El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Sofía Puente tras la querella de Hazte Oír por prevaricación en la conocida como Ley de Nietos . En una providencia la juez traslada el texto de las diligencias a la Fiscalía, que tendrá que pronunciarse sobre si se prosigue la investigación contra la hermana del actual ministro de Transportes Óscar Puente.La providencia conocida este miércoles se dirige contra Sofía Puente que era la responsable de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia cuando se redactaba la Ley de Memoria Democrática.Hazte Oír acusa la hermana del ministro de firmar una instrucción que ampliaba el derecho concedido por la Ley de Memoria Democrática a todos los exiliados que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.La asociación en el escrito presentado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, defiende que la ampliación en la condición de exiliado no figuraba en el texto original de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre de 2022.En ese sentido, en la misiva recogida por ABC apuntan que la disposición octava del texto inicial exigía que la acreditación de exilio fuese por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Un cambio que el querellante tilda de «gravedad jurídica» , y de tener consecuencias jurídicas «decisivas». «La Instrucción no flexibiliza un medio de prueba, ni distribuye una carga procesal; altera el objeto mismo de la prueba».Hazte Oír asegura que la Instrucción —firmada por Sofía Puente—equipara, sin necesidad de acreditación material alguna, las personas que emigraron de España por cuestiones económicas, familiares o de cualquier otra naturaleza —ajenas a las expuesta en la disposición adicional octava antes citada— a las personas que se marcharon al exilio por razones políticas.El papel de Sofía PuenteSostienen que la instrucción ha provocado un resultado «materialmente injusto» que ha desembocado en nacionalizaciones masivas en fraude de ley. Por ende, según Hazte Oír, los consulados de la red diplomática española han tramitado y resuelto favorablemente centenares de miles de expedientes de adquisición de la nacionalidad española de descendientes de emigrantes que, en ninguno de los casos, acreditaron que su exilio se hubiese producido por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.Para la asociación este cambio supone un impacto en el censo electoral del país y al derecho al sufragio. En ese sentido, sostienen que según los datos de las elecciones generales de 2023, el voto CERA (censo electoral de residentes ausentes) fue determinante en hasta nueve circunscripciones y «alteró» la composición final del Congreso de los Diputados, y por derivación la aritmética parlamentaria para que Pedro Sánchez volviese a ser reelegido presidente del Gobierno.Hazte Oír acusa de prevaricación administrativa a Sofía Puente como responsable de un órgano con potestad a dictar instrucciones vinculantes para todos los Registros Civiles de España y para la red consular. Una condición que permitió a la hermana del ministro de Transportes dictar la instrucción que la asociación denuncia. El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Sofía Puente tras la querella de Hazte Oír por prevaricación en la conocida como Ley de Nietos . En una providencia la juez traslada el texto de las diligencias a la Fiscalía, que tendrá que pronunciarse sobre si se prosigue la investigación contra la hermana del actual ministro de Transportes Óscar Puente.La providencia conocida este miércoles se dirige contra Sofía Puente que era la responsable de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia cuando se redactaba la Ley de Memoria Democrática.Hazte Oír acusa la hermana del ministro de firmar una instrucción que ampliaba el derecho concedido por la Ley de Memoria Democrática a todos los exiliados que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.La asociación en el escrito presentado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, defiende que la ampliación en la condición de exiliado no figuraba en el texto original de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre de 2022.En ese sentido, en la misiva recogida por ABC apuntan que la disposición octava del texto inicial exigía que la acreditación de exilio fuese por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Un cambio que el querellante tilda de «gravedad jurídica» , y de tener consecuencias jurídicas «decisivas». «La Instrucción no flexibiliza un medio de prueba, ni distribuye una carga procesal; altera el objeto mismo de la prueba».Hazte Oír asegura que la Instrucción —firmada por Sofía Puente—equipara, sin necesidad de acreditación material alguna, las personas que emigraron de España por cuestiones