La Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador a la empresa Inserta, después de que la Inspección General de Servicios Sociales acreditara el pasado 19 de febrero que en los pisos de jóvenes extutelados que gestionaba en Málaga y Granada no había alimentos ni enseres básicos y que la entidad incumplía la ratio de personal y otras mejoras a las que le obligaba su contrato. Ese expediente sigue abierto, indican fuentes de la Consejería de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad, pero no ha impedido que ese departamento prorrogue por un año ese contrato cuyas condiciones presuntamente ha quebrantado.
El Gobierno de Moreno, que ha abierto expediente sancionador, alega que la ampliación del contrato es necesaria para que los jóvenes no queden desamparados
La Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía abrió un expediente sancionador a la empresa Inserta, después de que la Inspección General de Servicios Sociales acreditara el pasado 19 de febrero que en los pisos de jóvenes extutelados que gestionaba en Málaga y Granada no había alimentos ni enseres básicos y que la entidad incumplía la ratio de personal y otras mejoras a las que le obligaba su contrato. Ese expediente sigue abierto, indican fuentes de la Consejería de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad, pero no ha impedido que ese departamento prorrogue por un año ese contrato cuyas condiciones presuntamente ha quebrantado.
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