La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), entidad controlada mayoritariamente por el Estado, está exigiendo alquileres sociales a familias vulnerables de un edificio de su propiedad en Torremolinos (Málaga) que superan los topes legales fijados por el propio Gobierno. Las cuantías reclamadas exceden tanto el umbral máximo establecido para los colectivos con rentas bajas o en riesgo de exclusión social como los límites de precios impuestos a los grandes tenedores de viviendas, categoría en la que se encuadra la propia sociedad estatal. Dicha gestión inmobiliaria entra en contradicción con el discurso oficial de protección a los inquilinos vulnerables que ha esgrimido el presidente Pedro Sánchez durante la actual legislatura.Esta grave disfunción en el mercado residencial público ha sido denunciada por José Luis Fuentes García, un militar jubilado de 76 años que ha emprendido una enconada batalla judicial para rebajar un alquiler de 1.500 euros que le ofrecieron a cambio de permanecer en la casa que en 2019 subarrendó a una agencia contratada, a su vez, por la anterior propietaria del bloque. La quiebra de ésta desencadenó un proceso de ejecución hipotecaria que supuso el traspaso de los inmuebles a la Sareb. Su ofensiva legal se dirige de manera simultánea contra dicha sociedad, contra el Ayuntamiento de Torremolinos —en calidad de intermediario en la regulación de los arrendamientos— y contra la administradora vinculada a dos sociedades mercantiles que se dedicaban a subalquilar las viviendas y plazas de garaje del edificio residencial situado en la popular barriada de El Calvario, en la localidad malagueña.En el epicentro de este conflicto se encuentra la Sareb, una sociedad creada en 2012 por el Estado con la misión de liberar a las cajas de ahorros de sus activos tóxicos acumulados. Dicha entidad, que fue etiquetada como el ‘banco malo’, ha reactivado recientemente a través de los tribunales de Torremolinos la ejecución hipotecaria de cuatro viviendas y 35 plazas de garaje. Los inmuebles forman parte de un edificio residencial concebido originariamente para el arrendamiento que arrastraba graves impagos por parte de la promotora Mamelli S.A., su antigua propietaria . La Sareb, adjudicataria de la mayoría de los pisos en una subasta, remitió un escrito al juzgado el pasado 5 de octubre solicitando el lanzamiento de los citados inmuebles, apenas seis días después de que el Gobierno aprobara por primera vez el decreto conocido como «escudo social» para frenar los desahucios de hogares vulnerables.Los inmuebles salieron a subasta en 2024A principios de 2024, un juzgado de Torremolinos acordó el lanzamiento de los inmuebles e hizo constar que el proceso de ejecución hipotecaria se comunicara a los «terceros ocupantes», pero la realidad es que dicha notificación no llegó a los inquilinos, que, ajenos a que iban a tener que abandonar sus casas en breve, siguieron pagando sus alquileres puntualmente. Ante su protesta, 21 de las 39 familias afectadas firmaron en septiembre de 2025 unos nuevos contratos de alquiler social pactados con la Sareb como nueva propietaria que oscilaban entre los 105 y 600 euros mensuales, cuantías calculadas en función de su capacidad económica y respaldadas por un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento que acreditaba su vulnerabilidad.En su desesperado intento por esquivar el fantasma del desahucio, la mayoría aceptó los alquileres sociales a pesar de que, según denuncia José Luis Fuentes, éstos excedían los límites de precios fijados para 2025 por el Fondo Social de Vivienda (FSV) , un mecanismo impulsado por el Gobierno en 2012 para paliar los desalojos y sus devastadoras consecuencias sociales. Tanto el fondo estatal como la normativa que lo regula, que continúan plenamente vigentes, establecen de manera taxativa que la renta del alquiler social debe situarse en una horquilla de entre 150 y 400 euros mensuales, fijando además un tope máximo del 30 % de los ingresos netos familiares para aquellos hogares con rentas bajas, en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad económica, por motivos de edad o por patologías graves.Vulnerable por su «avanzada edad»En este último perfil encaja José Luis Fuentes, quien fue diagnosticado de un cáncer de colon hace un lustro, sufre otras dolencias crónicas y convive en la vivienda con su mujer, de 74 años . Conforme al real decreto que regula estos arrendamientos