El PP quiere aprovechar la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha para rebajar del 6 al 4% el tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda habitual, mientras Vox plantea dar prioridad a los españoles en el acceso a viviendas protegidas, al parque público y a las ayudas autonómicas. Son dos de las medidas incluidas en las 122 enmiendas parciales que afrontará la norma en las Cortes regionales.Las 122 enmiendas se reparten entre las 58 presentadas por el PP, las 51 de Vox y las 13 del PSOE. El grueso de las propuestas populares combina rebajas fiscales con cambios en la regulación urbanística. Por su parte, Vox pone el foco en los criterios de acceso a la vivienda pública y protegida, mientras que el PSOE plantea modificaciones sobre algunos de los mecanismos urbanísticos incluidos en la proposición de ley.Una parte de las iniciativas populares tuvo que completar un trámite adicional antes de ser admitida. Y es que veintiséis de sus enmiendas fueron remitidas al Consejo de Gobierno para que se pronunciara sobre su posible incidencia presupuestaria. El Ejecutivo regional acordó no oponerse a su tramitación , lo que permitió que la Mesa de las Cortes las calificara y admitiera definitivamente el 8 de octubre. De este modo, todas las propuestas parciales presentadas por los tres grupos podrán llegar al debate en comisión.El bloque fiscal del PP comienza por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Propone que el tipo reducido del 6% para la primera vivienda habitual pase al 4%, además de reducir otros tramos actualmente situados en el 5, 4 y 3% hasta el 2,5, 2 y 1,5%, respectivamente.A ello suma la ampliación de 36 a 40 años de la edad para acceder al tipo reducido reservado a jóvenes tanto en Transmisiones Patrimoniales como en determinados supuestos de Actos Jurídicos Documentados.Otra modificación relevante afecta al límite de 240.000 euros establecido para determinados beneficios fiscales. El PP plantea que superar esa cantidad no provoque la pérdida completa de la ventaja: el tipo reducido se aplicaría sobre los primeros 240.000 euros de base imponible y únicamente el exceso tributaría al tipo general.Las rebajas fiscales del PP tendrían efectos sobre las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 y permitirían reclamar las cantidades pagadas de más.Los populares quieren introducir además una reducción del cien por cien en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones , con un máximo acumulado de 150.000 euros por beneficiario en cinco años, cuando padres o ascendientes donen dinero o terrenos a sus descendientes para comprar o construir su primera vivienda habitual en Castilla-La Mancha.En Actos Jurídicos Documentados, el PP propone reducir del 1,5 al 0,75% el tipo general. Para personas con discapacidad y familias numerosas o monoparentales, plantea que el tipo reducido para la primera vivienda pase del 0,50 al 0,25%. En el caso de la discapacidad, rebaja además del 65 al 33% el grado mínimo exigido para beneficiarse de la medida.Las rebajas tendrían efectos sobre operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 . Las enmiendas contemplan que quienes hubieran pagado una cantidad superior puedan solicitar la rectificación de su autoliquidación y la devolución de la diferencia. La Junta dispondría además de tres meses para identificar a posibles beneficiarios que no hubieran aplicado los tipos reducidos y comunicarles la posibilidad de reclamar.La prioridad nacional de VoxVox lleva el debate a los criterios para acceder a la vivienda pública. Su propuesta establece el «principio de prioridad nacional» que pretende garantizar «la atención prioritaria de los españoles y sus familias» en viviendas protegidas, parques públicos de vivienda social y ayudas y subvenciones autonómicas.Ese planteamiento se traduce en requisitos concretos. Vox propone que en el Registro de Demandantes de Vivienda se valore el « arraigo real y prolongado con Castilla-La Mancha y con España, basado en el empadronamiento histórico, exigiéndose un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para el acceso a viviendas en régimen de alquiler y de diez años para el acceso a viviendas en régimen de compra».La baremación tendría también en cuenta la trayectoria de cotización y actividad laboral , la existencia de familiares de primer grado residentes en Castilla-La Mancha y la vinculación económica, social, familiar y formativa. Tener menos de 36 años sería otro de los criterios considerados.Vox quiere igualmente que el arrendamiento con opción de compra sea la fórmula preferente para las viviendas sociales del parque público. Si el adjudicatario