El sistema sanitario no ha sido siempre como lo conocemos. Durante los primeros años de democracia, nuestro país no contaba con una única red pública, sino que estaba dividida. Pero el 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, una norma que ahora cumple 40 años y que sentó las bases de la sanidad que conocemos actualmente, como también lo hizo de un aspecto fundamental que hoy de alguna manera se pone en entredicho: la universalidad . Fue el socialista Ernest Lluch el que la impulsó, pero a los tres meses de conseguir esa luz verde la banda terrorista ETA lo asesinó , de manera que el pleno desarrollo de la normativa quedó en manos de su sucesor al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas. Hasta ese momento, relata García Vargas en conversación con ABC, los que tenían empleo y cotizaban a la Seguridad Social, que entonces suponían aproximadamente el 90 por ciento de la población española, accedían directamente al sistema sanitario. El resto estaban cubiertos por la beneficencia en los llamados hospitales de diputaciones y por la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (Aisna) si tenían enfermedades infecciosas. Una pequeña parte acudía también a Cruz Roja. Los organismos se fusionaron en 1989 en el Instituto Nacional de la Salud (Insalud). «Esta ley estableció la universalización en la atención a todos los ciudadanos por el hecho de serlo», recuerda García Vargas, que se encontró en esos momentos con una sanidad revuelta por un motivo también hoy en día muy de actualidad: una huelga de médicos. Entonces el paro se pudo frenar con la mejora de sus condiciones laborales. Expone el que fue ministro de Sanidad entre julio de 1986 y marzo de 1991 que al mismo tiempo se decidió pasar de la financiación por cotizaciones a la financiación por impuestos. La norma también sentó las bases del sistema MIR, la descentralización del sistema y la creación del Consejo Interterritorial de Salud. «Es una ley muy extensa que ha sobrevivido 40 años mientras que en ese período se han aprobado seis leyes de educación, lo que muestra que su orientación era correcta», sentencia. Noticia relacionada general No No Los pacientes que esperan una operación superan por primera vez los 850.000 Elena CalvoEn ese momento, expone, la aprobaron todos los grupos parlamentarios salvo Alianza Popular, que se abstuvo, «pero el PP con José Manuel Romay la aplicó sin ninguna reticencia y a partir de entonces todos los gobiernos del PP la han respetado y trabajado con ella sin ningún problema», defiende. «Es una ley que ha generado consenso entre los partidos y gracias a eso ha sobrevivido».Julián García Vargas, ministro de Sanidad entre 1986 y 1991. Ignacio GilEso no quita, dice, que cuarenta años después necesite cambios. «A día de hoy necesita desfuncionalizar al personal, desburocratizar la gestión, mayor digitalización y mejorar la prevención, y eso supone probablemente cambiar las competencias de cada profesión».«Supo definir con claridad un modelo que estableció los fundamentos del sistema nacional de salud», apunta por su parte sobre la norma Ana Pastor, ministra de Sanidad entre 2002 y 2004. Destaca entre sus principales aportaciones «el reconocimiento efectivo del derecho a la protección de la salud, convirtiéndolo en un derecho real y no solo declarativo», «la creación de un sistema sanitario público integrado, que superaba la fragmentación anterior» o el «enfoque integral de salud» al incorporar aspectos como la prevención o la promoción de la salud, así como la planificación sanitaria. «Sentó las bases de un sistema orientado por valores que siguen siendo irrenunciables: la equidad en el acceso, la universalidad de la cobertura y la cohesión del sistema», destaca. «Es una ley que ha generado consenso entre los partidos y gracias a eso ha sobrevivido» Julián García Vargas Ministro de Sanidad (1986-1991)«La norma supo definir con claridad un modelo que estableció los fundamentos del sistema nacional de salud» Ana Pastor Ministra de Sanidad (2002-2004)Pastor considera que a día de hoy la ley sigue siendo válida en lo que a sus principios se refiere, pero su desarrollo ha ido derivando en otras normas. «Hoy el sistema funciona sobre un conjunto de leyes que complementan y, en algunos casos, sustituyen partes de la ley del 86», expone y menciona algunas como la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de Salud Pública de 2011 o la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, «fundamental