La rebeldía de un acusado ante el tribunal que debe juzgarlo depara un nuevo y desconcertante capítulo a la larga macrocausa de corrupción de los ERE en Andalucía. Inocencio E. P., uno de los doce procesados que debían sentarse en el banquillo el pasado mes de mayo ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, no solo obligó a suspender la vista oral al encontrarse en paradero desconocido, sino que ahora, tras ser localizado, se ha negado de forma airada a comparecer ante la Justicia. El pasado 12 de junio, un funcionario de la Oficina de Justicia Municipal de Fuente Obejuna (Córdoba) logró dar con Inocencio para notificarle un exhorto librado por la Audiencia el 27 de abril para citarlo en el juicio. El profesional de auxilio judicial se presentó en su domicilio en el citado municipio y se encontró con una respuesta inesperada que plasmó en un escrito. El encausado lo despachó con cajas destempladas, desentendiéndose por completo y gritando reiteradamente que «él no se ha enterado de nada ».Lejos de deponer su actitud, el acusado elevó el tono de voz interrumpiendo al agente judicial para manifestarle que «él no tiene nada en ningún lado, que el juzgado lo deje tranquilo». Al intentar explicarle que la Sección Primera sigue un procedimiento contra él y que su función era comunicarlo, Inocencio reiteró «no saber nada de Sevilla, ni quiere saber». Es más, avanzó que «no va a coger ninguna llamada de teléfono, ni de abogado ni de nadie». Pese a advertirle que la notificación surtía efectos legales, él seguía en sus trece. No se dio por enterado y rechazó firmar la carta.El acusado despachó al funcionario que se presentó en su domicilio asegurando que «no va a coger ninguna llamada de teléfono, ni de abogado ni de nadie»El relato del incidente, recogido en una diligencia de notificación, ha sido remitido por la Audiencia de Sevilla a la Fiscalía para que se pronuncie sobre los siguientes pasos ante semejante muestra de desacato. Inocencio tiene que ser juzgado por el presunto desvío irregular de 2,5 millones de euros al citado matadero. Hasta su propio abogado se vio forzado a renunciar a la defensa por la imposibilidad de contactar con su cliente. La Sala admitió que no se le podía garantizar una defensa eficaz en esas condiciones.Estaba cobrando una pensión incompatible con la ayudaSegún el auto de procesamiento dictado en noviembre de 2021 por el juez instructor de los ERE, José Ignacio Vilaplana, Inocencio E. P. figura como un «intruso» en este expediente extintivo subvencionado por la Junta de Andalucía bajo los gobiernos del PSOE. Aunque él y otro procesado habían trabajado en el matadero años antes, carecían de relación laboral cuando fueron incluidos en el expediente y estaban cobrando una pensión por incapacidad. Inocencio «habría recibido fraudulentamente, al menos, la cantidad de 59.473,43 euros», subraya el juez, ya que percibía una prestación pública incompatible con la renta financiada con dinero público.La investigación describe cómo se instrumentó el fraude mediante la Asociación para la promoción laboral extrabajadores de Matadero de Fuente Obejuna S.A.L. Manuel Granado Pérez y Domingo Valle Prieto, presidente y tesorero, relataron al juzgado cómo fueron citados en la sede de la Agrupación Municipal del PSOE, la conocida Casa del Pueblo, que los socialistas compartían con el sindicato UGT. La convocatoria fue organizada por el conseguidor de ayudas, Juan Lanzas , antiguo dirigente agroalimentario de UGT que se lucró como comisionista gestionando expedientes subvencionados por el fallecido director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.Las ayudas para el ERE se firmaron en una sede del PSOELa Casa del Pueblo se quedó pequeña, con una cola que salía a la calle mientras la veintena de exempleados desfilaba para firmar los documentos que, según el tesorero, «les iban poniendo por delante». Aquellas firmas daban acceso a una mensualidad hasta los 65 años con cargo a un ERE que la Consejería de Empleo financió con 2,53 millones entre 2002 y 2009.Entre los 22 trabajadores afectados, se colaron cuatro «intrusos» ajenos al matadero que gozaron de «condiciones más ventajosas», acarreando a la Junta un sobrecoste de 618.262 euros. Una de ellas era la esposa del presidente de la asociación, sumándose a los dos pensionistas por incapacidad entre los que figura Inocencio. El Matadero de Fuente Obejuna llevaba dos años cerrado al concederse las primeras ayudas en 2002. Para solventarlo, Juan Lanzas arregló que la empresa de un amigo suyo, Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas, afincada en Jaén, diera de alta entre 16 y 21 días a los antiguos empleados. Fletaron un autobús para llevarlos a firmar contratos falsos, pues no estaban trabajando allí. Esta triquiñuela sirvió para pedir el Convenio Especial de la Seguridad Social y proporcionarles así una prejubilación pagada con fondos públicos a personas que no tenían derecho a ella. La rebeldía de un acusado ante