Desde el primer momento Salvador Viada ha sido uno de los fiscales más combativos con la actuación presuntamente delictiva del fiscal general, hasta el punto de que su asociación, la APIF, está personada en la causa del Tribunal Supremo, donde hasta hace sólo dos meses ejercía como fiscal. Recién jubilado, desde el otro lado de la barrera pero pegado a la actualidad, Viada valora en conversación con ABC el auto de procesamiento de Álvaro García Ortiz. —¿Qué supone para usted que el fiscal general del Estado esté a las puertas del banquillo?—Algo muy grave e insólito. No ha ocurrido nunca que el garante principal de que la ley se aplique en España esté bajo sospecha de que no sólo ha incumplido la ley, sino que ha infringido el Código Penal. Son fronteras que se van pasando, y desde luego es inaudito que no haya decidido marcharse.—Una vez que se abra juicio oral, el Reglamento de la carrera obliga a la suspensión cautelar de Pilar Rodríguez, pero no a la de García Ortiz…—Así es, pero una lectura razonable del Reglamento debería abocar a que al fiscal general también le alcanzara todo esto. La ley no previó en su momento que el fiscal que se encontrara en esta situación fuera el propio fiscal general y por eso lo dejó fuera. Pero es evidente que si a la institución le repugna que un fiscal siga trabajando como tal estando abierto un juicio oral contra él, cuánto más si se trata del fiscal general.—¿Quién debería acordar esta suspensión?—La responsabilidad de aplicar ese artículo 145 debería recaer sobre la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número dos, quien sustituye al fiscal general en el ejercicio de sus funciones cuando éste no puede ejercerlas.—¿Y quién debería solicitarlo?—En principio tenía que ser de oficio, pero como de oficio es probable que no ocurra, las partes podrían pedir al tribunal de enjuiciamiento que requiera a la número dos para que lo haga, porque él ya ha dejado claro que no lo va a hacer. Este fiscal general es una pieza política del Gobierno, yo creo que el tema no admite mucha más discusión. Los arrullos que vimos ayer (por el lunes) que le hacía una ministra en el acto del Consejo del Poder Judicial (la titular de Igualdad, Ana Delgado) fueron tremendos. Esos arrullos evidencian una proximidad muy grande. Y a mí es lo que me parece más grave. Porque el Estado de derecho se sostiene en una serie de presupuestos, entre ellos la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el respeto a la legalidad. Cuando unos ministros arremeten de esa manera contra el Tribunal Supremo te estás cargando todos los diques del Estado de derecho. Eso para mí es lo más grave: que lo haga un Gobierno. En este sentido, yo tengo que romper una lanza a favor del juez Hurtado, que ha hecho una instrucción valiente, muy difícil, porque el fiscal general del Estado se encargó de destruir las pruebas, de obstaculizar todo lo posible la instrucción judicial y de utilizar los poderes de la Fiscalía en beneficio propio contra la actuación del instructor. Hurtado lo ha sobrellevado, ha tirado para adelante, no ha tenido miedo y ha sido independiente. Y para mí ha hecho un trabajo espléndido. Y ahora, en el auto de conclusión de la investigación, no ha hecho un trabajo de aliño, sino que ha entrado con todo detalle en el análisis de lo que hay. —Para algunos lo que hay son indicios, no prueba directa. ¿Es suficiente?—Es lo único posible, teniendo en cuenta que el investigado ha destruido las pruebas evitando que el juez las obtenga. Lo ha evitado él. Entonces, claro, hay que hacer las inferencias de por qué lo destruye, si alguien destruye algo que le favorece o no, si es una práctica normal… Porque la realidad es que él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Los indicios también pueden ser prueba, sirven para condenar yo diría que en la inmensa mayoría de los casos en los que, como las agresiones sexuales, no hay prueba directa. —De hecho el propio juez dice que el borrado es un indicio por sí solo.—El borrado es un indicio, no hay ninguna duda, porque la experiencia nos dice que nadie destruye algo que le beneficia. ¿Por qué no lo destruye seis meses antes de que le imputen? No, lo destruye horas después de cuando se inicia la investigación contra él cuando lo normal sería decir: «Oiga, yo que soy inocente y le voy a entregar mi móvil para que vea que aquí no hay nada». Pues claro que es un indicio.