Catorce años después de su aprobación, la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo se ha demostrado insuficiente para frenar los actos de exaltación de ETA y la humillación a sus víctimas. Según el Observatorio de Radicalización de Covite , el año pasado se registraron 374 actos públicos de culto a terroristas, un 11% menos que en 2024 y un 36,5% menos que en 2022 —cuando se alcanzó un máximo de 589—, pero aún en niveles incompatibles con una democracia consolidada .El Partido Popular sostiene que el problema radica en que actos como los «ongi etorri» —recibimientos a etarras excarcelados— no alcanzan el umbral penal y la ley de protección de las víctimas no contempla sanciones económicas para quienes los organizan o participan en ellos. Con el objetivo de cubrir ese vacío, el grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo ha impulsado en el Senado una reforma legal para sancionar estos actos con las mismas cuantías previstas para el enaltecimiento del franquismo en la Ley de Memoria Democrática.No No CABEZA FR 6-D: La España amnésica Ana SánchezEsta norma, aprobada en 2022 por el PSOE y sus socios, fija multas de entre 200 y 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción para la exaltación del franquismo o la denigración de sus víctimas. Cifras que contrastan con la ausencia de régimen sancionador en la de protección a las víctimas del terrorismo, aprobada durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero por consenso de todos los grupos parlamentarios.La reforma que propone ahora el PP implica hacer equivalencias entre unas exaltaciones y otras. Así, contempla multas de 10.001 a 150.000 euros para conductas como la organización de «ongi etorri», la difusión de símbolos o mensajes que exalten el terrorismo o humillen a las víctimas, la cesión de espacios o recursos públicos para estos actos, la concesión de ayudas públicas vinculadas a los mismos o la tolerancia institucional de su celebración, cuando tengan lugar en espacios oficiales o concurridos, impliquen exaltación explícita de organizaciones terroristas, cuenten con la participación de cargos públicos o se repitan de forma sistemática.Estas conductas serían consideradas infracciones muy graves y tendrían las mismas penas que las consideradas del mismo modo en la Ley de Memoria Democrática: el traslado no autorizado de restos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, la destrucción de fosas o lugares de memoria, la permisividad ante actos de exaltación del franquismo o la promoción pública del régimen.Las sanciones propuestas Multas de 10.001 a 150.000 euros Cuando tengan lugar en espacios oficiales o concurridos, impliquen exaltación explícita de organizaciones terroristas, cuenten con la participación de cargos públicos o se repitan de forma sistemática. Multas de entre 2.001 y 10.000 euros Homenajes a etarras que no incluyan exaltación explícita, pero sí cuenten con participación de cargos públicos o carácter reiterado. Multas de entre 200 y 2.000 euros Los actos aislados o de escasa difusión pública.En un nivel inferior, la reforma plantea sancionar como infracción grave —con multas de entre 2.001 y 10.000 euros— los homenajes a etarras que no incluyan exaltación explícita, pero sí cuenten con participación de cargos públicos o carácter reiterado. Asimismo, los actos aislados o de escasa difusión pública serían considerados infracciones leves, con multas de entre 200 y 2.000 euros.El texto incluye además la posibilidad de imponer sanciones accesorias, como la inhabilitación para cargo público, la pérdida del derecho a recibir subvenciones o la prohibición de contratar con el sector público durante un periodo de uno a cinco años.Más allá del contenido sancionador concreto, la iniciativa cambia el enfoque de la respuesta a estos actos al trasladar el peso desde el ámbito penal —donde no llegan a considerarse delito— a la vía administrativa, que sí permite actuar y hacerlo, además, de manera más ágil. A diferencia de lo que ocurría con la «kale borroka», donde los menores desempeñaban un papel relevante incluso como vía de captación, en los actos actuales su presencia es minoritaria. Aun así, el PP adelanta que introducirá en el trámite parlamentario medidas para que los tutores legales asuman las sanciones impuestas a menores.La iniciativa responde a un planteamiento hecho por Alberto Núñez Feijóo , que ha situado como una de sus prioridades la protección de las víctimas del terrorismo y el cumplimiento de las penas impuestas por los jueces a los etarras. Bajo esa directriz, la reforma ha sido planteada por la portavoz popular en el Senado, Alicia García , junto a la secretaria segunda de esta Cámara, Marimar Blanco . Ambas han elaborado otros dos textos que ya han sido aprobados en el Senado: una ley para endurecer el acceso al tercer grado y otra para que los fiscales puedan actuar de oficio con los «ongi etorri».La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta garantiza su aprobación en ella y obliga al Congreso a debatirla. