No se trata únicamente de una cuestión económica: estamos ante un caso de derechos a la propiedad editorial, por el uso no autorizado de contenidos de prensa para elaborar y comercializar resúmenes de los mismos. Esto es lo que sostiene el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona en la audiencia previa del caso que enfrenta a CEDRO –la asociación que presta cobertura en este ámbito a más de 36.100 autores y editores de periódicos, libros, revistas y partituras– y a Hallon, una compañía que recopila información de medios de comunicación para ofrecérsela a terceros que contratan sus servicios, desde la Administración Pública a otras empresas. El parecer judicial es relevante porque acota una práctica que erosiona la viabilidad del trabajo periodístico.La resolución conocida esta semana frena la estrategia de defensa esgrimida por Hallon acogiéndose al artículo 163 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual permite realizar consignaciones mientras se negocia una licencia y su tarifa. «Se amparaba en una ficción jurídica», objeta Jorge Corrales, director general de CEDRO. Esta es también la conclusión de la magistrada encargada del procedimiento, que rechaza el argumento al considerar que el caso versa sobre una posible infracción de derechos de autor y no de un proceso de negociación económica como pretendían los demandados. «La clave está en que Hallon está operando sin la licencia necesaria para utilizar contenidos desde agosto del año pasado», subraya Corrales.Las empresas de ‘clipping’ –así se denominan en el sector de los medios de comunicación– recopilan y resumen información relevante para sus clientes, abarcando los medios impresos y digitales y también las redes sociales. «La jueza ha reiterado que no pueden utilizarse contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización», constata el director general de CEDRO. En su resolución –que es firme y no admite recurso–, la titular del Juzgado de lo Mercantil barcelonés subraya que la consignación no puede ser utilizada para eludir las obligaciones legales con los editores de prensa.Como consecuencia, el juzgado devolverá a Hallon las cantidades que ésta ha consignado durante los últimos meses , al no proceder las mismas en un contexto que la magistrada entiende de posible infracción de derechos a la propiedad intelectual. El pleito continuará, así, el curso judicial correspondiente. La resolución supone un paso para garantizar la sostenibilidad económica del sector editorial y para proteger el periodismo profesional, considerado un pilar fundamental de la democracia. «Es fundamental que se respeten los derechos de los editores de noticias en todos los ámbitos, tanto por parte de empresas de clipping como de modelos de inteligencia artificial», afirma Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI).Viabilidad y democraciaCon esta demanda, CEDRO persigue que las empresas que desarrollan este tipo de resúmenes de prensa o de agregación de contenidos recaben las autorizaciones correspondientes, respetando los términos de las mismas y abonando las contraprestaciones que correspondan. «Tienen que respetar la propiedad intelectual al igual que respetan la licencia de cualquier ‘software’ que utilizan», detalla Lanzaco. «Los contenidos tienen un valor, y con esta actividad están devaluando el servicio. Eso afecta a la sostenibilidad empresarial del mundo del periodismo, y es crítico en un Estado de derecho», advierte Corrales.Según datos facilitados por la parte demandante, el mercado de reutilización de contenidos genera en España unos 10 millones de euros anuales, cuando en la actualidad «solo se están recaudando tres millones y medio». Cifras en cualquier caso muy alejadas de las de los países de nuestro entorno , que recaudan desde 44 millones de euros en el caso de Reino Unido hasta 17 en el de Francia. «Es evidente que necesitamos avanzar en el respeto a los derechos de los editores de prensa, en la misma línea que el resto de países de la UE, que reconocen el valor de la prensa en la democracia y también en la creación de los grandes modelos de lenguaje nacionales», apostilla Lanzaco.CEDRO y AMI hacen un llamamiento a la entidades que contratan estos servicios, desde firmas del Ibex hasta la Administración Pública. «No es un tema baladí: no se reconoce el trabajo de la prensa y eso afecta a su sostenibilidad, y por tanto, a todos los pilares del Estado», sentencian. No se trata únicamente de una