Santos Cerdán , exsescretario de Organización del PSOE, tendrá que declarar el próximo 30 de junio en el Tribunal Supremo, pero no lo hará solo. Pocos días después lo harán los empresarios granadinos Daniel Fernández Menéndez y su hermano Antonio, más conocido como Toño , que entre 2021 y 2022 fue asesor del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández . También deberá hacerlo Fernando Merino , cuñado de los hermanos Fernández.Los dos hermanos están relacionados con Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa en los presuntos amaños. Según se desprende de las investigaciones, Fernando Merino, también granadino y exdirectivo de Acciona, habría pedido a Koldo «un empujoncito a todos los amigos» y poco después OPR recibió un contrato de 75 millones de euros del Ministerio de Transportes.La Guardia Civil registró tres pisos y empresas en la provincia de Granada por su relación con el caso Koldo, en concreto en Huétor Vega, Peligros y Baza , de donde son Toño y Pedro Fernández. Allí, una empresa llamada Áridos Anfersa habría contratado a la mujer de Koldo. Los domicilios y las empresas registradas guardan relación con Toño, su hermano y el cuñado de ambos, Fernando Merino, a su vez relacionado con la empresa AccionaEn el registro en la casa de Toño Fernández Menéndez, que figura como apoderado de Obras Públicas y Regadíos , los guardias civiles encontraron «un conjunto de documentos» que incluía «un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de ‘Abalos’, una más que presumible referencia a José Luis Ábalos , exministro de TransportesEsa tanda documental también incluía «adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR», así como «el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura«, según un informe en el que la UCO detallaba el contenido de lo intervenido, al que tuvo acceso Europa Press.«A cambio de beneficios económicos»El Supremo ordenó registrar la casa de Fernández Menéndez y de su hermano Daniel, administrador mancomunado de OPR, ante los indicios de que «en connivencia» con Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García «pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio«. En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.Los agentes señalan que los Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, ex cargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. También apuntan que la entonces mujer del ex asesor ministerial «habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Áridos Anfersa , vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna«.El juez Puente los investiga junto a otros tres empresarios de Servinabar , la empresa navarra de la que Cerdán tendría el 45 por ciento y que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro.El otro granadino de la trama, al menos de momento, es Fernando Merino, que según los investigadores se llevó ‘mordidas’ por valor de 620.000 euros. También ha imputado a José Ruz , vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otra de las empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños. Todos estos empresarios tendrán que declarar ante el Tribunal Supremo entre el 4 y el 7 de julio «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles» que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio«. Santos Cerdán , exsescretario de Organización del PSOE, tendrá que declarar el próximo 30 de junio en el Tribunal Supremo, pero no lo hará solo. Pocos días después lo harán los empresarios granadinos Daniel Fernández Menéndez y su hermano Antonio, más conocido como Toño , que entre 2021 y 2022 fue asesor del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández . También deberá hacerlo Fernando Merino , cuñado de los hermanos Fernández.Los dos hermanos están relacionados con Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa en los presuntos amaños. Según se desprende de las investigaciones, Fernando Merino, también granadino y exdirectivo de Acciona, habría pedido a Koldo «un empujoncito a todos los amigos» y poco después OPR recibió un contrato de 75 millones de euros del Ministerio de Transportes.La Guardia Civil registró tres pisos y empresas en la provincia de Granada por su relación con el caso Koldo, en concreto en Huétor Vega, Peligros y Baza , de donde son Toño y Pedro Fernández. Allí, una empresa llamada Áridos Anfersa habría contratado a la mujer de Koldo. Los domicilios y las empresas registradas guardan relación con Toño, su hermano y el cuñado de ambos, Fernando Merino, a su vez relacionado con la empresa AccionaEn el registro en la casa de Toño Fernández Menéndez, que figura como apoderado de Obras Públicas y Regadíos , los guardias civiles encontraron «un conjunto de documentos» que incluía «un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de ‘Abalos’, una más que presumible referencia a José Luis Ábalos , exministro de TransportesEsa tanda documental también incluía «adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR», así como «el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura«, según un informe en el que la UCO detallaba el contenido de lo intervenido, al que tuvo acceso Europa Press.