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Baja —controlada por PSOE y Sumar— mantiene bloqueada la tramitación del grueso de las iniciativas procedentes del Senado, lo que unido hace prever que la reforma probablemente no llegue ni a debatirse en la Carrera de San Jerónimo y haya que tomarla más como una declaración de intenciones de los populares de cara a una legislatura en la que logren gobernar. Pese a ello, Alicia García va a dar la batalla hasta el final ya que la iniciativa coloca al PSOE ante una disyuntiva incómoda: extender el mismo nivel de protección a todas las víctimas de la violencia política —con el consiguiente impacto en su relación con Bildu— o asumir abiertamente y con votación en las Cortes la incoherencia política de prestar un tratamiento diferenciado entre las del franquismo y las del terrorismo. La propuesta incorpora inhabilitación y veto a ayudas públicas como medidas adicionales« Pedro Sánchez no tiene límites morales. Se mostró dispuesto a todo para llegar al poder y lo está para mantenerse en él. Uno de los ejemplos más dolorosos es su pacto encapuchado con Bildu. Tras asegurar que nunca pactaría con ellos, acordó con Otegi el acercamiento de presos de ETA. Hoy mira hacia otro lado mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas vuelven a ser humilladas. No están solas: tienen al Partido Popular, que no descansará hasta acabar con estas situaciones, como hizo frente a la kale borroka», sostiene García.Esta reforma del PP se inscribe dentro de su estrategia de utilización del Senado como instrumento para fijar posición política. En su exposición de motivos, subraya la obligación del Estado de proteger la dignidad de las víctimas y de impedir la exhibición pública de símbolos o actos de exaltación del terrorismo. Denuncia que los homenajes a condenados por terrorismo y las manifestaciones que humillan a las víctimas siguen produciéndose en espacios públicos, lo que, a juicio del PP, «lesiona la memoria colectiva y la convivencia democrática».En la práctica, este texto será un test político para los socialistas en el que tendrán que elegir entre sostener su discurso sobre memoria o asumir el coste de actuar en contra de acabar conductas que van contra ella cuando no están relacionadas con el franquismo sino con el terrorismo. Catorce años después de su aprobación, la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo se ha demostrado insuficiente para frenar los actos de exaltación de ETA y la humillación a sus víctimas. Según el Observatorio de Radicalización de Covite , el año pasado se registraron 374 actos públicos de culto a terroristas, un 11% menos que en 2024 y un 36,5% menos que en 2022 —cuando se alcanzó un máximo de 589—, pero aún en niveles incompatibles con una democracia consolidada .El Partido Popular sostiene que el problema radica en que actos como los «ongi etorri» —recibimientos a etarras excarcelados— no alcanzan el umbral penal y la ley de protección de las víctimas no contempla sanciones económicas para quienes los organizan o participan en ellos. Con el objetivo de cubrir ese vacío, el grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo ha impulsado en el Senado una reforma legal para sancionar estos actos con las mismas cuantías previstas para el enaltecimiento del franquismo en la Ley de Memoria Democrática.No No CABEZA FR 6-D: La España amnésica Ana SánchezEsta norma, aprobada en 2022 por el PSOE y sus socios, fija multas de entre 200 y 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción para la exaltación del franquismo o la denigración de sus víctimas. Cifras que contrastan con la ausencia de régimen sancionador en la de protección a las víctimas del terrorismo, aprobada durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero por consenso de todos los