termina comprándola, parte del dinero abonado previamente como alquiler se descontaría del precio de adquisición.Vox plantea el alquiler con opción a compra como fórmula preferente para el parque públicoOtra enmienda pretende excluir del parque público a quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles, así como a quienes tengan una resolución administrativa firme por ocupar sin título una vivienda pública.El grupo propone también que las fianzas depositadas por los propietarios en los contratos de alquiler no puedan utilizarse como recurso para financiar el Patrimonio Público Residencial.Más allá de los impuestos, el PP introduce cambios sobre algunas de las medidas urbanísticas de la ley. Uno de los principales afecta al aumento de edificabilidad y densidad permitido para construir vivienda protegida.El texto de la Proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad. Los populares plantean que esos límites puedan alcanzar el 25 y el 35%, respectivamente, pero únicamente cuando exista un informe municipal previo, favorable, motivado y vinculante que analice la capacidad de las infraestructuras y servicios y las posibles afecciones ambientales, patrimoniales o sobre terceros.También quieren que la implantación de viviendas dotacionales dependa de un informe municipal vinculante. Si el Ayuntamiento considera que el suelo puede ser necesario para equipamientos o que las dotaciones son insuficientes para atender el aumento de población, un informe desfavorable impediría la actuación.Trece enmiendas técnicas del PSOELas 13 enmiendas socialistas se concentran fundamentalmente en ajustes urbanísticos. Entre ellas figura la creación del concepto de «intensidad residencial en parcela», que establece el número máximo de viviendas que pueden construirse en función de la edificabilidad disponible.La fórmula propuesta fija como referencia una vivienda por cada 100 metros cuadrados construidos de superficie edificable residencial.El PSOE plantea que el promotor asuma el coste de ampliar las infraestructuras y dotaciones públicas cuando el aumento de edificabilidad o densidad haga necesarias esas obrasEse criterio podría aplicarse directamente en municipios cuyo planeamiento limite el número de viviendas por parcela sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. Seguirían teniendo que respetarse la parcela mínima, ocupación, edificabilidad, altura, retranqueos y el resto de parámetros urbanísticos existentes.El PSOE mantiene además la posibilidad de aumentar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Si ese incremento obliga a ampliar infraestructuras o dotaciones públicas exteriores a la parcela, la ejecución y su coste corresponderían al promotor.Los socialistas plantean también que las entidades de derecho privado integrantes del sector público regional que dispongan de los medios personales, técnicos y materiales adecuados puedan prestar asistencia técnica en materia urbanística y de planificación territorial tanto a las administraciones como a particulares y empresas interesados en este tipo de actuaciones. El PP quiere aprovechar la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha para rebajar del 6 al 4% el tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda habitual, mientras Vox plantea dar prioridad a los españoles en el acceso a viviendas protegidas, al parque público y a las ayudas autonómicas. Son dos de las medidas incluidas en las 122 enmiendas parciales que afrontará la norma en las Cortes regionales.Las 122 enmiendas se reparten entre las 58 presentadas por el PP, las 51 de Vox y las 13 del PSOE. El grueso de las propuestas populares combina rebajas fiscales con cambios en la regulación urbanística. Por su parte, Vox pone el foco en los criterios de acceso a la vivienda pública y protegida, mientras que el PSOE plantea modificaciones sobre algunos de los mecanismos urbanísticos incluidos en la proposición de ley.Una parte de las iniciativas populares tuvo que completar un trámite adicional antes de ser admitida. Y es que veintiséis de sus enmiendas fueron remitidas al Consejo de Gobierno para que se pronunciara sobre su posible incidencia presupuestaria. El Ejecutivo regional acordó no oponerse a su tramitación , lo que permitió que la Mesa de las Cortes las calificara y admitiera definitivamente el 8 de octubre. De este modo, todas las propuestas parciales presentadas por los tres grupos podrán llegar al debate en comisión.El bloque fiscal del PP comienza por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Propone que el tipo reducido del 6% para la primera vivienda habitual pase al 4%, además de reducir otros tramos actualmente situados