Su contribución para desencallar hace un año las negociaciones para la elección de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, fue clave. Siempre en la sombra, discreto y prudente, el vocal y magistrado José Luis Costa, expresidente del Consejo Consultivo de Galicia, es una pieza fundamental en el grupo conservador del órgano de gobierno de los jueces, donde sus compañeros le califican simple y llanamente de «hombre sabio». -¿Qué balance hace de este primer año de mandato del Consejo General del Poder Judicial?-Bueno, ha sido un año intensísimo. Ha habido un poco de todo: grandes hitos, como el consenso logrado para que, por primera vez en la historia, el Consejo fuera presidido por una mujer y su elección se hiciera por los vocales, sin interferencias externas; y grandes diferencias, que se han solventado muy bien. Uno se va de vacaciones con la placentera sensación de haber cumplido sus obligaciones, lo que se esperaba de nosotros. -Sin embargo, uno de los principales encargos que recibió este Consejo fue el de elaborar una propuesta de elección de vocales para despolitizar el órgano y, en cambio, acabaron presentando dos, una por cada grupo.¿No supone esto en cierto modo haber incumplido ese mandato?-Por parte de mi grupo, por así decirlo, no hemos incumplido ese mandato. Nosotros hicimos una propuesta de reforma acorde con los estándares europeos. Fue el otro grupo el que no se ajustó a esos términos porque su propuesta preveía la intervención del Parlamento en la validación de esos nombramientos. Por tanto, sensación de fracaso por no llegar a un acuerdo, ninguna. Mi grupo ha expresado lo que quería de nosotros el legislador; son otros los que no la han hecho. Es su responsabilidad, no la nuestra. -¿Pero se peleó hasta el final para unificar posturas? Porque esto fue al inicio del mandato y daba la sensación de que no querían empezar con mal pie. Las expectativas estaban muy altas.-Sí, efectivamente eso era así. Lo que nos encontramos fue con la cerrazón del otro grupo, en el sentido de que había que decir sí o sí que el Parlamento interviniera, no ya en la elección, sino en forma de veto a los aspirantes a vocal. Y eso no era lo previsto por el legislador. Lo previsto era simplemente que nos ajustáramos a los estándares europeos, que no prevén desde luego la intervención de un Parlamento. Entiendo que los que no han cumplido son ellos. Nosotros hemos remitido a la Comisión de Venecia las dos propuestas para que se manifieste. -¿Y cuándo llegará ese pronunciamiento? -Pues está tardando mucho. Pensábamos que lo tendríamos antes de finalizar el primer año de mandato de este Consejo, pero todavía no ha llegado. -¿Cree que este Consejo está más despolitizado que los anteriores?-Sinceramente sí, no veo que actuemos por criterios de política ni nadie nos ha hecho ninguna indicación al respecto. Mi grupo, además, tiene mayor número de vocales jueces que de juristas y como usted sabe los jueces no suelen dedicarse a la política. -Los ataques a jueces y magistrados han sido una constante también a lo largo de este último año. ¿El Consejo General del Poder Judicial ha estado a la altura en su respuesta?-El Consejo nunca ha desarrollado su función de gobierno del Poder Judicial en un ambiente tan enrarecido y de tan elevado riesgo para la independencia del Poder Judicial como el que tenemos ahora. Esa independencia evidentemente se ataca y se debilita cuando los titulares de otros poderes pretenden inmiscuirse en las funciones jurisdiccionales rompiendo el equilibrio institucional. ¿Y cómo lo hacen? Pues por medio de descalificaciones -yo las llamo oprobiosas- a las actuaciones de los jueces y de los tribunales, tratando de condicionarlas en alguna medida. Frente a eso, el Consejo ha reaccionado siempre, no digo de manera visceral, pero sí de una manera muy prudente, a través de la presidenta, Isabel Perelló, que se ha cansado de recordar a los políticos dónde deben estar y que deben respetar la independencia de los jueces. -Se reprocha también a este CGPJ el reparto de cromos en los nombramientos entre la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). De hecho,un informe que se acaba de conocer señala que 3 de cada 4 han recaído en estas dos asociaciones, que representan a un 35% de la carrera.