grupos parlamentarios.La reforma que propone ahora el PP implica hacer equivalencias entre unas exaltaciones y otras. Así, contempla multas de 10.001 a 150.000 euros para conductas como la organización de «ongi etorri», la difusión de símbolos o mensajes que exalten el terrorismo o humillen a las víctimas, la cesión de espacios o recursos públicos para estos actos, la concesión de ayudas públicas vinculadas a los mismos o la tolerancia institucional de su celebración, cuando tengan lugar en espacios oficiales o concurridos, impliquen exaltación explícita de organizaciones terroristas, cuenten con la participación de cargos públicos o se repitan de forma sistemática.Estas conductas serían consideradas infracciones muy graves y tendrían las mismas penas que las consideradas del mismo modo en la Ley de Memoria Democrática: el traslado no autorizado de restos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, la destrucción de fosas o lugares de memoria, la permisividad ante actos de exaltación del franquismo o la promoción pública del régimen.Las sanciones propuestas Multas de 10.001 a 150.000 euros Cuando tengan lugar en espacios oficiales o concurridos, impliquen exaltación explícita de organizaciones terroristas, cuenten con la participación de cargos públicos o se repitan de forma sistemática. Multas de entre 2.001 y 10.000 euros Homenajes a etarras que no incluyan exaltación explícita, pero sí cuenten con participación de cargos públicos o carácter reiterado. Multas de entre 200 y 2.000 euros Los actos aislados o de escasa difusión pública.En un nivel inferior, la reforma plantea sancionar como infracción grave —con multas de entre 2.001 y 10.000 euros— los homenajes a etarras que no incluyan exaltación explícita, pero sí cuenten con participación de cargos públicos o carácter reiterado. Asimismo, los actos aislados o de escasa difusión pública serían considerados infracciones leves, con multas de entre 200 y 2.000 euros.El texto incluye además la posibilidad de imponer sanciones accesorias, como la inhabilitación para cargo público, la pérdida del derecho a recibir subvenciones o la prohibición de contratar con el sector público durante un periodo de uno a cinco años.Más allá del contenido sancionador concreto, la iniciativa cambia el enfoque de la respuesta a estos actos al trasladar el peso desde el ámbito penal —donde no llegan a considerarse delito— a la vía administrativa, que sí permite actuar y hacerlo, además, de manera más ágil. A diferencia de lo que ocurría con la «kale borroka», donde los menores desempeñaban un papel relevante incluso como vía de captación, en los actos actuales su presencia es minoritaria. Aun así, el PP adelanta que introducirá en el trámite parlamentario medidas para que los tutores legales asuman las sanciones impuestas a menores.La iniciativa responde a un planteamiento hecho por Alberto Núñez Feijóo , que ha situado como una de sus prioridades la protección de las víctimas del terrorismo y el cumplimiento de las penas impuestas por los jueces a los etarras. Bajo esa directriz, la reforma ha sido planteada por la portavoz popular en el Senado, Alicia García , junto a la secretaria segunda de esta Cámara, Marimar Blanco . Ambas han elaborado otros dos textos que ya han sido aprobados en el Senado: una ley para endurecer el acceso al tercer grado y otra para que los fiscales puedan actuar de oficio con los «ongi etorri».La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta garantiza su aprobación en ella y obliga al Congreso a debatirla. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Baja —controlada por PSOE y Sumar— mantiene bloqueada la tramitación del grueso de las iniciativas procedentes del Senado, lo que unido hace prever que la reforma probablemente no llegue ni a debatirse en la Carrera de San Jerónimo y haya que tomarla más como una declaración de intenciones de los populares de cara a una legislatura en la que logren gobernar. Pese a ello, Alicia García va a dar la batalla hasta el final ya que la iniciativa coloca al PSOE ante una disyuntiva incómoda: extender el mismo nivel de protección a todas las víctimas de la violencia política —con el consiguiente impacto en su relación con Bildu— o asumir abiertamente y con votación en las Cortes la incoherencia política de prestar un tratamiento diferenciado entre las del franquismo y las del terrorismo. La propuesta incorpora inhabilitación y veto