La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido al Gobierno de que el proyecto del real decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades exige «requisitos injustificados y discriminatorios».La polémica norma introduce nuevos requisitos para los centros que imparten este tipo de enseñanza superior, relacionados con el nivel del profesorado, las instalaciones, la experiencia en la gestión universitaria, la sostenibilidad económica y los sistemas internos de calidad, entre otros. Como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el anuncio del decreto, el objetivo es poner coto a los chiringuitos educativos. Entre los nuevos ‘vetos’ que impondrá el Ministerio de Diana Morant han generado especial revuelo el que exige un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo de cinco años, así como el que obliga a disponer de un 10% de plazas de alojamiento o a tener una oferta de Grados, Máster o Doctorados en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento. Este último punto se ha visto desde la privada como un criterio «arbitrario» que «complica la especialización universitaria». Noticia Relacionada estandar No Sánchez se pliega ante el PNV para aprobar el decreto contra la universidad privada Beatriz L. Echazarreta El PNV se había opuesto frontalmente a la nueva norma del Gobierno, alegando una «arbitraria» invasión de competenciasAunque la CNMC comparte el objetivo del proyecto de mejorar la calidad del sistema universitario español, avisa de que la futura norma exige a los centros «una serie de requisitos injustificados y discriminatorios que no maximizan la calidad del servicio y dificultan la entrada de nuevos competidores en el mercado».Además, considera que la normativa «no incluye indicadores de calidad efectivos, concretos y objetivos que permitan analizar el impacto real de estos requisitos en la calidad del sistema universitario».Objetivos mediblesEn su informe, recomienda incluir mecanismos que permitan conocer y subsanar las posibles deficiencias identificadas en el informe vinculante de la agencia de calidad (ANECA): «El control debería centrarse en aspectos objetivos y medibles que permitan la evaluación ex-post».También apuesta por replantear la obligación de ofertar un número mínimo de títulos de grado, máster y doctorado o, al menos, no aumentar los requisitos existentes y justificar mejor el límite a la verificación de nuevas titulaciones por las agencias de calidad, así como replantear el número mínimo de estudiantes matriculados (4.500 estudiantes), ya que «no garantiza un nivel de calidad ni la sostenibilidad del proyecto».El organismo que regula la Competencia en el país también defiende que no se requiera experiencia en gestión universitaria a todos los integrantes del equipo directivo y pide eliminar este requisito para la persona física o jurídica promotora de una universidad privada.Residencia de estudiantesOtra de sus recomendaciones es reconsiderar la capacidad mínima de alojamiento estudiantil ya que, a su juicio, «si se mantiene, todos los operadores deben cuantificar los costes económicos previstos y justificar el porcentaje mínimo fijado (10% de las plazas)».También insta a replantear la limitación del precio de matrícula de los centros adscritos, «ya que se trata de una intervención de precios decidida por un tercero que limita la capacidad de autoorganización»; y a reconsiderar la diferenciación respecto de las «universidades de características especiales», suprimiendo el porcentaje mínimo del 75% de residencia en España para el personal docente e investigador y, de mantenerse, «ser más flexibles en el plazo para que las universidades virtuales existentes puedan adaptarse».La CNMC recuerda puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con su artículo 5.2). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido al Gobierno de que el proyecto del real decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades exige «requisitos injustificados y discriminatorios».La polémica norma introduce nuevos requisitos para los centros que imparten este tipo de enseñanza superior, relacionados con el nivel del profesorado, las instalaciones, la experiencia en la gestión universitaria, la sostenibilidad económica y los sistemas internos de calidad, entre otros. Como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el anuncio del decreto, el objetivo es poner coto a los chiringuitos educativos. Entre los nuevos ‘vetos’ que impondrá el Ministerio de Diana Morant han generado especial revuelo el que exige un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo de cinco años, así como el que obliga a disponer de un 10% de plazas de alojamiento o a tener una oferta de Grados, Máster o Doctorados en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento. Este último punto se ha visto desde la privada como un criterio «arbitrario» que «complica la especialización universitaria». Noticia Relacionada estandar No Sánchez se pliega ante el PNV para aprobar el decreto contra la universidad privada Beatriz L. Echazarreta El PNV se había opuesto frontalmente a la nueva norma del Gobierno, alegando una «arbitraria» invasión de competenciasAunque la CNMC comparte el objetivo del proyecto de mejorar la calidad del sistema universitario español, avisa de que la futura norma exige a los centros «una serie de requisitos injustificados y discriminatorios que no maximizan la calidad del servicio y dificultan la entrada de nuevos competidores en el mercado».Además, considera que la normativa «no incluye indicadores de calidad efectivos, concretos y objetivos que permitan analizar el impacto real de estos requisitos en la calidad del sistema universitario».Objetivos mediblesEn su informe, recomienda incluir mecanismos que permitan conocer y subsanar las posibles deficiencias identificadas en el