El empresario Víctor de Aldama ha presentado una contestación a la demanda interpuesta contra él por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por vulneración de su derecho al honor por haber acusado a personas de su entorno de intentar sobornarle para impedir que revelara «información sensible» sobre altos cargos del Gobierno y el PSOE. Motivo por el cual solicita una indemnización de 70.000 euros a Aldama. En su escrito de contestación a la demanda, presentado ante el tribunal de instancia número 8 de Madrid, al que ha tenido acceso en exclusiva ABC, el comisionista identifica a las personas que habrían contactado con el responsable de comunicación de Aldama, Ramón Bermejo , desde el estallido del caso Koldo en marzo de 2024 hasta el mes de julio, periodo en el que el empresario empezó a mostrar su voluntad de colaborar con la justicia. Su acusación de un presunto soborno desde el entorno de Bolaños se basa en el testimonio de Bermejo, hombre de su máxima confianza, quien habría recibido una «oferta económica» que las fuentes consultadas califican de «importante» sin concretar el importe. Documento PDFLas primeras llamadas telefónicas se produjeron desde el Congreso de los Diputados y desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, 70, según consta en los registros de llamadas del teléfono de Ramón Bermejo aportados al juzgado. El objeto de estas comunicaciones era «sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al Sr. de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a altos cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella».La importancia del contextoEl contexto es relevante. En febrero de 2024, la Guardia Civil acababa de detener a Aldama y una veintena de personas más, entre los que se encontraba el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García; y en el mes de junio, se había trasladado al juzgado el primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que estrechaba el cerco sobre el exministro y hombre de confianza de Pedro Sánchez. La colaboración de Aldama con la Fiscalía era crucial porque, según se recuerda en el escrito, la justicia tuvo conocimiento del «inicio de las relaciones» entre Aldama y Ábalos «que fueron negadas por éste y que desconocía la unidad investigadora».La adjunta al director en investigación, Ketty Garat, analiza el contexto en el que se producen los hechos y el recorrido judicial que podría abrirse. Vídeo: Juan Bitrian SiEran los tiempos en que el exministro se declaraba «estupefacto» por la detención de su exasesor Koldo García . Además, fue gracias a la información aportada por Aldama como se consiguió abrir una causa especial en la sala segunda del Tribunal Supremo, tras aportar documentación sobre los presuntos amaños de obra pública, así como algunas pruebas documentales que sirvieron de base probatoria para la condena a Ábalos, como el contrato de alquiler con opción a compra del piso del paseo de la Castellana en Madrid. Esto es precisamente lo que quiso evitar el Gobierno y el PSOE. Las conversaciones se iniciaron en marzo, nada más estallar el caso Koldo, y se intensificaron tras la publicación de ese primer informe. Bermejo mantuvo doce conversaciones telefónicas con un número asociado al Congreso de los Diputados (913906000) en los meses de marzo, junio y julio de 2024, como publicó ‘El Debate’. Desde el mes de junio y julio de 2024 se produjeron siete llamadas de teléfono más, pero entonces desde el teléfono de la sede del PSOE en Ferraz , «coincidiendo el número de teléfono 915820444 con el que se refleja en la página web del partido como teléfono de dicha sede». Para demostrar la existencia real de estos contactos, el escrito incorpora como anexo las tres facturas correspondientes a esos meses entre abril y julio de 2024, con el detalle de las llamadas, fecha, duración, números de teléfono, remitente y destinatario. El escrito de la defensa identifica a algunos de los titulares de esas conversaciones, entre las que cita al exjefe de Gabinete y amigo personal del ministro Bolaños, Rafael Oñate Molina , así como «otras personas del departamento ministerial»; la asesora del PSOE en el Congreso y secretaria personal de Santos Cerdán, Patricia Gervasio ; y su jefa de prensa, Victoria Luna . Fuentes socialistas niegan tajantemente la comunicación con esta última pero confirman la