«Nunca habían conseguido que los empresarios y la oligarquía vasca aportase un solo duro a nuestra lucha… y de pronto, nada más conocerse la muerte de Berazadi , nos vienen a casa a traernos grandes cantidades de dinero». Tal y como recuerda Gaizka Fernández Soldevilla en ‘La bolsa y la vida’ (La esfera de los libros), con este testimonio de un compañero describía Xabier Zumalde ‘El Cabra’, responsable militar de ETA en los años 70, el asesinato de Ángel Berazadi (Zarauz, 1918). Esta semana se han cumplido 50 años de este punto de inflexión para la financiación de la banda terrorista, que, después del crimen, provocó pérdidas de capital financiero y humano que se estiman en 25.000 millones de euros o la salida de entre 10.000 y 15.000 empresarios dentro de un clima de rechazo hacia este colectivo que hoy es latente en parte de la sociedad vasca. A la tres de la madrugada del 8 de abril de 1976 una pareja de novios hallaba el cadáver de Berazadi a dos kilómetros de Elgoibar (Guipúzcoa). Allí mismo, en medio de la carretera en dirección a Azcoitia, con unas «gafas de soldador» puestas y la misma ropa con la que había sido secuestrado el 18 de marzo anterior, le dispararon un tiro en la nuca al jefe de la mercantil Estarta y Ecenarro, que fabricaba las máquinas de coser ‘Sigma’. Era conocido en su municipio, miembro de sociedades gastronómicas e implicado en la difusión de la cultura vasca, habiendo impulsado la creación de diversas ikastolas, según relataban las crónicas de la época. El secuestro, a cargo de ETApm, provocó un debate en su dirección. Contra el parecer de Eduardo Moreno Bergareche ‘Pertur’ y sus colaboradores, los ‘berezis’ (Komando Bereziak, el ala más radical) de Miguel Ángel Apalategui ‘Apala’ consiguieron imponer su tesis de dar un escarmiento a los empresarios vascos. Una idea que reforzaron al enviar a distintos industriales fotografías del cautiverio de Berazadi en un caserío junto a una nota en la que confirmaban su «ejecución». La familia (tenía seis hijos), que tras la muerte del patriarca abandonó el País Vasco para no volver, no pudo sufragar los 200 millones de pesetas que pedían por su rescate. Él ya había recibido anteriormente cartas amenazantes exigiendo dinero. Dos meses después, se confirmaba el asesinato del segundo empresario con la aparición en otro caserío de Recalde (Vizcaya) del cuerpo de Javier de Ybarra, emblemático alcalde de Bilbao, consejero del Banco de Vizcaya e Iberduero y presidente del Diario Informaciones y Bilbao Editorial. Un cambio mortal (antes ETA había secuestrado a cuatro empresarios sin asesinarles) en una estrategia de presión que se remontaba a los años 60. Aunque hasta principios de los 80 los atracos fueron la principal fuente de financiación de la banda, 20 años antes ya podían leerse en los comunicados internos de la banda la necesidad de reclamar aportes económicos para financiar la «resistencia». Perjuicio directo y «estructural»El germen que acabaría mutando hasta el denominado «impuesto revolucionario». Un eufemismo para la extorsión económica ejercida por ETA y sus satélites, posible gracias al clima violento impuesto por ella misma —42 secuestros por motivos económicos, 5 acabaron en asesinato de empresarios— durante casi seis décadas: «Se mata para asustar y cobrar, y se cobra para seguir matando», escribía Josu Ugarte Gastaminza. Así, si bien existen estimaciones concretas de sus cuentas anuales (en enero de 2001 tenía en caja 2.230.802 euros, cuando sus gastos empezaban ya a superar sus ingresos), no hay unanimidad entre historiadores y economistas sobre los efectos nocivos de su actividad criminal continuada. Sí resuena en Deusto, la fábrica de cuadros del PNV, un análisis recopilatorio de distintos trabajos, que dibuja un panorama complejo, sobre todo en cuanto a atracción de talento y capacidad de emprendimiento para el País Vasco. Este, sin embargo, no se incluye en los ejercicios de prospectiva que realiza el Gobierno de Pradales, que estudió en esta Universidad, pese a que varios miembros de su gabinete lo conocen. Además de los 25.000 millones de euros de impacto directo a cargo de todos los españoles (en conceptos como la seguridad de los señalados por ETA o el naufragio de proyectos como la central de Lemóniz), Luis Ramón Arrieta, secretario de la comisión económica del centro universitario, apunta a problemas «estructurales» que precisan