-No creo que haya habido un reparto de cromos por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que actuar o tenemos que elegir entre los candidatos que se presentan y seguramente ahí estará la clave, porque el número que concurre a estas convocatorias por parte de estas asociaciones es mayor. Yo le puedo decir, por ejemplo, el caso de Galicia: de todas las audiencias y del Tribunal Superior de Justicia, de (la asociación judicial) Francisco de Vitoria creo que no se ha presentado ninguno. O sea que no tiene ningún sentido hacer esa estadística olvidándose de la otra pata.-¿Y no puede ser que no se presenten porque saben de antemano que no se les va a elegir? -Bueno, los nombramientos que ha hecho este CGPJ se convocaron en muy poco tiempo, de manera que todavía no había un precedente en el sentido que usted dice. Posiblemente esto era así en otras épocas, pero con este Consejo había grandes esperanzas para toda la carrera judicial y podían haber pensado que era una oportunidad de presentarse. Otra cosa es que no lo hayan hecho. -¿Cree que están suficientemente representados en los nuevos nombramientos los jueces que no están asociados, que son la mitad de la carrera?-Hay pocos nombramientos de no asociados, eso sí que es cierto. Pero me remito a lo que dije antes: habría que saber el número de los que se presentan, que creo que muchos no son. -Por fin se ha conseguido desatascar las presidencias de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo por la retirada de Ana Ferrer y Pilar Teso en esta carrera. ¿Por qué el veto del sector conservador a estas dos candidatas? -Ese veto venía predeterminado por la por la creencia de que Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas eran personas con una trayectoria más consolidada y prestigiosa. Simplemente nos parecían las personas idóneas para ocupar las presidencias de esas salas. -Se ha proyectado que había que nombrar a estas dos candidatas por el hecho de ser mujeres. ¿No cree que se utilizado la cuota femenina como excusa para tener el control de estas dos salas?-Sí, se ha tratado de utilizar la condición femenina de las dos magistradas para esas dos vacantes cuando los servicios jurídicos del Consejo ya habían informado de que la paridad es algo que se vería al final del ciclo de este CGPJ, en el cómputo global de nombramientos durante el mandato y no precisamente en estas dos vacantes.-¿Ha habido presiones de Bolaños para controlar estas dos salas? – A mi grupo no, desde luego no.-¿Al otro sí? – No me consta, aunque es sospechosa la insistencia en ese grupo de que no fuesen elegidas las personas que a primera vista se presentaban como las más idóneas, porque además ya estaban ejerciendo este cargo en funciones.-Las leyes de Bolaños han puesto en pie de guerra a la carrera judicial, en concreto la puerta de atrás para los jueces sustitutos. Como magistrado que es, ¿usted que opina sobre este asunto? – Todos los que hemos preparado una oposición sabemos lo difícil que es ingresar en la carrera judicial. Ese proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera a nosotros nos parece el vivo ejemplo de cómo el significante de las palabras no responde a la voluntad real de quien las utiliza. Nosotros entendemos que se fortalece la carrera judicial cuando se protegen las garantías de la independencia de sus integrantes, que son independientes en la medida que en el ejercicio de su función dependen de la ley. Esa dependencia exclusiva del derecho es lo que le dota legitimación. Y para mi esa independencia es ilusoria si se diluyen las garantías de que quienes van a ejercer la función jurisdiccional van a ser elegidos entre los mayores conocedores del Derecho. Me parece absolutamente injustificado y me genera la sospecha de que con este proceso de selección no se trata de elegir a los más capaces por el conocimiento que tengan de la ley, sino de que lo que se trata realmente es de debilitar la independencia del poder judicial, cuando no de colonizarlo. Esto es lo que pienso sobre ese proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal en el que, como digo, se renuncia a la comprobación objetiva de la preparación de los aspirantes. El Estado no puede renunciar a esto. -¿Peligra en estos momentos la separación de poderes en España? – Yo creo que no peligra. Lo que está en riesgo son las garantías de la independencia judicial. Su contribución para desencallar hace un año las negociaciones para la elección de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, fue clave. Siempre en la sombra, discreto y prudente, el vocal y magistrado José Luis Costa, expresidente del Consejo Consultivo de Galicia, es una pieza fundamental en el grupo conservador del órgano de gobierno de los jueces, donde sus compañeros le califican simple y llanamente de «hombre sabio». -¿Qué balance hace de este primer año de mandato del Consejo General del Poder Judicial?