El exdirector general de Carreteras dependiente del Ministerio de Transportes e investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, Javier Herrero, ha defendido este lunes ante el juez Ismael Moreno que no incurrió en ilegalidades al participar en los procedimientos de adjudicación de obra pública en los que se investiga si hubo cobro de mordidas por parte de José Luis Ábalos, si asesor Koldo García o él mismo.Herrero compartió con Koldo García, entre otros mensajes, uno en 2019 en el que afirmó: «Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias». En él, los investigadores ven indicios de que amañó contratos con el asesor del ministro para que la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) recibiera el contrato a cambio de una comisión ilegal. También se investiga si procedió de la misma manera con otros contratos para Acciona.El técnico ha sostenido que si fijo ‘Bingo’ fue para referirse a que obras que se comprometieron electoralmente por parte del ministro Ábalos finalmente salían adelante, no porque hubiera ninguna ilegalidad tras los contratos.Lo que sí ha reconocido el alto funcionario de Transportes, en contestación a su abogado y fiscal, es que recibió un formulario de parte de Ana María Fuentes, la gestora del PSOE a la que nombró el ex secretario general de dicho partido también imputado, Santos Cerdán, para que pagara el «impuesto».Con ese impuesto, según Herrero, se refería al pago que,según le explicaron, hacían habitualmente altos cargos al partido. Las acusaciones populares no han podido preguntar si Herrero era militante de dicho partido. En todo caso, Herrero ha sostenido que no llegó a realizar ningún pago.Tanto Javier Herrero como la otra declarante de la jornada, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, investigada igual que él por pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, han explicado ante el magistrado Ismael Moreno el proceso de contratación pública y adjudicación de obras para tratar de desvincularse de cualquier ilegalidad. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han solicitado que se les retire el pasaporte como medida cautelar y le juez ha aceptado. El exdirector general de Carreteras dependiente del Ministerio de Transportes e investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, Javier Herrero, ha defendido este lunes ante el juez Ismael Moreno que no incurrió en ilegalidades al participar en los procedimientos de adjudicación de obra pública en los que se investiga si hubo cobro de mordidas por parte de José Luis Ábalos, si asesor Koldo García o él mismo.Herrero compartió con Koldo García, entre otros mensajes, uno en 2019 en el que afirmó: «Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias». En él, los investigadores ven indicios de que amañó contratos con el asesor del ministro para que la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) recibiera el contrato a cambio de una comisión ilegal. También se investiga si procedió de la misma manera con otros contratos para Acciona.El técnico ha sostenido que si fijo ‘Bingo’ fue para referirse a que obras que se comprometieron electoralmente por parte del ministro Ábalos finalmente salían adelante, no porque hubiera ninguna ilegalidad tras los contratos.Lo que sí ha reconocido el alto funcionario de Transportes, en contestación a su abogado y fiscal, es que recibió un formulario de parte de Ana María Fuentes, la gestora del PSOE a la que nombró el ex secretario general de dicho partido también imputado, Santos Cerdán, para que pagara el «impuesto».Con ese impuesto, según Herrero, se refería al pago que,según le explicaron, hacían habitualmente altos cargos al partido. Las acusaciones populares no han podido preguntar si Herrero era militante de dicho partido. En todo caso, Herrero ha sostenido que no llegó a realizar ningún pago.Tanto Javier Herrero como la otra declarante de la jornada, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, investigada igual que él por pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, han explicado ante el magistrado Ismael Moreno el proceso de contratación pública y adjudicación de obras para tratar de desvincularse de cualquier ilegalidad. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han solicitado que se les retire el pasaporte como medida cautelar y le juez ha aceptado. El exdirector general de Carreteras dependiente del Ministerio de Transportes e investigado en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, Javier Herrero, ha defendido este lunes ante el juez Ismael Moreno que no incurrió en ilegalidades al participar en los procedimientos de adjudicación de obra pública en los que se investiga si hubo cobro de mordidas por parte de José Luis Ábalos, si asesor Koldo García o él mismo.Herrero compartió con Koldo García, entre otros mensajes, uno en 2019 en el que afirmó: «Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias». En él, los investigadores ven indicios de que amañó contratos con el asesor del ministro para que la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR) recibiera el contrato a cambio de una comisión ilegal. También se investiga si procedió de la misma manera con otros contratos para Acciona.El técnico ha sostenido que si fijo ‘Bingo’ fue para referirse a que obras que se comprometieron electoralmente por parte del ministro Ábalos finalmente salían adelante, no porque hubiera ninguna ilegalidad tras los contratos.Lo que sí ha reconocido el alto funcionario de Transportes, en contestación a su abogado y fiscal, es que recibió un formulario de parte de Ana María Fuentes, la gestora del PSOE a la que nombró el ex secretario general de dicho partido también imputado, Santos Cerdán, para que pagara el «impuesto».Con ese impuesto, según Herrero, se refería al pago que,según le explicaron, hacían habitualmente altos cargos al partido. Las acusaciones populares no han podido preguntar si Herrero era militante de dicho partido. En todo caso, Herrero ha sostenido que no llegó a realizar ningún pago.Tanto Javier Herrero como la otra declarante de la jornada, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, investigada igual que él por pertenencia a organización criminal, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, han explicado ante el magistrado Ismael Moreno el proceso de contratación pública y adjudicación de obras para tratar de desvincularse de cualquier ilegalidad. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares han solicitado que se les retire el pasaporte como medida cautelar y le juez ha aceptado. RSS de noticias de espana
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