«El PSOE no puede pretender que ellos puedan pactar con independentistas y yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara». La frase la pronunció el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno , a las pocas horas de la finalización de las elecciones de diciembre de 2018 , tras las que logró armar una mayoría parlamentaria que acabó con la hegemonía socialista en la región durante más de tres décadas y media: con ese objetivo formó un gobierno de coalición con Ciudadanos y firmó un acuerdo con Vox -el primero del PP con esa formación en una autonomía- para que le apoyara en el Parlamento, básicamente para que pudiera ser investido presidente de la Junta de Andalucía y para garantizara la aprobación de los Presupuestos durante la legislatura que finalmente arrancó en enero de 2019 .En esa ocasión, Moreno consiguió el respaldo de la Cámara en el primer envite de la sesión de investidura. Ahora, la situación ha cambiado: Vox se ha hecho fuerte con los dos escaños que necesita Moreno para alcanzar su tercer nombramiento consecutivo como presidente -en 2019 precisaba el voto de ocho diputados del partido de Santiago Abascal -, y este martes se posicionó en contra del PP en la Cámara regional. El segundo intento es esta tarde: al presidente de la Junta en funciones le basta con una mayoría simple -esto es, con la abstención de Vox- para volver a tomar los mandos del Palacio de San Telmo , y los equipos negociadores de una y otra formación han apurado las horas para ponerse de acuerdo.Noticia relacionada general No No Carolina España: «Si queremos presupuestos en enero debe haber gobierno en Andalucía en julio» Mercedes BenítezEl pacto, como avanzó ‘ABC de Sevilla’ en su edición de ayer, se basa en dos pilares. El primero es la programática, que ya está cerrada, y cuya gran novedad es que los populares asumen la prioridad nacional que exige Vox para que los recursos públicos beneficien de un modo prioritario de los ciudadanos nacionales y no a los inmigrantes.La segunda pata es el reparto de los cargos, y por extensión la entrada o no de Vox en el Gobierno regional a través del control directo de un número de consejerías que está por determinar. PP y Vox se han dado hasta este jueves para atar estas cuestiones, y el plazo finaliza a las 19.00 horas, cuando está convocada la segunda votación de la investidura, que se celebrará sin debate previo de los grupos parlamentarios.En este punto hay que hacer una apreciación de relieve: los populares y los de Abascal escenificaron el acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón y en Castilla y León hasta una semana antes de la votación de la investidura, bien en una rueda de prensa conjunta o a través de una convocatoria más o menos formal ante los medios de comunicación con apretón de manos y fotografía incluidos en el que ambas formaciones explicaron las líneas maestras de su acuerdo.Las horas contadasEsa escenificación ha de tener, por tanto, las horas contadas en Andalucía. ¿Y qué dirá el acuerdo? A falta de conocer los detalles, ya está claro que incluye la prioridad nacional. El fomento de la familia y las políticas contra la inmigración representan el eje principal de esta doctrina. Esa protección del hogar cristaliza en un impulso a la natalidad con reducción de impuestos y ayudas económicas para animar a los progenitores o adoptantes o, en todo caso, rebajarles la pesada carga económica. El Gobierno extremeño, por ejemplo, acaba de dotar de tres millones de euros para el acogimiento familiar, el apoyo a madres vulnerables (Red Madre) y la duplicación de la cuantía destinada a las ayudas a la natalidad. También deducen el doble por nacimiento o adopción si el hijo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.El otro puntal de sus demandas entronca con la política migratoria actual y obliga a un posicionamiento delicado porque linda con las competencias autonómicas, la ley y la propia Constitución española, más allá de cuestiones éticas. Vox pide un rechazo frontal que se traduce en oposición al acogimiento de inmigrantes ilegales y menores extranjeros no acompañados (menas). No quieren que desde la comunidad se sume ni una plaza más ni abrir nuevos centros de acogida. En Aragón se recoge de manera explícita la petición de realizar pruebas médicas de determinación de la edad para verificar si los inmigrantes que llegan son menores o mayores de edad.En otras comunidades se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartadoAdemás de ese freno, se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartado. Por supuesto, la eliminación de fondos para la cooperación internacional, destinando esas partidas al extranjero a servicios sociales de la propia región. En Extremadura ya han desmantelado esa institución, provocando la salida de su directora.Esto se relaciona de manera clara aunque no absoluta con la inclusión de ese concepto tan polémico de la prioridad nacional, más eslogan por su simbolismo que una realidad administrativa tangible con una traducción legislativa nítida. Nunca se podrá fijar la nacionalidad (ni la raza) para distinguir en una ley de aplicación autonómica, pues Extranjería depende del Gobierno central y en parte vulnera la Constitución y derechos humanos