para garantizar que la descentralización no supusiera desigualdad entre territorios, reforzando precisamente uno de los valores esenciales del sistema: la equidad». Un modelo más transparenteEn la actualidad, considera Ana Pastor, es necesaria una actualización del conjunto del ordenamiento jurídico sanitario que, entre otras cuestiones, refuerce las políticas de recursos humanos tanto en términos cuantitativos como cualitativos, los mecanismos de cohesión o el papel del Consejo Interterritorial en la toma de decisiones compartidas, que consolide la atención primaria y la prevención como ejes estratégicos, apueste por la innovación y la investigación biomédica y avance hacia un modelo de financiación más transparente y finalista que asegure que todos los ciudadanos reciban prestaciones de calidad en condiciones similares.«El objetivo último de cualquier reforma normativa en el ámbito sanitario debe ser garantizar un sistema capaz de dar respuesta a los desafíos presentes y futuros sin renunciar a lo que lo define», sugiere Pastor. Recuerda por su parte María Luisa Carcedo cómo en su toma de posesión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018 hizo referencia a esa Ley General de Sanidad. «Reforcé la idea de la ley, porque aunque está descentralizada en los aspectos de gestión permite un liderazgo del sistema cohesionado en el conjunto del territorio», a través de organismos como el Consejo Interterritorial o los centros de referencia estatal, apunta. La norma fue, incide, el «faro» por el que se guiaron sus políticas. El «éxito» socialEs una ley, prosigue Carcedo, que para nada ha quedado obsoleta, pues permite adaptarse a cada momento, afirma. «Los cambios no precisan de un cambio legislativo, son básicamente de gestión, de enfoques en la estructura del funcionamiento, de tratamiento para enfermos crónicos pluripatológicos, de la demanda de personas mayores… son desafíos estructurales en la organización de los servicios, pero no los servicios en sí mismos ni el concepto de modelo sanitario que atiende con carácter integral a todas las personas ni el sistema sanitario en sí». La esencia de su contenido, dice la exministra del PSOE, conllevó un «éxito social» que hizo de esta norma «una de las más importantes de la democracia». La Ley General de Sanidad conllevó asimismo la creación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo de investigación biomédica y salud pública. Su puesta en marcha, recuerda el doctor Rafael Nájera Morrondo, primer director y organizador del ente, «supuso la aparición de una institución con carácter autónomo que agrupaba los aspectos científico-técnicos de las decisiones en torno a la salud». Así, crearon el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental o el Centro Nacional de Biología Celular y Retrovirus. Por mandato de la ley, expone Nájera, también se modernizó el control de vacunas, «anteriormente muy primitivo» o el control de alimentos. «Aunque está descentralizada en los aspectos de gestión, la ley permite un liderazgo del sistema cohesionado en el conjunto del territorio» María Luisa Carcedo Ministra de Sanidad (2018-2020)«Las insuficiencias momentáneas de gestión no implican que los objetivos hayan quedado obsoletos, sino la necesidad de reforzar el caudal presupuestario y humano» Rafael Nájera Morrondo Primer director del Instituto de Salud Carlos IIISupuso además una apertura hacia la investigación, «una de las metas prioritarias» del organismo, con la creación de laboratorios y equipos de investigación, de sociedades científicas o el impulso a la labor docente. El Instituto de Salud Carlos III hizo frente también a una serie de retos de salud pública: «Tuvimos que enfrentarnos a la gran pandemia del VIH con todo su cortejo de investigación científica, retos médicos y sanitarios, aspectos sociales, psicológicos y de rechazo social que constituyó la gran pandemia del siglo después de la gripe de 1918», expone el doctor Nájera. Objetivos «vivos»A juicio del que fue el primer director del ISCIII, los objetivos de la Ley General de Sanidad «siguen vivos», pero eso no impide que haya que afrontar los grandes retos del momento actual. «Las insuficiencias momentáneas de gestión no implican que los objetivos hayan quedado obsoletos, sino la necesidad de reforzar el caudal presupuestario y humano necesario para satisfacer las necesidades de la población», sugiere. Para Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), hay dos