existencia de llamadas con las secretarias del Congreso y Ferraz. Este periódico ha intentado ponerse en contacto también Rafa Oñate, a quien Bermejo conocía de una etapa anterior, pero no ha dado su versión de los hechos.Narbona, «conocedora de los hechos»En la contestación de Aldama a la demanda se menciona también a la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de quien se dice que fue «conocedora de tales hechos». Fuentes del entorno de Aldama consultadas por ABC explican que ese conocimiento se produjo por un mensaje de WhatsApp que envió Bermejo a Narbona tras el inicio de las conversaciones, al que la presidenta del partido nunca contestó. De igual forma, tuvo lugar una reunión presencial con un abogado cercano al PSOE para «concretar el ofrecimiento». La defensa del empresario añade también un aviso a navegantes aclarando que «estas llamadas no fueron las únicas que se produjeron entre dichos interlocutores, sino que existen otras, recibidas en el teléfono del Sr. Bermejo que no se reflejan en las 15 facturas de teléfono, pero que podrán acreditarse a través de los oportunos requerimientos judiciales a la compañía de teléfono». Una afirmación que, según las citadas fuentes, responderían a contactos de mayor nivel en los que se concretó la cifra de la remuneración y que partieron de «vicepresidencia y presidencia del Gobierno», concretamente, con el entorno del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez , Óscar López.De confirmarse estos hechos, se trataría del primer intento de ‘comprar’ testimonios de los investigados en las diferentes causas que afectaban al GobiernoPor aquellas fechas no se había producido aún la imputación formal de José Luis Ábalos y el temor de Moncloa y Ferraz era que escalara el caso. Por este motivo, un mes de antes del inicio de los contactos, en febrero de 2024, Sánchez envió a Santos Cerdán a casa de Ábalos para exigirle que renunciara al acta de diputado, como reveló el diario ‘El Mundo’. La colaboración de Aldama con la justicia permitió estrechar el cerco sobre el exministro sobre los presuntos amaños en la compra de mascarillas. El contenido de esas llamadas tenía por única finalidad «tratar los aspectos relacionados con la causa en la que estaba involucrado el Sr. de Aldama y los distintos ofrecimientos que se realizaron para tratar de disuadirle de su decisión de colaboración con la Justicia». Trama LeireEn dichas comunicaciones se realizaron «ofrecimientos económicos» al interlocutor de Aldama, quien en contraprestación debía «guardar silencio sobre informaciones que afectaban y comprometían al PSOE y altos cargos del Gobierno , tratando de disuadirle de su colaboración con la Justicia». De confirmarse estos hechos, se trataría del primer intento de ‘comprar’ testimonios de los investigados en las diferentes causas que afectaban al Gobierno. Algunas de las conversaciones coinciden con el momento en que comenzó a operar la trama Leire en mayo de 2024. La llamada ‘fontanera’ del PSOE, así como varios abogados investigados en la causa realizaron diferentes ofertas a algunos imputados a cambio de buscar información incriminatoria sobre agentes de la Guardia Civil o rectificar sus testimonios para «dejar al margen al PSOE». Es el caso del empresario Alejandro Hamlyn, la empresaria Carmen Pano, el primer confidente del Caso Koldo, José Luis Caramés, o el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa . Algunas eran ofertas económicas; otras pactos con la Fiscalía.La defensa de Aldama alega que los contactos de los que habló públicamente el demandado «se realizaron directamente con el señor Bermejo en su condición de representante del Sr de Aldama», de la misma manera en que las personas que le contactaron «procedían del área de influencia pública del Sr. Bolaños y por expresa indicación suya».El abogado del empresario sostiene que lo que subyace tras estos contactos era el temor a que Víctor de Aldama aportara información «sensible» respecto al periodo en el que estuvo «vinculado» al PSOE, entre los años 2019 a 2022, «con distintas personalidades próximas al PSOE de suerte que disponía de múltiple información sensible al haber participado en actos, viajes oficiales, reuniones y comunicaciones de diversa naturaleza que comprometían a altos cargos del Gobierno y del partido». El empresario Víctor de Aldama ha presentado