—El juez habla de que García Ortiz actuó por instrucción de Moncloa pero no va más allá…—Hurtado cree que el Gobierno tiene algo que ver, y es una inferencia razonable, porque horas después de que el fiscal general, en ese frenético intercambio de emails, consigue la información que pretendía, esa información la tiene el Gobierno y la utiliza a través de dos vías: en la Comunidad de Madrid, a través de Lobato, y en el Parlamento (el presidente del Gobierno la usa para pedir a Feijóo la dimisión de Ayuso). Y eso lo publica un periódico cuando la interlocutora de Lobato, que es la jefe de gabinete del jefe de gabinete (Pilar Sánchez Acera), o sea, que no es moco de pavo, le dice que no se preocupe, que en un rato estará en la prensa… O sea, que indicios de que el Gobierno tuvo que ver.—¿Se agota aquí la vía de la posible responsabilidad penal del Gobierno?—Si se celebra el juicio y aparece quién indujo al fiscal general del Estado a hacer eso, si es que ese es el camino de la prueba, pueden abrirse nuevas diligencias. Lo que pasa es que en este momento el instructor no ha encontrado a la persona. Pero que el documento lo tiene el Gobierno no hay ninguna duda. —El fiscal general insiste en que hizo lo correcto para desmentir un bulo. ¿Por qué es tan grave su actuación?—Lo que es un bulo es que el fiscal general diga que se mantiene para defender a la Fiscalía y el trabajo de unos compañeros. Él no está defendiendo a la Fiscalía, se está defendiendo a sí mismo, su propia causa porque si hay condena le van a condenar a él, y es a él a quien se va a inhabilitar. Respetando siempre la presunción de inocencia estamos hablando de un delito que se reprocha a un funcionario público, a un fiscal, en un contexto de la privacidad de las comunicaciones entre el abogado y la Fiscalía para llegar a unos acuerdos. Claro, eso es sagrado. Eso es como el secreto profesional del periodista o del médico o del sacerdote. Cuando pasas esos datos, estás lesionando toda la confianza que va a haber en un sistema de resolución de conflictos penales como son los acuerdos de la Fiscalía con la Abogacía. Que eso lo haga un fiscal en el ejercicio de sus funciones y en un contexto de pelea política de la cual el Gobierno saca tajada en perjuicio de un particular al que desde el Gobierno llaman defraudador confeso es muy grave.—¿Qué papel va a jugar la Fiscalía en este juicio? Porque su posición, desde luego, es extraña…—Yo le puedo decir que hay muchos fiscales que en esta situación acusarían. Lo que pasa es que, claro, la institución está organizada como está organizada y así vamos. —¿Es el momento de abordar la reforma procesal para darle la instrucción a los fiscales?—Mientras no se recupere la confianza en la institución, mientras no se garantice la independencia del fiscal respecto del Gobierno, mientras no se modifiquen las reglas internas de funcionamiento de la Fiscalía, pasar a otro sistema en un momento en el que una ministra le hace arrullos al fiscal general y le dice «no te escondas» y «no estás solo» es de locos, es tomarnos el pelo a todos. Desde el primer momento Salvador Viada ha sido uno de los fiscales más combativos con la actuación presuntamente delictiva del fiscal general, hasta el punto de que su asociación, la APIF, está personada en la causa del Tribunal Supremo, donde hasta hace sólo dos meses ejercía como fiscal. Recién jubilado, desde el otro lado de la barrera pero pegado a la actualidad, Viada valora en conversación con ABC el auto de procesamiento de Álvaro García Ortiz. —¿Qué supone para usted que el fiscal general del Estado esté a las puertas del banquillo?—Algo muy grave e insólito. No ha ocurrido nunca que el garante principal de que la ley se aplique en España esté bajo sospecha de que no sólo ha incumplido la ley, sino que ha infringido el Código Penal. Son fronteras que se van pasando, y desde luego es inaudito que no haya decidido marcharse.—Una vez que se abra juicio oral, el Reglamento de la carrera obliga a la suspensión cautelar de Pilar Rodríguez, pero no a la de García Ortiz…—Así es, pero una lectura razonable del Reglamento debería abocar a que al fiscal general también le alcanzara todo esto. La ley no previó en su momento que el fiscal que se encontrara en esta situación fuera el propio fiscal general y por eso lo dejó fuera. Pero es evidente que si a la institución le repugna que un fiscal siga trabajando como tal estando abierto un juicio oral contra él, cuánto más si se trata del fiscal general.—¿Quién debería acordar esta suspensión?