El creciente rechazo ciudadano a los proyectos de plantas de biometano en Castilla-La Mancha sigue marcando el debate sobre el futuro de estas instalaciones en la región. En los últimos meses han surgido decenas de plataformas vecinales en distintos municipios para denunciar el impacto ambiental, paisajístico y sobre la salud pública que podrían tener estas infraestructuras. En este contexto, el Gobierno regional ha presentado a los colectivos integrados en el movimiento ‘Stop Biometano’ el borrador del futuro Decreto Regional de Biometano, una norma con la que pretende regular la implantación de estas plantas en la comunidad autónoma y a la que las plataformas han presentado 15.071 alegaciones.El encuentro se celebró el pasado 25 de junio en la Consejería de Desarrollo Sostenible y estuvo capitaneado por la titular del área, Mercedes Gómez, aunque los representantes de las 46 plataformas ciudadanas habían solicitado inicialmente una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, al considerar que el asunto «ha adquirido una dimensión social y política de primera magnitud en Castilla-La Mancha».Noticia relacionada general No No MEDIO AMBIENTE Al menos a 2 kilómetros de distancia y residuos de proximidad: claves del decreto del biometano de Castilla-La Mancha Fernando FrancoEl portavoz de la Plataforma ‘No al Biogás’ de Torralba de Calatrava, Rafael Ruiz de Lira, doctor en Historia y Geografía, explica que, durante la reunión, el colectivo trasladó su oposición a las plantas de biometano en la región. «Ellos intentaron convencernos de que, con una serie de medidas paliativas, las plantas podían seguir adelante y nosotros les trasladamos que el problema no son esas medidas, sino el propio modelo», afirma.Según explica, las plataformas rechazan tanto el modelo territorial como el energético que representa el desarrollo del biometano. «No estamos de acuerdo con un modelo político territorial que se quiere implantar en contra de la voluntad de la ciudadanía ni con un modelo de desarrollo agroenergético especulativo basado en macroplantas ».Pese a ello, considera positivo que la Junta haya aceptado mantener abiertas las vías de diálogo. «Terminamos prácticamente en tablas. Nosotros no salimos satisfechos y creo que ellos tampoco consiguieron convencernos. Pero siempre estaremos abiertos al diálogo».Del plan regional al futuro decretoDurante el encuentro, la Consejería comunicó a las plataformas que «abandona» la tramitación del Plan Regional de Biometanización y de la evaluación ambiental estratégica que lo acompañaba para sustituirlo por un decreto específico que regulará estas instalaciones.Ese texto, actualmente en fase de consulta pública, incorporará medidas como una distancia mínima de dos kilómetros respecto a los núcleos urbanos, la limitación del origen de los residuos a un radio aproximado de 35 kilómetros y una mayor participación de los ayuntamientos en la autorización de las plantas.Sin embargo, estas modificaciones no convencen a las plataformas. «No queremos las plantas ni a dos kilómetros ni a dos kilómetros y medio. Nuestro rechazo no depende de la distancia, sino del modelo que se quiere implantar».Los representantes vecinales sostienen que las limitaciones anunciadas no eliminan los impactos ambientales ni sociales que, a su juicio, generan estas instalaciones. Como ejemplo, Rafael cita proyectos previstos en municipios muy pequeños donde se plantea tratar cientos de miles de toneladas de residuos procedentes de otras zonas. «Hay pueblos de apenas 140 habitantes donde quieren instalar plantas de más de 200.000 toneladas. Eso supone convertirlos en pueblos de sacrificio».Con respecto a la mayor participación de los ayuntamientos en la autorización de las plantas, cuestiona que ese supuesto poder pueda ejercerse realmente desde el punto de vista jurídico, ya que, según indica, después de consultar con nuestros servicios jurídicos, no tenemos nada claro que ese poder que se quiere dar a los ayuntamientos sea factible. Hay legislación que está por encima de la capacidad de un pleno municipal para decidir políticamente que no quiere una planta.Por ello, las plataformas sospechan que el Ejecutivo regional pretende trasladar la responsabilidad del conflicto a los consistorios. «Nos da la impresión de que la Junta quiere pasar la patata caliente de las plantas de biometano a los ayuntamientos. Eso es precisamente lo que queremos evitar».