protegidos, todos aquellos contratos suscritos con los vecinos afectados que superen la barrera de los 400 euros mensuales serían «irregulares».Lejos de ajustarse a estos parámetros, la Sareb ofreció inicialmente al denunciante un contrato de alquiler con una renta inicial de 1.500 euros, cuantía que vería rebajada a 889,05 euros mensuales aplicando una «bonificación» durante el primer año para una vivienda de apenas 67 metros cuadrados construidos que se encuentra en un estado de conservación «deficiente». Para corroborar la desproporción de esta propuesta, el afectado solicitó al Ministerio de Vivienda un certificado informativo de referencia de precios de alquiler. El documento oficial que le remitió el 19 de octubre de 2025, al que ha accedido ABC, dictaminaba que, teniendo en cuenta las características concretas del inmueble situado en la calle Río Yeguas de Torremolinos, la renta de referencia adecuada debía situarse « entre 380,34 y 584,61 euros mensuales». En la práctica, la oferta de la entidad estatal triplicaba dichos importes a partir del segundo año y doblaba ampliamente la cuota bonificada que le exigían para permitirle permanecer en su hogar.El denunciante está dispuesto a abonar una renta ajustada a los topes legales que marca el Ministerio de Vivienda, de entre 400 y 584 euros al mesPara Fuentes, esta disparidad resulta inadmisible, por lo que se negó a firmar un nuevo contrato. En la actualidad, este inquilino sigue sin disponer de un acuerdo en vigor, si bien ha reiterado por escrito su total disposición a suscribir un acuerdo ajustado a la legalidad , ya sea fijando el alquiler social en su tramo más elevado, de 400 euros, o bien adoptando la cuantía máxima de 584,61 euros fijada por el Ministerio. Asimismo, recuerda que la propia Secretaría de Estado de Vivienda establece márgenes de precios específicos a los grandes tenedores, como sería el caso de la Sareb, que acumula más de diez inmuebles urbanos de uso residencial. Esta circunstancia, a su juicio, obliga a dicha sociedad a someterse a las reglas de protección frente a los abusos del mercado de alquiler.La Sareb afirma que tiene en cuenta la renta familiarAnte la firme negativa del jubilado a asumir un coste «tan desorbitado», la Sareb le propuso el pasado 12 de febrero un nuevo «alquiler asequible» por importe de 649 euros al mes. Sin embargo, para su asombro, el inmueble especificado en el documento enviado por el ‘banco malo’ correspondía a otra vivienda completamente distinta del edificio y no a la suya. Días más tarde, la propia entidad pública reconoció en otro escrito que dicha comunicación «no debió dirigirse» a él, argumentando, con sorpresa para el destinatario, que ya disponía de un contrato formalizado con la Sareb, un extremo totalmente falso.La Sareb alega que el inquilino de 76 años ha rechazado las ofertas de alquiler anteriores pero se abre a «revisar» su casoDesde la Sareb han explicado que al citado inquilino le han hecho diversas ofertas de alquiler y no ha aceptado ninguna, tras ser consultado por ABC acerca de su denuncia. Reconocen que el alquiler social se establece en función de la renta de la familia y no puede superar el 30% de sus ingresos. No obstante, la sociedad estatal señala que «se volverá a revisar» su caso por si hubiera nuevas circunstancias que valorar, e insiste en que, a diferencia de los 21 vecinos que firmaron sus contratos en septiembre del 2025, él ha rechazado hasta el momento las opciones planteadas.El conflicto también implica al Consistorio torremolinense. Fuentes cuestiona el papel institucional desempeñado por el Ayuntamiento y, de forma particular, por la alcaldesa, Margarita del Cid (PP). Según relata, los servicios sociales municipales negaron inicialmente que el matrimonio se encontrara en situación de vulnerabilidad. Tras las reiteradas quejas del denunciante, el organismo emitió un nuevo informe reconociendo dicha condición amparándose en su «avanzada edad» y en sus graves problemas de salud, acreditados mediante siete informes médicos aportados por el denunciante. Mientras el equipo de gobierno defiende su labor como mediador para impedir desalojos y ha pedido en los últimos días que se compruebe la vulnerabilidad de las cuatro familias afectadas por los desahucios, el afectado sostiene que el Ayuntamiento «ha permitido que se celebren contratos de arrendamiento en los que se frustra el fin social de la vivienda».La Fiscalía