cuestión económica: estamos ante un caso de derechos a la propiedad editorial, por el uso no autorizado de contenidos de prensa para elaborar y comercializar resúmenes de los mismos. Esto es lo que sostiene el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona en la audiencia previa del caso que enfrenta a CEDRO –la asociación que presta cobertura en este ámbito a más de 36.100 autores y editores de periódicos, libros, revistas y partituras– y a Hallon, una compañía que recopila información de medios de comunicación para ofrecérsela a terceros que contratan sus servicios, desde la Administración Pública a otras empresas. El parecer judicial es relevante porque acota una práctica que erosiona la viabilidad del trabajo periodístico.La resolución conocida esta semana frena la estrategia de defensa esgrimida por Hallon acogiéndose al artículo 163 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual permite realizar consignaciones mientras se negocia una licencia y su tarifa. «Se amparaba en una ficción jurídica», objeta Jorge Corrales, director general de CEDRO. Esta es también la conclusión de la magistrada encargada del procedimiento, que rechaza el argumento al considerar que el caso versa sobre una posible infracción de derechos de autor y no de un proceso de negociación económica como pretendían los demandados. «La clave está en que Hallon está operando sin la licencia necesaria para utilizar contenidos desde agosto del año pasado», subraya Corrales.Las empresas de ‘clipping’ –así se denominan en el sector de los medios de comunicación– recopilan y resumen información relevante para sus clientes, abarcando los medios impresos y digitales y también las redes sociales. «La jueza ha reiterado que no pueden utilizarse contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización», constata el director general de CEDRO. En su resolución –que es firme y no admite recurso–, la titular del Juzgado de lo Mercantil barcelonés subraya que la consignación no puede ser utilizada para eludir las obligaciones legales con los editores de prensa.Como consecuencia, el juzgado devolverá a Hallon las cantidades que ésta ha consignado durante los últimos meses , al no proceder las mismas en un contexto que la magistrada entiende de posible infracción de derechos a la propiedad intelectual. El pleito continuará, así, el curso judicial correspondiente. La resolución supone un paso para garantizar la sostenibilidad económica del sector editorial y para proteger el periodismo profesional, considerado un pilar fundamental de la democracia. «Es fundamental que se respeten los derechos de los editores de noticias en todos los ámbitos, tanto por parte de empresas de clipping como de modelos de inteligencia artificial», afirma Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI).Viabilidad y democraciaCon esta demanda, CEDRO persigue que las empresas que desarrollan este tipo de resúmenes de prensa o de agregación de contenidos recaben las autorizaciones correspondientes, respetando los términos de las mismas y abonando las contraprestaciones que correspondan. «Tienen que respetar la propiedad intelectual al igual que respetan la licencia de cualquier ‘software’ que utilizan», detalla Lanzaco. «Los contenidos tienen un valor, y con esta actividad están devaluando el servicio. Eso afecta a la sostenibilidad empresarial del mundo del periodismo, y es crítico en un Estado de derecho», advierte Corrales.Según datos facilitados por la parte demandante, el mercado de reutilización de contenidos genera en España unos 10 millones de euros anuales, cuando en la actualidad «solo se están recaudando tres millones y medio». Cifras en cualquier caso muy alejadas de las de los países de nuestro entorno , que recaudan desde 44 millones de euros en el caso de Reino Unido hasta 17 en el de Francia. «Es evidente que necesitamos avanzar en el respeto a los derechos de los editores de prensa, en la misma línea que el resto de países de la UE, que reconocen el valor de la prensa en la democracia y también en la creación de los grandes modelos de lenguaje nacionales», apostilla Lanzaco.CEDRO y AMI hacen un llamamiento a la entidades que contratan estos servicios, desde firmas del Ibex hasta la Administración Pública. «No es un tema baladí: no se reconoce el trabajo de la prensa y eso afecta a su sostenibilidad, y por tanto, a todos los pilares del Estado», sentencian. No se trata únicamente de una cuestión económica: estamos