«Nos da la impresión de que la Junta quiere pasar la patata caliente a los ayuntamientos y eso es lo que queremos evitar» Rafael Ruiz de Lira Portavoz Plataforma ‘Stop Bioometano’ de TorralbaAnte esta situación, anuncian una ronda de reuniones con alcaldes de distintos municipios para informarles sobre el alcance del futuro decreto y analizar, junto a los servicios jurídicos de cada consistorio, las posibilidades reales de oponerse a estos proyectos. «Queremos que los ayuntamientos estén prevenidos y conozcan hasta dónde llegan realmente sus competencias antes de tomar decisiones», señala Rafael.Un marco legal antes de autorizar nuevas plantasLas plataformas insisten en que antes de aprobar cualquier proyecto debería elaborarse un marco legal regulador basado en el principio de precaución y realizar una evaluación ambiental estratégica independiente .«Primero debe existir un marco regulador que garantice que no habrá contaminación del aire, del suelo, del agua ni riesgos para la salud pública. Después debe hacerse una evaluación ambiental desde el ámbito local, comarcal, provincial y regional», manifiesta. A su juicio, únicamente tras ese análisis podría determinarse qué municipios reúnen condiciones para albergar este tipo de instalaciones y siempre respetando la opinión de la población afectada.Una alternativa al biometanoLas plataformas trabajan ya en un documento técnico con propuestas alternativas para la gestión de residuos ganaderos e industriales. El informe está siendo elaborado por un equipo formado por ingenieros, geógrafos, abogados, médicos y profesores universitarios, a fin de demostrar que «existen alternativas más sostenibles basadas en el tratamiento de residuos en origen y a pequeña escala. El biometano no es la única solución», afirma.«Estamos trabajando en alternativas más sostenibles basadas en el tratamiento de residuos en origen y a pequeña escala. El biometano no es la única solución» Rafael Ruiz de Lira Portavoz de la Plataforma ‘Stop al Biometano’ de TorralbaAdemás, sostiene que el despliegue previsto de plantas no responde a una necesidad energética real. «Castilla-La Mancha ya es exportadora de energía y las cien plantas previstas apenas aportarían un pequeño porcentaje del consumo nacional de gas. Además, la propia Unión Europea está impulsando la electrificación y la reducción del consumo de combustibles fósiles», recuerda Rafael. El borrador del decreto se someterá ahora al trámite de información pública, previsiblemente a finales de julio, periodo durante el cual las plataformas volverán a presentar alegaciones al considerar que «el decreto no resuelve el problema de fondo».Y avisa de que si finalmente la norma se aprueba sin introducir cambios sustanciales, las plataformas no descartan acudir a los tribunales. «Creemos que la legislación obliga a realizar una evaluación ambiental adecuada y, si no se respeta ese procedimiento, estudiaremos todas las vías jurídicas y llegaremos hasta donde haga falta».Mientras tanto, las plataformas se mantienen abiertas al diálogo con la Junta, aunque sin renunciar a su principal objetivo: impedir la implantación del modelo de plantas de biometano que plantea el Ejecutivo regional. El creciente rechazo ciudadano a los proyectos de plantas de biometano en Castilla-La Mancha sigue marcando el debate sobre el futuro de estas instalaciones en la región. En los últimos meses han surgido decenas de plataformas vecinales en distintos municipios para denunciar el impacto ambiental, paisajístico y sobre la salud pública que podrían tener estas infraestructuras. En este contexto, el Gobierno regional ha presentado a los colectivos integrados en el movimiento ‘Stop Biometano’ el borrador del futuro Decreto Regional de Biometano, una norma con la que pretende regular la implantación de estas plantas en la comunidad autónoma y a la que las plataformas han presentado 15.071 alegaciones.El encuentro se celebró el pasado 25 de junio en la Consejería de Desarrollo Sostenible y estuvo capitaneado por la titular del área, Mercedes Gómez, aunque los representantes de las 46 plataformas ciudadanas habían solicitado inicialmente una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, al considerar que el asunto «ha adquirido una dimensión social y política de primera magnitud en Castilla-La Mancha».Noticia relacionada general No No MEDIO AMBIENTE Al menos a 2 kilómetros de distancia y residuos de proximidad: claves del decreto del biometano de Castilla-La Mancha Fernando FrancoEl portavoz de la Plataforma ‘No al Biogás’ de Torralba de Calatrava, Rafael Ruiz de Lira, doctor en Historia y Geografía, explica que, durante la reunión, el colectivo trasladó su oposición a las plantas de biometano en la región. «Ellos intentaron convencernos de que, con una serie de medidas