-Bueno, ha sido un año intensísimo. Ha habido un poco de todo: grandes hitos, como el consenso logrado para que, por primera vez en la historia, el Consejo fuera presidido por una mujer y su elección se hiciera por los vocales, sin interferencias externas; y grandes diferencias, que se han solventado muy bien. Uno se va de vacaciones con la placentera sensación de haber cumplido sus obligaciones, lo que se esperaba de nosotros. -Sin embargo, uno de los principales encargos que recibió este Consejo fue el de elaborar una propuesta de elección de vocales para despolitizar el órgano y, en cambio, acabaron presentando dos, una por cada grupo.¿No supone esto en cierto modo haber incumplido ese mandato?-Por parte de mi grupo, por así decirlo, no hemos incumplido ese mandato. Nosotros hicimos una propuesta de reforma acorde con los estándares europeos. Fue el otro grupo el que no se ajustó a esos términos porque su propuesta preveía la intervención del Parlamento en la validación de esos nombramientos. Por tanto, sensación de fracaso por no llegar a un acuerdo, ninguna. Mi grupo ha expresado lo que quería de nosotros el legislador; son otros los que no la han hecho. Es su responsabilidad, no la nuestra. -¿Pero se peleó hasta el final para unificar posturas? Porque esto fue al inicio del mandato y daba la sensación de que no querían empezar con mal pie. Las expectativas estaban muy altas.-Sí, efectivamente eso era así. Lo que nos encontramos fue con la cerrazón del otro grupo, en el sentido de que había que decir sí o sí que el Parlamento interviniera, no ya en la elección, sino en forma de veto a los aspirantes a vocal. Y eso no era lo previsto por el legislador. Lo previsto era simplemente que nos ajustáramos a los estándares europeos, que no prevén desde luego la intervención de un Parlamento. Entiendo que los que no han cumplido son ellos. Nosotros hemos remitido a la Comisión de Venecia las dos propuestas para que se manifieste. -¿Y cuándo llegará ese pronunciamiento? -Pues está tardando mucho. Pensábamos que lo tendríamos antes de finalizar el primer año de mandato de este Consejo, pero todavía no ha llegado. -¿Cree que este Consejo está más despolitizado que los anteriores?-Sinceramente sí, no veo que actuemos por criterios de política ni nadie nos ha hecho ninguna indicación al respecto. Mi grupo, además, tiene mayor número de vocales jueces que de juristas y como usted sabe los jueces no suelen dedicarse a la política. -Los ataques a jueces y magistrados han sido una constante también a lo largo de este último año. ¿El Consejo General del Poder Judicial ha estado a la altura en su respuesta?-El Consejo nunca ha desarrollado su función de gobierno del Poder Judicial en un ambiente tan enrarecido y de tan elevado riesgo para la independencia del Poder Judicial como el que tenemos ahora. Esa independencia evidentemente se ataca y se debilita cuando los titulares de otros poderes pretenden inmiscuirse en las funciones jurisdiccionales rompiendo el equilibrio institucional. ¿Y cómo lo hacen? Pues por medio de descalificaciones -yo las llamo oprobiosas- a las actuaciones de los jueces y de los tribunales, tratando de condicionarlas en alguna medida. Frente a eso, el Consejo ha reaccionado siempre, no digo de manera visceral, pero sí de una manera muy prudente, a través de la presidenta, Isabel Perelló, que se ha cansado de recordar a los políticos dónde deben estar y que deben respetar la independencia de los jueces. -Se reprocha también a este CGPJ el reparto de cromos en los nombramientos entre la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). De hecho,un informe que se acaba de conocer señala que 3 de cada 4 han recaído en estas dos asociaciones, que representan a un 35% de la carrera.