de un «plan de transformación».Si bien reconoce que es «imposible medir el coste indirecto con la misma precisión», en este último grupo enmarca fenómenos como la figura del «transterrado» (personas que huyeron de la región y que algunas investigaciones cifran en más de 200.000), la deslocalización de empresas (el País Vasco cuenta con 1.419 menos que antes de la pandemia, según Confebask), la salida de depósitos bancarios o la pérdida de más de 30.000 empleos de calidad. También la llegada irregular de inversiones de capital extranjero (la participación del País Vasco en este apartado dentro de España marcó subidas y bajadas, registrando unos niveles más bajos en 2015 que en 1993, según el Ministerio de Industria). Además, el clima de violencia y la estigmatización (el discurso de ETA bebe del primer aranismo antiindustrial y del marxismo-leninismo de base anticolonial) provocó una pérdida de la vocación empresarial . En ese sentido, el informe sobre emprendimiento del ‘Global Entrepreneurship Monitor (GEM)’ relega a la comunidad a los últimos puestos a nivel español y europeo. Un daño económico conjunto en parte causado por el terrorismo, pues el País Vasco también ha sufrido el resto de crisis que han afectado al mundo occidental, que se refleja en una pérdida paulatina del stock de capital en la región y del peso relativo del PIB en comparación con otras comunidades autónomas, tractoras para la economía española. «Nunca habían conseguido que los empresarios y la oligarquía vasca aportase un solo duro a nuestra lucha… y de pronto, nada más conocerse la muerte de Berazadi , nos vienen a casa a traernos grandes cantidades de dinero». Tal y como recuerda Gaizka Fernández Soldevilla en ‘La bolsa y la vida’ (La esfera de los libros), con este testimonio de un compañero describía Xabier Zumalde ‘El Cabra’, responsable militar de ETA en los años 70, el asesinato de Ángel Berazadi (Zarauz, 1918). Esta semana se han cumplido 50 años de este punto de inflexión para la financiación de la banda terrorista, que, después del crimen, provocó pérdidas de capital financiero y humano que se estiman en 25.000 millones de euros o la salida de entre 10.000 y 15.000 empresarios dentro de un clima de rechazo hacia este colectivo que hoy es latente en parte de la sociedad vasca. A la tres de la madrugada del 8 de abril de 1976 una pareja de novios hallaba el cadáver de Berazadi a dos kilómetros de Elgoibar (Guipúzcoa). Allí mismo, en medio de la carretera en dirección a Azcoitia, con unas «gafas de soldador» puestas y la misma ropa con la que había sido secuestrado el 18 de marzo anterior, le dispararon un tiro en la nuca al jefe de la mercantil Estarta y Ecenarro, que fabricaba las máquinas de coser ‘Sigma’. Era conocido en su municipio, miembro de sociedades gastronómicas e implicado en la difusión de la cultura vasca, habiendo impulsado la creación de diversas ikastolas, según relataban las crónicas de la época. El secuestro, a cargo de ETApm, provocó un debate en su dirección. Contra el parecer de Eduardo Moreno Bergareche ‘Pertur’ y sus colaboradores, los ‘berezis’ (Komando Bereziak, el ala más radical) de Miguel Ángel Apalategui ‘Apala’ consiguieron imponer su tesis de dar un escarmiento a los empresarios vascos. Una idea que reforzaron al enviar a distintos industriales fotografías del cautiverio de Berazadi en un caserío junto a una nota en la que confirmaban su «ejecución». La familia (tenía seis hijos), que tras la muerte del patriarca abandonó el País Vasco para no volver, no pudo sufragar los 200 millones de pesetas que pedían por su rescate. Él ya había recibido anteriormente cartas amenazantes exigiendo dinero. Dos meses después, se confirmaba el asesinato del segundo empresario con la aparición en otro caserío de Recalde (Vizcaya) del cuerpo de Javier de Ybarra, emblemático alcalde de Bilbao, consejero del Banco de Vizcaya e Iberduero y presidente del Diario Informaciones y Bilbao Editorial. Un cambio mortal (antes ETA había secuestrado a cuatro empresarios sin asesinarles) en una estrategia de presión que se remontaba a los años 60. Aunque hasta principios de los 80 los atracos fueron la principal fuente de financiación de la banda, 20 años antes ya podían leerse en los comunicados internos de la banda la necesidad de reclamar aportes económicos para financiar la «resistencia». Perjuicio directo y «estructural»El germen que