paliativas, las plantas podían seguir adelante y nosotros les trasladamos que el problema no son esas medidas, sino el propio modelo», afirma.Según explica, las plataformas rechazan tanto el modelo territorial como el energético que representa el desarrollo del biometano. «No estamos de acuerdo con un modelo político territorial que se quiere implantar en contra de la voluntad de la ciudadanía ni con un modelo de desarrollo agroenergético especulativo basado en macroplantas ».Pese a ello, considera positivo que la Junta haya aceptado mantener abiertas las vías de diálogo. «Terminamos prácticamente en tablas. Nosotros no salimos satisfechos y creo que ellos tampoco consiguieron convencernos. Pero siempre estaremos abiertos al diálogo».Del plan regional al futuro decretoDurante el encuentro, la Consejería comunicó a las plataformas que «abandona» la tramitación del Plan Regional de Biometanización y de la evaluación ambiental estratégica que lo acompañaba para sustituirlo por un decreto específico que regulará estas instalaciones.Ese texto, actualmente en fase de consulta pública, incorporará medidas como una distancia mínima de dos kilómetros respecto a los núcleos urbanos, la limitación del origen de los residuos a un radio aproximado de 35 kilómetros y una mayor participación de los ayuntamientos en la autorización de las plantas.Sin embargo, estas modificaciones no convencen a las plataformas. «No queremos las plantas ni a dos kilómetros ni a dos kilómetros y medio. Nuestro rechazo no depende de la distancia, sino del modelo que se quiere implantar».Los representantes vecinales sostienen que las limitaciones anunciadas no eliminan los impactos ambientales ni sociales que, a su juicio, generan estas instalaciones. Como ejemplo, Rafael cita proyectos previstos en municipios muy pequeños donde se plantea tratar cientos de miles de toneladas de residuos procedentes de otras zonas. «Hay pueblos de apenas 140 habitantes donde quieren instalar plantas de más de 200.000 toneladas. Eso supone convertirlos en pueblos de sacrificio».Con respecto a la mayor participación de los ayuntamientos en la autorización de las plantas, cuestiona que ese supuesto poder pueda ejercerse realmente desde el punto de vista jurídico, ya que, según indica, después de consultar con nuestros servicios jurídicos, no tenemos nada claro que ese poder que se quiere dar a los ayuntamientos sea factible. Hay legislación que está por encima de la capacidad de un pleno municipal para decidir políticamente que no quiere una planta.Por ello, las plataformas sospechan que el Ejecutivo regional pretende trasladar la responsabilidad del conflicto a los consistorios. «Nos da la impresión de que la Junta quiere pasar la patata caliente de las plantas de biometano a los ayuntamientos. Eso es precisamente lo que queremos evitar».«Nos da la impresión de que la Junta quiere pasar la patata caliente a los ayuntamientos y eso es lo que queremos evitar» Rafael Ruiz de Lira Portavoz Plataforma ‘Stop Bioometano’ de TorralbaAnte esta situación, anuncian una ronda de reuniones con alcaldes de distintos municipios para informarles sobre el alcance del futuro decreto y analizar, junto a los servicios jurídicos de cada consistorio, las posibilidades reales de oponerse a estos proyectos. «Queremos que los ayuntamientos estén prevenidos y conozcan hasta dónde llegan realmente sus competencias antes de tomar decisiones», señala Rafael.Un marco legal antes de autorizar nuevas plantasLas plataformas insisten en que antes de aprobar cualquier proyecto debería elaborarse un marco legal regulador basado en el principio de precaución y realizar una evaluación ambiental estratégica independiente .«Primero debe existir un marco regulador que garantice que no habrá contaminación del aire, del suelo, del agua ni riesgos para la salud pública. Después debe hacerse una evaluación ambiental desde el ámbito local, comarcal, provincial y regional», manifiesta. A su juicio, únicamente tras ese análisis podría determinarse qué municipios reúnen condiciones para albergar este tipo de instalaciones y siempre respetando la opinión de la población afectada.Una alternativa al biometanoLas plataformas trabajan ya en un documento técnico con propuestas alternativas para la gestión de residuos ganaderos e industriales. El informe está siendo elaborado por un equipo formado por ingenieros, geógrafos, abogados, médicos y profesores universitarios, a fin de demostrar que «existen alternativas más sostenibles basadas en el tratamiento de residuos en origen y a pequeña escala. El biometano no es la única solución», afirma.