informe vinculante de la agencia de calidad (ANECA): «El control debería centrarse en aspectos objetivos y medibles que permitan la evaluación ex-post».También apuesta por replantear la obligación de ofertar un número mínimo de títulos de grado, máster y doctorado o, al menos, no aumentar los requisitos existentes y justificar mejor el límite a la verificación de nuevas titulaciones por las agencias de calidad, así como replantear el número mínimo de estudiantes matriculados (4.500 estudiantes), ya que «no garantiza un nivel de calidad ni la sostenibilidad del proyecto».El organismo que regula la Competencia en el país también defiende que no se requiera experiencia en gestión universitaria a todos los integrantes del equipo directivo y pide eliminar este requisito para la persona física o jurídica promotora de una universidad privada.Residencia de estudiantesOtra de sus recomendaciones es reconsiderar la capacidad mínima de alojamiento estudiantil ya que, a su juicio, «si se mantiene, todos los operadores deben cuantificar los costes económicos previstos y justificar el porcentaje mínimo fijado (10% de las plazas)».También insta a replantear la limitación del precio de matrícula de los centros adscritos, «ya que se trata de una intervención de precios decidida por un tercero que limita la capacidad de autoorganización»; y a reconsiderar la diferenciación respecto de las «universidades de características especiales», suprimiendo el porcentaje mínimo del 75% de residencia en España para el personal docente e investigador y, de mantenerse, «ser más flexibles en el plazo para que las universidades virtuales existentes puedan adaptarse».La CNMC recuerda puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con su artículo 5.2). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido al Gobierno de que el proyecto del real decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades exige «requisitos injustificados y discriminatorios».La polémica norma introduce nuevos requisitos para los centros que imparten este tipo de enseñanza superior, relacionados con el nivel del profesorado, las instalaciones, la experiencia en la gestión universitaria, la sostenibilidad económica y los sistemas internos de calidad, entre otros. Como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el anuncio del decreto, el objetivo es poner coto a los chiringuitos educativos. Entre los nuevos ‘vetos’ que impondrá el Ministerio de Diana Morant han generado especial revuelo el que exige un mínimo de 4.500 estudiantes en un plazo de cinco años, así como el que obliga a disponer de un 10% de plazas de alojamiento o a tener una oferta de Grados, Máster o Doctorados en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento. Este último punto se ha visto desde la privada como un criterio «arbitrario» que «complica la especialización universitaria». Noticia Relacionada estandar No Sánchez se pliega ante el PNV para aprobar el decreto contra la universidad privada Beatriz L. Echazarreta El PNV se había opuesto frontalmente a la nueva norma del Gobierno, alegando una «arbitraria» invasión de competenciasAunque la CNMC comparte el objetivo del proyecto de mejorar la calidad del sistema universitario español, avisa de que la futura norma exige a los centros «una serie de requisitos injustificados y discriminatorios que no maximizan la calidad del servicio y dificultan la entrada de nuevos competidores en el mercado».Además, considera que la normativa «no incluye indicadores de calidad efectivos, concretos y objetivos que permitan analizar el impacto real de estos requisitos en la calidad del sistema universitario».Objetivos mediblesEn su informe, recomienda incluir mecanismos que permitan conocer y subsanar las posibles deficiencias identificadas en el informe vinculante de la agencia de calidad (ANECA): «El control debería centrarse en aspectos objetivos y medibles que permitan la evaluación ex-post».También apuesta por replantear la obligación de ofertar un número mínimo de títulos de grado, máster y doctorado o, al menos, no aumentar los requisitos existentes y justificar mejor el límite a la verificación de nuevas titulaciones por las agencias de calidad, así como replantear el número mínimo de estudiantes matriculados (4.500 estudiantes), ya que «no garantiza un nivel de calidad ni la sostenibilidad del proyecto».El organismo que regula la Competencia en el país también defiende que no se requiera experiencia en gestión universitaria a todos los integrantes del equipo directivo y pide eliminar este requisito para la persona física o jurídica promotora de una universidad privada.Residencia de estudiantesOtra de sus recomendaciones es reconsiderar la capacidad mínima de alojamiento estudiantil ya que, a su juicio, «si se mantiene, todos los operadores deben cuantificar los costes económicos previstos y justificar el porcentaje mínimo fijado (10% de las plazas)».También insta a replantear la limitación del precio de matrícula de los centros adscritos, «ya que se trata de una intervención de precios decidida por un tercero que limita la capacidad de autoorganización»; y a reconsiderar la diferenciación respecto de las «universidades de características especiales», suprimiendo el porcentaje mínimo del 75% de residencia en España para el personal docente e investigador y, de mantenerse, «ser más flexibles en el plazo para que las universidades virtuales existentes puedan adaptarse».La CNMC recuerda puede actuar de oficio (de acuerdo con el artículo 5.1.h de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) o a petición de las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, los Colegios Profesionales, las Cámaras de Comercio y las Organizaciones Empresariales y de Consumidores y Usuarios (de acuerdo con su artículo 5.2). 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