-No creo que haya habido un reparto de cromos por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que actuar o tenemos que elegir entre los candidatos que se presentan y seguramente ahí estará la clave, porque el número que concurre a estas convocatorias por parte de estas asociaciones es mayor. Yo le puedo decir, por ejemplo, el caso de Galicia: de todas las audiencias y del Tribunal Superior de Justicia, de (la asociación judicial) Francisco de Vitoria creo que no se ha presentado ninguno. O sea que no tiene ningún sentido hacer esa estadística olvidándose de la otra pata.-¿Y no puede ser que no se presenten porque saben de antemano que no se les va a elegir? -Bueno, los nombramientos que ha hecho este CGPJ se convocaron en muy poco tiempo, de manera que todavía no había un precedente en el sentido que usted dice. Posiblemente esto era así en otras épocas, pero con este Consejo había grandes esperanzas para toda la carrera judicial y podían haber pensado que era una oportunidad de presentarse. Otra cosa es que no lo hayan hecho. -¿Cree que están suficientemente representados en los nuevos nombramientos los jueces que no están asociados, que son la mitad de la carrera?-Hay pocos nombramientos de no asociados, eso sí que es cierto. Pero me remito a lo que dije antes: habría que saber el número de los que se presentan, que creo que muchos no son. -Por fin se ha conseguido desatascar las presidencias de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo por la retirada de Ana Ferrer y Pilar Teso en esta carrera. ¿Por qué el veto del sector conservador a estas dos candidatas? -Ese veto venía predeterminado por la por la creencia de que Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas eran personas con una trayectoria más consolidada y prestigiosa. Simplemente nos parecían las personas idóneas para ocupar las presidencias de esas salas. -Se ha proyectado que había que nombrar a estas dos candidatas por el hecho de ser mujeres. ¿No cree que se utilizado la cuota femenina como excusa para tener el control de estas dos salas?-Sí, se ha tratado de utilizar la condición femenina de las dos magistradas para esas dos vacantes cuando los servicios jurídicos del Consejo ya habían informado de que la paridad es algo que se vería al final del ciclo de este CGPJ, en el cómputo global de nombramientos durante el mandato y no precisamente en estas dos vacantes.-¿Ha habido presiones de Bolaños para controlar estas dos salas? – A mi grupo no, desde luego no.-¿Al otro sí? – No me consta, aunque es sospechosa la insistencia en ese grupo de que no fuesen elegidas las personas que a primera vista se presentaban como las más idóneas, porque además ya estaban ejerciendo este cargo en funciones.-Las leyes de Bolaños han puesto en pie de guerra a la carrera judicial, en concreto la puerta de atrás para los jueces sustitutos. Como magistrado que es, ¿usted que opina sobre este asunto? – Todos los que hemos preparado una oposición sabemos lo difícil que es ingresar en la carrera judicial. Ese proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera a nosotros nos parece el vivo ejemplo de cómo el significante de las palabras no responde a la voluntad real de quien las utiliza. Nosotros entendemos que se fortalece la carrera judicial cuando se protegen las garantías de la independencia de sus integrantes, que son independientes en la medida que en el ejercicio de su función dependen de la ley. Esa dependencia exclusiva del derecho es lo que le dota legitimación. Y para mi esa independencia es ilusoria si se diluyen las garantías de que quienes van a ejercer la función jurisdiccional van a ser elegidos entre los mayores conocedores del Derecho. Me parece absolutamente injustificado y me genera la sospecha de que con este proceso de selección no se trata de elegir a los más capaces por el conocimiento que tengan de la ley, sino de que lo que se trata realmente es de debilitar la independencia del poder judicial, cuando no de colonizarlo. Esto es lo que pienso sobre ese proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal en el que, como digo, se renuncia a la comprobación objetiva de la preparación de los aspirantes. El Estado no puede renunciar a esto. -¿Peligra en estos momentos la separación de poderes en España? – Yo creo que no peligra. Lo que está en riesgo son las garantías de la independencia judicial. Su contribución para desencallar hace un año las negociaciones para la elección de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, fue clave. Siempre en la sombra, discreto y prudente, el vocal y magistrado José Luis Costa, expresidente del Consejo Consultivo de Galicia, es una pieza fundamental en el grupo conservador del órgano de gobierno de los jueces, donde sus compañeros le califican simple y llanamente de «hombre sabio». -¿Qué balance hace de este primer año de mandato del Consejo General del Poder Judicial?