«Estamos trabajando en alternativas más sostenibles basadas en el tratamiento de residuos en origen y a pequeña escala. El biometano no es la única solución» Rafael Ruiz de Lira Portavoz de la Plataforma ‘Stop al Biometano’ de TorralbaAdemás, sostiene que el despliegue previsto de plantas no responde a una necesidad energética real. «Castilla-La Mancha ya es exportadora de energía y las cien plantas previstas apenas aportarían un pequeño porcentaje del consumo nacional de gas. Además, la propia Unión Europea está impulsando la electrificación y la reducción del consumo de combustibles fósiles», recuerda Rafael. El borrador del decreto se someterá ahora al trámite de información pública, previsiblemente a finales de julio, periodo durante el cual las plataformas volverán a presentar alegaciones al considerar que «el decreto no resuelve el problema de fondo».Y avisa de que si finalmente la norma se aprueba sin introducir cambios sustanciales, las plataformas no descartan acudir a los tribunales. «Creemos que la legislación obliga a realizar una evaluación ambiental adecuada y, si no se respeta ese procedimiento, estudiaremos todas las vías jurídicas y llegaremos hasta donde haga falta».Mientras tanto, las plataformas se mantienen abiertas al diálogo con la Junta, aunque sin renunciar a su principal objetivo: impedir la implantación del modelo de plantas de biometano que plantea el Ejecutivo regional. El creciente rechazo ciudadano a los proyectos de plantas de biometano en Castilla-La Mancha sigue marcando el debate sobre el futuro de estas instalaciones en la región. En los últimos meses han surgido decenas de plataformas vecinales en distintos municipios para denunciar el impacto ambiental, paisajístico y sobre la salud pública que podrían tener estas infraestructuras. En este contexto, el Gobierno regional ha presentado a los colectivos integrados en el movimiento ‘Stop Biometano’ el borrador del futuro Decreto Regional de Biometano, una norma con la que pretende regular la implantación de estas plantas en la comunidad autónoma y a la que las plataformas han presentado 15.071 alegaciones.El encuentro se celebró el pasado 25 de junio en la Consejería de Desarrollo Sostenible y estuvo capitaneado por la titular del área, Mercedes Gómez, aunque los representantes de las 46 plataformas ciudadanas habían solicitado inicialmente una reunión con el presidente regional, Emiliano García-Page, al considerar que el asunto «ha adquirido una dimensión social y política de primera magnitud en Castilla-La Mancha».Noticia relacionada general No No MEDIO AMBIENTE Al menos a 2 kilómetros de distancia y residuos de proximidad: claves del decreto del biometano de Castilla-La Mancha Fernando FrancoEl portavoz de la Plataforma ‘No al Biogás’ de Torralba de Calatrava, Rafael Ruiz de Lira, doctor en Historia y Geografía, explica que, durante la reunión, el colectivo trasladó su oposición a las plantas de biometano en la región. «Ellos intentaron convencernos de que, con una serie de medidas paliativas, las plantas podían seguir adelante y nosotros les trasladamos que el problema no son esas medidas, sino el propio modelo», afirma.Según explica, las plataformas rechazan tanto el modelo territorial como el energético que representa el desarrollo del biometano. «No estamos de acuerdo con un modelo político territorial que se quiere implantar en contra de la voluntad de la ciudadanía ni con un modelo de desarrollo agroenergético especulativo basado en macroplantas ».Pese a ello, considera positivo que la Junta haya aceptado mantener abiertas las vías de diálogo. «Terminamos prácticamente en tablas. Nosotros no salimos satisfechos y creo que ellos tampoco consiguieron convencernos. Pero siempre estaremos abiertos al diálogo».Del plan regional al futuro decretoDurante el encuentro, la Consejería comunicó a las plataformas que «abandona» la tramitación del Plan Regional de Biometanización y de la evaluación ambiental estratégica que lo acompañaba para sustituirlo por un decreto específico que regulará estas instalaciones.Ese texto, actualmente en fase de consulta pública, incorporará medidas como una distancia mínima de dos kilómetros respecto a los núcleos urbanos, la limitación del origen de los residuos a un radio aproximado de 35 kilómetros y una mayor participación de los ayuntamientos en la autorización de las plantas.Sin embargo, estas modificaciones no convencen a las plataformas. «No queremos las plantas ni a dos kilómetros ni a dos kilómetros y medio. Nuestro rechazo no depende de la distancia, sino del modelo que se quiere implantar».Los representantes vecinales