Tras años de intensas negociaciones, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), consumada en 2020, el tratado político-jurídico definitivo sobre Gibraltar se publicó el 26 de febrero. El texto final se divulgó únicamente en inglés, pese a la trascendencia del acuerdo para España, y sin que en ningún momento del proceso participase en él —o fuese informada del mismo— la oposición. Este nuevo ejercicio de unilateralismo del Gobierno, acostumbrado a ningunear al Parlamento en política exterior, pese al complejo escenario geopolítico actual, solivianta a un PP dispuesto a gastar todas sus balas.Por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados este marzo una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso ABC, para intentar forzar al Gobierno a someter a votación el acuerdo sobre Gibraltar cerrado entre la UE y Reino Unido. El Gobierno de PSOE y Sumar vendió el tratado como un hito histórico, pero los populares lamentan que las negociaciones se llevasen a cabo «con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático». El principal partido de la oposición denuncia en su iniciativa que ni las Cortes Generales ni la fuerza política mayoritaria en España fueron informados. Ni tan siquiera de los «aspectos sustantivos» recogidos en el texto.El pacto entre Bruselas y Londres elimina la Verja, garantiza la libre circulación de personas y mercancías, y establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social. España mantiene su posición tradicional de reclamación de la soberanía del Peñón, pero no hay ningún avance a ese respecto. Gibraltar es una colonia británica desde la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Desde 1960 figura en el listado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de «territorios no autónomos pendientes de descolonización». Un ‘rara avis’ en la Europa del siglo XXI. Tras el Brexit, señala el PP, se abrió para España «una oportunidad histórica en la cuestión de Gibraltar». Una oportunidad que no resuelve la disputa de la soberanía.Noticia relacionada general No No Bajo fuego cruzado Militares españoles lideraron la evacuación de 1.200 personas de Irak Pilar de la CuestaSin entrar a valorar el fondo del acuerdo, el PP entiende que en este caso es aplicable el artículo 94.1 de la Constitución. Este precepto establece que el Estado requerirá autorización previa de las Cortes Generales en los casos en los que los convenios o tratados internacionales sean de carácter político o militar, atañan a la integridad territorial, impliquen obligaciones financieras o supongan la derogación o modificación de alguna ley nacional. «En este sentido —argumenta el Grupo Popular— el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar aplica, como mínimo, a varios de esos supuestos; por esa razón, su sometimiento a las Cortes Generales para su debate y ratificación constituye una exigencia constitucional insoslayable, a la que el Gobierno está obligado».El PP ha registrado la proposición no de ley —que no es vinculante, pero emite un mandato del Parlamento al Ejecutivo— en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Un órgano, como todas las comisiones mixtas, que se compone de diputados y senadores y que, en la actual legislatura, facilita a los populares la aprobación de sus iniciativas. En este caso, les basta con sumar el apoyo de Vox a su propuesta para sacarla adelante y que el Congreso inste al Gobierno a someter a votación el acuerdo sobre Gibraltar. Pide además su difusión en español a instituciones, ciudadanos y medios de comunicación. Tras años de intensas negociaciones, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), consumada en 2020, el tratado político-jurídico definitivo sobre Gibraltar se publicó el 26 de febrero. El texto final se divulgó únicamente en inglés, pese a la trascendencia del acuerdo para España, y sin que en ningún momento del proceso participase en él —o fuese informada del mismo— la oposición. Este nuevo ejercicio de unilateralismo del Gobierno, acostumbrado a ningunear al Parlamento en política exterior, pese al complejo escenario geopolítico actual, solivianta a un PP dispuesto a gastar todas sus balas.Por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados este marzo una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso ABC, para intentar forzar al Gobierno a someter a votación el acuerdo sobre Gibraltar cerrado entre la UE y Reino Unido. El Gobierno de PSOE y Sumar vendió el tratado como un hito histórico, pero los populares lamentan que las negociaciones se llevasen a cabo «con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático». El principal partido de la oposición denuncia en su iniciativa que ni las Cortes Generales ni la fuerza política mayoritaria en España fueron informados. Ni tan siquiera de los «aspectos sustantivos» recogidos en el texto.El pacto entre Bruselas y Londres elimina la Verja, garantiza la libre circulación de personas y mercancías, y establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social. España mantiene su posición tradicional de reclamación de la soberanía del Peñón, pero no hay ningún avance a ese respecto. Gibraltar es una colonia británica desde la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Desde 1960 figura en el listado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de «territorios no autónomos pendientes de descolonización». Un ‘rara avis’ en la Europa del siglo XXI. Tras el Brexit, señala el PP, se abrió para España «una oportunidad histórica en la cuestión de Gibraltar». Una oportunidad que no resuelve la disputa de la soberanía.Noticia relacionada general No No Bajo fuego cruzado Militares españoles lideraron la evacuación de 1.200 personas de Irak Pilar de la CuestaSin entrar a valorar el fondo del acuerdo, el PP entiende que en este caso es aplicable el artículo 94.1 de la Constitución. Este precepto establece que el Estado requerirá autorización previa de las Cortes Generales en los casos en los que los convenios o tratados internacionales sean de carácter político o militar, atañan a la integridad territorial, impliquen obligaciones financieras o supongan la derogación o modificación de alguna ley nacional. «En este sentido —argumenta el Grupo Popular— el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar aplica, como mínimo, a varios de esos supuestos; por esa razón, su sometimiento a las Cortes Generales para su debate y ratificación constituye una exigencia constitucional insoslayable, a la que el Gobierno está obligado».El PP ha registrado la proposición no de ley —que no es vinculante, pero emite un mandato del Parlamento al Ejecutivo— en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Un órgano, como todas las comisiones mixtas, que se compone de diputados y senadores y que, en la actual legislatura, facilita a los populares la aprobación de sus iniciativas. En este caso, les basta con sumar el apoyo de Vox a su propuesta para sacarla adelante y que el Congreso inste al Gobierno a someter a votación el acuerdo sobre Gibraltar. Pide además su difusión en español a instituciones, ciudadanos y medios de comunicación. Tras años de intensas negociaciones, desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), consumada en 2020, el tratado político-jurídico definitivo sobre Gibraltar se publicó el 26 de febrero. El texto final se divulgó únicamente en inglés, pese a la trascendencia del acuerdo para España, y sin que en ningún momento del proceso participase en él —o fuese informada del mismo— la oposición. Este nuevo ejercicio de unilateralismo del Gobierno, acostumbrado a ningunear al Parlamento en política exterior, pese al complejo escenario geopolítico actual, solivianta a un PP dispuesto a gastar todas sus balas.Por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados este marzo una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso ABC, para intentar forzar al Gobierno a someter a votación el acuerdo sobre Gibraltar cerrado entre la UE y Reino Unido. El Gobierno de PSOE y Sumar vendió el tratado como un hito histórico, pero los populares lamentan que las negociaciones se llevasen a cabo «con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático». El principal partido de la oposición denuncia en su iniciativa que ni las Cortes Generales ni la fuerza política mayoritaria en España fueron informados. Ni tan siquiera de los «aspectos sustantivos» recogidos en el texto.El pacto entre Bruselas y Londres elimina la Verja, garantiza la libre circulación de personas y mercancías, y establece un marco de cooperación fiscal, medioambiental y social. España mantiene su posición tradicional de reclamación de la soberanía del Peñón, pero no hay ningún avance a ese respecto. Gibraltar es una colonia británica desde la firma del Tratado de Utrecht en 1713. Desde 1960 figura en el listado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de «territorios no autónomos pendientes de descolonización». Un ‘rara avis’ en la Europa del siglo XXI. Tras el Brexit, señala el PP, se abrió para España «una oportunidad histórica en la cuestión de Gibraltar». Una oportunidad que no resuelve la disputa de la soberanía.Noticia relacionada general No No Bajo fuego cruzado Militares españoles lideraron la evacuación de 1.200 personas de Irak Pilar de la CuestaSin entrar a valorar el fondo del acuerdo, el PP entiende que en este caso es aplicable el artículo 94.1 de la Constitución. Este precepto establece que el Estado requerirá autorización previa de las Cortes Generales en los casos en los que los convenios o tratados internacionales sean de carácter político o militar, atañan a la integridad territorial, impliquen obligaciones financieras o supongan la derogación o modificación de alguna ley nacional. «En este sentido —argumenta el Grupo Popular— el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en relación con Gibraltar aplica, como mínimo, a varios de esos supuestos; por esa razón, su sometimiento a las Cortes Generales para su debate y ratificación constituye una exigencia constitucional insoslayable, a la que el Gobierno está obligado».El PP ha registrado la proposición no de ley —que no es vinculante, pero emite un mandato del Parlamento al Ejecutivo— en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Un órgano, como todas las comisiones mixtas, que se compone de diputados y senadores y que, en la actual legislatura, facilita a los populares la aprobación de sus iniciativas. En este caso, les basta con sumar el apoyo de Vox a su propuesta para sacarla adelante y que el Congreso inste al Gobierno a someter a votación el acuerdo sobre Gibraltar. Pide además su difusión en español a instituciones, ciudadanos y medios de comunicación. RSS de noticias de espana
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