retos que la ley tiene que abordar actualmente: la cronicidad de las enfermedades y el envejecimiento de la población. «A día de hoy necesita una revisión urgente porque el 70 por ciento de la ley está derogada. Pero definitivamente ha sostenido el pilar de la justicia social que es la atención a la salud, ha funcionado y ha definido el modelo que tenemos, uno de los mejores del mundo», observa. «Necesita una revisión urgente porque el 70 por ciento de la ley está derogada, pero ha sostenido el modelo que tenemos» Tomás Cobo Presidente de la Organización Médica Colegial«Más que una norma superada, entendemos que es una ley que requiere adaptación continua para responder a las nuevas necesidades sociales y sanitarias» Florentino Pérez Raya Presidente del Consejo General de EnfermeríaEn la misma línea opina Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, que aunque no cree que la ley haya quedado obsoleta, sí la considera «parcialmente desactualizada en algunos aspectos» actuales como el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos o la gestión de crisis sanitarias. «Aun así, sus principios básicos (universalidad, equidad, financiación pública y descentralización) siguen plenamente vigentes y continúan siendo el pilar del sistema sanitario español. Por ello, más que una norma superada, entendemos que es una ley que requiere adaptación continua para responder a las nuevas necesidades sociales y sanitarias», concluye. El sistema sanitario no ha sido siempre como lo conocemos. Durante los primeros años de democracia, nuestro país no contaba con una única red pública, sino que estaba dividida. Pero el 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, una norma que ahora cumple 40 años y que sentó las bases de la sanidad que conocemos actualmente, como también lo hizo de un aspecto fundamental que hoy de alguna manera se pone en entredicho: la universalidad . Fue el socialista Ernest Lluch el que la impulsó, pero a los tres meses de conseguir esa luz verde la banda terrorista ETA lo asesinó , de manera que el pleno desarrollo de la normativa quedó en manos de su sucesor al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas. Hasta ese momento, relata García Vargas en conversación con ABC, los que tenían empleo y cotizaban a la Seguridad Social, que entonces suponían aproximadamente el 90 por ciento de la población española, accedían directamente al sistema sanitario. El resto estaban cubiertos por la beneficencia en los llamados hospitales de diputaciones y por la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (Aisna) si tenían enfermedades infecciosas. Una pequeña parte acudía también a Cruz Roja. Los organismos se fusionaron en 1989 en el Instituto Nacional de la Salud (Insalud). «Esta ley estableció la universalización en la atención a todos los ciudadanos por el hecho de serlo», recuerda García Vargas, que se encontró en esos momentos con una sanidad revuelta por un motivo también hoy en día muy de actualidad: una huelga de médicos. Entonces el paro se pudo frenar con la mejora de sus condiciones laborales. Expone el que fue ministro de Sanidad entre julio de 1986 y marzo de 1991 que al mismo tiempo se decidió pasar de la financiación por cotizaciones a la financiación por impuestos. La norma también sentó las bases del sistema MIR, la descentralización del sistema y la creación del Consejo Interterritorial de Salud. «Es una ley muy extensa que ha sobrevivido 40 años mientras que en ese período se han aprobado seis leyes de educación, lo que muestra que su orientación era correcta», sentencia. Noticia relacionada general No No Los pacientes que esperan una operación superan por primera vez los 850.000 Elena CalvoEn ese momento, expone, la aprobaron todos los grupos parlamentarios salvo Alianza Popular, que se abstuvo, «pero el PP con José Manuel Romay la aplicó sin ninguna reticencia y a partir de entonces todos los gobiernos del PP la han respetado y trabajado con ella sin ningún problema», defiende. «Es una ley que ha generado consenso entre los partidos y gracias a eso ha sobrevivido».Julián García Vargas, ministro de Sanidad entre 1986 y 1991. Ignacio GilEso no quita, dice, que cuarenta años después necesite cambios. «A día de hoy necesita desfuncionalizar al personal, desburocratizar la gestión, mayor digitalización y mejorar la prevención, y eso supone probablemente cambiar las competencias de cada profesión».