La mutualidad de funcionarios ha pasado por los peores años de su historia. La crisis del concierto sanitario a finales de 2024 puso a Muface contra las cuerdas después de meses de tensiones que se cerraron a marchas forzadas con la firma de un nuevo convenio. Hoy los funcionarios alertan de una situación económica critica y de la fuga de mutualistas hacia la sanidad pública. Blanco de los planes de la izquierda si llega a gobernar, el sindicato mayoritario de funcionario (CSIF) avisa a Frente Amplio, a Podemos y al PSOE que les tendrá enfrente.En una nota hecha pública este miércoles la central que dirige Miguel Borra asegura que «rechaza frontalmente cualquier intento de acabar con el mutualismo administrativo, como plantean Frente Amplio y Podemos, y como han defendido en diferentes momentos Sumar y algunos sectores del PSOE». La ministra de Sanidad, Mónica García , tildó de «razonable» su desaparición y el paso a la sanidad pública de los mutualistas.Recuerdan los funcionarios que llevan años advirtiendo de las consecuencias de estas propuestas, «que ponen en cuestión un modelo de asistencia sanitaria que constituye un derecho de miles de funcionarios/as y sus familias» y de que su desaparición saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud . «No vamos a aceptar que se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo», dicen.Recuerda CSIF que ya tuvo que «plantar cara a estos intentos durante los últimos años». En 2021 denunciaron las presiones de Unidas Podemos para eliminar progresivamente el mutualismo administrativo. Y, más recientemente, durante la crisis que amenazó la continuidad de la mutualidad sanitaria, recuerdan que «lideramos una movilización sin precedentes en defensa del concierto sanitario, con más de 50.000 empleados públicos concentrados frente a la mutualidad».Aseguran también los funcionarios que aquella presión sindical, acompañada de una intensa labor institucional y de interlocución con el Gobierno y las aseguradoras, «resultó decisiva para desbloquear la negociación y garantizar la continuidad del concierto sanitario durante los próximos tres años». Dicen que «nuestra defensa del mutualismo no termina con la renovación de los conciertos. Queremos un modelo estable, sostenible y con una asistencia sanitaria de calidad , que garantice los mismos derechos y prestaciones a los mutualistas y sus beneficiarios. Por eso, insisten en que el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado con el Gobierno el pasado noviembre, incorpora el compromiso de avanzar en la mejora del mutualismo administrativo, »reforzando la equidad, la calidad asistencial y la protección de los empleados públicos, sin mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria«.Concluyen que frente a quienes pretenden eliminar este modelo, CSIF exige «mejor financiación, más garantías y una asistencia sanitaria de calidad. No su desaparición». Insisten en seguir defendiendo Muface, Mugeju e Isfas , «vigilando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y denunciando cualquier iniciativa que pretenda recortar derechos a los empleados públicos. Siempre nos tendrán enfrente cuando se trate de defender el mutualismo administrativo y el derecho de los funcionarios a elegir su asistencia sanitaria», concluyen. La mutualidad de funcionarios ha pasado por los peores años de su historia. La crisis del concierto sanitario a finales de 2024 puso a Muface contra las cuerdas después de meses de tensiones que se cerraron a marchas forzadas con la firma de un nuevo convenio. Hoy los funcionarios alertan de una situación económica critica y de la fuga de mutualistas hacia la sanidad pública. Blanco de los planes de la izquierda si llega a gobernar, el sindicato mayoritario de funcionario (CSIF) avisa a Frente Amplio, a Podemos y al PSOE que les tendrá enfrente.En una nota hecha pública este miércoles la central que dirige Miguel Borra asegura que «rechaza frontalmente cualquier intento de acabar con el mutualismo administrativo, como plantean Frente Amplio y Podemos, y como han defendido en diferentes momentos Sumar y algunos sectores del PSOE». La ministra de Sanidad, Mónica García , tildó de «razonable» su desaparición y el paso a la sanidad pública de los mutualistas.Recuerdan los funcionarios que llevan años advirtiendo de las consecuencias de estas propuestas, «que ponen en cuestión un modelo de asistencia sanitaria que constituye un derecho de miles de funcionarios/as y sus familias» y de que su desaparición saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud . «No vamos a aceptar que se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo», dicen.Recuerda CSIF que ya tuvo que «plantar cara a estos intentos durante los últimos años». En 2021 denunciaron las presiones de Unidas Podemos para eliminar progresivamente el mutualismo administrativo. Y, más recientemente, durante la crisis que amenazó la continuidad de la mutualidad sanitaria, recuerdan