una contestación a la demanda interpuesta contra él por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por vulneración de su derecho al honor por haber acusado a personas de su entorno de intentar sobornarle para impedir que revelara «información sensible» sobre altos cargos del Gobierno y el PSOE. Motivo por el cual solicita una indemnización de 70.000 euros a Aldama. En su escrito de contestación a la demanda, presentado ante el tribunal de instancia número 8 de Madrid, al que ha tenido acceso en exclusiva ABC, el comisionista identifica a las personas que habrían contactado con el responsable de comunicación de Aldama, Ramón Bermejo , desde el estallido del caso Koldo en marzo de 2024 hasta el mes de julio, periodo en el que el empresario empezó a mostrar su voluntad de colaborar con la justicia. Su acusación de un presunto soborno desde el entorno de Bolaños se basa en el testimonio de Bermejo, hombre de su máxima confianza, quien habría recibido una «oferta económica» que las fuentes consultadas califican de «importante» sin concretar el importe. Documento PDFLas primeras llamadas telefónicas se produjeron desde el Congreso de los Diputados y desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, 70, según consta en los registros de llamadas del teléfono de Ramón Bermejo aportados al juzgado. El objeto de estas comunicaciones era «sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al Sr. de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a altos cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella».La importancia del contextoEl contexto es relevante. En febrero de 2024, la Guardia Civil acababa de detener a Aldama y una veintena de personas más, entre los que se encontraba el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García; y en el mes de junio, se había trasladado al juzgado el primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que estrechaba el cerco sobre el exministro y hombre de confianza de Pedro Sánchez. La colaboración de Aldama con la Fiscalía era crucial porque, según se recuerda en el escrito, la justicia tuvo conocimiento del «inicio de las relaciones» entre Aldama y Ábalos «que fueron negadas por éste y que desconocía la unidad investigadora».La adjunta al director en investigación, Ketty Garat, analiza el contexto en el que se producen los hechos y el recorrido judicial que podría abrirse. Vídeo: Juan Bitrian SiEran los tiempos en que el exministro se declaraba «estupefacto» por la detención de su exasesor Koldo García . Además, fue gracias a la información aportada por Aldama como se consiguió abrir una causa especial en la sala segunda del Tribunal Supremo, tras aportar documentación sobre los presuntos amaños de obra pública, así como algunas pruebas documentales que sirvieron de base probatoria para la condena a Ábalos, como el contrato de alquiler con opción a compra del piso del paseo de la Castellana en Madrid. Esto es precisamente lo que quiso evitar el Gobierno y el PSOE. Las conversaciones se iniciaron en marzo, nada más estallar el caso Koldo, y se intensificaron tras la publicación de ese primer informe. Bermejo mantuvo doce conversaciones telefónicas con un número asociado al Congreso de los Diputados (913906000) en los meses de marzo, junio y julio de 2024, como publicó ‘El Debate’. Desde el mes de junio y julio de 2024 se produjeron siete llamadas de teléfono más, pero entonces desde el teléfono de la sede del PSOE en Ferraz , «coincidiendo el número de teléfono 915820444 con el que se refleja en la página web del partido como teléfono de dicha sede». Para demostrar la existencia real de estos contactos, el escrito incorpora como anexo las tres facturas correspondientes a esos meses entre abril y julio de 2024, con el detalle de las llamadas, fecha, duración, números de teléfono, remitente y destinatario. El escrito de la defensa identifica a algunos de los titulares de esas conversaciones, entre las que cita al exjefe de Gabinete y amigo personal del ministro Bolaños, Rafael Oñate Molina , así como «otras personas del departamento ministerial»; la asesora del PSOE en el Congreso y secretaria personal de Santos Cerdán, Patricia Gervasio ; y su jefa de prensa, Victoria Luna . Fuentes socialistas niegan tajantemente la comunicación con esta última pero confirman la existencia de llamadas con las secretarias del