acabaría mutando hasta el denominado «impuesto revolucionario». Un eufemismo para la extorsión económica ejercida por ETA y sus satélites, posible gracias al clima violento impuesto por ella misma —42 secuestros por motivos económicos, 5 acabaron en asesinato de empresarios— durante casi seis décadas: «Se mata para asustar y cobrar, y se cobra para seguir matando», escribía Josu Ugarte Gastaminza. Así, si bien existen estimaciones concretas de sus cuentas anuales (en enero de 2001 tenía en caja 2.230.802 euros, cuando sus gastos empezaban ya a superar sus ingresos), no hay unanimidad entre historiadores y economistas sobre los efectos nocivos de su actividad criminal continuada. Sí resuena en Deusto, la fábrica de cuadros del PNV, un análisis recopilatorio de distintos trabajos, que dibuja un panorama complejo, sobre todo en cuanto a atracción de talento y capacidad de emprendimiento para el País Vasco. Este, sin embargo, no se incluye en los ejercicios de prospectiva que realiza el Gobierno de Pradales, que estudió en esta Universidad, pese a que varios miembros de su gabinete lo conocen. Además de los 25.000 millones de euros de impacto directo a cargo de todos los españoles (en conceptos como la seguridad de los señalados por ETA o el naufragio de proyectos como la central de Lemóniz), Luis Ramón Arrieta, secretario de la comisión económica del centro universitario, apunta a problemas «estructurales» que precisan de un «plan de transformación».Si bien reconoce que es «imposible medir el coste indirecto con la misma precisión», en este último grupo enmarca fenómenos como la figura del «transterrado» (personas que huyeron de la región y que algunas investigaciones cifran en más de 200.000), la deslocalización de empresas (el País Vasco cuenta con 1.419 menos que antes de la pandemia, según Confebask), la salida de depósitos bancarios o la pérdida de más de 30.000 empleos de calidad. También la llegada irregular de inversiones de capital extranjero (la participación del País Vasco en este apartado dentro de España marcó subidas y bajadas, registrando unos niveles más bajos en 2015 que en 1993, según el Ministerio de Industria). Además, el clima de violencia y la estigmatización (el discurso de ETA bebe del primer aranismo antiindustrial y del marxismo-leninismo de base anticolonial) provocó una pérdida de la vocación empresarial . En ese sentido, el informe sobre emprendimiento del ‘Global Entrepreneurship Monitor (GEM)’ relega a la comunidad a los últimos puestos a nivel español y europeo. Un daño económico conjunto en parte causado por el terrorismo, pues el País Vasco también ha sufrido el resto de crisis que han afectado al mundo occidental, que se refleja en una pérdida paulatina del stock de capital en la región y del peso relativo del PIB en comparación con otras comunidades autónomas, tractoras para la economía española. «Nunca habían conseguido que los empresarios y la oligarquía vasca aportase un solo duro a nuestra lucha… y de pronto, nada más conocerse la muerte de Berazadi , nos vienen a casa a traernos grandes cantidades de dinero». Tal y como recuerda Gaizka Fernández Soldevilla en ‘La bolsa y la vida’ (La esfera de los libros), con este testimonio de un compañero describía Xabier Zumalde ‘El Cabra’, responsable militar de ETA en los años 70, el asesinato de Ángel Berazadi (Zarauz, 1918). Esta semana se han cumplido 50 años de este punto de inflexión para la financiación de la banda terrorista, que, después del crimen, provocó pérdidas de capital financiero y humano que se estiman en 25.000 millones de euros o la salida de entre 10.000 y 15.000 empresarios dentro de un clima de rechazo hacia este colectivo que hoy es latente en parte de la sociedad vasca. A la tres de la madrugada del 8 de abril de 1976 una pareja de novios hallaba el cadáver de Berazadi a dos kilómetros de Elgoibar (Guipúzcoa). Allí mismo, en medio de la carretera en dirección a Azcoitia, con unas «gafas de soldador» puestas y la misma ropa con la que había sido secuestrado el 18 de marzo anterior, le dispararon un tiro en la nuca al jefe de la mercantil Estarta y Ecenarro, que fabricaba las máquinas de coser ‘Sigma’. Era conocido en su municipio, miembro de sociedades gastronómicas e implicado en la difusión de la cultura vasca, habiendo impulsado la creación de diversas ikastolas, según relataban las crónicas de la época. El secuestro, a