La jurista especializada en derechos de las mujeres Adilia de las Mercedes ha interpuesto una demanda contra el Ministerio de Igualdad por presunta discriminación e impago de honorarios durante la etapa en que el departamento estuvo dirigido por Irene Montero.El caso, adelantado por ‘El País’, está actualmente en manos de la Audiencia Nacional dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este ha sido admitido a trámite y se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Administración, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.La demandante, una jurista hispano-guatemalteca, sostiene que fue contratada a finales de 2021 para elaborar el borrador técnico de la reforma de la legislación española sobre salud sexual y reproductiva. Según su versión, el encargo evolucionó desde un esquema preliminar hasta la redacción completa del anteproyecto de ley, sin que se formalizara la relación contractual ni se fijara una remuneración acorde al trabajo realizado.De acuerdo con la demanda, el encargo se habría realizado en un contexto de urgencia política para presentar el texto legislativo en un plazo breve. La jurista afirma que aceptó inicialmente una compensación limitada bajo la promesa de que la situación se regularizaría con posterioridad, una vez aprobado el presupuesto anual.Sin embargo, indica que dicha regularización nunca llegó a materializarse. Tras entregar el borrador completo en enero de 2022, la profesional asegura que no recibió el pago correspondiente ni el reconocimiento formal de su autoría, pese a reiteradas solicitudes a la Administración.Además del impago, la demanda recoge acusaciones de discriminación por origen nacional y étnico-racial, así como por sus opiniones políticas. La jurista sostiene que fue apartada del proceso y que se intentó borrar su participación en la elaboración de la norma, impidiéndole incluso hacer pública su autoría.La jurista, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que fue seleccionada por su experiencia internacional para, posteriormente, apropiarse de su trabajo: «El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento y presentarlo como propio».También ha explicado que durante años el Ministerio intentó silenciarla «una y otra vez» para «borrar» su trabajo y «apropiarse de él». «Me han obligado a llegar a los tribunales porque nadie en esa institución se preocupó siquiera por abrir una investigación ante la discriminación ejercida en mi contra de manera reiterada y sistemática», ha subrayado.En esta misma línea, ha lanzado críticas directas a la entonces ministra, Irene Montero, a quien acusa de atribuirse públicamente la autoría de la ley. Según sostiene, en los discursos oficiales se mencionó a diversas colaboradoras, pero nunca a ella, pese a haber dedicado «meses» al texto. El equipo de Montero niega las acusaciones Por su parte, fuentes del equipo del Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero han señalado en declaraciones a Europa Press que las acusaciones que se hacen en la demanda «son todas infundadas», especialmente la de racismo o xenofobia.En este sentido, indican que no tienen conocimiento del procedimiento judicial, pero agregan que, en todo caso, será el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, como instituciones demandadas, quienes tendrán que pronunciarse sobre el mismo.También defienden que la contratación que realizaron con Adilia de las Mercedes «se hizo conforme a ley». Así, exponen que se siguió el procedimiento «legalmente establecido» y que fue facturado y cobrado, tal y como señalan que corrobora el dictamen del Consejo de Estado de 2024, en el que se desestiman las pretensiones de declaración de nulidad por parte de la demandante.En relación a la elaboración de la Ley por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las mismas fuentes explican que se elaboró tras «un dilatado y amplio proceso participativo». En él añaden que se involucraron expertas en la materia, organizaciones feministas y profesionales, a través de sesiones de trabajo, seminarios, encuentros territoriales, elaboración de documentos e informes y un proceso de consulta pública previa en el que participaron más de una treintena de entidades sociales.De la misma manera, han avanzado que están valorando la posibilidad de emprender acciones legales «dada la gravedad de las acusaciones vertidas, los entrecomillados falsos, así como las vulneraciones en la protección de datos de carácter personal».Por otro lado, fuentes del actual Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, han destacado que han puesto a disposición de la Justicia el expediente completo y han apuntado que colaborarán «en todo lo que se le requiera». Además, han hecho referencia al dictamen del Consejo de Estado «que no apoya las peticiones de esa persona».No obstante, han recalcado que la denuncia se debe a hechos producidos entre 2021 y 2023, correspondientes a una etapa anterior del Ministerio. La jurista especializada en derechos de las mujeres Adilia de las Mercedes ha interpuesto una demanda contra el