el tribunal que debe juzgarlo depara un nuevo y desconcertante capítulo a la larga macrocausa de corrupción de los ERE en Andalucía. Inocencio E. P., uno de los doce procesados que debían sentarse en el banquillo el pasado mes de mayo ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, no solo obligó a suspender la vista oral al encontrarse en paradero desconocido, sino que ahora, tras ser localizado, se ha negado de forma airada a comparecer ante la Justicia. El pasado 12 de junio, un funcionario de la Oficina de Justicia Municipal de Fuente Obejuna (Córdoba) logró dar con Inocencio para notificarle un exhorto librado por la Audiencia el 27 de abril para citarlo en el juicio. El profesional de auxilio judicial se presentó en su domicilio en el citado municipio y se encontró con una respuesta inesperada que plasmó en un escrito. El encausado lo despachó con cajas destempladas, desentendiéndose por completo y gritando reiteradamente que «él no se ha enterado de nada ».Lejos de deponer su actitud, el acusado elevó el tono de voz interrumpiendo al agente judicial para manifestarle que «él no tiene nada en ningún lado, que el juzgado lo deje tranquilo». Al intentar explicarle que la Sección Primera sigue un procedimiento contra él y que su función era comunicarlo, Inocencio reiteró «no saber nada de Sevilla, ni quiere saber». Es más, avanzó que «no va a coger ninguna llamada de teléfono, ni de abogado ni de nadie». Pese a advertirle que la notificación surtía efectos legales, él seguía en sus trece. No se dio por enterado y rechazó firmar la carta.El acusado despachó al funcionario que se presentó en su domicilio asegurando que «no va a coger ninguna llamada de teléfono, ni de abogado ni de nadie»El relato del incidente, recogido en una diligencia de notificación, ha sido remitido por la Audiencia de Sevilla a la Fiscalía para que se pronuncie sobre los siguientes pasos ante semejante muestra de desacato. Inocencio tiene que ser juzgado por el presunto desvío irregular de 2,5 millones de euros al citado matadero. Hasta su propio abogado se vio forzado a renunciar a la defensa por la imposibilidad de contactar con su cliente. La Sala admitió que no se le podía garantizar una defensa eficaz en esas condiciones.Estaba cobrando una pensión incompatible con la ayudaSegún el auto de procesamiento dictado en noviembre de 2021 por el juez instructor de los ERE, José Ignacio Vilaplana, Inocencio E. P. figura como un «intruso» en este expediente extintivo subvencionado por la Junta de Andalucía bajo los gobiernos del PSOE. Aunque él y otro procesado habían trabajado en el matadero años antes, carecían de relación laboral cuando fueron incluidos en el expediente y estaban cobrando una pensión por incapacidad. Inocencio «habría recibido fraudulentamente, al menos, la cantidad de 59.473,43 euros», subraya el juez, ya que percibía una prestación pública incompatible con la renta financiada con dinero público.La investigación describe cómo se instrumentó el fraude mediante la Asociación para la promoción laboral extrabajadores de Matadero de Fuente Obejuna S.A.L. Manuel Granado Pérez y Domingo Valle Prieto, presidente y tesorero, relataron al juzgado cómo fueron citados en la sede de la Agrupación Municipal del PSOE, la conocida Casa del Pueblo, que los socialistas compartían con el sindicato UGT. La convocatoria fue organizada por el conseguidor de ayudas, Juan Lanzas , antiguo dirigente agroalimentario de UGT que se lucró como comisionista gestionando expedientes subvencionados por el fallecido director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.Las ayudas para el ERE se firmaron en una sede del PSOELa Casa del Pueblo se quedó pequeña, con una cola que salía a la calle mientras la veintena de exempleados desfilaba para firmar los documentos que, según el tesorero, «les iban poniendo por delante». Aquellas firmas daban acceso a una mensualidad hasta los 65 años con cargo a un ERE que la Consejería de Empleo financió con 2,53 millones entre 2002 y 2009.Entre los 22 trabajadores afectados, se colaron cuatro «intrusos» ajenos al matadero que gozaron de «condiciones más ventajosas», acarreando a la Junta un sobrecoste de 618.262 euros. Una de ellas era la esposa del presidente de la asociación, sumándose a los dos pensionistas por incapacidad entre los que figura Inocencio. El Matadero de Fuente Obejuna llevaba dos años cerrado al concederse las primeras ayudas en 2002. Para solventarlo, Juan Lanzas arregló que la empresa de un amigo suyo, Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas, afincada en Jaén, diera de alta entre 16 y 21 días a los antiguos empleados. Fletaron un autobús para llevarlos a firmar contratos falsos, pues no estaban trabajando allí. Esta triquiñuela sirvió para pedir el Convenio Especial de la Seguridad Social y proporcionarles así una prejubilación pagada con fondos públicos a personas que no tenían derecho a ella. La rebeldía de un acusado ante el tribunal que debe juzgarlo