Los constantes retrasos en la obligatoriedad de Verifactu , el nuevo sistema de la Agencia Tributaria que exige que los sistemas informáticos de facturación generen registros inalterables para combatir el fraude, han sembrado el desconcierto entre el empresariado español. Tan solo uno de cada cuatro empresarios está al tanto de que la obligatoriedad de la herramienta entra en vigor a partir de enero de 2027 para las empresas que presenten el Impuesto de Sociedades y en julio para autónomos, según un estudio de Holded.El 70% de los encuestados son incapaces de identificar correctamente el calendario de aplicación de la medida y casi una quinta parte cree que la normativa entró en vigor en enero de este año. Aunque el porcentaje de empresarios que directamente no conocen Verifactu es del 4%, la realidad es que los datos reflejan que existe una importante brecha de información sobre la aplicación de la medida que podría perjudicar a aquellos que no actualicen sus sistemas, ya que Hacienda contempla multas de hasta 50.000 euros .La Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM) tacha de «despropósito» el proceso de aplicación de la herramienta. «Primero dicen que las empresas tienen que implantarlo sí o sí, lo cual ya es una gran barrera debido a los gastos que supone para los pequeños negocios actualizar o adquirir un software de facturación certificado por Hacienda, y cuando ya habían invertido tiempo y dinero el Gobierno decide atrasar la aplicación tan solo un mes antes de que entrase en vigor», critican desde la patronal. Desde CEPYME coinciden en lo demandante del proceso ya que, según la organización, implica una inversión de miles de euros para comercios que ya de por sí afrontan importantes dificultades para sobrevivir.Una norma que nace con fecha de caducidadA las prórrogas anunciadas por la Agencia Tributaria se suma la posibilidad de que Verifactu quede obsoleta en 2030, año límite para que España transponga la Directiva europea ViDA. La norma podría obligar a modificar el reglamento, haciendo que las empresas tengan que volver a adaptarse de nuevo. Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), ha reconocido a ABC el «poco sentido» que tiene la obligatoriedad de la norma en unos meses si la orden de la Unión Europea va a forzar su modificación. «Hasta que no tengamos claro por donde va a ir la UE no deberíamos avanzar», ha señalado, y explica que el coste de actualizar los sistemas es mucho más elevado para los comercios si se hace por partes que de una sola vez.Desde la plataforma piden al Ministerio un plazo de cumplimentación voluntaria que sirva para estudiar la casuística y adelantarse a las incidencias que pueda generar Verifactu y que ya se produjeron con otras herramientas como el Suministro Inmediato de Información o el TicketBAI en el País Vasco. «La entrada en vigor se volvió a retrasar porque había muchos aspectos que no se habían contemplado. Algunos sectores cuentan con sistemas informáticos de facturación concretos que tuvieron problemas para adaptarse», explica Ferrero y pone como ejemplo las oficinas de farmacia.El horizonte incierto de cambios al que se enfrentan los empresarios también incluye a la conocida como Ley Crea y Crece, impulsada por el Ministerio de Economía, pensada para regular el intercambio obligatorio de facturas electrónicas y que entrará en vigor de manera parcial en octubre de 2027. A la multitud de vías que existen en España para el control de la facturación se suma el Suministro Inmediato de Información citado anteriormente y activo desde hace casi una década. La vicepresidenta de ATA ha criticado la falta de comunicación entre las carteras de Hacienda y Economía, «si lo hubieran hecho de forma conjunta no estaríamos en estas», señala, una idea que coincide con lo que viene a pedir Europa en la Directiva ViDA, homogeneizar los procesos.A menos de medio año para queVerifactu entre en vigor, los usuarios que usan la herramienta a través de Holded a penas superan los 7.000, «una cifra baja», reconoce la compañía, aunque crecerá cuando su uso sea obligatorio en 2027, si es que Hacienda no anuncia una nueva prórroga en los próximos meses. Los constantes retrasos en