El reparto de menores migrantes ha generado revuelo en la esfera política. Por un lado, la Xunta se niega a aceptar el traslado de más de 317 menores, alegando que el Gobierno central los trata como «paquetes» y que, de este modo, se crearían «guetos», desvirtuando el funcionamiento del sistema gallego, que apuesta por la pequeña escala. Por eso, la Xunta ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, junto a otras autonomías, reclamando más organización. Por otro lado, el Ejecutivo central ve en estas declaraciones una negativa de la Xunta a ayudar con la crisis migratoria y pide al Gobierno autonómico «solidaridad», llegando el PSdeG a insinuar que se escuda en «cuestiones procedimentales para eludir su responsabilidad». Ante esta situación, lo que tienen claro los trabajadores del sistema es que «no se puede» romper con el actual modelo, porque los centros grandes atentan contra la calidad del servicio que merecen estos niños. «El sistema de protección de menores en Galicia no tiene una distinción para niños, niñas o adolescentes que sean de origen autóctono o que sean de origen migrante. Incluso tampoco si son migrantes acompañados o ya afincados aquí, hijos de padres afincados en España», explica en conversación con ABC Victoriano Escamilla, coordinador general de la Fundación Educativa Social Dignidade, una entidad que gestiona varios recursos residenciales del sistema de protección de la Xunta. Noticias relacionadas estandar Si EMPEZARÁ DENTRO DE UNAS DOS SEMANAS Canarias, sin información del Gobierno sobre el traslado de menores a otras comunidades Joan Guirado estandar Si Ayuso abandera la rebelión del PP contra el reparto de menores impuesto por Sánchez Paloma EstebanEl trato es, por lo tanto, «el mismo» para todos. «Todos se ubican dentro de centros pequeños o medianos, que son los menos, comparten su acogimiento residencial con menores de todos los orígenes y tienen la misma intervención que cualquier otro niño que esté con una medida de protección de menores», señala. Porque lo más importante es entender que «no dejan de ser niños, con el mismo desarrollo, las mismas ganas de hacer deporte, de estudiar y de aprender». En todo caso, los trabajadores, destaca, son conscientes de que «son infancias diferentes», porque «cuando alguien decide emprender un viaje, lleva detrás un proyecto o escapa de algo». «Las dificultades son diferentes. No es la misma problemática que la que tiene un niño que se encuentra en una situación de negligencia en casa. Todos necesitan protección y necesitan una atención integral», explica. En todos los centros de su asociación, indica, hay menores migrantes, y en todos están «plenamente integrados», con amistades y éxito en los estudios, algo que la segregación por país de origen dificulta en gran medida. El modelo mayoritario en Galicia, explica, son las denominadas «casas de familia», «pequeñas viviendas normalizadas, integradas en edificios o en casitas, donde pueden vivir hasta ocho menores», acompañados siempre de educadores y educadoras sociales. «Lo que se intenta es evitar el estigma del centro de menores» y «reproducir la convivencia de una familia grande, pero una familia, integrada y normalizada en el contexto donde esté», explica. También hay recursos más grandes, de 15 plazas, y hay otros medianos, viviendas con hogares, de unas 24 plazas, pero son la excepción, añade. «No tenemos en Galicia centros de 100 o 150 personas». La buena atención, continúa Escamilla, pasa por ofrecerles espacios que sean «lo más hogareños posible», «con profesionales codificados para poder acompañarles en todo momento y que puedan desarrollarse de una forma efectiva y afectiva, para que al llegar la mayoría de edad o cuando terminen su proyecto vital y se les acabe el acompañamiento puedan insertarse con garantías en la sociedad». Pero, ante todo, recuerda que la opción ideal son las familias de acogida. La intención es que los niños no se queden «para siempre» en el sistema, explica, por lo que «las familias de acogidas deberían ser el principal recurso para todos los niños y todas las niñas», que tienen ese derecho. «Aunque los centros son maravillosos, los niños deberían estar en familia», insiste. Después, una vez cumplen la mayoría de edad, a pesar de que en principio termina la tutela administrativa, a los jóvenes que no han terminado su proceso de inserción laboral o académico se les prorroga la atención. Siguen en los centros de atención de menores «hasta que cumplan con el proyecto que se han diseñado» para su vida, destaca. Esto es