Ministerio de Igualdad por presunta discriminación e impago de honorarios durante la etapa en que el departamento estuvo dirigido por Irene Montero.El caso, adelantado por ‘El País’, está actualmente en manos de la Audiencia Nacional dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este ha sido admitido a trámite y se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Administración, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.La demandante, una jurista hispano-guatemalteca, sostiene que fue contratada a finales de 2021 para elaborar el borrador técnico de la reforma de la legislación española sobre salud sexual y reproductiva. Según su versión, el encargo evolucionó desde un esquema preliminar hasta la redacción completa del anteproyecto de ley, sin que se formalizara la relación contractual ni se fijara una remuneración acorde al trabajo realizado.De acuerdo con la demanda, el encargo se habría realizado en un contexto de urgencia política para presentar el texto legislativo en un plazo breve. La jurista afirma que aceptó inicialmente una compensación limitada bajo la promesa de que la situación se regularizaría con posterioridad, una vez aprobado el presupuesto anual.Sin embargo, indica que dicha regularización nunca llegó a materializarse. Tras entregar el borrador completo en enero de 2022, la profesional asegura que no recibió el pago correspondiente ni el reconocimiento formal de su autoría, pese a reiteradas solicitudes a la Administración.Además del impago, la demanda recoge acusaciones de discriminación por origen nacional y étnico-racial, así como por sus opiniones políticas. La jurista sostiene que fue apartada del proceso y que se intentó borrar su participación en la elaboración de la norma, impidiéndole incluso hacer pública su autoría.La jurista, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que fue seleccionada por su experiencia internacional para, posteriormente, apropiarse de su trabajo: «El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento y presentarlo como propio».También ha explicado que durante años el Ministerio intentó silenciarla «una y otra vez» para «borrar» su trabajo y «apropiarse de él». «Me han obligado a llegar a los tribunales porque nadie en esa institución se preocupó siquiera por abrir una investigación ante la discriminación ejercida en mi contra de manera reiterada y sistemática», ha subrayado.En esta misma línea, ha lanzado críticas directas a la entonces ministra, Irene Montero, a quien acusa de atribuirse públicamente la autoría de la ley. Según sostiene, en los discursos oficiales se mencionó a diversas colaboradoras, pero nunca a ella, pese a haber dedicado «meses» al texto. El equipo de Montero niega las acusaciones Por su parte, fuentes del equipo del Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero han señalado en declaraciones a Europa Press que las acusaciones que se hacen en la demanda «son todas infundadas», especialmente la de racismo o xenofobia.En este sentido, indican que no tienen conocimiento del procedimiento judicial, pero agregan que, en todo caso, será el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, como instituciones demandadas, quienes tendrán que pronunciarse sobre el mismo.También defienden que la contratación que realizaron con Adilia de las Mercedes «se hizo conforme a ley». Así, exponen que se siguió el procedimiento «legalmente establecido» y que fue facturado y cobrado, tal y como señalan que corrobora el dictamen del Consejo de Estado de 2024, en el que se desestiman las pretensiones de declaración de nulidad por parte de la demandante.En relación a la elaboración de la Ley por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las mismas fuentes explican que se elaboró tras «un dilatado y amplio proceso participativo». En él añaden que se involucraron expertas en la materia, organizaciones feministas y profesionales, a través de sesiones de trabajo, seminarios, encuentros territoriales, elaboración de documentos e informes y un proceso de consulta pública previa en el que participaron más de una treintena de entidades sociales.De la misma manera, han avanzado que están valorando la posibilidad de emprender acciones legales «dada la gravedad de las acusaciones vertidas, los entrecomillados falsos, así como las vulneraciones en la protección de datos de carácter personal».Por otro lado, fuentes del actual Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, han destacado que han puesto a disposición de la Justicia el expediente completo y han apuntado que colaborarán «en todo lo que se le requiera». Además, han hecho referencia al dictamen del Consejo de Estado «que no apoya las peticiones de esa persona».No obstante, han recalcado que la denuncia se debe a hechos producidos entre 2021 y 2023, correspondientes a una etapa anterior del Ministerio. La jurista especializada en derechos de las mujeres Adilia de las Mercedes ha interpuesto una demanda contra el Ministerio de Igualdad por presunta discriminación e impago de honorarios durante la etapa en que el departamento