que «lideramos una movilización sin precedentes en defensa del concierto sanitario, con más de 50.000 empleados públicos concentrados frente a la mutualidad».Aseguran también los funcionarios que aquella presión sindical, acompañada de una intensa labor institucional y de interlocución con el Gobierno y las aseguradoras, «resultó decisiva para desbloquear la negociación y garantizar la continuidad del concierto sanitario durante los próximos tres años». Dicen que «nuestra defensa del mutualismo no termina con la renovación de los conciertos. Queremos un modelo estable, sostenible y con una asistencia sanitaria de calidad , que garantice los mismos derechos y prestaciones a los mutualistas y sus beneficiarios. Por eso, insisten en que el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado con el Gobierno el pasado noviembre, incorpora el compromiso de avanzar en la mejora del mutualismo administrativo, »reforzando la equidad, la calidad asistencial y la protección de los empleados públicos, sin mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria«.Concluyen que frente a quienes pretenden eliminar este modelo, CSIF exige «mejor financiación, más garantías y una asistencia sanitaria de calidad. No su desaparición». Insisten en seguir defendiendo Muface, Mugeju e Isfas , «vigilando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y denunciando cualquier iniciativa que pretenda recortar derechos a los empleados públicos. Siempre nos tendrán enfrente cuando se trate de defender el mutualismo administrativo y el derecho de los funcionarios a elegir su asistencia sanitaria», concluyen. La mutualidad de funcionarios ha pasado por los peores años de su historia. La crisis del concierto sanitario a finales de 2024 puso a Muface contra las cuerdas después de meses de tensiones que se cerraron a marchas forzadas con la firma de un nuevo convenio. Hoy los funcionarios alertan de una situación económica critica y de la fuga de mutualistas hacia la sanidad pública. Blanco de los planes de la izquierda si llega a gobernar, el sindicato mayoritario de funcionario (CSIF) avisa a Frente Amplio, a Podemos y al PSOE que les tendrá enfrente.En una nota hecha pública este miércoles la central que dirige Miguel Borra asegura que «rechaza frontalmente cualquier intento de acabar con el mutualismo administrativo, como plantean Frente Amplio y Podemos, y como han defendido en diferentes momentos Sumar y algunos sectores del PSOE». La ministra de Sanidad, Mónica García , tildó de «razonable» su desaparición y el paso a la sanidad pública de los mutualistas.Recuerdan los funcionarios que llevan años advirtiendo de las consecuencias de estas propuestas, «que ponen en cuestión un modelo de asistencia sanitaria que constituye un derecho de miles de funcionarios/as y sus familias» y de que su desaparición saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud . «No vamos a aceptar que se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo», dicen.Recuerda CSIF que ya tuvo que «plantar cara a estos intentos durante los últimos años». En 2021 denunciaron las presiones de Unidas Podemos para eliminar progresivamente el mutualismo administrativo. Y, más recientemente, durante la crisis que amenazó la continuidad de la mutualidad sanitaria, recuerdan que «lideramos una movilización sin precedentes en defensa del concierto sanitario, con más de 50.000 empleados públicos concentrados frente a la mutualidad».Aseguran también los funcionarios que aquella presión sindical, acompañada de una intensa labor institucional y de interlocución con el Gobierno y las aseguradoras, «resultó decisiva para desbloquear la negociación y garantizar la continuidad del concierto sanitario durante los próximos tres años». Dicen que «nuestra defensa del mutualismo no termina con la renovación de los conciertos. Queremos un modelo estable, sostenible y con una asistencia sanitaria de calidad , que garantice los mismos derechos y prestaciones a los mutualistas y sus beneficiarios. Por eso, insisten en que el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado con el Gobierno el pasado noviembre, incorpora el compromiso de avanzar en la mejora del mutualismo administrativo, »reforzando la equidad, la calidad asistencial y la protección de los empleados públicos, sin mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria«.Concluyen que frente a quienes pretenden eliminar este modelo, CSIF exige «mejor financiación, más garantías y una asistencia sanitaria de calidad. No su desaparición». Insisten en seguir defendiendo Muface, Mugeju e Isfas , «vigilando el cumplimiento de los compromisos adquiridos y denunciando cualquier iniciativa que pretenda recortar derechos a los empleados públicos. Siempre nos tendrán enfrente cuando se trate de defender el mutualismo administrativo y el derecho de los funcionarios a elegir su asistencia sanitaria», concluyen. RSS de noticias de economia
Noticias Similares