posible gracias a los programas de transición a la vida adulta de la Xunta –como el programa Mentor, hasta los 23 años– y a veces también se identifican familiares en España con los que se puedan ir a vivir, aunque «generalmente buscan inserción laboral». En su asociación, explica, entre los menores migrantes no acompañados, la inserción es de un 85%, y de hecho, actualmente, añade, varios de los jóvenes que han estado a su cargo y que ya son mayores de edad están formándose en otros países: uno están en Nápoles, haciendo un curso con uno de los mejores pizzeros del mundo; y otro, en el Algarve, montando centrales hidroeléctricas para una empresa. «Nunca a los 18 se deja a un niño en la calle y siempre se prorroga la situación de protección», sentencia al respecto. Emigración gallegaSiendo Galicia un territorio profundamente vinculado a la emigración, reconoce que «nuestra historia marca un poco cómo queremos recibir a la gente». «Sabemos que no se hace por deseo, todos tenemos a alguien en nuestra familia que ha tenido que emigrar», y «sabemos que cuando uno se va de su casa no es porque quiera», es «porque está buscando algo o escapando de algo. Y hay que protegerlos». Por lo tanto, si una cosa tiene clara este profesional, que lleva ya dos décadas atendiendo a estos niños, es que «no se puede» romper con el modelo actual, algo que la Xunta avisa que ocurriría si se acomete el traslado de otros 317 jóvenes. La situación «es muy complicada», reconoce, pero «cuando los niños vienen» hay que ofrecerles «pequeñas unidades, una buena valoración inicial, proyectos híbridos de orientación y formación laboral acompañados de esa protección que dan los contextos familiares». «Los profesionales lo que tenemos claro es lo que los niños necesitan: un espacio afectivo, de acompañamiento, de comprensión, especializado y que les ofrezca la garantía de que puedan ejercer sus derechos, no diferenciando si son migrantes o no migrantes», explica este profesional. Pero esto, continúa, no se puede hacer con centros grandes, como sí hay en otras comunidades, «porque atentan contra la calidad, eso está claro». «Nosotros, los profesionales, lo que queremos es continuar con el modelo que hay, habrá que ver cómo se puede hacer», expone. Un grupo de migrantes acogidos en Ribeira de Piquín, Lugo EP Un reparto «arbitrario y sin fundamento» Al respecto, desde la Xunta mantienen que el Gobierno «está intentando imponer un reparto de menores migrantes totalmente arbitrario y sin fundamento», y que con una ocupación de más del 100% en el sistema, la entrada de más de 300 niños «pone en riesgo el sistema de protección». El sistema está fundamentado en la convivencia, señalan, y niños gallegos viven con otras nacionalidades, incluidos refugiados ucranianos y del norte de África. «Con una red conformada por pequeños centros […] Galicia no puede aceptar este nuevo chantaje e imposición del Ejecutivo de Sánchez», en lo que aseguran que es un reparto «pactado con Carles Puigdemont y sus socios». El reparto de menores migrantes ha generado revuelo en la esfera política. Por un lado, la Xunta se niega a aceptar el traslado de más de 317 menores, alegando que el Gobierno central los trata como «paquetes» y que, de este modo, se crearían «guetos», desvirtuando el funcionamiento del sistema gallego, que apuesta por la pequeña escala. Por eso, la Xunta ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, junto a otras autonomías, reclamando más organización. Por otro lado, el Ejecutivo central ve en estas declaraciones una negativa de la Xunta a ayudar con la crisis migratoria y pide al Gobierno autonómico «solidaridad», llegando el PSdeG a insinuar que se escuda en «cuestiones procedimentales para eludir su responsabilidad». Ante esta situación, lo que tienen claro los trabajadores del sistema es que «no se puede» romper con el actual modelo, porque los centros grandes atentan contra la calidad del servicio que merecen estos niños. «El sistema de protección de menores en Galicia no tiene una distinción para niños, niñas o adolescentes que sean de origen autóctono o que sean de origen migrante. Incluso tampoco si son migrantes acompañados o ya afincados aquí, hijos de padres afincados en España», explica en conversación con ABC Victoriano Escamilla, coordinador general de la Fundación Educativa Social Dignidade, una entidad que gestiona varios recursos residenciales del sistema de protección de la Xunta. Noticias relacionadas estandar Si EMPEZARÁ DENTRO DE UNAS DOS SEMANAS Canarias, sin información del Gobierno sobre