Congreso y Ferraz. Este periódico ha intentado ponerse en contacto también Rafa Oñate, a quien Bermejo conocía de una etapa anterior, pero no ha dado su versión de los hechos.Narbona, «conocedora de los hechos»En la contestación de Aldama a la demanda se menciona también a la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de quien se dice que fue «conocedora de tales hechos». Fuentes del entorno de Aldama consultadas por ABC explican que ese conocimiento se produjo por un mensaje de WhatsApp que envió Bermejo a Narbona tras el inicio de las conversaciones, al que la presidenta del partido nunca contestó. De igual forma, tuvo lugar una reunión presencial con un abogado cercano al PSOE para «concretar el ofrecimiento». La defensa del empresario añade también un aviso a navegantes aclarando que «estas llamadas no fueron las únicas que se produjeron entre dichos interlocutores, sino que existen otras, recibidas en el teléfono del Sr. Bermejo que no se reflejan en las 15 facturas de teléfono, pero que podrán acreditarse a través de los oportunos requerimientos judiciales a la compañía de teléfono». Una afirmación que, según las citadas fuentes, responderían a contactos de mayor nivel en los que se concretó la cifra de la remuneración y que partieron de «vicepresidencia y presidencia del Gobierno», concretamente, con el entorno del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez , Óscar López.De confirmarse estos hechos, se trataría del primer intento de ‘comprar’ testimonios de los investigados en las diferentes causas que afectaban al GobiernoPor aquellas fechas no se había producido aún la imputación formal de José Luis Ábalos y el temor de Moncloa y Ferraz era que escalara el caso. Por este motivo, un mes de antes del inicio de los contactos, en febrero de 2024, Sánchez envió a Santos Cerdán a casa de Ábalos para exigirle que renunciara al acta de diputado, como reveló el diario ‘El Mundo’. La colaboración de Aldama con la justicia permitió estrechar el cerco sobre el exministro sobre los presuntos amaños en la compra de mascarillas. El contenido de esas llamadas tenía por única finalidad «tratar los aspectos relacionados con la causa en la que estaba involucrado el Sr. de Aldama y los distintos ofrecimientos que se realizaron para tratar de disuadirle de su decisión de colaboración con la Justicia». Trama LeireEn dichas comunicaciones se realizaron «ofrecimientos económicos» al interlocutor de Aldama, quien en contraprestación debía «guardar silencio sobre informaciones que afectaban y comprometían al PSOE y altos cargos del Gobierno , tratando de disuadirle de su colaboración con la Justicia». De confirmarse estos hechos, se trataría del primer intento de ‘comprar’ testimonios de los investigados en las diferentes causas que afectaban al Gobierno. Algunas de las conversaciones coinciden con el momento en que comenzó a operar la trama Leire en mayo de 2024. La llamada ‘fontanera’ del PSOE, así como varios abogados investigados en la causa realizaron diferentes ofertas a algunos imputados a cambio de buscar información incriminatoria sobre agentes de la Guardia Civil o rectificar sus testimonios para «dejar al margen al PSOE». Es el caso del empresario Alejandro Hamlyn, la empresaria Carmen Pano, el primer confidente del Caso Koldo, José Luis Caramés, o el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa . Algunas eran ofertas económicas; otras pactos con la Fiscalía.La defensa de Aldama alega que los contactos de los que habló públicamente el demandado «se realizaron directamente con el señor Bermejo en su condición de representante del Sr de Aldama», de la misma manera en que las personas que le contactaron «procedían del área de influencia pública del Sr. Bolaños y por expresa indicación suya».El abogado del empresario sostiene que lo que subyace tras estos contactos era el temor a que Víctor de Aldama aportara información «sensible» respecto al periodo en el que estuvo «vinculado» al PSOE, entre los años 2019 a 2022, «con distintas personalidades próximas al PSOE de suerte que disponía de múltiple información sensible al haber participado en actos, viajes oficiales, reuniones y comunicaciones de diversa naturaleza que comprometían a altos cargos del Gobierno y del partido». El empresario Víctor de Aldama ha presentado una contestación a la demanda interpuesta