sostienen que las limitaciones anunciadas no eliminan los impactos ambientales ni sociales que, a su juicio, generan estas instalaciones. Como ejemplo, Rafael cita proyectos previstos en municipios muy pequeños donde se plantea tratar cientos de miles de toneladas de residuos procedentes de otras zonas. «Hay pueblos de apenas 140 habitantes donde quieren instalar plantas de más de 200.000 toneladas. Eso supone convertirlos en pueblos de sacrificio».Con respecto a la mayor participación de los ayuntamientos en la autorización de las plantas, cuestiona que ese supuesto poder pueda ejercerse realmente desde el punto de vista jurídico, ya que, según indica, después de consultar con nuestros servicios jurídicos, no tenemos nada claro que ese poder que se quiere dar a los ayuntamientos sea factible. Hay legislación que está por encima de la capacidad de un pleno municipal para decidir políticamente que no quiere una planta.Por ello, las plataformas sospechan que el Ejecutivo regional pretende trasladar la responsabilidad del conflicto a los consistorios. «Nos da la impresión de que la Junta quiere pasar la patata caliente de las plantas de biometano a los ayuntamientos. Eso es precisamente lo que queremos evitar».«Nos da la impresión de que la Junta quiere pasar la patata caliente a los ayuntamientos y eso es lo que queremos evitar» Rafael Ruiz de Lira Portavoz Plataforma ‘Stop Bioometano’ de TorralbaAnte esta situación, anuncian una ronda de reuniones con alcaldes de distintos municipios para informarles sobre el alcance del futuro decreto y analizar, junto a los servicios jurídicos de cada consistorio, las posibilidades reales de oponerse a estos proyectos. «Queremos que los ayuntamientos estén prevenidos y conozcan hasta dónde llegan realmente sus competencias antes de tomar decisiones», señala Rafael.Un marco legal antes de autorizar nuevas plantasLas plataformas insisten en que antes de aprobar cualquier proyecto debería elaborarse un marco legal regulador basado en el principio de precaución y realizar una evaluación ambiental estratégica independiente .«Primero debe existir un marco regulador que garantice que no habrá contaminación del aire, del suelo, del agua ni riesgos para la salud pública. Después debe hacerse una evaluación ambiental desde el ámbito local, comarcal, provincial y regional», manifiesta. A su juicio, únicamente tras ese análisis podría determinarse qué municipios reúnen condiciones para albergar este tipo de instalaciones y siempre respetando la opinión de la población afectada.Una alternativa al biometanoLas plataformas trabajan ya en un documento técnico con propuestas alternativas para la gestión de residuos ganaderos e industriales. El informe está siendo elaborado por un equipo formado por ingenieros, geógrafos, abogados, médicos y profesores universitarios, a fin de demostrar que «existen alternativas más sostenibles basadas en el tratamiento de residuos en origen y a pequeña escala. El biometano no es la única solución», afirma.«Estamos trabajando en alternativas más sostenibles basadas en el tratamiento de residuos en origen y a pequeña escala. El biometano no es la única solución» Rafael Ruiz de Lira Portavoz de la Plataforma ‘Stop al Biometano’ de TorralbaAdemás, sostiene que el despliegue previsto de plantas no responde a una necesidad energética real. «Castilla-La Mancha ya es exportadora de energía y las cien plantas previstas apenas aportarían un pequeño porcentaje del consumo nacional de gas. Además, la propia Unión Europea está impulsando la electrificación y la reducción del consumo de combustibles fósiles», recuerda Rafael. El borrador del decreto se someterá ahora al trámite de información pública, previsiblemente a finales de julio, periodo durante el cual las plataformas volverán a presentar alegaciones al considerar que «el decreto no resuelve el problema de fondo».Y avisa de que si finalmente la norma se aprueba sin introducir cambios sustanciales, las plataformas no descartan acudir a los tribunales. «Creemos que la legislación obliga a realizar una evaluación ambiental adecuada y, si no se respeta ese procedimiento, estudiaremos todas las vías jurídicas y llegaremos hasta donde haga falta».Mientras tanto, las plataformas se mantienen abiertas al diálogo con la Junta, aunque sin renunciar a su principal objetivo: impedir la implantación del modelo de plantas de biometano que plantea el Ejecutivo regional. RSS de noticias de espana
Las plataformas contra el biometano rechazan el nuevo decreto de la Junta: «Llegaremos hasta donde haga falta»
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