El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto este lunes 14 de septiembre el año judicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus principales dirigentes han coincidido en sus discursos al criticar algo que por lo demás no es nuevo: la injerencia de los políticos en la actividad de jueces y fiscales, algo que «deslegitima» su trabajo. «Cuando cada resolución se presenta como una conspiración, la independencia de los tribunales se va vaciando por dentro y deja de imponer respeto», ha manifestado el presidente del órgano judicial, Lorenzo del Río, quien si bien ha dejado claro que «es saludable la crítica y la autocrítica», no lo es en absoluto «etiquetar el trabajo» de los profesionales y considerarlos «como personas alineadas con opciones políticas ». Casi en idénticos términos se ha expresado Ana María Tárrago, fiscal superior de Andalucía, quien ha censurado «los continuos ataques al poder judicial» y el «descrédito» que sufre la Fiscalía porque hay «políticos que deslegitiman resoluciones que les molestan y tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno. Eso es extremadamente grave», ha dicho. Ambos se han referido también a las recientes reformas en las estructuras organizativas judiciales, un proceso que Del Río ha calificado de «difícil» y que, ha admitido, todavía no ha logrado su objetivo. «No hemos conseguido salir de una justicia colapsada y lenta, hay una desafección hacia abogados, procuradores y graduados sociales y quejas recurrentes sobre la falta de información ciudadana». Tárrago, por su parte, ha incidido en que «aunque hay implicación de todos para que la justicia funcione, no da una respuesta ágil y rápida». Es algo a lo que se puede aspirar con el «ambicioso» plan de mejora de las infraestructuras judiciales, de 1.500 millones de euros, y la implantación progresiva de avances tecnológicos que por ahora «causan demasiados problemas». Situación «insostenible» en CeutaEl presidente del TSJA se ha referido también a la inclusión, tras la entrada de Vox en el Gobierno autonómico, de la Consejería de Justicia en un entramado que también alberga Turismo, Desregulación y Administración Local. «No esperaba tal solución, pero tampoco desconfío del futuro», ha afirmado.Como era previsible, Del Río y Tárrago se han referido a la situación en Ceuta . El presidente del alto tribunal andaluz considera que lo que ocurre allí es «de especial gravedad», mientras que la fiscal ha ido más allá al decir que se vive algo «insostenible» que hace «imprescindible» la intervención «contundente» no sólo del Gobierno, sino también de «organismos internacionales». Tárrago, por lo demás, se ha referido a la situación del narcotráfico en Andalucía, que es un territorio «clave en el mapa europeo» y que ha diversificado su actividad, de manera que ya abarca el cultivo del cannabis en interior, el abastecimiento a barcos de alta velocidad, la creación de rutas fluviales y portuarias y el uso de armas de fuego. Ha demandado más medios, como la instalación de barreras móviles flotantes en los ríos, y ha considerado «una buena noticia» el endurecimiento de las penas de prisión por delitos como el ‘petaqueo’ o los enganches ilegales a la red eléctrica. A su juicio, también debe castigarse con la cárcel «la reincidencia en los delitos leves».Por último, ha lamentado que Andalucía aporte «el 19% de las mujeres asesinadas este año en España», pese a que la Memoria de la Fiscalía de Andalucía correspondiente a 2025 constató un descenso de los asuntos tramitados y la instalación de más pulseras a maltratadores: 701 frente a las 445 del año 2024. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto este lunes 14 de septiembre el año judicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus principales dirigentes han coincidido en sus discursos al criticar algo que por lo demás no es nuevo: la injerencia de los políticos en la actividad de jueces y fiscales, algo que «deslegitima» su trabajo. «Cuando cada resolución se presenta como una conspiración, la independencia de los tribunales se va vaciando por dentro y deja de imponer respeto», ha manifestado el presidente del órgano judicial, Lorenzo del Río, quien si bien ha dejado claro que «es saludable la crítica y la autocrítica», no lo es en absoluto «etiquetar el trabajo» de los profesionales y considerarlos «como personas alineadas con opciones políticas ». Casi en idénticos términos se ha expresado Ana María Tárrago, fiscal superior de Andalucía, quien ha censurado «los continuos ataques al poder judicial» y el «descrédito» que sufre la Fiscalía porque hay «políticos que deslegitiman resoluciones que les molestan y tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno. Eso es extremadamente grave», ha dicho. Ambos se han referido también a las recientes reformas en las estructuras organizativas judiciales, un proceso que Del Río ha calificado de «difícil» y que, ha admitido, todavía no ha logrado su objetivo. «No hemos conseguido salir de una justicia colapsada y lenta, hay una desafección hacia abogados, procuradores y graduados sociales y quejas recurrentes sobre la falta de información ciudadana». Tárrago, por su parte, ha incidido en que «aunque hay implicación de todos para que la justicia funcione, no da una respuesta ágil y rápida». Es algo a lo que se puede aspirar con el «ambicioso» plan de mejora de las infraestructuras judiciales, de 1.500 millones de euros, y la implantación