«Supo definir con claridad un modelo que estableció los fundamentos del sistema nacional de salud», apunta por su parte sobre la norma Ana Pastor, ministra de Sanidad entre 2002 y 2004. Destaca entre sus principales aportaciones «el reconocimiento efectivo del derecho a la protección de la salud, convirtiéndolo en un derecho real y no solo declarativo», «la creación de un sistema sanitario público integrado, que superaba la fragmentación anterior» o el «enfoque integral de salud» al incorporar aspectos como la prevención o la promoción de la salud, así como la planificación sanitaria. «Sentó las bases de un sistema orientado por valores que siguen siendo irrenunciables: la equidad en el acceso, la universalidad de la cobertura y la cohesión del sistema», destaca. «Es una ley que ha generado consenso entre los partidos y gracias a eso ha sobrevivido» Julián García Vargas Ministro de Sanidad (1986-1991)«La norma supo definir con claridad un modelo que estableció los fundamentos del sistema nacional de salud» Ana Pastor Ministra de Sanidad (2002-2004)Pastor considera que a día de hoy la ley sigue siendo válida en lo que a sus principios se refiere, pero su desarrollo ha ido derivando en otras normas. «Hoy el sistema funciona sobre un conjunto de leyes que complementan y, en algunos casos, sustituyen partes de la ley del 86», expone y menciona algunas como la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de Salud Pública de 2011 o la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, «fundamental para garantizar que la descentralización no supusiera desigualdad entre territorios, reforzando precisamente uno de los valores esenciales del sistema: la equidad». Un modelo más transparenteEn la actualidad, considera Ana Pastor, es necesaria una actualización del conjunto del ordenamiento jurídico sanitario que, entre otras cuestiones, refuerce las políticas de recursos humanos tanto en términos cuantitativos como cualitativos, los mecanismos de cohesión o el papel del Consejo Interterritorial en la toma de decisiones compartidas, que consolide la atención primaria y la prevención como ejes estratégicos, apueste por la innovación y la investigación biomédica y avance hacia un modelo de financiación más transparente y finalista que asegure que todos los ciudadanos reciban prestaciones de calidad en condiciones similares.«El objetivo último de cualquier reforma normativa en el ámbito sanitario debe ser garantizar un sistema capaz de dar respuesta a los desafíos presentes y futuros sin renunciar a lo que lo define», sugiere Pastor. Recuerda por su parte María Luisa Carcedo cómo en su toma de posesión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018 hizo referencia a esa Ley General de Sanidad. «Reforcé la idea de la ley, porque aunque está descentralizada en los aspectos de gestión permite un liderazgo del sistema cohesionado en el conjunto del territorio», a través de organismos como el Consejo Interterritorial o los centros de referencia estatal, apunta. La norma fue, incide, el «faro» por el que se guiaron sus políticas. El «éxito» socialEs una ley, prosigue Carcedo, que para nada ha quedado obsoleta, pues permite adaptarse a cada momento, afirma. «Los cambios no precisan de un cambio legislativo, son básicamente de gestión, de enfoques en la estructura del funcionamiento, de tratamiento para enfermos crónicos pluripatológicos, de la demanda de personas mayores… son desafíos estructurales en la organización de los servicios, pero no los servicios en sí mismos ni el concepto de modelo sanitario que atiende con carácter integral a todas las personas ni el sistema sanitario en sí». La esencia de su contenido, dice la exministra del PSOE, conllevó un «éxito social» que hizo de esta norma «una de las más importantes de la democracia». La Ley General de Sanidad conllevó asimismo la creación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo de investigación biomédica y salud pública. Su puesta en marcha, recuerda el doctor Rafael Nájera Morrondo, primer director y organizador del ente, «supuso la aparición de una institución con carácter autónomo que agrupaba los aspectos científico-técnicos de las decisiones en torno a la salud». Así, crearon el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental o el Centro Nacional de Biología Celular y Retrovirus. Por mandato de la ley, expone Nájera, también se modernizó el control de vacunas, «anteriormente muy primitivo» o el control de alimentos. «Aunque está descentralizada en los aspectos de gestión, la ley