contra él por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por vulneración de su derecho al honor por haber acusado a personas de su entorno de intentar sobornarle para impedir que revelara «información sensible» sobre altos cargos del Gobierno y el PSOE. Motivo por el cual solicita una indemnización de 70.000 euros a Aldama. En su escrito de contestación a la demanda, presentado ante el tribunal de instancia número 8 de Madrid, al que ha tenido acceso en exclusiva ABC, el comisionista identifica a las personas que habrían contactado con el responsable de comunicación de Aldama, Ramón Bermejo , desde el estallido del caso Koldo en marzo de 2024 hasta el mes de julio, periodo en el que el empresario empezó a mostrar su voluntad de colaborar con la justicia. Su acusación de un presunto soborno desde el entorno de Bolaños se basa en el testimonio de Bermejo, hombre de su máxima confianza, quien habría recibido una «oferta económica» que las fuentes consultadas califican de «importante» sin concretar el importe. Documento PDFLas primeras llamadas telefónicas se produjeron desde el Congreso de los Diputados y desde la sede del PSOE en la calle Ferraz, 70, según consta en los registros de llamadas del teléfono de Ramón Bermejo aportados al juzgado. El objeto de estas comunicaciones era «sugerirle o proponerle una cantidad de dinero destinada al Sr. de Aldama a los efectos de evitar que el mismo pudiera aportar judicialmente información o documentación sensible que afectaba a altos cargos del Estado, a sabiendas de que disponían de ella».La importancia del contextoEl contexto es relevante. En febrero de 2024, la Guardia Civil acababa de detener a Aldama y una veintena de personas más, entre los que se encontraba el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García; y en el mes de junio, se había trasladado al juzgado el primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que estrechaba el cerco sobre el exministro y hombre de confianza de Pedro Sánchez. La colaboración de Aldama con la Fiscalía era crucial porque, según se recuerda en el escrito, la justicia tuvo conocimiento del «inicio de las relaciones» entre Aldama y Ábalos «que fueron negadas por éste y que desconocía la unidad investigadora».La adjunta al director en investigación, Ketty Garat, analiza el contexto en el que se producen los hechos y el recorrido judicial que podría abrirse. Vídeo: Juan Bitrian SiEran los tiempos en que el exministro se declaraba «estupefacto» por la detención de su exasesor Koldo García . Además, fue gracias a la información aportada por Aldama como se consiguió abrir una causa especial en la sala segunda del Tribunal Supremo, tras aportar documentación sobre los presuntos amaños de obra pública, así como algunas pruebas documentales que sirvieron de base probatoria para la condena a Ábalos, como el contrato de alquiler con opción a compra del piso del paseo de la Castellana en Madrid. Esto es precisamente lo que quiso evitar el Gobierno y el PSOE. Las conversaciones se iniciaron en marzo, nada más estallar el caso Koldo, y se intensificaron tras la publicación de ese primer informe. Bermejo mantuvo doce conversaciones telefónicas con un número asociado al Congreso de los Diputados (913906000) en los meses de marzo, junio y julio de 2024, como publicó ‘El Debate’. Desde el mes de junio y julio de 2024 se produjeron siete llamadas de teléfono más, pero entonces desde el teléfono de la sede del PSOE en Ferraz , «coincidiendo el número de teléfono 915820444 con el que se refleja en la página web del partido como teléfono de dicha sede». Para demostrar la existencia real de estos contactos, el escrito incorpora como anexo las tres facturas correspondientes a esos meses entre abril y julio de 2024, con el detalle de las llamadas, fecha, duración, números de teléfono, remitente y destinatario. El escrito de la defensa identifica a algunos de los titulares de esas conversaciones, entre las que cita al exjefe de Gabinete y amigo personal del ministro Bolaños, Rafael Oñate Molina , así como «otras personas del departamento ministerial»; la asesora del PSOE en el Congreso y secretaria personal de Santos Cerdán, Patricia Gervasio ; y su jefa de prensa, Victoria Luna . Fuentes socialistas niegan tajantemente la comunicación con esta última pero confirman la existencia de llamadas con las