—La responsabilidad de aplicar ese artículo 145 debería recaer sobre la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número dos, quien sustituye al fiscal general en el ejercicio de sus funciones cuando éste no puede ejercerlas.—¿Y quién debería solicitarlo?—En principio tenía que ser de oficio, pero como de oficio es probable que no ocurra, las partes podrían pedir al tribunal de enjuiciamiento que requiera a la número dos para que lo haga, porque él ya ha dejado claro que no lo va a hacer. Este fiscal general es una pieza política del Gobierno, yo creo que el tema no admite mucha más discusión. Los arrullos que vimos ayer (por el lunes) que le hacía una ministra en el acto del Consejo del Poder Judicial (la titular de Igualdad, Ana Delgado) fueron tremendos. Esos arrullos evidencian una proximidad muy grande. Y a mí es lo que me parece más grave. Porque el Estado de derecho se sostiene en una serie de presupuestos, entre ellos la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el respeto a la legalidad. Cuando unos ministros arremeten de esa manera contra el Tribunal Supremo te estás cargando todos los diques del Estado de derecho. Eso para mí es lo más grave: que lo haga un Gobierno. En este sentido, yo tengo que romper una lanza a favor del juez Hurtado, que ha hecho una instrucción valiente, muy difícil, porque el fiscal general del Estado se encargó de destruir las pruebas, de obstaculizar todo lo posible la instrucción judicial y de utilizar los poderes de la Fiscalía en beneficio propio contra la actuación del instructor. Hurtado lo ha sobrellevado, ha tirado para adelante, no ha tenido miedo y ha sido independiente. Y para mí ha hecho un trabajo espléndido. Y ahora, en el auto de conclusión de la investigación, no ha hecho un trabajo de aliño, sino que ha entrado con todo detalle en el análisis de lo que hay. —Para algunos lo que hay son indicios, no prueba directa. ¿Es suficiente?—Es lo único posible, teniendo en cuenta que el investigado ha destruido las pruebas evitando que el juez las obtenga. Lo ha evitado él. Entonces, claro, hay que hacer las inferencias de por qué lo destruye, si alguien destruye algo que le favorece o no, si es una práctica normal… Porque la realidad es que él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Los indicios también pueden ser prueba, sirven para condenar yo diría que en la inmensa mayoría de los casos en los que, como las agresiones sexuales, no hay prueba directa. —De hecho el propio juez dice que el borrado es un indicio por sí solo.—El borrado es un indicio, no hay ninguna duda, porque la experiencia nos dice que nadie destruye algo que le beneficia. ¿Por qué no lo destruye seis meses antes de que le imputen? No, lo destruye horas después de cuando se inicia la investigación contra él cuando lo normal sería decir: «Oiga, yo que soy inocente y le voy a entregar mi móvil para que vea que aquí no hay nada». Pues claro que es un indicio.—El juez habla de que García Ortiz actuó por instrucción de Moncloa pero no va más allá…—Hurtado cree que el Gobierno tiene algo que ver, y es una inferencia razonable, porque horas después de que el fiscal general, en ese frenético intercambio de emails, consigue la información que pretendía, esa información la tiene el Gobierno y la utiliza a través de dos vías: en la Comunidad de Madrid, a través de Lobato, y en el Parlamento (el presidente del Gobierno la usa para pedir a Feijóo la dimisión de Ayuso). Y eso lo publica un periódico cuando la interlocutora de Lobato, que es la jefe de gabinete del jefe de gabinete (Pilar Sánchez Acera), o sea, que no es moco de pavo, le dice que no se preocupe, que en un rato estará en la prensa… O sea, que indicios de que el Gobierno tuvo que ver.—¿Se agota aquí la vía de la posible responsabilidad penal del Gobierno?—Si se celebra el juicio y aparece quién indujo al fiscal general del Estado a hacer eso, si es que ese es el camino de la prueba, pueden abrirse nuevas diligencias. Lo que pasa es que en este momento el instructor no ha encontrado a la persona. Pero que el documento lo tiene el Gobierno no hay ninguna duda. —El fiscal general insiste en que hizo lo correcto para desmentir un bulo. ¿Por qué es tan grave su actuación?