permite un liderazgo del sistema cohesionado en el conjunto del territorio» María Luisa Carcedo Ministra de Sanidad (2018-2020)«Las insuficiencias momentáneas de gestión no implican que los objetivos hayan quedado obsoletos, sino la necesidad de reforzar el caudal presupuestario y humano» Rafael Nájera Morrondo Primer director del Instituto de Salud Carlos IIISupuso además una apertura hacia la investigación, «una de las metas prioritarias» del organismo, con la creación de laboratorios y equipos de investigación, de sociedades científicas o el impulso a la labor docente. El Instituto de Salud Carlos III hizo frente también a una serie de retos de salud pública: «Tuvimos que enfrentarnos a la gran pandemia del VIH con todo su cortejo de investigación científica, retos médicos y sanitarios, aspectos sociales, psicológicos y de rechazo social que constituyó la gran pandemia del siglo después de la gripe de 1918», expone el doctor Nájera. Objetivos «vivos»A juicio del que fue el primer director del ISCIII, los objetivos de la Ley General de Sanidad «siguen vivos», pero eso no impide que haya que afrontar los grandes retos del momento actual. «Las insuficiencias momentáneas de gestión no implican que los objetivos hayan quedado obsoletos, sino la necesidad de reforzar el caudal presupuestario y humano necesario para satisfacer las necesidades de la población», sugiere. Para Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), hay dos retos que la ley tiene que abordar actualmente: la cronicidad de las enfermedades y el envejecimiento de la población. «A día de hoy necesita una revisión urgente porque el 70 por ciento de la ley está derogada. Pero definitivamente ha sostenido el pilar de la justicia social que es la atención a la salud, ha funcionado y ha definido el modelo que tenemos, uno de los mejores del mundo», observa. «Necesita una revisión urgente porque el 70 por ciento de la ley está derogada, pero ha sostenido el modelo que tenemos» Tomás Cobo Presidente de la Organización Médica Colegial«Más que una norma superada, entendemos que es una ley que requiere adaptación continua para responder a las nuevas necesidades sociales y sanitarias» Florentino Pérez Raya Presidente del Consejo General de EnfermeríaEn la misma línea opina Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, que aunque no cree que la ley haya quedado obsoleta, sí la considera «parcialmente desactualizada en algunos aspectos» actuales como el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos o la gestión de crisis sanitarias. «Aun así, sus principios básicos (universalidad, equidad, financiación pública y descentralización) siguen plenamente vigentes y continúan siendo el pilar del sistema sanitario español. Por ello, más que una norma superada, entendemos que es una ley que requiere adaptación continua para responder a las nuevas necesidades sociales y sanitarias», concluye. El sistema sanitario no ha sido siempre como lo conocemos. Durante los primeros años de democracia, nuestro país no contaba con una única red pública, sino que estaba dividida. Pero el 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, una norma que ahora cumple 40 años y que sentó las bases de la sanidad que conocemos actualmente, como también lo hizo de un aspecto fundamental que hoy de alguna manera se pone en entredicho: la universalidad . Fue el socialista Ernest Lluch el que la impulsó, pero a los tres meses de conseguir esa luz verde la banda terrorista ETA lo asesinó , de manera que el pleno desarrollo de la normativa quedó en manos de su sucesor al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo, Julián García Vargas. Hasta ese momento, relata García Vargas en conversación con ABC, los que tenían empleo y cotizaban a la Seguridad Social, que entonces suponían aproximadamente el 90 por ciento de la población española, accedían directamente al sistema sanitario. El resto estaban cubiertos por la beneficencia en los llamados hospitales de diputaciones y por la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (Aisna) si tenían enfermedades infecciosas. Una pequeña parte acudía también a Cruz Roja. Los organismos se fusionaron en 1989 en el Instituto Nacional de la Salud (Insalud). «Esta ley estableció la universalización en la atención a todos los ciudadanos por el hecho de serlo», recuerda García Vargas, que se encontró en esos momentos con una sanidad revuelta por un motivo también hoy en día muy de actualidad: una huelga de