el traslado de menores a otras comunidades Joan Guirado estandar Si Ayuso abandera la rebelión del PP contra el reparto de menores impuesto por Sánchez Paloma EstebanEl trato es, por lo tanto, «el mismo» para todos. «Todos se ubican dentro de centros pequeños o medianos, que son los menos, comparten su acogimiento residencial con menores de todos los orígenes y tienen la misma intervención que cualquier otro niño que esté con una medida de protección de menores», señala. Porque lo más importante es entender que «no dejan de ser niños, con el mismo desarrollo, las mismas ganas de hacer deporte, de estudiar y de aprender». En todo caso, los trabajadores, destaca, son conscientes de que «son infancias diferentes», porque «cuando alguien decide emprender un viaje, lleva detrás un proyecto o escapa de algo». «Las dificultades son diferentes. No es la misma problemática que la que tiene un niño que se encuentra en una situación de negligencia en casa. Todos necesitan protección y necesitan una atención integral», explica. En todos los centros de su asociación, indica, hay menores migrantes, y en todos están «plenamente integrados», con amistades y éxito en los estudios, algo que la segregación por país de origen dificulta en gran medida. El modelo mayoritario en Galicia, explica, son las denominadas «casas de familia», «pequeñas viviendas normalizadas, integradas en edificios o en casitas, donde pueden vivir hasta ocho menores», acompañados siempre de educadores y educadoras sociales. «Lo que se intenta es evitar el estigma del centro de menores» y «reproducir la convivencia de una familia grande, pero una familia, integrada y normalizada en el contexto donde esté», explica. También hay recursos más grandes, de 15 plazas, y hay otros medianos, viviendas con hogares, de unas 24 plazas, pero son la excepción, añade. «No tenemos en Galicia centros de 100 o 150 personas». La buena atención, continúa Escamilla, pasa por ofrecerles espacios que sean «lo más hogareños posible», «con profesionales codificados para poder acompañarles en todo momento y que puedan desarrollarse de una forma efectiva y afectiva, para que al llegar la mayoría de edad o cuando terminen su proyecto vital y se les acabe el acompañamiento puedan insertarse con garantías en la sociedad». Pero, ante todo, recuerda que la opción ideal son las familias de acogida. La intención es que los niños no se queden «para siempre» en el sistema, explica, por lo que «las familias de acogidas deberían ser el principal recurso para todos los niños y todas las niñas», que tienen ese derecho. «Aunque los centros son maravillosos, los niños deberían estar en familia», insiste. Después, una vez cumplen la mayoría de edad, a pesar de que en principio termina la tutela administrativa, a los jóvenes que no han terminado su proceso de inserción laboral o académico se les prorroga la atención. Siguen en los centros de atención de menores «hasta que cumplan con el proyecto que se han diseñado» para su vida, destaca. Esto es posible gracias a los programas de transición a la vida adulta de la Xunta –como el programa Mentor, hasta los 23 años– y a veces también se identifican familiares en España con los que se puedan ir a vivir, aunque «generalmente buscan inserción laboral». En su asociación, explica, entre los menores migrantes no acompañados, la inserción es de un 85%, y de hecho, actualmente, añade, varios de los jóvenes que han estado a su cargo y que ya son mayores de edad están formándose en otros países: uno están en Nápoles, haciendo un curso con uno de los mejores pizzeros del mundo; y otro, en el Algarve, montando centrales hidroeléctricas para una empresa. «Nunca a los 18 se deja a un niño en la calle y siempre se prorroga la situación de protección», sentencia al respecto. Emigración gallegaSiendo Galicia un territorio profundamente vinculado a la emigración, reconoce que «nuestra historia marca un poco cómo queremos recibir a la gente». «Sabemos que no se hace por deseo, todos tenemos a alguien en nuestra familia que ha tenido que emigrar», y «sabemos que cuando uno se va de su casa no es porque quiera», es «porque está buscando algo o escapando de algo. Y hay que protegerlos». Por lo tanto, si una cosa tiene clara este profesional, que lleva ya dos décadas atendiendo a estos niños, es que «no se puede» romper con el modelo actual, algo que la Xunta avisa que ocurriría si se acomete el traslado de otros 317 jóvenes. La situación «es muy complicada», reconoce, pero «cuando los niños vienen» hay que ofrecerles «pequeñas unidades, una