secretarias del Congreso y Ferraz. Este periódico ha intentado ponerse en contacto también Rafa Oñate, a quien Bermejo conocía de una etapa anterior, pero no ha dado su versión de los hechos.Narbona, «conocedora de los hechos»En la contestación de Aldama a la demanda se menciona también a la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de quien se dice que fue «conocedora de tales hechos». Fuentes del entorno de Aldama consultadas por ABC explican que ese conocimiento se produjo por un mensaje de WhatsApp que envió Bermejo a Narbona tras el inicio de las conversaciones, al que la presidenta del partido nunca contestó. De igual forma, tuvo lugar una reunión presencial con un abogado cercano al PSOE para «concretar el ofrecimiento». La defensa del empresario añade también un aviso a navegantes aclarando que «estas llamadas no fueron las únicas que se produjeron entre dichos interlocutores, sino que existen otras, recibidas en el teléfono del Sr. Bermejo que no se reflejan en las 15 facturas de teléfono, pero que podrán acreditarse a través de los oportunos requerimientos judiciales a la compañía de teléfono». Una afirmación que, según las citadas fuentes, responderían a contactos de mayor nivel en los que se concretó la cifra de la remuneración y que partieron de «vicepresidencia y presidencia del Gobierno», concretamente, con el entorno del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez , Óscar López.De confirmarse estos hechos, se trataría del primer intento de ‘comprar’ testimonios de los investigados en las diferentes causas que afectaban al GobiernoPor aquellas fechas no se había producido aún la imputación formal de José Luis Ábalos y el temor de Moncloa y Ferraz era que escalara el caso. Por este motivo, un mes de antes del inicio de los contactos, en febrero de 2024, Sánchez envió a Santos Cerdán a casa de Ábalos para exigirle que renunciara al acta de diputado, como reveló el diario ‘El Mundo’. La colaboración de Aldama con la justicia permitió estrechar el cerco sobre el exministro sobre los presuntos amaños en la compra de mascarillas. El contenido de esas llamadas tenía por única finalidad «tratar los aspectos relacionados con la causa en la que estaba involucrado el Sr. de Aldama y los distintos ofrecimientos que se realizaron para tratar de disuadirle de su decisión de colaboración con la Justicia». Trama LeireEn dichas comunicaciones se realizaron «ofrecimientos económicos» al interlocutor de Aldama, quien en contraprestación debía «guardar silencio sobre informaciones que afectaban y comprometían al PSOE y altos cargos del Gobierno , tratando de disuadirle de su colaboración con la Justicia». De confirmarse estos hechos, se trataría del primer intento de ‘comprar’ testimonios de los investigados en las diferentes causas que afectaban al Gobierno. Algunas de las conversaciones coinciden con el momento en que comenzó a operar la trama Leire en mayo de 2024. La llamada ‘fontanera’ del PSOE, así como varios abogados investigados en la causa realizaron diferentes ofertas a algunos imputados a cambio de buscar información incriminatoria sobre agentes de la Guardia Civil o rectificar sus testimonios para «dejar al margen al PSOE». Es el caso del empresario Alejandro Hamlyn, la empresaria Carmen Pano, el primer confidente del Caso Koldo, José Luis Caramés, o el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa . Algunas eran ofertas económicas; otras pactos con la Fiscalía.La defensa de Aldama alega que los contactos de los que habló públicamente el demandado «se realizaron directamente con el señor Bermejo en su condición de representante del Sr de Aldama», de la misma manera en que las personas que le contactaron «procedían del área de influencia pública del Sr. Bolaños y por expresa indicación suya».El abogado del empresario sostiene que lo que subyace tras estos contactos era el temor a que Víctor de Aldama aportara información «sensible» respecto al periodo en el que estuvo «vinculado» al PSOE, entre los años 2019 a 2022, «con distintas personalidades próximas al PSOE de suerte que disponía de múltiple información sensible al haber participado en actos, viajes oficiales, reuniones y comunicaciones de diversa naturaleza que comprometían a altos cargos del Gobierno y del partido». RSS de noticias de espana
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