—Lo que es un bulo es que el fiscal general diga que se mantiene para defender a la Fiscalía y el trabajo de unos compañeros. Él no está defendiendo a la Fiscalía, se está defendiendo a sí mismo, su propia causa porque si hay condena le van a condenar a él, y es a él a quien se va a inhabilitar. Respetando siempre la presunción de inocencia estamos hablando de un delito que se reprocha a un funcionario público, a un fiscal, en un contexto de la privacidad de las comunicaciones entre el abogado y la Fiscalía para llegar a unos acuerdos. Claro, eso es sagrado. Eso es como el secreto profesional del periodista o del médico o del sacerdote. Cuando pasas esos datos, estás lesionando toda la confianza que va a haber en un sistema de resolución de conflictos penales como son los acuerdos de la Fiscalía con la Abogacía. Que eso lo haga un fiscal en el ejercicio de sus funciones y en un contexto de pelea política de la cual el Gobierno saca tajada en perjuicio de un particular al que desde el Gobierno llaman defraudador confeso es muy grave.—¿Qué papel va a jugar la Fiscalía en este juicio? Porque su posición, desde luego, es extraña…—Yo le puedo decir que hay muchos fiscales que en esta situación acusarían. Lo que pasa es que, claro, la institución está organizada como está organizada y así vamos. —¿Es el momento de abordar la reforma procesal para darle la instrucción a los fiscales?—Mientras no se recupere la confianza en la institución, mientras no se garantice la independencia del fiscal respecto del Gobierno, mientras no se modifiquen las reglas internas de funcionamiento de la Fiscalía, pasar a otro sistema en un momento en el que una ministra le hace arrullos al fiscal general y le dice «no te escondas» y «no estás solo» es de locos, es tomarnos el pelo a todos. Desde el primer momento Salvador Viada ha sido uno de los fiscales más combativos con la actuación presuntamente delictiva del fiscal general, hasta el punto de que su asociación, la APIF, está personada en la causa del Tribunal Supremo, donde hasta hace sólo dos meses ejercía como fiscal. Recién jubilado, desde el otro lado de la barrera pero pegado a la actualidad, Viada valora en conversación con ABC el auto de procesamiento de Álvaro García Ortiz. —¿Qué supone para usted que el fiscal general del Estado esté a las puertas del banquillo?—Algo muy grave e insólito. No ha ocurrido nunca que el garante principal de que la ley se aplique en España esté bajo sospecha de que no sólo ha incumplido la ley, sino que ha infringido el Código Penal. Son fronteras que se van pasando, y desde luego es inaudito que no haya decidido marcharse.—Una vez que se abra juicio oral, el Reglamento de la carrera obliga a la suspensión cautelar de Pilar Rodríguez, pero no a la de García Ortiz…—Así es, pero una lectura razonable del Reglamento debería abocar a que al fiscal general también le alcanzara todo esto. La ley no previó en su momento que el fiscal que se encontrara en esta situación fuera el propio fiscal general y por eso lo dejó fuera. Pero es evidente que si a la institución le repugna que un fiscal siga trabajando como tal estando abierto un juicio oral contra él, cuánto más si se trata del fiscal general.—¿Quién debería acordar esta suspensión?—La responsabilidad de aplicar ese artículo 145 debería recaer sobre la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número dos, quien sustituye al fiscal general en el ejercicio de sus funciones cuando éste no puede ejercerlas.—¿Y quién debería solicitarlo?—En principio tenía que ser de oficio, pero como de oficio es probable que no ocurra, las partes podrían pedir al tribunal de enjuiciamiento que requiera a la número dos para que lo haga, porque él ya ha dejado claro que no lo va a hacer. Este fiscal general es una pieza política del Gobierno, yo creo que el tema no admite mucha más discusión. Los arrullos que vimos ayer (por el lunes) que le hacía una ministra en el acto del Consejo del Poder Judicial (la titular de Igualdad, Ana Delgado) fueron tremendos. Esos arrullos evidencian una proximidad muy grande. Y a mí es lo que me parece más grave. Porque el Estado de derecho se sostiene en una serie de presupuestos, entre ellos la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el respeto a la legalidad. Cuando unos ministros arremeten de esa manera contra el Tribunal Supremo te estás cargando todos los diques del Estado de derecho. Eso para mí es lo más grave: que lo haga un Gobierno. En este sentido, yo tengo que romper una lanza a favor del juez Hurtado, que ha hecho una instrucción valiente, muy difícil, porque el fiscal general del Estado se encargó de destruir las pruebas, de obstaculizar todo lo posible la instrucción judicial y de utilizar los poderes de la Fiscalía en beneficio propio contra la actuación del instructor. Hurtado lo ha sobrellevado, ha tirado para adelante, no ha tenido miedo y ha sido independiente. Y para mí ha hecho un trabajo espléndido. Y ahora, en el auto de conclusión de la investigación, no ha hecho un trabajo de aliño, sino que ha entrado con todo detalle en el análisis de lo que hay. —Para algunos lo que hay son indicios, no prueba directa. ¿Es suficiente?