la obligatoriedad de Verifactu , el nuevo sistema de la Agencia Tributaria que exige que los sistemas informáticos de facturación generen registros inalterables para combatir el fraude, han sembrado el desconcierto entre el empresariado español. Tan solo uno de cada cuatro empresarios está al tanto de que la obligatoriedad de la herramienta entra en vigor a partir de enero de 2027 para las empresas que presenten el Impuesto de Sociedades y en julio para autónomos, según un estudio de Holded.El 70% de los encuestados son incapaces de identificar correctamente el calendario de aplicación de la medida y casi una quinta parte cree que la normativa entró en vigor en enero de este año. Aunque el porcentaje de empresarios que directamente no conocen Verifactu es del 4%, la realidad es que los datos reflejan que existe una importante brecha de información sobre la aplicación de la medida que podría perjudicar a aquellos que no actualicen sus sistemas, ya que Hacienda contempla multas de hasta 50.000 euros .La Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM) tacha de «despropósito» el proceso de aplicación de la herramienta. «Primero dicen que las empresas tienen que implantarlo sí o sí, lo cual ya es una gran barrera debido a los gastos que supone para los pequeños negocios actualizar o adquirir un software de facturación certificado por Hacienda, y cuando ya habían invertido tiempo y dinero el Gobierno decide atrasar la aplicación tan solo un mes antes de que entrase en vigor», critican desde la patronal. Desde CEPYME coinciden en lo demandante del proceso ya que, según la organización, implica una inversión de miles de euros para comercios que ya de por sí afrontan importantes dificultades para sobrevivir.Una norma que nace con fecha de caducidadA las prórrogas anunciadas por la Agencia Tributaria se suma la posibilidad de que Verifactu quede obsoleta en 2030, año límite para que España transponga la Directiva europea ViDA. La norma podría obligar a modificar el reglamento, haciendo que las empresas tengan que volver a adaptarse de nuevo. Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), ha reconocido a ABC el «poco sentido» que tiene la obligatoriedad de la norma en unos meses si la orden de la Unión Europea va a forzar su modificación. «Hasta que no tengamos claro por donde va a ir la UE no deberíamos avanzar», ha señalado, y explica que el coste de actualizar los sistemas es mucho más elevado para los comercios si se hace por partes que de una sola vez.Desde la plataforma piden al Ministerio un plazo de cumplimentación voluntaria que sirva para estudiar la casuística y adelantarse a las incidencias que pueda generar Verifactu y que ya se produjeron con otras herramientas como el Suministro Inmediato de Información o el TicketBAI en el País Vasco. «La entrada en vigor se volvió a retrasar porque había muchos aspectos que no se habían contemplado. Algunos sectores cuentan con sistemas informáticos de facturación concretos que tuvieron problemas para adaptarse», explica Ferrero y pone como ejemplo las oficinas de farmacia.El horizonte incierto de cambios al que se enfrentan los empresarios también incluye a la conocida como Ley Crea y Crece, impulsada por el Ministerio de Economía, pensada para regular el intercambio obligatorio de facturas electrónicas y que entrará en vigor de manera parcial en octubre de 2027. A la multitud de vías que existen en España para el control de la facturación se suma el Suministro Inmediato de Información citado anteriormente y activo desde hace casi una década. La vicepresidenta de ATA ha criticado la falta de comunicación entre las carteras de Hacienda y Economía, «si lo hubieran hecho de forma conjunta no estaríamos en estas», señala, una idea que coincide con lo que viene a pedir Europa en la Directiva ViDA, homogeneizar los procesos.A menos de medio año para queVerifactu entre en vigor, los usuarios que usan la herramienta a través de Holded a penas superan los 7.000, «una cifra baja», reconoce la compañía, aunque crecerá cuando su uso sea obligatorio en 2027, si es que Hacienda no anuncia una nueva prórroga en los próximos meses. Los constantes retrasos en la obligatoriedad de Verifactu , el nuevo sistema de la Agencia Tributaria que exige que los sistemas informáticos de facturación generen registros inalterables para combatir el fraude, han sembrado el desconcierto entre el empresariado español. Tan solo uno de cada cuatro empresarios está al tanto de que la obligatoriedad de la herramienta entra en vigor a partir de enero de 2027 para las empresas que presenten el Impuesto de Sociedades y en julio para autónomos, según un estudio de Holded.El 70% de los encuestados son incapaces de identificar correctamente el calendario de aplicación de la medida y casi una quinta parte cree que la normativa entró en vigor en enero de este año. Aunque el porcentaje de empresarios que directamente no conocen Verifactu es del 4%, la realidad es que los datos reflejan que existe una importante brecha de información sobre la aplicación de la medida que podría perjudicar a aquellos que no actualicen sus sistemas, ya que Hacienda contempla multas de hasta 50.000 euros .La Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM) tacha de «despropósito» el proceso de aplicación de la herramienta. «Primero dicen que las empresas tienen que implantarlo sí o sí, lo cual ya es una gran barrera debido a los gastos que supone para los pequeños negocios actualizar o adquirir un software de facturación certificado por Hacienda, y cuando ya habían invertido tiempo y dinero el Gobierno decide atrasar la aplicación tan solo un mes antes de que entrase en vigor», critican desde la patronal. Desde CEPYME coinciden en lo demandante del proceso ya que, según la organización, implica una inversión de miles de euros para comercios que ya de por sí afrontan importantes dificultades para sobrevivir.Una norma que nace con fecha de caducidadA las prórrogas anunciadas por la Agencia Tributaria se suma la posibilidad de que Verifactu quede obsoleta en 2030, año límite para que España transponga la Directiva europea ViDA. La norma podría obligar a modificar el reglamento, haciendo que las empresas tengan que volver a adaptarse de nuevo. Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), ha reconocido a ABC el «poco sentido» que tiene la obligatoriedad de la norma en unos meses si la orden de la Unión Europea va a forzar su modificación. «Hasta que no tengamos claro por donde va a ir la UE no deberíamos avanzar», ha señalado, y explica que el coste de actualizar los sistemas es mucho más elevado para los comercios si se hace por partes que de una sola vez.Desde la plataforma piden al Ministerio un plazo de cumplimentación voluntaria que sirva para estudiar la casuística y adelantarse a las incidencias que pueda generar Verifactu y que ya se produjeron con otras herramientas como el Suministro Inmediato de Información o el TicketBAI en el País Vasco. «La entrada en vigor se volvió a retrasar porque había muchos aspectos que no se habían contemplado. Algunos sectores cuentan con sistemas informáticos de facturación concretos que tuvieron problemas para adaptarse», explica Ferrero y pone como ejemplo las oficinas de farmacia.El horizonte incierto de cambios al que se enfrentan los empresarios también incluye a la conocida como Ley Crea y Crece, impulsada por el Ministerio de Economía, pensada para regular el intercambio obligatorio de facturas electrónicas y que entrará en vigor de manera parcial en octubre de 2027. A la multitud de vías que existen en España para el control de la facturación se suma el Suministro Inmediato de Información citado anteriormente y activo desde hace casi una década. La vicepresidenta de ATA ha criticado la falta de comunicación entre las carteras de Hacienda y Economía, «si lo hubieran hecho de forma conjunta no estaríamos en estas», señala, una idea que coincide con lo que viene a pedir Europa en la Directiva ViDA, homogeneizar los procesos.A menos de medio año para queVerifactu entre en vigor, los usuarios que usan la herramienta a través de Holded a penas superan los 7.000, «una cifra baja», reconoce la compañía, aunque crecerá cuando su uso sea obligatorio en 2027, si es que Hacienda no anuncia una nueva prórroga en los próximos meses. RSS de noticias de economia
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