buena valoración inicial, proyectos híbridos de orientación y formación laboral acompañados de esa protección que dan los contextos familiares». «Los profesionales lo que tenemos claro es lo que los niños necesitan: un espacio afectivo, de acompañamiento, de comprensión, especializado y que les ofrezca la garantía de que puedan ejercer sus derechos, no diferenciando si son migrantes o no migrantes», explica este profesional. Pero esto, continúa, no se puede hacer con centros grandes, como sí hay en otras comunidades, «porque atentan contra la calidad, eso está claro». «Nosotros, los profesionales, lo que queremos es continuar con el modelo que hay, habrá que ver cómo se puede hacer», expone. Un grupo de migrantes acogidos en Ribeira de Piquín, Lugo EP Un reparto «arbitrario y sin fundamento» Al respecto, desde la Xunta mantienen que el Gobierno «está intentando imponer un reparto de menores migrantes totalmente arbitrario y sin fundamento», y que con una ocupación de más del 100% en el sistema, la entrada de más de 300 niños «pone en riesgo el sistema de protección». El sistema está fundamentado en la convivencia, señalan, y niños gallegos viven con otras nacionalidades, incluidos refugiados ucranianos y del norte de África. «Con una red conformada por pequeños centros […] Galicia no puede aceptar este nuevo chantaje e imposición del Ejecutivo de Sánchez», en lo que aseguran que es un reparto «pactado con Carles Puigdemont y sus socios». El reparto de menores migrantes ha generado revuelo en la esfera política. Por un lado, la Xunta se niega a aceptar el traslado de más de 317 menores, alegando que el Gobierno central los trata como «paquetes» y que, de este modo, se crearían «guetos», desvirtuando el funcionamiento del sistema gallego, que apuesta por la pequeña escala. Por eso, la Xunta ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, junto a otras autonomías, reclamando más organización. Por otro lado, el Ejecutivo central ve en estas declaraciones una negativa de la Xunta a ayudar con la crisis migratoria y pide al Gobierno autonómico «solidaridad», llegando el PSdeG a insinuar que se escuda en «cuestiones procedimentales para eludir su responsabilidad». Ante esta situación, lo que tienen claro los trabajadores del sistema es que «no se puede» romper con el actual modelo, porque los centros grandes atentan contra la calidad del servicio que merecen estos niños. «El sistema de protección de menores en Galicia no tiene una distinción para niños, niñas o adolescentes que sean de origen autóctono o que sean de origen migrante. Incluso tampoco si son migrantes acompañados o ya afincados aquí, hijos de padres afincados en España», explica en conversación con ABC Victoriano Escamilla, coordinador general de la Fundación Educativa Social Dignidade, una entidad que gestiona varios recursos residenciales del sistema de protección de la Xunta. Noticias relacionadas estandar Si EMPEZARÁ DENTRO DE UNAS DOS SEMANAS Canarias, sin información del Gobierno sobre el traslado de menores a otras comunidades Joan Guirado estandar Si Ayuso abandera la rebelión del PP contra el reparto de menores impuesto por Sánchez Paloma EstebanEl trato es, por lo tanto, «el mismo» para todos. «Todos se ubican dentro de centros pequeños o medianos, que son los menos, comparten su acogimiento residencial con menores de todos los orígenes y tienen la misma intervención que cualquier otro niño que esté con una medida de protección de menores», señala. Porque lo más importante es entender que «no dejan de ser niños, con el mismo desarrollo, las mismas ganas de hacer deporte, de estudiar y de aprender». En todo caso, los trabajadores, destaca, son conscientes de que «son infancias diferentes», porque «cuando alguien decide emprender un viaje, lleva detrás un proyecto o escapa de algo». «Las dificultades son diferentes. No es la misma problemática que la que tiene un niño que se encuentra en una situación de negligencia en casa. Todos necesitan protección y necesitan una atención integral», explica. En todos los centros de su asociación, indica, hay menores migrantes, y en todos están «plenamente integrados», con amistades y éxito en los estudios, algo que la segregación por país de origen dificulta en gran medida. El modelo mayoritario en Galicia, explica, son las denominadas «casas de familia», «pequeñas viviendas normalizadas, integradas en edificios o en casitas, donde pueden vivir hasta ocho menores», acompañados siempre de educadores y educadoras sociales. «Lo que se intenta es evitar el estigma