médicos. Entonces el paro se pudo frenar con la mejora de sus condiciones laborales. Expone el que fue ministro de Sanidad entre julio de 1986 y marzo de 1991 que al mismo tiempo se decidió pasar de la financiación por cotizaciones a la financiación por impuestos. La norma también sentó las bases del sistema MIR, la descentralización del sistema y la creación del Consejo Interterritorial de Salud. «Es una ley muy extensa que ha sobrevivido 40 años mientras que en ese período se han aprobado seis leyes de educación, lo que muestra que su orientación era correcta», sentencia. Noticia relacionada general No No Los pacientes que esperan una operación superan por primera vez los 850.000 Elena CalvoEn ese momento, expone, la aprobaron todos los grupos parlamentarios salvo Alianza Popular, que se abstuvo, «pero el PP con José Manuel Romay la aplicó sin ninguna reticencia y a partir de entonces todos los gobiernos del PP la han respetado y trabajado con ella sin ningún problema», defiende. «Es una ley que ha generado consenso entre los partidos y gracias a eso ha sobrevivido».Julián García Vargas, ministro de Sanidad entre 1986 y 1991. Ignacio GilEso no quita, dice, que cuarenta años después necesite cambios. «A día de hoy necesita desfuncionalizar al personal, desburocratizar la gestión, mayor digitalización y mejorar la prevención, y eso supone probablemente cambiar las competencias de cada profesión».«Supo definir con claridad un modelo que estableció los fundamentos del sistema nacional de salud», apunta por su parte sobre la norma Ana Pastor, ministra de Sanidad entre 2002 y 2004. Destaca entre sus principales aportaciones «el reconocimiento efectivo del derecho a la protección de la salud, convirtiéndolo en un derecho real y no solo declarativo», «la creación de un sistema sanitario público integrado, que superaba la fragmentación anterior» o el «enfoque integral de salud» al incorporar aspectos como la prevención o la promoción de la salud, así como la planificación sanitaria. «Sentó las bases de un sistema orientado por valores que siguen siendo irrenunciables: la equidad en el acceso, la universalidad de la cobertura y la cohesión del sistema», destaca. «Es una ley que ha generado consenso entre los partidos y gracias a eso ha sobrevivido» Julián García Vargas Ministro de Sanidad (1986-1991)«La norma supo definir con claridad un modelo que estableció los fundamentos del sistema nacional de salud» Ana Pastor Ministra de Sanidad (2002-2004)Pastor considera que a día de hoy la ley sigue siendo válida en lo que a sus principios se refiere, pero su desarrollo ha ido derivando en otras normas. «Hoy el sistema funciona sobre un conjunto de leyes que complementan y, en algunos casos, sustituyen partes de la ley del 86», expone y menciona algunas como la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley de Salud Pública de 2011 o la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, «fundamental para garantizar que la descentralización no supusiera desigualdad entre territorios, reforzando precisamente uno de los valores esenciales del sistema: la equidad». Un modelo más transparenteEn la actualidad, considera Ana Pastor, es necesaria una actualización del conjunto del ordenamiento jurídico sanitario que, entre otras cuestiones, refuerce las políticas de recursos humanos tanto en términos cuantitativos como cualitativos, los mecanismos de cohesión o el papel del Consejo Interterritorial en la toma de decisiones compartidas, que consolide la atención primaria y la prevención como ejes estratégicos, apueste por la innovación y la investigación biomédica y avance hacia un modelo de financiación más transparente y finalista que asegure que todos los ciudadanos reciban prestaciones de calidad en condiciones similares.«El objetivo último de cualquier reforma normativa en el ámbito sanitario debe ser garantizar un sistema capaz de dar respuesta a los desafíos presentes y futuros sin renunciar a lo que lo define», sugiere Pastor. Recuerda por su parte María Luisa Carcedo cómo en su toma de posesión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018 hizo referencia a esa Ley General de Sanidad. «Reforcé la idea de la ley, porque aunque está descentralizada en los aspectos de gestión permite un liderazgo del sistema cohesionado en el conjunto del territorio», a través de organismos como el Consejo Interterritorial o los centros de referencia estatal, apunta. La norma fue, incide, el «faro» por el que se