fundamentales.ArraigoPor ello hay que ceñirse al «arraigo», que se puede traducir en el establecimiento de requisitos basados en los años de residencia para acceder a ayudas en materia de vivienda o de carácter social y cultural. El paradigma es exigir un mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler de vivienda protegida (similares políticas se han desarrollado en País Vasco y Canarias), o un plazo de tiempo empadronado en una ciudad para ser beneficiado de ayudas a emprendedores, como en Valencia.Es curioso que en el Gobierno de Guardiola [ Extremadura ] va a empezar a aplicar la «prioridad alimentaria» para dar más valor al producto de proximidad extremeño y español en los comedores públicos dependientes de la Junta. Siendo esto su tronco discursivo, ahora reflejado en programa de Gobierno extremeño, sus ramificaciones se expanden hacia el campo y las políticas agrarias, con un rechazo brutal a la Agenda 2030 y un escepticismo cuando no negacionismo con respecto al cambio climático; a la reducción fiscal y la simplificación administrativa; y finaliza con multitud de gestos con escasa incidencia real pero con un fuerte componente ideológico. Ahí puede estar otra de las claves del acuerdo del PP y Vox en Andalucía.Los pactos recogen la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos dependientes de la Junta. En Extremadura, incuyen la reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sin utilidades públicas, lo que vulgarmente denominan ‘chiringuitos’. También en esta misma región han suprimido el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Incorporan de manera textual la lucha contra la okupación (buscan el desalojo exprés). «El PSOE no puede pretender que ellos puedan pactar con independentistas y yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara». La frase la pronunció el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno , a las pocas horas de la finalización de las elecciones de diciembre de 2018 , tras las que logró armar una mayoría parlamentaria que acabó con la hegemonía socialista en la región durante más de tres décadas y media: con ese objetivo formó un gobierno de coalición con Ciudadanos y firmó un acuerdo con Vox -el primero del PP con esa formación en una autonomía- para que le apoyara en el Parlamento, básicamente para que pudiera ser investido presidente de la Junta de Andalucía y para garantizara la aprobación de los Presupuestos durante la legislatura que finalmente arrancó en enero de 2019 .En esa ocasión, Moreno consiguió el respaldo de la Cámara en el primer envite de la sesión de investidura. Ahora, la situación ha cambiado: Vox se ha hecho fuerte con los dos escaños que necesita Moreno para alcanzar su tercer nombramiento consecutivo como presidente -en 2019 precisaba el voto de ocho diputados del partido de Santiago Abascal -, y este martes se posicionó en contra del PP en la Cámara regional. El segundo intento es esta tarde: al presidente de la Junta en funciones le basta con una mayoría simple -esto es, con la abstención de Vox- para volver a tomar los mandos del Palacio de San Telmo , y los equipos negociadores de una y otra formación han apurado las horas para ponerse de acuerdo.Noticia relacionada general No No Carolina España: «Si queremos presupuestos en enero debe haber gobierno en Andalucía en julio» Mercedes BenítezEl pacto, como avanzó ‘ABC de Sevilla’ en su edición de ayer, se basa en dos pilares. El primero es la programática, que ya está cerrada, y cuya gran novedad es que los populares asumen la prioridad nacional que exige Vox para que los recursos públicos beneficien de un modo prioritario de los ciudadanos nacionales y no a los inmigrantes.La segunda pata es el reparto de los cargos, y por extensión la entrada o no de Vox en el Gobierno regional a través del control directo de un número de consejerías que está por determinar. PP y Vox se han dado hasta este jueves para atar estas cuestiones, y el plazo finaliza a las 19.00 horas, cuando está convocada la segunda votación de la investidura, que se celebrará sin debate previo de los grupos parlamentarios.En este punto hay que hacer una apreciación de relieve: los populares y los de Abascal escenificaron el acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón y en Castilla y León hasta una semana antes de la votación de la investidura, bien en una rueda de prensa conjunta o a través de una convocatoria más o menos formal ante los medios de comunicación con apretón de manos y fotografía incluidos en el que ambas formaciones explicaron las líneas maestras de su acuerdo.Las horas contadasEsa escenificación ha de tener, por tanto, las horas contadas en Andalucía. ¿Y qué dirá el acuerdo? A falta de conocer los detalles, ya está claro que incluye la prioridad nacional. El fomento de la familia y las políticas contra la inmigración representan el eje principal de esta doctrina. Esa protección del hogar cristaliza en un impulso a la natalidad con reducción de impuestos y ayudas económicas para animar a los progenitores o adoptantes o, en todo caso, rebajarles la pesada carga económica. El Gobierno extremeño, por ejemplo, acaba de dotar de tres millones de euros para el acogimiento familiar, el apoyo a madres vulnerables (Red Madre) y