El Baloncesto Sevilla, sociedad sin actividad ni empleados en la presente temporada al no haberse inscrito en ninguna competición el pasado verano, se ha querellado contra la ACB y dos de sus ejecutivos por un presunto delito de estafa procesal durante la vista judicial celebrada el 8 de agosto de 2025 en el Juzgado de Primera Instancia nº61 de Barcelona, por la que se denegaron las medidas cautelares a este club sevillano propiedad del Grupo Hereda para que pudiera militar en la Liga Endesa esta temporada haciendo uso de la plaza ganada deportivamente. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico y donde el club, en calidad de querellante, sigue denominándose Betis Baloncesto, la entidad acusa a la ACB de introducir en la citada vista señalada pruebas «de naturaleza instrumental y fraudulenta», en forma de demandas laborales de cuatro jugadores que militaron en las filas del club en el curso 2022-2023, con la finalidad de «generar una apariencia de existencia de deudas laborales impeditivas del ascenso y provocar así una resolución judicial contraria a los intereses del club querellante». Para poner en contexto esta querella interpuesta por el Baloncesto Sevilla con fecha del 17 de marzo y a expensas de ser admitida a trámite, hay que remontarse hasta el verano de 2025, y en concreto a los meses de julio y agosto, cuando primero la ACB y luego el tribunal ya citado de la Ciudad Condal le cerraron las puertas para integrarse en la asociación de clubes que rige la primera competición baloncestística del país, la llamada Liga Endesa. Todo ello después de haberse ganado ese derecho en las pistas con el recordado ascenso en la Final Four de la Caja Mágica en Madrid, donde el equipo bético venció al Estudiantes y el Fuenlabrada. Cronología y contextoEl 24 de julio del pasado año, la ACB rechazó en su asamblea general la afiliación del club hispalense, al incumplir los requisitos (el pago del canon) y las exigencias del informe económico de la auditoría. Con posterioridad, tras acudir a los tribunales en busca de la cautelar que permitiera el ingreso inmediato en la competición, el juzgado barcelonés denegó las medidas, dio la razón a la ACB y dejó a este histórico club sevillano en el limbo, al borde de la desaparición, ya que tampoco se había inscrito en la Primera FEB y se quedaba sin posibilidad de competir. Siete meses después de aquel controvertido episodio que condujo al precipicio a una entidad de casi 40 años de vida, el Grupo Hereda ha presentado una querella contra la ACB y dos de sus ejecutivos al entender que son responsables de la «maniobra fraudulenta» en la vista por las cautelares. El núcleo de la querella se centra en las demandas laborales, por presuntos impagos, de los exjugadores del club Volodymyr Gerun, BJ Johnson, Amar Sylla y Zsombor Maronka. Sobre las supuestas deudas contraídas con estos jugadores, el club asegura que «no consta que ninguno de los mencionados promoviera reclamación judicial alguna durante el largo periodo posterior a la finalización de sus relaciones laborales», en junio de 2023. Además, y «a efectos de contextualización», recuerda que en agosto de 2024 se produjo el cambio de propiedad desde el Grupo Xoy y al Real Betis al Grupo Hereda, por lo que «la actual dirección», refiriéndose a Hereda, «carecía de información directa sobre la gestión interna de la temporada 2022-23».Las cuatro demandas fueron «presentadas de forma prácticamente simultánea», entre el 8 y el 9 de julio, si bien el club aclara que no tuvo conocimiento de su existencia hasta la vista del 8 de agosto. Sobre las mismas se precisa en la querella que están «plagadas de irregularidades procesales» y que fueron utilizadas «no como el ejercicio ordinario de acciones laborales por parte de los jugadores, sino como un instrumento procesal destinado a reforzar artificialmente ante el órgano judicial la apariencia de una situación de deuda que no se correspondía con la verdadera situación jurídica de las relaciones laborales mantenidas por el club». Con esas demandas, insiste el escrito, se construía ante el órgano judicial «una apariencia de incumplimiento económico» por parte del Baloncesto Sevilla «que no se correspondía con la realidad». Hay que recordar que, como consecuencia de la resolución judicial de las cautelares, el Real Betis Baloncesto SAD vio frustrado definitivamente su ascenso a la máxima categoría del baloncesto español con el consiguiente «daño económico y reputacional» para la entidad presidida por Pedro Fernández en esa última etapa bajo la propiedad de Hereda. Fue el triste final de un club fundado en 1987. El Baloncesto Sevilla, sociedad sin actividad ni empleados en la presente temporada al no haberse inscrito en ninguna competición el pasado verano, se ha querellado contra la ACB y dos de sus ejecutivos por un presunto delito de estafa procesal durante la vista judicial celebrada el 8 de agosto de 2025 en el Juzgado de Primera Instancia nº61 de Barcelona, por la que se denegaron las medidas cautelares a este club sevillano propiedad del Grupo Hereda para que pudiera militar en la Liga Endesa esta temporada haciendo uso de la plaza ganada deportivamente. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico y donde el club, en calidad de querellante, sigue denominándose Betis Baloncesto, la entidad acusa a la ACB de introducir en la citada vista señalada pruebas «de naturaleza instrumental y fraudulenta», en forma de demandas laborales de cuatro jugadores que militaron en las filas del club en el curso 2022-2023, con la finalidad de «generar una apariencia de existencia de deudas laborales impeditivas del ascenso y provocar así una resolución judicial contraria a los intereses del club querellante». Para poner en contexto esta querella interpuesta por el Baloncesto Sevilla con fecha del 17 de marzo y a expensas de ser admitida a trámite, hay que remontarse hasta el verano de 2025, y en concreto a los meses de julio y agosto, cuando primero la ACB y luego el tribunal ya citado de la Ciudad Condal le cerraron las puertas para integrarse en la asociación de clubes que rige la primera competición baloncestística del país, la llamada Liga Endesa. Todo ello después de haberse ganado ese derecho en las pistas con el recordado ascenso en la Final Four de la Caja Mágica en Madrid, donde el equipo bético venció al Estudiantes y el Fuenlabrada. Cronología y contextoEl 24 de julio del pasado año, la ACB rechazó en su asamblea general la afiliación del club hispalense, al incumplir los requisitos (el pago del canon) y las exigencias del informe económico de la auditoría. Con posterioridad, tras acudir a los tribunales en busca de la cautelar que permitiera el ingreso inmediato en la competición, el juzgado barcelonés denegó las medidas, dio la razón a la ACB y dejó a este histórico club sevillano en el limbo, al borde de la desaparición, ya que tampoco se había inscrito en la Primera FEB y se quedaba sin posibilidad de competir. Siete meses después de aquel controvertido episodio que condujo al precipicio a una entidad de casi 40 años de vida, el Grupo Hereda ha presentado una querella contra la ACB y dos de sus ejecutivos al entender que son responsables de la «maniobra fraudulenta» en la vista por las cautelares. El núcleo de la querella se centra en las demandas laborales, por presuntos impagos, de los exjugadores del club Volodymyr Gerun, BJ Johnson, Amar Sylla y Zsombor Maronka. Sobre las supuestas deudas contraídas con estos jugadores, el club asegura que «no consta que ninguno de los mencionados promoviera reclamación judicial alguna durante el largo periodo posterior a la finalización de sus relaciones laborales», en junio de 2023. Además, y «a efectos de contextualización», recuerda que en agosto de 2024 se produjo el cambio de propiedad desde el Grupo Xoy y al Real Betis al Grupo Hereda, por lo que «la actual dirección», refiriéndose a Hereda, «carecía de información directa sobre la gestión interna de la temporada 2022-23».Las cuatro demandas fueron «presentadas de forma prácticamente simultánea», entre el 8 y el 9 de julio, si bien el club aclara que no tuvo conocimiento de su existencia hasta la vista del 8 de agosto. Sobre las mismas se precisa en la querella que están «plagadas de irregularidades procesales» y que fueron utilizadas «no como el ejercicio ordinario de acciones laborales por parte de los jugadores, sino como un instrumento procesal destinado a reforzar artificialmente ante el órgano judicial la apariencia de una situación de deuda que no se correspondía con la verdadera situación jurídica de las relaciones laborales mantenidas por el club». Con esas demandas, insiste el escrito, se construía ante el órgano judicial «una apariencia de incumplimiento económico» por parte del Baloncesto Sevilla «que no se correspondía con la realidad». Hay que recordar que, como consecuencia de la resolución judicial de las cautelares, el Real Betis Baloncesto SAD vio frustrado definitivamente su ascenso a la máxima categoría del baloncesto español con el consiguiente «daño económico y reputacional» para la entidad presidida por Pedro Fernández en esa última etapa bajo la propiedad de Hereda. Fue el triste final de un club fundado en 1987. El Baloncesto Sevilla, sociedad sin actividad ni empleados en la presente temporada al no haberse inscrito en ninguna competición el pasado verano, se ha querellado contra la ACB y dos de sus ejecutivos por un presunto delito de estafa procesal durante la vista judicial celebrada el 8 de agosto de 2025 en el Juzgado de Primera Instancia nº61 de Barcelona, por la que se denegaron las medidas cautelares a este club sevillano propiedad del Grupo Hereda para que pudiera militar en la Liga Endesa esta temporada haciendo uso de la plaza ganada deportivamente. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico y donde el club, en calidad de querellante, sigue denominándose Betis Baloncesto, la entidad acusa a la ACB de introducir en la citada vista señalada pruebas «de naturaleza instrumental y fraudulenta», en forma de demandas laborales de cuatro jugadores que militaron en las filas del club en el curso 2022-2023, con la finalidad de «generar una apariencia de existencia de deudas laborales impeditivas del ascenso y provocar así una resolución judicial contraria a los intereses del club querellante». Para poner en contexto esta querella interpuesta por el Baloncesto Sevilla con fecha del 17 de marzo y a expensas de ser admitida a trámite, hay que remontarse hasta el verano de 2025, y en concreto a los meses de julio y agosto, cuando primero la ACB y luego el tribunal ya citado de la Ciudad Condal le cerraron las puertas para integrarse en la asociación de clubes que rige la primera competición baloncestística del país, la llamada Liga Endesa. Todo ello después de haberse ganado ese derecho en las pistas con el recordado ascenso en la Final Four de la Caja Mágica en Madrid, donde el equipo bético venció al Estudiantes y el Fuenlabrada. Cronología y contextoEl 24 de julio del pasado año, la ACB rechazó en su asamblea general la afiliación del club hispalense, al incumplir los requisitos (el pago del canon) y las exigencias del informe económico de la auditoría. Con posterioridad, tras acudir a los tribunales en busca de la cautelar que permitiera el ingreso inmediato en la competición, el juzgado barcelonés denegó las medidas, dio la razón a la ACB y dejó a este histórico club sevillano en el limbo, al borde de la desaparición, ya que tampoco se había inscrito en la Primera FEB y se quedaba sin posibilidad de competir. Siete meses después de aquel controvertido episodio que condujo al precipicio a una entidad de casi 40 años de vida, el Grupo Hereda ha presentado una querella contra la ACB y dos de sus ejecutivos al entender que son responsables de la «maniobra fraudulenta» en la vista por las cautelares. El núcleo de la querella se centra en las demandas laborales, por presuntos impagos, de los exjugadores del club Volodymyr Gerun, BJ Johnson, Amar Sylla y Zsombor Maronka. Sobre las supuestas deudas contraídas con estos jugadores, el club asegura que «no consta que ninguno de los mencionados promoviera reclamación judicial alguna durante el largo periodo posterior a la finalización de sus relaciones laborales», en junio de 2023. Además, y «a efectos de contextualización», recuerda que en agosto de 2024 se produjo el cambio de propiedad desde el Grupo Xoy y al Real Betis al Grupo Hereda, por lo que «la actual dirección», refiriéndose a Hereda, «carecía de información directa sobre la gestión interna de la temporada 2022-23».Las cuatro demandas fueron «presentadas de forma prácticamente simultánea», entre el 8 y el 9 de julio, si bien el club aclara que no tuvo conocimiento de su existencia hasta la vista del 8 de agosto. Sobre las mismas se precisa en la querella que están «plagadas de irregularidades procesales» y que fueron utilizadas «no como el ejercicio ordinario de acciones laborales por parte de los jugadores, sino como un instrumento procesal destinado a reforzar artificialmente ante el órgano judicial la apariencia de una situación de deuda que no se correspondía con la verdadera situación jurídica de las relaciones laborales mantenidas por el club». Con esas demandas, insiste el escrito, se construía ante el órgano judicial «una apariencia de incumplimiento económico» por parte del Baloncesto Sevilla «que no se correspondía con la realidad». Hay que recordar que, como consecuencia de la resolución judicial de las cautelares, el Real Betis Baloncesto SAD vio frustrado definitivamente su ascenso a la máxima categoría del baloncesto español con el consiguiente «daño económico y reputacional» para la entidad presidida por Pedro Fernández en esa última etapa bajo la propiedad de Hereda. Fue el triste final de un club fundado en 1987. RSS de noticias de deportes
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