cargo de ETApm, provocó un debate en su dirección. Contra el parecer de Eduardo Moreno Bergareche ‘Pertur’ y sus colaboradores, los ‘berezis’ (Komando Bereziak, el ala más radical) de Miguel Ángel Apalategui ‘Apala’ consiguieron imponer su tesis de dar un escarmiento a los empresarios vascos. Una idea que reforzaron al enviar a distintos industriales fotografías del cautiverio de Berazadi en un caserío junto a una nota en la que confirmaban su «ejecución». La familia (tenía seis hijos), que tras la muerte del patriarca abandonó el País Vasco para no volver, no pudo sufragar los 200 millones de pesetas que pedían por su rescate. Él ya había recibido anteriormente cartas amenazantes exigiendo dinero. Dos meses después, se confirmaba el asesinato del segundo empresario con la aparición en otro caserío de Recalde (Vizcaya) del cuerpo de Javier de Ybarra, emblemático alcalde de Bilbao, consejero del Banco de Vizcaya e Iberduero y presidente del Diario Informaciones y Bilbao Editorial. Un cambio mortal (antes ETA había secuestrado a cuatro empresarios sin asesinarles) en una estrategia de presión que se remontaba a los años 60. Aunque hasta principios de los 80 los atracos fueron la principal fuente de financiación de la banda, 20 años antes ya podían leerse en los comunicados internos de la banda la necesidad de reclamar aportes económicos para financiar la «resistencia». Perjuicio directo y «estructural»El germen que acabaría mutando hasta el denominado «impuesto revolucionario». Un eufemismo para la extorsión económica ejercida por ETA y sus satélites, posible gracias al clima violento impuesto por ella misma —42 secuestros por motivos económicos, 5 acabaron en asesinato de empresarios— durante casi seis décadas: «Se mata para asustar y cobrar, y se cobra para seguir matando», escribía Josu Ugarte Gastaminza. Así, si bien existen estimaciones concretas de sus cuentas anuales (en enero de 2001 tenía en caja 2.230.802 euros, cuando sus gastos empezaban ya a superar sus ingresos), no hay unanimidad entre historiadores y economistas sobre los efectos nocivos de su actividad criminal continuada. Sí resuena en Deusto, la fábrica de cuadros del PNV, un análisis recopilatorio de distintos trabajos, que dibuja un panorama complejo, sobre todo en cuanto a atracción de talento y capacidad de emprendimiento para el País Vasco. Este, sin embargo, no se incluye en los ejercicios de prospectiva que realiza el Gobierno de Pradales, que estudió en esta Universidad, pese a que varios miembros de su gabinete lo conocen. Además de los 25.000 millones de euros de impacto directo a cargo de todos los españoles (en conceptos como la seguridad de los señalados por ETA o el naufragio de proyectos como la central de Lemóniz), Luis Ramón Arrieta, secretario de la comisión económica del centro universitario, apunta a problemas «estructurales» que precisan de un «plan de transformación».Si bien reconoce que es «imposible medir el coste indirecto con la misma precisión», en este último grupo enmarca fenómenos como la figura del «transterrado» (personas que huyeron de la región y que algunas investigaciones cifran en más de 200.000), la deslocalización de empresas (el País Vasco cuenta con 1.419 menos que antes de la pandemia, según Confebask), la salida de depósitos bancarios o la pérdida de más de 30.000 empleos de calidad. También la llegada irregular de inversiones de capital extranjero (la participación del País Vasco en este apartado dentro de España marcó subidas y bajadas, registrando unos niveles más bajos en 2015 que en 1993, según el Ministerio de Industria). Además, el clima de violencia y la estigmatización (el discurso de ETA bebe del primer aranismo antiindustrial y del marxismo-leninismo de base anticolonial) provocó una pérdida de la vocación empresarial . En ese sentido, el informe sobre emprendimiento del ‘Global Entrepreneurship Monitor (GEM)’ relega a la comunidad a los últimos puestos a nivel español y europeo. Un daño económico conjunto en parte causado por el terrorismo, pues el País Vasco también ha sufrido el resto de crisis que han afectado al mundo occidental, que se refleja en una pérdida paulatina del stock de capital en la región y del peso relativo del PIB en comparación con otras comunidades autónomas, tractoras para la economía española. RSS de noticias de espana
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