«A cambio de beneficios económicos»El Supremo ordenó registrar la casa de Fernández Menéndez y de su hermano Daniel, administrador mancomunado de OPR, ante los indicios de que «en connivencia» con Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García «pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio«. En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.Los agentes señalan que los Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, ex cargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. También apuntan que la entonces mujer del ex asesor ministerial «habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Áridos Anfersa , vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna«.El juez Puente los investiga junto a otros tres empresarios de Servinabar , la empresa navarra de la que Cerdán tendría el 45 por ciento y que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro.El otro granadino de la trama, al menos de momento, es Fernando Merino, que según los investigadores se llevó ‘mordidas’ por valor de 620.000 euros. También ha imputado a José Ruz , vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otra de las empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños. Todos estos empresarios tendrán que declarar ante el Tribunal Supremo entre el 4 y el 7 de julio «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles» que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio«. Santos Cerdán , exsescretario de Organización del PSOE, tendrá que declarar el próximo 30 de junio en el Tribunal Supremo, pero no lo hará solo. Pocos días después lo harán los empresarios granadinos Daniel Fernández Menéndez y su hermano Antonio, más conocido como Toño , que entre 2021 y 2022 fue asesor del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández . También deberá hacerlo Fernando Merino , cuñado de los hermanos Fernández.Los dos hermanos están relacionados con Obras Públicas y Regadíos (OPR), una de las empresas que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa en los presuntos amaños. Según se desprende de las investigaciones, Fernando Merino, también granadino y exdirectivo de Acciona, habría pedido a Koldo «un empujoncito a todos los amigos» y poco después OPR recibió un contrato de 75 millones de euros del Ministerio de Transportes.La Guardia Civil registró tres pisos y empresas en la provincia de Granada por su relación con el caso Koldo, en concreto en Huétor Vega, Peligros y Baza , de donde son Toño y Pedro Fernández. Allí, una empresa llamada Áridos Anfersa habría contratado a la mujer de Koldo. Los domicilios y las empresas registradas guardan relación con Toño, su hermano y el cuñado de ambos, Fernando Merino, a su vez relacionado con la empresa AccionaEn el registro en la casa de Toño Fernández Menéndez, que figura como apoderado de Obras Públicas y Regadíos , los guardias civiles encontraron «un conjunto de documentos» que incluía «un esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de ‘Abalos’, una más que presumible referencia a José Luis Ábalos , exministro de TransportesEsa tanda documental también incluía «adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR», así como «el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura«, según un informe en el que la UCO detallaba el contenido de lo intervenido, al que tuvo acceso Europa Press.«A cambio de beneficios económicos»El Supremo ordenó registrar la casa de Fernández Menéndez y de su hermano Daniel, administrador mancomunado de OPR, ante los indicios de que «en connivencia» con Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García «pudiera haber obtenido a cambio de precio o beneficios económicos la adjudicación de obras públicas licitadas en el marco de dicho Ministerio«. En concreto, la UCO hace referencia a contratos en Asturias y Galicia.Los agentes señalan que los Fernández Menéndez son cuñados de Fernando Merino, ex cargo de Acciona Construcción en Navarra que les habría puesto en contacto con Koldo. También apuntan que la entonces mujer del ex asesor ministerial «habría obtenido un puesto de trabajo en la mercantil Áridos Anfersa , vinculada a OPR, siendo indiciariamente posible que aquélla, en realidad, no efectuara prestación laboral alguna«.El juez Puente los investiga junto a otros tres empresarios de Servinabar , la empresa navarra de la que Cerdán tendría el 45 por ciento y que recibió más de 75 millones de euros en obras presuntamente adjudicadas de forma irregular por el Gobierno navarro.El otro granadino de la trama, al menos de momento, es Fernando Merino, que según los investigadores se llevó ‘mordidas’ por valor de 620.000 euros. También ha imputado a José Ruz , vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otra de las empresas que la UCO sitúa en los presuntos amaños. Todos estos empresarios tendrán que declarar ante el Tribunal Supremo entre el 4 y el 7 de julio «en su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles» que «habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas de concretas obras públicas a cambio de precio«. RSS de noticias de espana/andalucia
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