la duplicación de la cuantía destinada a las ayudas a la natalidad. También deducen el doble por nacimiento o adopción si el hijo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.El otro puntal de sus demandas entronca con la política migratoria actual y obliga a un posicionamiento delicado porque linda con las competencias autonómicas, la ley y la propia Constitución española, más allá de cuestiones éticas. Vox pide un rechazo frontal que se traduce en oposición al acogimiento de inmigrantes ilegales y menores extranjeros no acompañados (menas). No quieren que desde la comunidad se sume ni una plaza más ni abrir nuevos centros de acogida. En Aragón se recoge de manera explícita la petición de realizar pruebas médicas de determinación de la edad para verificar si los inmigrantes que llegan son menores o mayores de edad.En otras comunidades se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartadoAdemás de ese freno, se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartado. Por supuesto, la eliminación de fondos para la cooperación internacional, destinando esas partidas al extranjero a servicios sociales de la propia región. En Extremadura ya han desmantelado esa institución, provocando la salida de su directora.Esto se relaciona de manera clara aunque no absoluta con la inclusión de ese concepto tan polémico de la prioridad nacional, más eslogan por su simbolismo que una realidad administrativa tangible con una traducción legislativa nítida. Nunca se podrá fijar la nacionalidad (ni la raza) para distinguir en una ley de aplicación autonómica, pues Extranjería depende del Gobierno central y en parte vulnera la Constitución y derechos humanos fundamentales.ArraigoPor ello hay que ceñirse al «arraigo», que se puede traducir en el establecimiento de requisitos basados en los años de residencia para acceder a ayudas en materia de vivienda o de carácter social y cultural. El paradigma es exigir un mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler de vivienda protegida (similares políticas se han desarrollado en País Vasco y Canarias), o un plazo de tiempo empadronado en una ciudad para ser beneficiado de ayudas a emprendedores, como en Valencia.Es curioso que en el Gobierno de Guardiola [ Extremadura ] va a empezar a aplicar la «prioridad alimentaria» para dar más valor al producto de proximidad extremeño y español en los comedores públicos dependientes de la Junta. Siendo esto su tronco discursivo, ahora reflejado en programa de Gobierno extremeño, sus ramificaciones se expanden hacia el campo y las políticas agrarias, con un rechazo brutal a la Agenda 2030 y un escepticismo cuando no negacionismo con respecto al cambio climático; a la reducción fiscal y la simplificación administrativa; y finaliza con multitud de gestos con escasa incidencia real pero con un fuerte componente ideológico. Ahí puede estar otra de las claves del acuerdo del PP y Vox en Andalucía.Los pactos recogen la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos dependientes de la Junta. En Extremadura, incuyen la reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sin utilidades públicas, lo que vulgarmente denominan ‘chiringuitos’. También en esta misma región han suprimido el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Incorporan de manera textual la lucha contra la okupación (buscan el desalojo exprés). «El PSOE no puede pretender que ellos puedan pactar con independentistas y yo no pueda pactar con el partido donde milita Ortega Lara». La frase la pronunció el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno , a las pocas horas de la finalización de las elecciones de diciembre de 2018 , tras las que logró armar una mayoría parlamentaria que acabó con la hegemonía socialista en la región durante más de tres décadas y media: con ese objetivo formó un gobierno de coalición con Ciudadanos y firmó un acuerdo con Vox -el primero del PP con esa formación en una autonomía- para que le apoyara en el Parlamento, básicamente para que pudiera ser investido presidente de la Junta de Andalucía y para garantizara la aprobación de los Presupuestos durante la legislatura que finalmente arrancó en enero de 2019 .En esa ocasión, Moreno consiguió el respaldo de la Cámara en el primer envite de la sesión de investidura. Ahora, la situación ha cambiado: Vox se ha hecho fuerte con los dos escaños que necesita Moreno para alcanzar su tercer nombramiento consecutivo como presidente -en 2019 precisaba el voto de ocho diputados del partido de Santiago Abascal -, y este martes se posicionó en contra del PP en la Cámara regional. El segundo intento es esta tarde: al presidente de la Junta en funciones le basta con una mayoría simple -esto es, con la abstención de Vox- para volver a tomar los mandos del Palacio de San Telmo , y los equipos negociadores de una y otra formación han apurado las horas para ponerse de acuerdo.Noticia relacionada general No No Carolina España: «Si queremos presupuestos en enero debe haber gobierno en Andalucía en julio» Mercedes BenítezEl pacto, como avanzó ‘ABC de Sevilla’ en su edición de ayer, se basa en dos pilares. El primero es la programática, que ya está cerrada, y cuya gran novedad es que los populares asumen la prioridad nacional que exige