La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la falta de consideración del juez Juan Carlos Peinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ser este órgano jurisdiccional al que, según el artículo 429 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), corrresponde en este caso sancionar las faltas leves. El Promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de esta y de otras cuatro diligencias informativas. De ellas, el CGPJ ha enviado al TSJM otra que fue incoada tras la denuncia presentada por un particular por retraso injustificado -desde junio de 2024 hasta enero de 2026- en la tramitación de un procedimiento. Esta decisón de ha producido con el voto particular de cuatro de los vocales.Este movimiento se produce después de que el pasado 22 de junio, en una ajustadísima votación, y con el voto de calidad de la presidenta, la Comisión Permanente acordara que se investigaran las sospechas que vertió contra la Policía en el auto en el que el envió a juicio a Begoña Gómez por si eran susceptibles de castigo. En su resolución, el juez justificó la medida cautelar de retirada del pasaporte en el riesgo de fuga que concurría en el caso al entender que los escoltas de la mujer del presidente podrían facilitar su huida. La semana pasada, la Audiencia de Madrid corrigió esta decisión y devolvió el pasaporte a la imputada. La Comisión acordó entonces remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria copia del auto para que fuera sea él quien decidiera si se abrían o no diligencias informativas contra el juez por una falta grave del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto establece como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». Finalmente el promotor ha llevado a la Permanente una propuesta de archivo que ha sido ‘reconvertida’ en una falta leve, que se sanciona con advertencia, multa económica con un límite máximo de 500 euros o con ambas. Otras cuatro diligencias Aunque el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, la tramitación y resolución de las faltas leves está descentralizada para mayor agilidad y quienes tienen competencia para imponer estas sanciones son las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores de justicia o, como es este caso, los presidentes de dichos tribunales respecto a los jueces y magistrados que dependan de ellos.Junto a esta falta, la Comisión Permanente ha examinado las propuestas del Promotor de archivar otras cuatro diligencias informativas abiertas en relación con distintas quejas recibidas contra el magistrado, entre ellas las interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la falta de consideración del juez Juan Carlos Peinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ser este órgano jurisdiccional al que, según el artículo 429 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), corrresponde en este caso sancionar las faltas leves. El Promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de esta y de otras cuatro diligencias informativas. De ellas, el CGPJ ha enviado al TSJM otra que fue incoada tras la denuncia presentada por un particular por retraso injustificado -desde junio de 2024 hasta enero de 2026- en la tramitación de un procedimiento. Esta decisón de ha producido con el voto particular de cuatro de los vocales.Este movimiento se produce después de que el pasado 22 de junio, en una ajustadísima votación, y con el voto de calidad de la presidenta, la Comisión Permanente acordara que se investigaran las sospechas que vertió contra la Policía en el auto en el que el envió a juicio a Begoña Gómez por si eran susceptibles de castigo. En su resolución, el juez justificó la medida cautelar de retirada del pasaporte en el riesgo de fuga que concurría en el caso al entender que los escoltas de la mujer del presidente podrían facilitar su huida. La semana pasada, la Audiencia de Madrid corrigió esta decisión y devolvió el pasaporte a la imputada. La Comisión acordó entonces remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria copia del auto para que fuera sea él quien decidiera si se abrían o no diligencias informativas contra el juez por una falta grave del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto establece como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». Finalmente el promotor ha llevado a la Permanente una propuesta de archivo que ha sido ‘reconvertida’ en una falta leve, que se sanciona con advertencia, multa económica con un límite máximo de 500 euros o con ambas. Otras cuatro diligencias Aunque el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, la tramitación y resolución de las faltas leves está descentralizada para mayor agilidad y quienes tienen competencia para imponer estas sanciones son las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores de justicia o, como es este caso, los presidentes de dichos tribunales respecto a los jueces y magistrados que dependan de ellos.Junto a esta falta, la Comisión Permanente ha examinado las propuestas del Promotor de archivar otras cuatro diligencias informativas abiertas en relación con distintas quejas recibidas contra el magistrado, entre ellas las interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la falta de consideración del juez Juan Carlos Peinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ser este órgano jurisdiccional al que, según el artículo 429 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), corrresponde en este caso sancionar las faltas leves. El Promotor de la Acción Disciplinaria había propuesto el archivo de esta y de otras cuatro diligencias informativas. De ellas, el CGPJ ha enviado al TSJM otra que fue incoada tras la denuncia presentada por un particular por retraso injustificado -desde junio de 2024 hasta enero de 2026- en la tramitación de un procedimiento. Esta decisón de ha producido con el voto particular de cuatro de los vocales.Este movimiento se produce después de que el pasado 22 de junio, en una ajustadísima votación, y con el voto de calidad de la presidenta, la Comisión Permanente acordara que se investigaran las sospechas que vertió contra la Policía en el auto en el que el envió a juicio a Begoña Gómez por si eran susceptibles de castigo. En su resolución, el juez justificó la medida cautelar de retirada del pasaporte en el riesgo de fuga que concurría en el caso al entender que los escoltas de la mujer del presidente podrían facilitar su huida. La semana pasada, la Audiencia de Madrid corrigió esta decisión y devolvió el pasaporte a la imputada. La Comisión acordó entonces remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria copia del auto para que fuera sea él quien decidiera si se abrían o no diligencias informativas contra el juez por una falta grave del artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese precepto establece como falta grave «el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». Finalmente el promotor ha llevado a la Permanente una propuesta de archivo que ha sido ‘reconvertida’ en una falta leve, que se sanciona con advertencia, multa económica con un límite máximo de 500 euros o con ambas. Otras cuatro diligencias Aunque el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, la tramitación y resolución de las faltas leves está descentralizada para mayor agilidad y quienes tienen competencia para imponer estas sanciones son las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los tribunales superiores de justicia o, como es este caso, los presidentes de dichos tribunales respecto a los jueces y magistrados que dependan de ellos.Junto a esta falta, la Comisión Permanente ha examinado las propuestas del Promotor de archivar otras cuatro diligencias informativas abiertas en relación con distintas quejas recibidas contra el magistrado, entre ellas las interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular. RSS de noticias de espana
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