depara un nuevo y desconcertante capítulo a la larga macrocausa de corrupción de los ERE en Andalucía. Inocencio E. P., uno de los doce procesados que debían sentarse en el banquillo el pasado mes de mayo ante la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, no solo obligó a suspender la vista oral al encontrarse en paradero desconocido, sino que ahora, tras ser localizado, se ha negado de forma airada a comparecer ante la Justicia. El pasado 12 de junio, un funcionario de la Oficina de Justicia Municipal de Fuente Obejuna (Córdoba) logró dar con Inocencio para notificarle un exhorto librado por la Audiencia el 27 de abril para citarlo en el juicio. El profesional de auxilio judicial se presentó en su domicilio en el citado municipio y se encontró con una respuesta inesperada que plasmó en un escrito. El encausado lo despachó con cajas destempladas, desentendiéndose por completo y gritando reiteradamente que «él no se ha enterado de nada ».Lejos de deponer su actitud, el acusado elevó el tono de voz interrumpiendo al agente judicial para manifestarle que «él no tiene nada en ningún lado, que el juzgado lo deje tranquilo». Al intentar explicarle que la Sección Primera sigue un procedimiento contra él y que su función era comunicarlo, Inocencio reiteró «no saber nada de Sevilla, ni quiere saber». Es más, avanzó que «no va a coger ninguna llamada de teléfono, ni de abogado ni de nadie». Pese a advertirle que la notificación surtía efectos legales, él seguía en sus trece. No se dio por enterado y rechazó firmar la carta.El acusado despachó al funcionario que se presentó en su domicilio asegurando que «no va a coger ninguna llamada de teléfono, ni de abogado ni de nadie»El relato del incidente, recogido en una diligencia de notificación, ha sido remitido por la Audiencia de Sevilla a la Fiscalía para que se pronuncie sobre los siguientes pasos ante semejante muestra de desacato. Inocencio tiene que ser juzgado por el presunto desvío irregular de 2,5 millones de euros al citado matadero. Hasta su propio abogado se vio forzado a renunciar a la defensa por la imposibilidad de contactar con su cliente. La Sala admitió que no se le podía garantizar una defensa eficaz en esas condiciones.Estaba cobrando una pensión incompatible con la ayudaSegún el auto de procesamiento dictado en noviembre de 2021 por el juez instructor de los ERE, José Ignacio Vilaplana, Inocencio E. P. figura como un «intruso» en este expediente extintivo subvencionado por la Junta de Andalucía bajo los gobiernos del PSOE. Aunque él y otro procesado habían trabajado en el matadero años antes, carecían de relación laboral cuando fueron incluidos en el expediente y estaban cobrando una pensión por incapacidad. Inocencio «habría recibido fraudulentamente, al menos, la cantidad de 59.473,43 euros», subraya el juez, ya que percibía una prestación pública incompatible con la renta financiada con dinero público.La investigación describe cómo se instrumentó el fraude mediante la Asociación para la promoción laboral extrabajadores de Matadero de Fuente Obejuna S.A.L. Manuel Granado Pérez y Domingo Valle Prieto, presidente y tesorero, relataron al juzgado cómo fueron citados en la sede de la Agrupación Municipal del PSOE, la conocida Casa del Pueblo, que los socialistas compartían con el sindicato UGT. La convocatoria fue organizada por el conseguidor de ayudas, Juan Lanzas , antiguo dirigente agroalimentario de UGT que se lucró como comisionista gestionando expedientes subvencionados por el fallecido director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.Las ayudas para el ERE se firmaron en una sede del PSOELa Casa del Pueblo se quedó pequeña, con una cola que salía a la calle mientras la veintena de exempleados desfilaba para firmar los documentos que, según el tesorero, «les iban poniendo por delante». Aquellas firmas daban acceso a una mensualidad hasta los 65 años con cargo a un ERE que la Consejería de Empleo financió con 2,53 millones entre 2002 y 2009.Entre los 22 trabajadores afectados, se colaron cuatro «intrusos» ajenos al matadero que gozaron de «condiciones más ventajosas», acarreando a la Junta un sobrecoste de 618.262 euros. Una de ellas era la esposa del presidente de la asociación, sumándose a los dos pensionistas por incapacidad entre los que figura Inocencio. El Matadero de Fuente Obejuna llevaba dos años cerrado al concederse las primeras ayudas en 2002. Para solventarlo, Juan Lanzas arregló que la empresa de un amigo suyo, Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas, afincada en Jaén, diera de alta entre 16 y 21 días a los antiguos empleados. Fletaron un autobús para llevarlos a firmar contratos falsos, pues no estaban trabajando allí. Esta triquiñuela sirvió para pedir el Convenio Especial de la Seguridad Social y proporcionarles así una prejubilación pagada con fondos públicos a personas que no tenían derecho a ella. RSS de noticias de espana/andalucia
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