a ayudas públicas como medidas adicionales« Pedro Sánchez no tiene límites morales. Se mostró dispuesto a todo para llegar al poder y lo está para mantenerse en él. Uno de los ejemplos más dolorosos es su pacto encapuchado con Bildu. Tras asegurar que nunca pactaría con ellos, acordó con Otegi el acercamiento de presos de ETA. Hoy mira hacia otro lado mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas vuelven a ser humilladas. No están solas: tienen al Partido Popular, que no descansará hasta acabar con estas situaciones, como hizo frente a la kale borroka», sostiene García.Esta reforma del PP se inscribe dentro de su estrategia de utilización del Senado como instrumento para fijar posición política. En su exposición de motivos, subraya la obligación del Estado de proteger la dignidad de las víctimas y de impedir la exhibición pública de símbolos o actos de exaltación del terrorismo. Denuncia que los homenajes a condenados por terrorismo y las manifestaciones que humillan a las víctimas siguen produciéndose en espacios públicos, lo que, a juicio del PP, «lesiona la memoria colectiva y la convivencia democrática».En la práctica, este texto será un test político para los socialistas en el que tendrán que elegir entre sostener su discurso sobre memoria o asumir el coste de actuar en contra de acabar conductas que van contra ella cuando no están relacionadas con el franquismo sino con el terrorismo. Catorce años después de su aprobación, la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo se ha demostrado insuficiente para frenar los actos de exaltación de ETA y la humillación a sus víctimas. Según el Observatorio de Radicalización de Covite , el año pasado se registraron 374 actos públicos de culto a terroristas, un 11% menos que en 2024 y un 36,5% menos que en 2022 —cuando se alcanzó un máximo de 589—, pero aún en niveles incompatibles con una democracia consolidada .El Partido Popular sostiene que el problema radica en que actos como los «ongi etorri» —recibimientos a etarras excarcelados— no alcanzan el umbral penal y la ley de protección de las víctimas no contempla sanciones económicas para quienes los organizan o participan en ellos. Con el objetivo de cubrir ese vacío, el grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo ha impulsado en el Senado una reforma legal para sancionar estos actos con las mismas cuantías previstas para el enaltecimiento del franquismo en la Ley de Memoria Democrática.No No CABEZA FR 6-D: La España amnésica Ana SánchezEsta norma, aprobada en 2022 por el PSOE y sus socios, fija multas de entre 200 y 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción para la exaltación del franquismo o la denigración de sus víctimas. Cifras que contrastan con la ausencia de régimen sancionador en la de protección a las víctimas del terrorismo, aprobada durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero por consenso de todos los grupos parlamentarios.La reforma que propone ahora el PP implica hacer equivalencias entre unas exaltaciones y otras. Así, contempla multas de 10.001 a 150.000 euros para conductas como la organización de «ongi etorri», la difusión de símbolos o mensajes que exalten el terrorismo o humillen a las víctimas, la cesión de espacios o recursos públicos para estos actos, la concesión de ayudas públicas vinculadas a los mismos o la tolerancia institucional de su celebración, cuando tengan lugar en espacios oficiales o concurridos, impliquen exaltación explícita de organizaciones terroristas, cuenten con la participación de cargos públicos o se repitan de forma sistemática.Estas conductas serían consideradas infracciones muy graves y tendrían las mismas penas que las consideradas del mismo modo en la Ley de Memoria Democrática: el traslado no autorizado de restos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, la destrucción de fosas o lugares de memoria, la permisividad ante actos de exaltación del franquismo o la promoción pública del régimen.Las sanciones propuestas Multas de 10.001 a 150.000 euros Cuando tengan lugar en espacios oficiales o concurridos, impliquen exaltación explícita de organizaciones terroristas, cuenten con la participación de cargos públicos o se repitan de forma sistemática. Multas de entre 2.001 y 10.000 euros Homenajes a etarras que no incluyan exaltación explícita, pero sí cuenten con participación de cargos públicos o carácter reiterado. Multas de entre 