del centro de menores» y «reproducir la convivencia de una familia grande, pero una familia, integrada y normalizada en el contexto donde esté», explica. También hay recursos más grandes, de 15 plazas, y hay otros medianos, viviendas con hogares, de unas 24 plazas, pero son la excepción, añade. «No tenemos en Galicia centros de 100 o 150 personas». La buena atención, continúa Escamilla, pasa por ofrecerles espacios que sean «lo más hogareños posible», «con profesionales codificados para poder acompañarles en todo momento y que puedan desarrollarse de una forma efectiva y afectiva, para que al llegar la mayoría de edad o cuando terminen su proyecto vital y se les acabe el acompañamiento puedan insertarse con garantías en la sociedad». Pero, ante todo, recuerda que la opción ideal son las familias de acogida. La intención es que los niños no se queden «para siempre» en el sistema, explica, por lo que «las familias de acogidas deberían ser el principal recurso para todos los niños y todas las niñas», que tienen ese derecho. «Aunque los centros son maravillosos, los niños deberían estar en familia», insiste. Después, una vez cumplen la mayoría de edad, a pesar de que en principio termina la tutela administrativa, a los jóvenes que no han terminado su proceso de inserción laboral o académico se les prorroga la atención. Siguen en los centros de atención de menores «hasta que cumplan con el proyecto que se han diseñado» para su vida, destaca. Esto es posible gracias a los programas de transición a la vida adulta de la Xunta –como el programa Mentor, hasta los 23 años– y a veces también se identifican familiares en España con los que se puedan ir a vivir, aunque «generalmente buscan inserción laboral». En su asociación, explica, entre los menores migrantes no acompañados, la inserción es de un 85%, y de hecho, actualmente, añade, varios de los jóvenes que han estado a su cargo y que ya son mayores de edad están formándose en otros países: uno están en Nápoles, haciendo un curso con uno de los mejores pizzeros del mundo; y otro, en el Algarve, montando centrales hidroeléctricas para una empresa. «Nunca a los 18 se deja a un niño en la calle y siempre se prorroga la situación de protección», sentencia al respecto. Emigración gallegaSiendo Galicia un territorio profundamente vinculado a la emigración, reconoce que «nuestra historia marca un poco cómo queremos recibir a la gente». «Sabemos que no se hace por deseo, todos tenemos a alguien en nuestra familia que ha tenido que emigrar», y «sabemos que cuando uno se va de su casa no es porque quiera», es «porque está buscando algo o escapando de algo. Y hay que protegerlos». Por lo tanto, si una cosa tiene clara este profesional, que lleva ya dos décadas atendiendo a estos niños, es que «no se puede» romper con el modelo actual, algo que la Xunta avisa que ocurriría si se acomete el traslado de otros 317 jóvenes. La situación «es muy complicada», reconoce, pero «cuando los niños vienen» hay que ofrecerles «pequeñas unidades, una buena valoración inicial, proyectos híbridos de orientación y formación laboral acompañados de esa protección que dan los contextos familiares». «Los profesionales lo que tenemos claro es lo que los niños necesitan: un espacio afectivo, de acompañamiento, de comprensión, especializado y que les ofrezca la garantía de que puedan ejercer sus derechos, no diferenciando si son migrantes o no migrantes», explica este profesional. Pero esto, continúa, no se puede hacer con centros grandes, como sí hay en otras comunidades, «porque atentan contra la calidad, eso está claro». «Nosotros, los profesionales, lo que queremos es continuar con el modelo que hay, habrá que ver cómo se puede hacer», expone. Un grupo de migrantes acogidos en Ribeira de Piquín, Lugo EP Un reparto «arbitrario y sin fundamento» Al respecto, desde la Xunta mantienen que el Gobierno «está intentando imponer un reparto de menores migrantes totalmente arbitrario y sin fundamento», y que con una ocupación de más del 100% en el sistema, la entrada de más de 300 niños «pone en riesgo el sistema de protección». El sistema está fundamentado en la convivencia, señalan, y niños gallegos viven con otras nacionalidades, incluidos refugiados ucranianos y del norte de África. «Con una red conformada por pequeños centros […] Galicia no puede aceptar este nuevo chantaje e imposición del Ejecutivo de Sánchez», en lo que aseguran que es un reparto «pactado con Carles Puigdemont y sus socios». RSS de noticias de espana
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