estuvo dirigido por Irene Montero.El caso, adelantado por ‘El País’, está actualmente en manos de la Audiencia Nacional dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. Este ha sido admitido a trámite y se encuentra a la espera de la respuesta oficial de la Administración, según han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press.La demandante, una jurista hispano-guatemalteca, sostiene que fue contratada a finales de 2021 para elaborar el borrador técnico de la reforma de la legislación española sobre salud sexual y reproductiva. Según su versión, el encargo evolucionó desde un esquema preliminar hasta la redacción completa del anteproyecto de ley, sin que se formalizara la relación contractual ni se fijara una remuneración acorde al trabajo realizado.De acuerdo con la demanda, el encargo se habría realizado en un contexto de urgencia política para presentar el texto legislativo en un plazo breve. La jurista afirma que aceptó inicialmente una compensación limitada bajo la promesa de que la situación se regularizaría con posterioridad, una vez aprobado el presupuesto anual.Sin embargo, indica que dicha regularización nunca llegó a materializarse. Tras entregar el borrador completo en enero de 2022, la profesional asegura que no recibió el pago correspondiente ni el reconocimiento formal de su autoría, pese a reiteradas solicitudes a la Administración.Además del impago, la demanda recoge acusaciones de discriminación por origen nacional y étnico-racial, así como por sus opiniones políticas. La jurista sostiene que fue apartada del proceso y que se intentó borrar su participación en la elaboración de la norma, impidiéndole incluso hacer pública su autoría.La jurista, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que fue seleccionada por su experiencia internacional para, posteriormente, apropiarse de su trabajo: «El Ministerio de Igualdad de Irene Montero buscó a una persona que conociera los más altos estándares de derechos sexuales y reproductivos, tanto en las Américas como en Europa, para después hacer lo que el colonialismo lleva siglos haciendo: apropiarse de ese conocimiento y presentarlo como propio».También ha explicado que durante años el Ministerio intentó silenciarla «una y otra vez» para «borrar» su trabajo y «apropiarse de él». «Me han obligado a llegar a los tribunales porque nadie en esa institución se preocupó siquiera por abrir una investigación ante la discriminación ejercida en mi contra de manera reiterada y sistemática», ha subrayado.En esta misma línea, ha lanzado críticas directas a la entonces ministra, Irene Montero, a quien acusa de atribuirse públicamente la autoría de la ley. Según sostiene, en los discursos oficiales se mencionó a diversas colaboradoras, pero nunca a ella, pese a haber dedicado «meses» al texto. El equipo de Montero niega las acusaciones Por su parte, fuentes del equipo del Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero han señalado en declaraciones a Europa Press que las acusaciones que se hacen en la demanda «son todas infundadas», especialmente la de racismo o xenofobia.En este sentido, indican que no tienen conocimiento del procedimiento judicial, pero agregan que, en todo caso, será el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, como instituciones demandadas, quienes tendrán que pronunciarse sobre el mismo.También defienden que la contratación que realizaron con Adilia de las Mercedes «se hizo conforme a ley». Así, exponen que se siguió el procedimiento «legalmente establecido» y que fue facturado y cobrado, tal y como señalan que corrobora el dictamen del Consejo de Estado de 2024, en el que se desestiman las pretensiones de declaración de nulidad por parte de la demandante.En relación a la elaboración de la Ley por la que se modifica la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las mismas fuentes explican que se elaboró tras «un dilatado y amplio proceso participativo». En él añaden que se involucraron expertas en la materia, organizaciones feministas y profesionales, a través de sesiones de trabajo, seminarios, encuentros territoriales, elaboración de documentos e informes y un proceso de consulta pública previa en el que participaron más de una treintena de entidades sociales.De la misma manera, han avanzado que están valorando la posibilidad de emprender acciones legales «dada la gravedad de las acusaciones vertidas, los entrecomillados falsos, así como las vulneraciones en la protección de datos de carácter personal».Por otro lado, fuentes del actual Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, han destacado que han puesto a disposición de la Justicia el expediente completo y han apuntado que colaborarán «en todo lo que se le requiera». Además, han hecho referencia al dictamen del Consejo de Estado «que no apoya las peticiones de esa persona».No obstante, han recalcado que la denuncia se debe a hechos producidos entre 2021 y 2023, correspondientes a una etapa anterior del Ministerio. RSS de noticias de sociedad
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