apreció una posible estafaEl periplo judicial iniciado por el militar jubilado está plagado de incertidumbres. La Fiscalía General del Estado trasladó su denuncia original a la Fiscalía Provincial de Málaga, que apreció indicios de credibilidad en los hechos relatados al considerar que los mismos podían encajar en « delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y/o estafa », acordando por ello la apertura de diligencias de investigación. Pero el Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones el pasado 27 de enero argumentando la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre «los mismos hechos» en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.José Luis Fuentes niega que aquella causa —originada por una denuncia policial previa interpuesta por él mismo— analice la misma problemática, entre otros motivos porque en aquella ocasión el foco no apuntaba a la Sareb ni al Consistorio, sino directamente a un subarrendador de los pisos . El afectado descubrió casi por casualidad que otro órgano judicial había asumido posteriormente el nuevo procedimiento, aunque hasta la fecha, pese a haberlo solicitado, no ha conseguido personarse. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), entidad controlada mayoritariamente por el Estado, está exigiendo alquileres sociales a familias vulnerables de un edificio de su propiedad en Torremolinos (Málaga) que superan los topes legales fijados por el propio Gobierno. Las cuantías reclamadas exceden tanto el umbral máximo establecido para los colectivos con rentas bajas o en riesgo de exclusión social como los límites de precios impuestos a los grandes tenedores de viviendas, categoría en la que se encuadra la propia sociedad estatal. Dicha gestión inmobiliaria entra en contradicción con el discurso oficial de protección a los inquilinos vulnerables que ha esgrimido el presidente Pedro Sánchez durante la actual legislatura.Esta grave disfunción en el mercado residencial público ha sido denunciada por José Luis Fuentes García, un militar jubilado de 76 años que ha emprendido una enconada batalla judicial para rebajar un alquiler de 1.500 euros que le ofrecieron a cambio de permanecer en la casa que en 2019 subarrendó a una agencia contratada, a su vez, por la anterior propietaria del bloque. La quiebra de ésta desencadenó un proceso de ejecución hipotecaria que supuso el traspaso de los inmuebles a la Sareb. Su ofensiva legal se dirige de manera simultánea contra dicha sociedad, contra el Ayuntamiento de Torremolinos —en calidad de intermediario en la regulación de los arrendamientos— y contra la administradora vinculada a dos sociedades mercantiles que se dedicaban a subalquilar las viviendas y plazas de garaje del edificio residencial situado en la popular barriada de El Calvario, en la localidad malagueña.En el epicentro de este conflicto se encuentra la Sareb, una sociedad creada en 2012 por el Estado con la misión de liberar a las cajas de ahorros de sus activos tóxicos acumulados. Dicha entidad, que fue etiquetada como el ‘banco malo’, ha reactivado recientemente a través de los tribunales de Torremolinos la ejecución hipotecaria de cuatro viviendas y 35 plazas de garaje. Los inmuebles forman parte de un edificio residencial concebido originariamente para el arrendamiento que arrastraba graves impagos por parte de la promotora Mamelli S.A., su antigua propietaria . La Sareb, adjudicataria de la mayoría de los pisos en una subasta, remitió un escrito al juzgado el pasado 5 de octubre solicitando el lanzamiento de los citados inmuebles, apenas seis días después de que el Gobierno aprobara por primera vez el decreto conocido como «escudo social» para frenar los desahucios de hogares vulnerables.Los inmuebles salieron a subasta en 2024A principios de 2024, un juzgado de Torremolinos acordó el lanzamiento de los inmuebles e hizo constar que el proceso de ejecución hipotecaria se comunicara a los «terceros ocupantes», pero la realidad es que dicha notificación no llegó a los inquilinos, que, ajenos a que iban a tener que abandonar sus casas en breve, siguieron pagando sus alquileres puntualmente. Ante su protesta, 21 de las 39 familias afectadas firmaron en septiembre de 2025 unos nuevos contratos de alquiler social pactados con la Sareb como nueva propietaria que oscilaban entre los 105 y 600 euros mensuales, cuantías calculadas en función de su capacidad económica y respaldadas por