en el 5, 4 y 3% hasta el 2,5, 2 y 1,5%, respectivamente.A ello suma la ampliación de 36 a 40 años de la edad para acceder al tipo reducido reservado a jóvenes tanto en Transmisiones Patrimoniales como en determinados supuestos de Actos Jurídicos Documentados.Otra modificación relevante afecta al límite de 240.000 euros establecido para determinados beneficios fiscales. El PP plantea que superar esa cantidad no provoque la pérdida completa de la ventaja: el tipo reducido se aplicaría sobre los primeros 240.000 euros de base imponible y únicamente el exceso tributaría al tipo general.Las rebajas fiscales del PP tendrían efectos sobre las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 y permitirían reclamar las cantidades pagadas de más.Los populares quieren introducir además una reducción del cien por cien en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones , con un máximo acumulado de 150.000 euros por beneficiario en cinco años, cuando padres o ascendientes donen dinero o terrenos a sus descendientes para comprar o construir su primera vivienda habitual en Castilla-La Mancha.En Actos Jurídicos Documentados, el PP propone reducir del 1,5 al 0,75% el tipo general. Para personas con discapacidad y familias numerosas o monoparentales, plantea que el tipo reducido para la primera vivienda pase del 0,50 al 0,25%. En el caso de la discapacidad, rebaja además del 65 al 33% el grado mínimo exigido para beneficiarse de la medida.Las rebajas tendrían efectos sobre operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 . Las enmiendas contemplan que quienes hubieran pagado una cantidad superior puedan solicitar la rectificación de su autoliquidación y la devolución de la diferencia. La Junta dispondría además de tres meses para identificar a posibles beneficiarios que no hubieran aplicado los tipos reducidos y comunicarles la posibilidad de reclamar.La prioridad nacional de VoxVox lleva el debate a los criterios para acceder a la vivienda pública. Su propuesta establece el «principio de prioridad nacional» que pretende garantizar «la atención prioritaria de los españoles y sus familias» en viviendas protegidas, parques públicos de vivienda social y ayudas y subvenciones autonómicas.Ese planteamiento se traduce en requisitos concretos. Vox propone que en el Registro de Demandantes de Vivienda se valore el « arraigo real y prolongado con Castilla-La Mancha y con España, basado en el empadronamiento histórico, exigiéndose un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para el acceso a viviendas en régimen de alquiler y de diez años para el acceso a viviendas en régimen de compra».La baremación tendría también en cuenta la trayectoria de cotización y actividad laboral , la existencia de familiares de primer grado residentes en Castilla-La Mancha y la vinculación económica, social, familiar y formativa. Tener menos de 36 años sería otro de los criterios considerados.Vox quiere igualmente que el arrendamiento con opción de compra sea la fórmula preferente para las viviendas sociales del parque público. Si el adjudicatario termina comprándola, parte del dinero abonado previamente como alquiler se descontaría del precio de adquisición.Vox plantea el alquiler con opción a compra como fórmula preferente para el parque públicoOtra enmienda pretende excluir del parque público a quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles, así como a quienes tengan una resolución administrativa firme por ocupar sin título una vivienda pública.El grupo propone también que las fianzas depositadas por los propietarios en los contratos de alquiler no puedan utilizarse como recurso para financiar el Patrimonio Público Residencial.Más allá de los impuestos, el PP introduce cambios sobre algunas de las medidas urbanísticas de la ley. Uno de los principales afecta al aumento de edificabilidad y densidad permitido para construir vivienda protegida.El texto de la Proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad. Los populares plantean que esos límites puedan alcanzar el 25 y el 35%, respectivamente, pero únicamente cuando exista un informe municipal previo, favorable, motivado y vinculante que analice la capacidad de las infraestructuras y servicios y las posibles afecciones ambientales, patrimoniales o sobre terceros.También quieren que la implantación de viviendas dotacionales dependa de un informe municipal vinculante. Si el Ayuntamiento considera que el suelo puede ser necesario para equipamientos o que las dotaciones son insuficientes para atender el aumento de población, un informe desfavorable impediría la actuación.Trece enmiendas técnicas del PSOELas 13 enmiendas socialistas se