progresiva de avances tecnológicos que por ahora «causan demasiados problemas». Situación «insostenible» en CeutaEl presidente del TSJA se ha referido también a la inclusión, tras la entrada de Vox en el Gobierno autonómico, de la Consejería de Justicia en un entramado que también alberga Turismo, Desregulación y Administración Local. «No esperaba tal solución, pero tampoco desconfío del futuro», ha afirmado.Como era previsible, Del Río y Tárrago se han referido a la situación en Ceuta . El presidente del alto tribunal andaluz considera que lo que ocurre allí es «de especial gravedad», mientras que la fiscal ha ido más allá al decir que se vive algo «insostenible» que hace «imprescindible» la intervención «contundente» no sólo del Gobierno, sino también de «organismos internacionales». Tárrago, por lo demás, se ha referido a la situación del narcotráfico en Andalucía, que es un territorio «clave en el mapa europeo» y que ha diversificado su actividad, de manera que ya abarca el cultivo del cannabis en interior, el abastecimiento a barcos de alta velocidad, la creación de rutas fluviales y portuarias y el uso de armas de fuego. Ha demandado más medios, como la instalación de barreras móviles flotantes en los ríos, y ha considerado «una buena noticia» el endurecimiento de las penas de prisión por delitos como el ‘petaqueo’ o los enganches ilegales a la red eléctrica. A su juicio, también debe castigarse con la cárcel «la reincidencia en los delitos leves».Por último, ha lamentado que Andalucía aporte «el 19% de las mujeres asesinadas este año en España», pese a que la Memoria de la Fiscalía de Andalucía correspondiente a 2025 constató un descenso de los asuntos tramitados y la instalación de más pulseras a maltratadores: 701 frente a las 445 del año 2024. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto este lunes 14 de septiembre el año judicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus principales dirigentes han coincidido en sus discursos al criticar algo que por lo demás no es nuevo: la injerencia de los políticos en la actividad de jueces y fiscales, algo que «deslegitima» su trabajo. «Cuando cada resolución se presenta como una conspiración, la independencia de los tribunales se va vaciando por dentro y deja de imponer respeto», ha manifestado el presidente del órgano judicial, Lorenzo del Río, quien si bien ha dejado claro que «es saludable la crítica y la autocrítica», no lo es en absoluto «etiquetar el trabajo» de los profesionales y considerarlos «como personas alineadas con opciones políticas ». Casi en idénticos términos se ha expresado Ana María Tárrago, fiscal superior de Andalucía, quien ha censurado «los continuos ataques al poder judicial» y el «descrédito» que sufre la Fiscalía porque hay «políticos que deslegitiman resoluciones que les molestan y tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno. Eso es extremadamente grave», ha dicho. Ambos se han referido también a las recientes reformas en las estructuras organizativas judiciales, un proceso que Del Río ha calificado de «difícil» y que, ha admitido, todavía no ha logrado su objetivo. «No hemos conseguido salir de una justicia colapsada y lenta, hay una desafección hacia abogados, procuradores y graduados sociales y quejas recurrentes sobre la falta de información ciudadana». Tárrago, por su parte, ha incidido en que «aunque hay implicación de todos para que la justicia funcione, no da una respuesta ágil y rápida». Es algo a lo que se puede aspirar con el «ambicioso» plan de mejora de las infraestructuras judiciales, de 1.500 millones de euros, y la implantación progresiva de avances tecnológicos que por ahora «causan demasiados problemas». Situación «insostenible» en CeutaEl presidente del TSJA se ha referido también a la inclusión, tras la entrada de Vox en el Gobierno autonómico, de la Consejería de Justicia en un entramado que también alberga Turismo, Desregulación y Administración Local. «No esperaba tal solución, pero tampoco desconfío del futuro», ha afirmado.Como era previsible, Del Río y Tárrago se han referido a la situación en Ceuta . El presidente del alto tribunal andaluz considera que lo que ocurre allí es «de especial gravedad», mientras que la fiscal ha ido más allá al decir que se vive algo «insostenible» que hace «imprescindible» la intervención «contundente» no sólo del Gobierno, sino también de «organismos internacionales». Tárrago, por lo demás, se ha referido a la situación del narcotráfico en Andalucía, que es un territorio «clave en el mapa europeo» y que ha diversificado su actividad, de manera que ya abarca el cultivo del cannabis en interior, el abastecimiento a barcos de alta velocidad, la creación de rutas fluviales y portuarias y el uso de armas de fuego. Ha demandado más medios, como la instalación de barreras móviles flotantes en los ríos, y ha considerado «una buena noticia» el endurecimiento de las penas de prisión por delitos como el ‘petaqueo’ o los enganches ilegales a la red eléctrica. A su juicio, también debe castigarse con la cárcel «la reincidencia en los delitos leves».Por último, ha lamentado que Andalucía aporte «el 19% de las mujeres asesinadas este año en España», pese a que la Memoria de la Fiscalía de Andalucía correspondiente a 2025 constató un descenso de los asuntos tramitados y la instalación de más pulseras a maltratadores: 701 frente a las 445 del año 2024. 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