-Bueno, ha sido un año intensísimo. Ha habido un poco de todo: grandes hitos, como el consenso logrado para que, por primera vez en la historia, el Consejo fuera presidido por una mujer y su elección se hiciera por los vocales, sin interferencias externas; y grandes diferencias, que se han solventado muy bien. Uno se va de vacaciones con la placentera sensación de haber cumplido sus obligaciones, lo que se esperaba de nosotros. -Sin embargo, uno de los principales encargos que recibió este Consejo fue el de elaborar una propuesta de elección de vocales para despolitizar el órgano y, en cambio, acabaron presentando dos, una por cada grupo.¿No supone esto en cierto modo haber incumplido ese mandato?-Por parte de mi grupo, por así decirlo, no hemos incumplido ese mandato. Nosotros hicimos una propuesta de reforma acorde con los estándares europeos. Fue el otro grupo el que no se ajustó a esos términos porque su propuesta preveía la intervención del Parlamento en la validación de esos nombramientos. Por tanto, sensación de fracaso por no llegar a un acuerdo, ninguna. Mi grupo ha expresado lo que quería de nosotros el legislador; son otros los que no la han hecho. Es su responsabilidad, no la nuestra. -¿Pero se peleó hasta el final para unificar posturas? Porque esto fue al inicio del mandato y daba la sensación de que no querían empezar con mal pie. Las expectativas estaban muy altas.-Sí, efectivamente eso era así. Lo que nos encontramos fue con la cerrazón del otro grupo, en el sentido de que había que decir sí o sí que el Parlamento interviniera, no ya en la elección, sino en forma de veto a los aspirantes a vocal. Y eso no era lo previsto por el legislador. Lo previsto era simplemente que nos ajustáramos a los estándares europeos, que no prevén desde luego la intervención de un Parlamento. Entiendo que los que no han cumplido son ellos. Nosotros hemos remitido a la Comisión de Venecia las dos propuestas para que se manifieste. -¿Y cuándo llegará ese pronunciamiento? -Pues está tardando mucho. Pensábamos que lo tendríamos antes de finalizar el primer año de mandato de este Consejo, pero todavía no ha llegado. -¿Cree que este Consejo está más despolitizado que los anteriores?-Sinceramente sí, no veo que actuemos por criterios de política ni nadie nos ha hecho ninguna indicación al respecto. Mi grupo, además, tiene mayor número de vocales jueces que de juristas y como usted sabe los jueces no suelen dedicarse a la política. -Los ataques a jueces y magistrados han sido una constante también a lo largo de este último año. ¿El Consejo General del Poder Judicial ha estado a la altura en su respuesta?-El Consejo nunca ha desarrollado su función de gobierno del Poder Judicial en un ambiente tan enrarecido y de tan elevado riesgo para la independencia del Poder Judicial como el que tenemos ahora. Esa independencia evidentemente se ataca y se debilita cuando los titulares de otros poderes pretenden inmiscuirse en las funciones jurisdiccionales rompiendo el equilibrio institucional. ¿Y cómo lo hacen? Pues por medio de descalificaciones -yo las llamo oprobiosas- a las actuaciones de los jueces y de los tribunales, tratando de condicionarlas en alguna medida. Frente a eso, el Consejo ha reaccionado siempre, no digo de manera visceral, pero sí de una manera muy prudente, a través de la presidenta, Isabel Perelló, que se ha cansado de recordar a los políticos dónde deben estar y que deben respetar la independencia de los jueces. -Se reprocha también a este CGPJ el reparto de cromos en los nombramientos entre la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). De hecho,un informe que se acaba de conocer señala que 3 de cada 4 han recaído en estas dos asociaciones, que representan a un 35% de la carrera.