigiosos del país para elaborar un informe que no solo enmarca en cifras el grave problema que la litigiosidad supone tanto para los contribuyentes como para el erario público sino que también plantea medidas para una reforma profunda del sistema tributario que ponga fin a esta losa.«Al cierre del año 2022 la deuda pendiente de cobro por parte de la Administración Tributaria superaba los 40.000 millones de euros, hablamos de una quinta parte de la recaudación tributaria que se obtiene en un ejercicio», ha ilustrado este lunes el presidente del IEE y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, en el acto de presentación del informe que el think tank ha encargado a 17 profesionales y académicos sobre la litigiosidad en España. «Ese año se presentaron más de 230.000 reclamaciones tributarias y los recursos tributarios que no se pueden utilizar por estar inmersos en litigios tributarios ascienden a 10.847 millones de euros , estamos hablando de una cantidad similar al presupuesto del ministerio de fomento. No hay duda de que estamos ante un problema estructural», ha explicado.(((HABRÁ AMPLIACIÓN))) Seis de cada diez liquidaciones tributarias que los contribuyentes se animan a recurrir son estimadas total o parcialmente por las instancias administrativas o judiciales encargadas de valorarlas. La Agencia Tributaria acostumbra a oponer a estos datos otras cifras igualmente oficiales que indican que apenas un 2% de sus actos administrativos son recurridos por los contribuyentes, sin especificar eso sí cuánto supone ese 2% sobre las deudas tributarias totales que liquida.Para una parte muy importante de los profesionales de la fiscalidad en España esas cifras resultan intolerables y son el síntoma más demoledor de lo que señalan como un problema estructural del sistema fiscal: un nivel de litigiosidad superior al de cualquier otro marco tributario comparable. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la CEOE, ha reunido a algunos de los académicos y profesionales más prestigiosos del país para elaborar un informe que no solo enmarca en cifras el grave problema que la litigiosidad supone tanto para los contribuyentes como para el erario público sino que también plantea medidas para una reforma profunda del sistema tributario que ponga fin a esta losa.«Al cierre del año 2022 la deuda pendiente de cobro por parte de la Administración Tributaria superaba los 40.000 millones de euros, hablamos de una quinta parte de la recaudación tributaria que se obtiene en un ejercicio», ha ilustrado este lunes el presidente del IEE y vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, en el acto de presentación del informe que el think tank ha encargado a 17 profesionales y académicos sobre la litigiosidad en España. «Ese año se presentaron más de 230.000 reclamaciones tributarias y los recursos tributarios que no se pueden utilizar por estar inmersos en litigios tributarios ascienden a 10.847 millones de euros , estamos hablando de una cantidad similar al presupuesto del ministerio de fomento. No hay duda de que estamos ante un problema estructural», ha explicado.(((HABRÁ AMPLIACIÓN))) RSS de noticias de economia
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