“¿A cuántas personas podré ayudar después de mi muerte?; ¿crees que mis riñones valdrán?” Las preguntas las formula el británico Anthony Green, de 63 años, que ha vivido los últimos 27 en España, casi todos —menos los dos primeros— con esclerosis múltiple; es una mente lúcida en un cuerpo roto. Acaba de ratificar su decisión de acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) y, como ha expresado su deseo de donar sus órganos tras su fallecimiento, recibe en su salón a Javier Fierro, coordinador de trasplantes del Hospital Universitario del Poniente, en El Ejido (Almería), que es donde, unos meses después ―en agosto de 2025― se le prestará la ayuda para morir. Sus pulmones, riñones e hígado se trasplantarán, con éxito, a cuatro personas: un trasplante hepático, dos renales y uno bipulmonar.
Un sistema por engrasar
Cuando una persona desea acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha de acudir a un facultativo, no necesariamente de atención primaria ―puede ser su especialista, por ejemplo―, para solicitarla. Si el médico en cuestión se ha registrado como objetor de conciencia ―ha debido hacerlo antes, no sobre la marcha, cuando le llega un caso―, la dirección del centro o área sanitaria ha de dar cobertura al derecho que ampara al paciente. Se le asigna un equipo asistencial y un médico responsable, y se inicia un proceso deliberativo de 10 días para valorar el contexto eutanásico. Al cabo de ese tiempo, acepta o deniega la solicitud. Si es aceptada, y la persona quiere seguir adelante, firma una segunda solicitud, y ratifica su decisión.
El expediente pasa entonces a un médico consultor externo, de la especialidad sobre la que recaiga la patología del solicitante, pero sin contacto previo con él. Es una segunda opinión, que corrobora, o no, la decisión del médico responsable. “En Andalucía se ha creado el perfil de consultores en cada distrito sanitario”, informa Álvaro Tortosa, director del curso de experto en Bioética para Enfermería de la UNIR y miembro del grupo de trabajo de calidad de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía. Dicha Comisión, de ámbito autonómico, es el paso final del procedimiento. Para cada caso, nombra un grupo de verificación compuesto por un médico y un jurista, que emite el dictamen definitivo. Tortosa destaca que, en cualquier momento, la persona puede reclamar, si una decisión no le ha parecido correcta, así como aplazar o anular su solicitud.
Si hay luz verde de la Comisión, se acuerda día y lugar para realizar la prestación de ayuda a morir. El fallecimiento se certifica como muerte natural. En teoría, todo el proceso debería durar unos dos meses. En la práctica surgen dificultades y obstáculos que pueden alargarlo. “Estamos trabajando mucho para que mejore, pero en un tema de avance de derechos como este, cuesta años que la sociedad lo asuma y normalice”, incide Tortosa. A veces, las familias no entienden la decisión de su ser querido, y se oponen. En otras ocasiones cuesta encontrar facultativos que se pongan al frente de un caso, o ejerzan de médicos consultores. Uno de los principales escollos, en su opinión, es la falta de formación en la materia de los sanitarios y cargos intermedios. “Queda mucho por hacer”, reconoce el experto.
Anthony Green decidió cuándo y cómo morir. Es una de las 227 personas que han donado sus órganos en España tras recibir la prestación. Esta es su historia
“¿A cuántas personas podré ayudar después de mi muerte?; ¿crees que mis riñones valdrán?” Las preguntas las formula el británico Anthony Green, de 63 años, que ha vivido los últimos 27 en España, casi todos —menos los dos primeros— con esclerosis múltiple; es una mente lúcida en un cuerpo roto. Acaba de ratificar su decisión de acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) y, como ha expresado su deseo de donar sus órganos tras su fallecimiento, recibe en su salón a Javier Fierro, coordinador de trasplantes del Hospital Universitario del Poniente, en El Ejido (Almería), que es donde, unos meses después ―en agosto de 2025― se le prestará la ayuda para morir. Sus pulmones, riñones e hígado se trasplantarán, con éxito, a cuatro personas: un trasplante hepático, dos renales y uno bipulmonar.
Un sistema por engrasar
Cuando una persona desea acogerse a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha de acudir a un facultativo, no necesariamente de atención primaria ―puede ser su especialista, por ejemplo―, para solicitarla. Si el médico en cuestión se ha registrado como objetor de conciencia ―ha debido hacerlo antes, no sobre la marcha, cuando le llega un caso―, la dirección del centro o área sanitaria ha de dar cobertura al derecho que ampara al paciente. Se le asigna un equipo asistencial y un médico responsable, y se inicia un proceso deliberativo de 10 días para valorar el contexto eutanásico. Al cabo de ese tiempo, acepta o deniega la solicitud. Si es aceptada, y la persona quiere seguir adelante, firma una segunda solicitud, y ratifica su decisión.
El expediente pasa entonces a un médico consultor externo, de la especialidad sobre la que recaiga la patología del solicitante, pero sin contacto previo con él. Es una segunda opinión, que corrobora, o no, la decisión del médico responsable. “En Andalucía se ha creado el perfil de consultores en cada distrito sanitario”, informa Álvaro Tortosa, director del curso de experto en Bioética para Enfermería de la UNIR y miembro del grupo de trabajo de calidad de la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía. Dicha Comisión, de ámbito autonómico, es el paso final del procedimiento. Para cada caso, nombra un grupo de verificación compuesto por un médico y un jurista, que emite el dictamen definitivo. Tortosa destaca que, en cualquier momento, la persona puede reclamar, si una decisión no le ha parecido correcta, así como aplazar o anular su solicitud.
Si hay luz verde de la Comisión, se acuerda día y lugar para realizar la prestación de ayuda a morir. El fallecimiento se certifica como muerte natural. En teoría, todo el proceso debería durar unos dos meses. En la práctica surgen dificultades y obstáculos que pueden alargarlo. “Estamos trabajando mucho para que mejore, pero en un tema de avance de derechos como este, cuesta años que la sociedad lo asuma y normalice”, incide Tortosa. A veces, las familias no entienden la decisión de su ser querido, y se oponen. En otras ocasiones cuesta encontrar facultativos que se pongan al frente de un caso, o ejerzan de médicos consultores. Uno de los principales escollos, en su opinión, es la falta de formación en la materia de los sanitarios y cargos intermedios. “Queda mucho por hacer”, reconoce el experto.
Feed MRSS-S Noticias