concentran fundamentalmente en ajustes urbanísticos. Entre ellas figura la creación del concepto de «intensidad residencial en parcela», que establece el número máximo de viviendas que pueden construirse en función de la edificabilidad disponible.La fórmula propuesta fija como referencia una vivienda por cada 100 metros cuadrados construidos de superficie edificable residencial.El PSOE plantea que el promotor asuma el coste de ampliar las infraestructuras y dotaciones públicas cuando el aumento de edificabilidad o densidad haga necesarias esas obrasEse criterio podría aplicarse directamente en municipios cuyo planeamiento limite el número de viviendas por parcela sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. Seguirían teniendo que respetarse la parcela mínima, ocupación, edificabilidad, altura, retranqueos y el resto de parámetros urbanísticos existentes.El PSOE mantiene además la posibilidad de aumentar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Si ese incremento obliga a ampliar infraestructuras o dotaciones públicas exteriores a la parcela, la ejecución y su coste corresponderían al promotor.Los socialistas plantean también que las entidades de derecho privado integrantes del sector público regional que dispongan de los medios personales, técnicos y materiales adecuados puedan prestar asistencia técnica en materia urbanística y de planificación territorial tanto a las administraciones como a particulares y empresas interesados en este tipo de actuaciones. El PP quiere aprovechar la nueva ley de vivienda de Castilla-La Mancha para rebajar del 6 al 4% el tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda habitual, mientras Vox plantea dar prioridad a los españoles en el acceso a viviendas protegidas, al parque público y a las ayudas autonómicas. Son dos de las medidas incluidas en las 122 enmiendas parciales que afrontará la norma en las Cortes regionales.Las 122 enmiendas se reparten entre las 58 presentadas por el PP, las 51 de Vox y las 13 del PSOE. El grueso de las propuestas populares combina rebajas fiscales con cambios en la regulación urbanística. Por su parte, Vox pone el foco en los criterios de acceso a la vivienda pública y protegida, mientras que el PSOE plantea modificaciones sobre algunos de los mecanismos urbanísticos incluidos en la proposición de ley.Una parte de las iniciativas populares tuvo que completar un trámite adicional antes de ser admitida. Y es que veintiséis de sus enmiendas fueron remitidas al Consejo de Gobierno para que se pronunciara sobre su posible incidencia presupuestaria. El Ejecutivo regional acordó no oponerse a su tramitación , lo que permitió que la Mesa de las Cortes las calificara y admitiera definitivamente el 8 de octubre. De este modo, todas las propuestas parciales presentadas por los tres grupos podrán llegar al debate en comisión.El bloque fiscal del PP comienza por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Propone que el tipo reducido del 6% para la primera vivienda habitual pase al 4%, además de reducir otros tramos actualmente situados en el 5, 4 y 3% hasta el 2,5, 2 y 1,5%, respectivamente.A ello suma la ampliación de 36 a 40 años de la edad para acceder al tipo reducido reservado a jóvenes tanto en Transmisiones Patrimoniales como en determinados supuestos de Actos Jurídicos Documentados.Otra modificación relevante afecta al límite de 240.000 euros establecido para determinados beneficios fiscales. El PP plantea que superar esa cantidad no provoque la pérdida completa de la ventaja: el tipo reducido se aplicaría sobre los primeros 240.000 euros de base imponible y únicamente el exceso tributaría al tipo general.Las rebajas fiscales del PP tendrían efectos sobre las operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 y permitirían reclamar las cantidades pagadas de más.Los populares quieren introducir además una reducción del cien por cien en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones , con un máximo acumulado de 150.000 euros por beneficiario en cinco años, cuando padres o ascendientes donen dinero o terrenos a sus descendientes para comprar o construir su primera vivienda habitual en Castilla-La Mancha.En Actos Jurídicos Documentados, el PP propone reducir del 1,5 al 0,75% el tipo general. Para personas con discapacidad y familias numerosas o monoparentales, plantea que el tipo reducido para la primera vivienda pase del 0,50 al 0,25%. En el caso de la discapacidad, rebaja además del 65 al 33% el grado mínimo exigido para beneficiarse de la medida.Las rebajas tendrían efectos sobre operaciones realizadas desde el 1 de enero de 2026 . Las enmiendas contemplan que quienes hubieran