200 y 2.000 euros Los actos aislados o de escasa difusión pública.En un nivel inferior, la reforma plantea sancionar como infracción grave —con multas de entre 2.001 y 10.000 euros— los homenajes a etarras que no incluyan exaltación explícita, pero sí cuenten con participación de cargos públicos o carácter reiterado. Asimismo, los actos aislados o de escasa difusión pública serían considerados infracciones leves, con multas de entre 200 y 2.000 euros.El texto incluye además la posibilidad de imponer sanciones accesorias, como la inhabilitación para cargo público, la pérdida del derecho a recibir subvenciones o la prohibición de contratar con el sector público durante un periodo de uno a cinco años.Más allá del contenido sancionador concreto, la iniciativa cambia el enfoque de la respuesta a estos actos al trasladar el peso desde el ámbito penal —donde no llegan a considerarse delito— a la vía administrativa, que sí permite actuar y hacerlo, además, de manera más ágil. A diferencia de lo que ocurría con la «kale borroka», donde los menores desempeñaban un papel relevante incluso como vía de captación, en los actos actuales su presencia es minoritaria. Aun así, el PP adelanta que introducirá en el trámite parlamentario medidas para que los tutores legales asuman las sanciones impuestas a menores.La iniciativa responde a un planteamiento hecho por Alberto Núñez Feijóo , que ha situado como una de sus prioridades la protección de las víctimas del terrorismo y el cumplimiento de las penas impuestas por los jueces a los etarras. Bajo esa directriz, la reforma ha sido planteada por la portavoz popular en el Senado, Alicia García , junto a la secretaria segunda de esta Cámara, Marimar Blanco . Ambas han elaborado otros dos textos que ya han sido aprobados en el Senado: una ley para endurecer el acceso al tercer grado y otra para que los fiscales puedan actuar de oficio con los «ongi etorri».La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta garantiza su aprobación en ella y obliga al Congreso a debatirla. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Baja —controlada por PSOE y Sumar— mantiene bloqueada la tramitación del grueso de las iniciativas procedentes del Senado, lo que unido hace prever que la reforma probablemente no llegue ni a debatirse en la Carrera de San Jerónimo y haya que tomarla más como una declaración de intenciones de los populares de cara a una legislatura en la que logren gobernar. Pese a ello, Alicia García va a dar la batalla hasta el final ya que la iniciativa coloca al PSOE ante una disyuntiva incómoda: extender el mismo nivel de protección a todas las víctimas de la violencia política —con el consiguiente impacto en su relación con Bildu— o asumir abiertamente y con votación en las Cortes la incoherencia política de prestar un tratamiento diferenciado entre las del franquismo y las del terrorismo. La propuesta incorpora inhabilitación y veto a ayudas públicas como medidas adicionales« Pedro Sánchez no tiene límites morales. Se mostró dispuesto a todo para llegar al poder y lo está para mantenerse en él. Uno de los ejemplos más dolorosos es su pacto encapuchado con Bildu. Tras asegurar que nunca pactaría con ellos, acordó con Otegi el acercamiento de presos de ETA. Hoy mira hacia otro lado mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas vuelven a ser humilladas. No están solas: tienen al Partido Popular, que no descansará hasta acabar con estas situaciones, como hizo frente a la kale borroka», sostiene García.Esta reforma del PP se inscribe dentro de su estrategia de utilización del Senado como instrumento para fijar posición política. En su exposición de motivos, subraya la obligación del Estado de proteger la dignidad de las víctimas y de impedir la exhibición pública de símbolos o actos de exaltación del terrorismo. Denuncia que los homenajes a condenados por terrorismo y las manifestaciones que humillan a las víctimas siguen produciéndose en espacios públicos, lo que, a juicio del PP, «lesiona la memoria colectiva y la convivencia democrática».En la práctica, este texto será un test político para los socialistas en el que tendrán que elegir entre sostener su discurso sobre memoria o asumir el coste de actuar en contra de acabar conductas que van contra ella cuando no están relacionadas con el franquismo sino con el terrorismo. RSS de noticias de espana
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