Vox para que los recursos públicos beneficien de un modo prioritario de los ciudadanos nacionales y no a los inmigrantes.La segunda pata es el reparto de los cargos, y por extensión la entrada o no de Vox en el Gobierno regional a través del control directo de un número de consejerías que está por determinar. PP y Vox se han dado hasta este jueves para atar estas cuestiones, y el plazo finaliza a las 19.00 horas, cuando está convocada la segunda votación de la investidura, que se celebrará sin debate previo de los grupos parlamentarios.En este punto hay que hacer una apreciación de relieve: los populares y los de Abascal escenificaron el acuerdo tanto en Extremadura como en Aragón y en Castilla y León hasta una semana antes de la votación de la investidura, bien en una rueda de prensa conjunta o a través de una convocatoria más o menos formal ante los medios de comunicación con apretón de manos y fotografía incluidos en el que ambas formaciones explicaron las líneas maestras de su acuerdo.Las horas contadasEsa escenificación ha de tener, por tanto, las horas contadas en Andalucía. ¿Y qué dirá el acuerdo? A falta de conocer los detalles, ya está claro que incluye la prioridad nacional. El fomento de la familia y las políticas contra la inmigración representan el eje principal de esta doctrina. Esa protección del hogar cristaliza en un impulso a la natalidad con reducción de impuestos y ayudas económicas para animar a los progenitores o adoptantes o, en todo caso, rebajarles la pesada carga económica. El Gobierno extremeño, por ejemplo, acaba de dotar de tres millones de euros para el acogimiento familiar, el apoyo a madres vulnerables (Red Madre) y la duplicación de la cuantía destinada a las ayudas a la natalidad. También deducen el doble por nacimiento o adopción si el hijo tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%.El otro puntal de sus demandas entronca con la política migratoria actual y obliga a un posicionamiento delicado porque linda con las competencias autonómicas, la ley y la propia Constitución española, más allá de cuestiones éticas. Vox pide un rechazo frontal que se traduce en oposición al acogimiento de inmigrantes ilegales y menores extranjeros no acompañados (menas). No quieren que desde la comunidad se sume ni una plaza más ni abrir nuevos centros de acogida. En Aragón se recoge de manera explícita la petición de realizar pruebas médicas de determinación de la edad para verificar si los inmigrantes que llegan son menores o mayores de edad.En otras comunidades se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartadoAdemás de ese freno, se han fijado auditorías de fondos y subvenciones para eliminar el gasto público destinado a migrantes y suprimir ayudas a organizaciones que trabajen en este apartado. Por supuesto, la eliminación de fondos para la cooperación internacional, destinando esas partidas al extranjero a servicios sociales de la propia región. En Extremadura ya han desmantelado esa institución, provocando la salida de su directora.Esto se relaciona de manera clara aunque no absoluta con la inclusión de ese concepto tan polémico de la prioridad nacional, más eslogan por su simbolismo que una realidad administrativa tangible con una traducción legislativa nítida. Nunca se podrá fijar la nacionalidad (ni la raza) para distinguir en una ley de aplicación autonómica, pues Extranjería depende del Gobierno central y en parte vulnera la Constitución y derechos humanos fundamentales.ArraigoPor ello hay que ceñirse al «arraigo», que se puede traducir en el establecimiento de requisitos basados en los años de residencia para acceder a ayudas en materia de vivienda o de carácter social y cultural. El paradigma es exigir un mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler de vivienda protegida (similares políticas se han desarrollado en País Vasco y Canarias), o un plazo de tiempo empadronado en una ciudad para ser beneficiado de ayudas a emprendedores, como en Valencia.Es curioso que en el Gobierno de Guardiola [ Extremadura ] va a empezar a aplicar la «prioridad alimentaria» para dar más valor al producto de proximidad extremeño y español en los comedores públicos dependientes de la Junta. Siendo esto su tronco discursivo, ahora reflejado en programa de Gobierno extremeño, sus ramificaciones se expanden hacia el campo y las políticas agrarias, con un rechazo brutal a la Agenda 2030 y un escepticismo cuando no negacionismo con respecto al cambio climático; a la reducción fiscal y la simplificación administrativa; y finaliza con multitud de gestos con escasa incidencia real pero con un fuerte componente ideológico. Ahí puede estar otra de las claves del acuerdo del PP y Vox en Andalucía.Los pactos recogen la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos dependientes de la Junta. En Extremadura, incuyen la reducción de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales sin utilidades públicas, lo que vulgarmente denominan ‘chiringuitos’. También en esta misma región han suprimido el Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Incorporan de manera textual la lucha contra la okupación (buscan el desalojo exprés). RSS de noticias de espana/andalucia
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