-No creo que haya habido un reparto de cromos por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que actuar o tenemos que elegir entre los candidatos que se presentan y seguramente ahí estará la clave, porque el número que concurre a estas convocatorias por parte de estas asociaciones es mayor. Yo le puedo decir, por ejemplo, el caso de Galicia: de todas las audiencias y del Tribunal Superior de Justicia, de (la asociación judicial) Francisco de Vitoria creo que no se ha presentado ninguno. O sea que no tiene ningún sentido hacer esa estadística olvidándose de la otra pata.-¿Y no puede ser que no se presenten porque saben de antemano que no se les va a elegir? -Bueno, los nombramientos que ha hecho este CGPJ se convocaron en muy poco tiempo, de manera que todavía no había un precedente en el sentido que usted dice. Posiblemente esto era así en otras épocas, pero con este Consejo había grandes esperanzas para toda la carrera judicial y podían haber pensado que era una oportunidad de presentarse. Otra cosa es que no lo hayan hecho. -¿Cree que están suficientemente representados en los nuevos nombramientos los jueces que no están asociados, que son la mitad de la carrera?-Hay pocos nombramientos de no asociados, eso sí que es cierto. Pero me remito a lo que dije antes: habría que saber el número de los que se presentan, que creo que muchos no son. -Por fin se ha conseguido desatascar las presidencias de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo por la retirada de Ana Ferrer y Pilar Teso en esta carrera. ¿Por qué el veto del sector conservador a estas dos candidatas? -Ese veto venía predeterminado por la por la creencia de que Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas eran personas con una trayectoria más consolidada y prestigiosa. Simplemente nos parecían las personas idóneas para ocupar las presidencias de esas salas. -Se ha proyectado que había que nombrar a estas dos candidatas por el hecho de ser mujeres. ¿No cree que se utilizado la cuota femenina como excusa para tener el control de estas dos salas?-Sí, se ha tratado de utilizar la condición femenina de las dos magistradas para esas dos vacantes cuando los servicios jurídicos del Consejo ya habían informado de que la paridad es algo que se vería al final del ciclo de este CGPJ, en el cómputo global de nombramientos durante el mandato y no precisamente en estas dos vacantes.-¿Ha habido presiones de Bolaños para controlar estas dos salas? – A mi grupo no, desde luego no.-¿Al otro sí? – No me consta, aunque es sospechosa la insistencia en ese grupo de que no fuesen elegidas las personas que a primera vista se presentaban como las más idóneas, porque además ya estaban ejerciendo este cargo en funciones.-Las leyes de Bolaños han puesto en pie de guerra a la carrera judicial, en concreto la puerta de atrás para los jueces sustitutos. Como magistrado que es, ¿usted que opina sobre este asunto? – Todos los que hemos preparado una oposición sabemos lo difícil que es ingresar en la carrera judicial. Ese proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera a nosotros nos parece el vivo ejemplo de cómo el significante de las palabras no responde a la voluntad real de quien las utiliza. Nosotros entendemos que se fortalece la carrera judicial cuando se protegen las garantías de la independencia de sus integrantes, que son independientes en la medida que en el ejercicio de su función dependen de la ley. Esa dependencia exclusiva del derecho es lo que le dota legitimación. Y para mi esa independencia es ilusoria si se diluyen las garantías de que quienes van a ejercer la función jurisdiccional van a ser elegidos entre los mayores conocedores del Derecho. Me parece absolutamente injustificado y me genera la sospecha de que con este proceso de selección no se trata de elegir a los más capaces por el conocimiento que tengan de la ley, sino de que lo que se trata realmente es de debilitar la independencia del poder judicial, cuando no de colonizarlo. Esto es lo que pienso sobre ese proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal en el que, como digo, se renuncia a la comprobación objetiva de la preparación de los aspirantes. El Estado no puede renunciar a esto. -¿Peligra en estos momentos la separación de poderes en España? – Yo creo que no peligra. Lo que está en riesgo son las garantías de la independencia judicial. RSS de noticias de espana
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