ante un caso de derechos a la propiedad editorial, por el uso no autorizado de contenidos de prensa para elaborar y comercializar resúmenes de los mismos. Esto es lo que sostiene el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona en la audiencia previa del caso que enfrenta a CEDRO –la asociación que presta cobertura en este ámbito a más de 36.100 autores y editores de periódicos, libros, revistas y partituras– y a Hallon, una compañía que recopila información de medios de comunicación para ofrecérsela a terceros que contratan sus servicios, desde la Administración Pública a otras empresas. El parecer judicial es relevante porque acota una práctica que erosiona la viabilidad del trabajo periodístico.La resolución conocida esta semana frena la estrategia de defensa esgrimida por Hallon acogiéndose al artículo 163 de la Ley de Propiedad Intelectual, el cual permite realizar consignaciones mientras se negocia una licencia y su tarifa. «Se amparaba en una ficción jurídica», objeta Jorge Corrales, director general de CEDRO. Esta es también la conclusión de la magistrada encargada del procedimiento, que rechaza el argumento al considerar que el caso versa sobre una posible infracción de derechos de autor y no de un proceso de negociación económica como pretendían los demandados. «La clave está en que Hallon está operando sin la licencia necesaria para utilizar contenidos desde agosto del año pasado», subraya Corrales.Las empresas de ‘clipping’ –así se denominan en el sector de los medios de comunicación– recopilan y resumen información relevante para sus clientes, abarcando los medios impresos y digitales y también las redes sociales. «La jueza ha reiterado que no pueden utilizarse contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización», constata el director general de CEDRO. En su resolución –que es firme y no admite recurso–, la titular del Juzgado de lo Mercantil barcelonés subraya que la consignación no puede ser utilizada para eludir las obligaciones legales con los editores de prensa.Como consecuencia, el juzgado devolverá a Hallon las cantidades que ésta ha consignado durante los últimos meses , al no proceder las mismas en un contexto que la magistrada entiende de posible infracción de derechos a la propiedad intelectual. El pleito continuará, así, el curso judicial correspondiente. La resolución supone un paso para garantizar la sostenibilidad económica del sector editorial y para proteger el periodismo profesional, considerado un pilar fundamental de la democracia. «Es fundamental que se respeten los derechos de los editores de noticias en todos los ámbitos, tanto por parte de empresas de clipping como de modelos de inteligencia artificial», afirma Irene Lanzaco, directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI).Viabilidad y democraciaCon esta demanda, CEDRO persigue que las empresas que desarrollan este tipo de resúmenes de prensa o de agregación de contenidos recaben las autorizaciones correspondientes, respetando los términos de las mismas y abonando las contraprestaciones que correspondan. «Tienen que respetar la propiedad intelectual al igual que respetan la licencia de cualquier ‘software’ que utilizan», detalla Lanzaco. «Los contenidos tienen un valor, y con esta actividad están devaluando el servicio. Eso afecta a la sostenibilidad empresarial del mundo del periodismo, y es crítico en un Estado de derecho», advierte Corrales.Según datos facilitados por la parte demandante, el mercado de reutilización de contenidos genera en España unos 10 millones de euros anuales, cuando en la actualidad «solo se están recaudando tres millones y medio». Cifras en cualquier caso muy alejadas de las de los países de nuestro entorno , que recaudan desde 44 millones de euros en el caso de Reino Unido hasta 17 en el de Francia. «Es evidente que necesitamos avanzar en el respeto a los derechos de los editores de prensa, en la misma línea que el resto de países de la UE, que reconocen el valor de la prensa en la democracia y también en la creación de los grandes modelos de lenguaje nacionales», apostilla Lanzaco.CEDRO y AMI hacen un llamamiento a la entidades que contratan estos servicios, desde firmas del Ibex hasta la Administración Pública. «No es un tema baladí: no se reconoce el trabajo de la prensa y eso afecta a su sostenibilidad, y por tanto, a todos los pilares del Estado», sentencian. RSS de noticias de economia
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