La Junta de Castilla y León (PP) descalifica viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano Villa de Prado, apodado Villa Gaviota porque en su día se asignaron pisos protegidos a afines del PP, rechazando informes negativos del Ayuntamiento de Valladolid y de técnicos autonómicos. EL PAÍS ha accedido a documentos de la Dirección General de Vivienda donde se desestiman los estudios municipales y autonómicos contra el levantamiento de esa protección. Vivienda esgrime una normativa franquista de 1968 pese a que los informes recuerdan una ley autonómica de 2010, que impide las descalificaciones si la Administración local lo veta, para intentar bloquear las “plusvalías individuales” derivadas de poder vender pisos anteriormente bonificados y cuyo precio se ha doblado. “No han desarrollado ningún reglamento de la ley de vivienda autonómica de 2010 para que puedan utilizarse criterios discrecionales a conveniencia. No generando normas, aplicando las de Franco de forma subsidiaria, generan inseguridad jurídica para hacer lo que les conviene”, explican fuentes de Vivienda críticas con estos procedimientos.
La Dirección General de Vivienda cita una ley franquista para facilitar que los dueños de los inmuebles puedan sacarlos al mercado con precios mayores
La Junta de Castilla y León (PP) descalifica viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano Villa de Prado, apodado Villa Gaviota porque en su día se asignaron pisos protegidos a afines del PP, rechazando informes negativos del Ayuntamiento de Valladolid y de técnicos autonómicos. EL PAÍS ha accedido a documentos de la Dirección General de Vivienda donde se desestiman los estudios municipales y autonómicos contra el levantamiento de esa protección. Vivienda esgrime una normativa franquista de 1968 pese a que los informes recuerdan una ley autonómica de 2010, que impide las descalificaciones si la Administración local lo veta, para intentar bloquear las “plusvalías individuales” derivadas de poder vender pisos anteriormente bonificados y cuyo precio se ha doblado. “No han desarrollado ningún reglamento de la ley de vivienda autonómica de 2010 para que puedan utilizarse criterios discrecionales a conveniencia. No generando normas, aplicando las de Franco de forma subsidiaria, generan inseguridad jurídica para hacer lo que les conviene”, explican fuentes de Vivienda críticas con estos procedimientos.
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