guiaron sus políticas. El «éxito» socialEs una ley, prosigue Carcedo, que para nada ha quedado obsoleta, pues permite adaptarse a cada momento, afirma. «Los cambios no precisan de un cambio legislativo, son básicamente de gestión, de enfoques en la estructura del funcionamiento, de tratamiento para enfermos crónicos pluripatológicos, de la demanda de personas mayores… son desafíos estructurales en la organización de los servicios, pero no los servicios en sí mismos ni el concepto de modelo sanitario que atiende con carácter integral a todas las personas ni el sistema sanitario en sí». La esencia de su contenido, dice la exministra del PSOE, conllevó un «éxito social» que hizo de esta norma «una de las más importantes de la democracia». La Ley General de Sanidad conllevó asimismo la creación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), organismo de investigación biomédica y salud pública. Su puesta en marcha, recuerda el doctor Rafael Nájera Morrondo, primer director y organizador del ente, «supuso la aparición de una institución con carácter autónomo que agrupaba los aspectos científico-técnicos de las decisiones en torno a la salud». Así, crearon el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental o el Centro Nacional de Biología Celular y Retrovirus. Por mandato de la ley, expone Nájera, también se modernizó el control de vacunas, «anteriormente muy primitivo» o el control de alimentos. «Aunque está descentralizada en los aspectos de gestión, la ley permite un liderazgo del sistema cohesionado en el conjunto del territorio» María Luisa Carcedo Ministra de Sanidad (2018-2020)«Las insuficiencias momentáneas de gestión no implican que los objetivos hayan quedado obsoletos, sino la necesidad de reforzar el caudal presupuestario y humano» Rafael Nájera Morrondo Primer director del Instituto de Salud Carlos IIISupuso además una apertura hacia la investigación, «una de las metas prioritarias» del organismo, con la creación de laboratorios y equipos de investigación, de sociedades científicas o el impulso a la labor docente. El Instituto de Salud Carlos III hizo frente también a una serie de retos de salud pública: «Tuvimos que enfrentarnos a la gran pandemia del VIH con todo su cortejo de investigación científica, retos médicos y sanitarios, aspectos sociales, psicológicos y de rechazo social que constituyó la gran pandemia del siglo después de la gripe de 1918», expone el doctor Nájera. Objetivos «vivos»A juicio del que fue el primer director del ISCIII, los objetivos de la Ley General de Sanidad «siguen vivos», pero eso no impide que haya que afrontar los grandes retos del momento actual. «Las insuficiencias momentáneas de gestión no implican que los objetivos hayan quedado obsoletos, sino la necesidad de reforzar el caudal presupuestario y humano necesario para satisfacer las necesidades de la población», sugiere. Para Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), hay dos retos que la ley tiene que abordar actualmente: la cronicidad de las enfermedades y el envejecimiento de la población. «A día de hoy necesita una revisión urgente porque el 70 por ciento de la ley está derogada. Pero definitivamente ha sostenido el pilar de la justicia social que es la atención a la salud, ha funcionado y ha definido el modelo que tenemos, uno de los mejores del mundo», observa. «Necesita una revisión urgente porque el 70 por ciento de la ley está derogada, pero ha sostenido el modelo que tenemos» Tomás Cobo Presidente de la Organización Médica Colegial«Más que una norma superada, entendemos que es una ley que requiere adaptación continua para responder a las nuevas necesidades sociales y sanitarias» Florentino Pérez Raya Presidente del Consejo General de EnfermeríaEn la misma línea opina Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, que aunque no cree que la ley haya quedado obsoleta, sí la considera «parcialmente desactualizada en algunos aspectos» actuales como el envejecimiento de la población, los avances tecnológicos o la gestión de crisis sanitarias. «Aun así, sus principios básicos (universalidad, equidad, financiación pública y descentralización) siguen plenamente vigentes y continúan siendo el pilar del sistema sanitario español. Por ello, más que una norma superada, entendemos que es una ley que requiere adaptación continua para responder a las nuevas necesidades sociales y sanitarias», concluye. RSS de noticias de sociedad
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