económicas, familiares o de cualquier otra naturaleza —ajenas a las expuesta en la disposición adicional octava antes citada— a las personas que se marcharon al exilio por razones políticas.El papel de Sofía PuenteSostienen que la instrucción ha provocado un resultado «materialmente injusto» que ha desembocado en nacionalizaciones masivas en fraude de ley. Por ende, según Hazte Oír, los consulados de la red diplomática española han tramitado y resuelto favorablemente centenares de miles de expedientes de adquisición de la nacionalidad española de descendientes de emigrantes que, en ninguno de los casos, acreditaron que su exilio se hubiese producido por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.Para la asociación este cambio supone un impacto en el censo electoral del país y al derecho al sufragio. En ese sentido, sostienen que según los datos de las elecciones generales de 2023, el voto CERA (censo electoral de residentes ausentes) fue determinante en hasta nueve circunscripciones y «alteró» la composición final del Congreso de los Diputados, y por derivación la aritmética parlamentaria para que Pedro Sánchez volviese a ser reelegido presidente del Gobierno.Hazte Oír acusa de prevaricación administrativa a Sofía Puente como responsable de un órgano con potestad a dictar instrucciones vinculantes para todos los Registros Civiles de España y para la red consular. Una condición que permitió a la hermana del ministro de Transportes dictar la instrucción que la asociación denuncia. El Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha abierto diligencias previas contra Sofía Puente tras la querella de Hazte Oír por prevaricación en la conocida como Ley de Nietos . En una providencia la juez traslada el texto de las diligencias a la Fiscalía, que tendrá que pronunciarse sobre si se prosigue la investigación contra la hermana del actual ministro de Transportes Óscar Puente.La providencia conocida este miércoles se dirige contra Sofía Puente que era la responsable de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia cuando se redactaba la Ley de Memoria Democrática.Hazte Oír acusa la hermana del ministro de firmar una instrucción que ampliaba el derecho concedido por la Ley de Memoria Democrática a todos los exiliados que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.La asociación en el escrito presentado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, defiende que la ampliación en la condición de exiliado no figuraba en el texto original de la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de octubre de 2022.En ese sentido, en la misiva recogida por ABC apuntan que la disposición octava del texto inicial exigía que la acreditación de exilio fuese por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Un cambio que el querellante tilda de «gravedad jurídica» , y de tener consecuencias jurídicas «decisivas». «La Instrucción no flexibiliza un medio de prueba, ni distribuye una carga procesal; altera el objeto mismo de la prueba».Hazte Oír asegura que la Instrucción —firmada por Sofía Puente—equipara, sin necesidad de acreditación material alguna, las personas que emigraron de España por cuestiones económicas, familiares o de cualquier otra naturaleza —ajenas a las expuesta en la disposición adicional octava antes citada— a las personas que se marcharon al exilio por razones políticas.El papel de Sofía PuenteSostienen que la instrucción ha provocado un resultado «materialmente injusto» que ha desembocado en nacionalizaciones masivas en fraude de ley. Por ende, según Hazte Oír, los consulados de la red diplomática española han tramitado y resuelto favorablemente centenares de miles de expedientes de adquisición de la nacionalidad española de descendientes de emigrantes que, en ninguno de los casos, acreditaron que su exilio se hubiese producido por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.Para la asociación este cambio supone un impacto en el censo electoral del país y al derecho al sufragio. En ese sentido, sostienen que según los datos de las elecciones generales de 2023, el voto CERA (censo electoral de residentes ausentes) fue determinante en hasta nueve circunscripciones y «alteró» la composición final del Congreso de los Diputados, y por derivación la aritmética parlamentaria para que Pedro Sánchez volviese a ser reelegido presidente del Gobierno.Hazte Oír acusa de prevaricación administrativa a Sofía Puente como responsable de un órgano con potestad a dictar instrucciones vinculantes para todos los Registros Civiles de España y para la red consular. Una condición que permitió a la hermana del ministro de Transportes dictar la instrucción que la asociación denuncia. RSS de noticias de espana
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