pagado una cantidad superior puedan solicitar la rectificación de su autoliquidación y la devolución de la diferencia. La Junta dispondría además de tres meses para identificar a posibles beneficiarios que no hubieran aplicado los tipos reducidos y comunicarles la posibilidad de reclamar.La prioridad nacional de VoxVox lleva el debate a los criterios para acceder a la vivienda pública. Su propuesta establece el «principio de prioridad nacional» que pretende garantizar «la atención prioritaria de los españoles y sus familias» en viviendas protegidas, parques públicos de vivienda social y ayudas y subvenciones autonómicas.Ese planteamiento se traduce en requisitos concretos. Vox propone que en el Registro de Demandantes de Vivienda se valore el « arraigo real y prolongado con Castilla-La Mancha y con España, basado en el empadronamiento histórico, exigiéndose un mínimo de cinco años de empadronamiento histórico en España para el acceso a viviendas en régimen de alquiler y de diez años para el acceso a viviendas en régimen de compra».La baremación tendría también en cuenta la trayectoria de cotización y actividad laboral , la existencia de familiares de primer grado residentes en Castilla-La Mancha y la vinculación económica, social, familiar y formativa. Tener menos de 36 años sería otro de los criterios considerados.Vox quiere igualmente que el arrendamiento con opción de compra sea la fórmula preferente para las viviendas sociales del parque público. Si el adjudicatario termina comprándola, parte del dinero abonado previamente como alquiler se descontaría del precio de adquisición.Vox plantea el alquiler con opción a compra como fórmula preferente para el parque públicoOtra enmienda pretende excluir del parque público a quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de inmuebles, así como a quienes tengan una resolución administrativa firme por ocupar sin título una vivienda pública.El grupo propone también que las fianzas depositadas por los propietarios en los contratos de alquiler no puedan utilizarse como recurso para financiar el Patrimonio Público Residencial.Más allá de los impuestos, el PP introduce cambios sobre algunas de las medidas urbanísticas de la ley. Uno de los principales afecta al aumento de edificabilidad y densidad permitido para construir vivienda protegida.El texto de la Proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad. Los populares plantean que esos límites puedan alcanzar el 25 y el 35%, respectivamente, pero únicamente cuando exista un informe municipal previo, favorable, motivado y vinculante que analice la capacidad de las infraestructuras y servicios y las posibles afecciones ambientales, patrimoniales o sobre terceros.También quieren que la implantación de viviendas dotacionales dependa de un informe municipal vinculante. Si el Ayuntamiento considera que el suelo puede ser necesario para equipamientos o que las dotaciones son insuficientes para atender el aumento de población, un informe desfavorable impediría la actuación.Trece enmiendas técnicas del PSOELas 13 enmiendas socialistas se concentran fundamentalmente en ajustes urbanísticos. Entre ellas figura la creación del concepto de «intensidad residencial en parcela», que establece el número máximo de viviendas que pueden construirse en función de la edificabilidad disponible.La fórmula propuesta fija como referencia una vivienda por cada 100 metros cuadrados construidos de superficie edificable residencial.El PSOE plantea que el promotor asuma el coste de ampliar las infraestructuras y dotaciones públicas cuando el aumento de edificabilidad o densidad haga necesarias esas obrasEse criterio podría aplicarse directamente en municipios cuyo planeamiento limite el número de viviendas por parcela sin necesidad de modificar previamente el planeamiento. Seguirían teniendo que respetarse la parcela mínima, ocupación, edificabilidad, altura, retranqueos y el resto de parámetros urbanísticos existentes.El PSOE mantiene además la posibilidad de aumentar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Si ese incremento obliga a ampliar infraestructuras o dotaciones públicas exteriores a la parcela, la ejecución y su coste corresponderían al promotor.Los socialistas plantean también que las entidades de derecho privado integrantes del sector público regional que dispongan de los medios personales, técnicos y materiales adecuados puedan prestar asistencia técnica en materia urbanística y de planificación territorial tanto a las administraciones como a particulares y empresas interesados en este tipo de actuaciones. RSS de noticias de espana
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