—Es lo único posible, teniendo en cuenta que el investigado ha destruido las pruebas evitando que el juez las obtenga. Lo ha evitado él. Entonces, claro, hay que hacer las inferencias de por qué lo destruye, si alguien destruye algo que le favorece o no, si es una práctica normal… Porque la realidad es que él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Los indicios también pueden ser prueba, sirven para condenar yo diría que en la inmensa mayoría de los casos en los que, como las agresiones sexuales, no hay prueba directa. —De hecho el propio juez dice que el borrado es un indicio por sí solo.—El borrado es un indicio, no hay ninguna duda, porque la experiencia nos dice que nadie destruye algo que le beneficia. ¿Por qué no lo destruye seis meses antes de que le imputen? No, lo destruye horas después de cuando se inicia la investigación contra él cuando lo normal sería decir: «Oiga, yo que soy inocente y le voy a entregar mi móvil para que vea que aquí no hay nada». Pues claro que es un indicio.—El juez habla de que García Ortiz actuó por instrucción de Moncloa pero no va más allá…—Hurtado cree que el Gobierno tiene algo que ver, y es una inferencia razonable, porque horas después de que el fiscal general, en ese frenético intercambio de emails, consigue la información que pretendía, esa información la tiene el Gobierno y la utiliza a través de dos vías: en la Comunidad de Madrid, a través de Lobato, y en el Parlamento (el presidente del Gobierno la usa para pedir a Feijóo la dimisión de Ayuso). Y eso lo publica un periódico cuando la interlocutora de Lobato, que es la jefe de gabinete del jefe de gabinete (Pilar Sánchez Acera), o sea, que no es moco de pavo, le dice que no se preocupe, que en un rato estará en la prensa… O sea, que indicios de que el Gobierno tuvo que ver.—¿Se agota aquí la vía de la posible responsabilidad penal del Gobierno?—Si se celebra el juicio y aparece quién indujo al fiscal general del Estado a hacer eso, si es que ese es el camino de la prueba, pueden abrirse nuevas diligencias. Lo que pasa es que en este momento el instructor no ha encontrado a la persona. Pero que el documento lo tiene el Gobierno no hay ninguna duda. —El fiscal general insiste en que hizo lo correcto para desmentir un bulo. ¿Por qué es tan grave su actuación?—Lo que es un bulo es que el fiscal general diga que se mantiene para defender a la Fiscalía y el trabajo de unos compañeros. Él no está defendiendo a la Fiscalía, se está defendiendo a sí mismo, su propia causa porque si hay condena le van a condenar a él, y es a él a quien se va a inhabilitar. Respetando siempre la presunción de inocencia estamos hablando de un delito que se reprocha a un funcionario público, a un fiscal, en un contexto de la privacidad de las comunicaciones entre el abogado y la Fiscalía para llegar a unos acuerdos. Claro, eso es sagrado. Eso es como el secreto profesional del periodista o del médico o del sacerdote. Cuando pasas esos datos, estás lesionando toda la confianza que va a haber en un sistema de resolución de conflictos penales como son los acuerdos de la Fiscalía con la Abogacía. Que eso lo haga un fiscal en el ejercicio de sus funciones y en un contexto de pelea política de la cual el Gobierno saca tajada en perjuicio de un particular al que desde el Gobierno llaman defraudador confeso es muy grave.—¿Qué papel va a jugar la Fiscalía en este juicio? Porque su posición, desde luego, es extraña…—Yo le puedo decir que hay muchos fiscales que en esta situación acusarían. Lo que pasa es que, claro, la institución está organizada como está organizada y así vamos. —¿Es el momento de abordar la reforma procesal para darle la instrucción a los fiscales?—Mientras no se recupere la confianza en la institución, mientras no se garantice la independencia del fiscal respecto del Gobierno, mientras no se modifiquen las reglas internas de funcionamiento de la Fiscalía, pasar a otro sistema en un momento en el que una ministra le hace arrullos al fiscal general y le dice «no te escondas» y «no estás solo» es de locos, es tomarnos el pelo a todos. RSS de noticias de espana
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