un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento que acreditaba su vulnerabilidad.En su desesperado intento por esquivar el fantasma del desahucio, la mayoría aceptó los alquileres sociales a pesar de que, según denuncia José Luis Fuentes, éstos excedían los límites de precios fijados para 2025 por el Fondo Social de Vivienda (FSV) , un mecanismo impulsado por el Gobierno en 2012 para paliar los desalojos y sus devastadoras consecuencias sociales. Tanto el fondo estatal como la normativa que lo regula, que continúan plenamente vigentes, establecen de manera taxativa que la renta del alquiler social debe situarse en una horquilla de entre 150 y 400 euros mensuales, fijando además un tope máximo del 30 % de los ingresos netos familiares para aquellos hogares con rentas bajas, en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad económica, por motivos de edad o por patologías graves.Vulnerable por su «avanzada edad»En este último perfil encaja José Luis Fuentes, quien fue diagnosticado de un cáncer de colon hace un lustro, sufre otras dolencias crónicas y convive en la vivienda con su mujer, de 74 años . Conforme al real decreto que regula estos arrendamientos protegidos, todos aquellos contratos suscritos con los vecinos afectados que superen la barrera de los 400 euros mensuales serían «irregulares».Lejos de ajustarse a estos parámetros, la Sareb ofreció inicialmente al denunciante un contrato de alquiler con una renta inicial de 1.500 euros, cuantía que vería rebajada a 889,05 euros mensuales aplicando una «bonificación» durante el primer año para una vivienda de apenas 67 metros cuadrados construidos que se encuentra en un estado de conservación «deficiente». Para corroborar la desproporción de esta propuesta, el afectado solicitó al Ministerio de Vivienda un certificado informativo de referencia de precios de alquiler. El documento oficial que le remitió el 19 de octubre de 2025, al que ha accedido ABC, dictaminaba que, teniendo en cuenta las características concretas del inmueble situado en la calle Río Yeguas de Torremolinos, la renta de referencia adecuada debía situarse « entre 380,34 y 584,61 euros mensuales». En la práctica, la oferta de la entidad estatal triplicaba dichos importes a partir del segundo año y doblaba ampliamente la cuota bonificada que le exigían para permitirle permanecer en su hogar.El denunciante está dispuesto a abonar una renta ajustada a los topes legales que marca el Ministerio de Vivienda, de entre 400 y 584 euros al mesPara Fuentes, esta disparidad resulta inadmisible, por lo que se negó a firmar un nuevo contrato. En la actualidad, este inquilino sigue sin disponer de un acuerdo en vigor, si bien ha reiterado por escrito su total disposición a suscribir un acuerdo ajustado a la legalidad , ya sea fijando el alquiler social en su tramo más elevado, de 400 euros, o bien adoptando la cuantía máxima de 584,61 euros fijada por el Ministerio. Asimismo, recuerda que la propia Secretaría de Estado de Vivienda establece márgenes de precios específicos a los grandes tenedores, como sería el caso de la Sareb, que acumula más de diez inmuebles urbanos de uso residencial. Esta circunstancia, a su juicio, obliga a dicha sociedad a someterse a las reglas de protección frente a los abusos del mercado de alquiler.La Sareb afirma que tiene en cuenta la renta familiarAnte la firme negativa del jubilado a asumir un coste «tan desorbitado», la Sareb le propuso el pasado 12 de febrero un nuevo «alquiler asequible» por importe de 649 euros al mes. Sin embargo, para su asombro, el inmueble especificado en el documento enviado por el ‘banco malo’ correspondía a otra vivienda completamente distinta del edificio y no a la suya. Días más tarde, la propia entidad pública reconoció en otro escrito que dicha comunicación «no debió dirigirse» a él, argumentando, con sorpresa para el destinatario, que ya disponía de un contrato formalizado con la Sareb, un extremo totalmente falso.La Sareb alega que el inquilino de 76 años ha rechazado las ofertas de alquiler anteriores pero se abre a «revisar» su casoDesde la Sareb han explicado que al citado inquilino le han hecho diversas ofertas de alquiler y no ha aceptado ninguna, tras ser consultado por ABC acerca de su denuncia. Reconocen que el alquiler social se establece en función de la renta de la familia y no puede superar el 30% de sus ingresos. No obstante, la sociedad estatal señala que «se volverá a revisar» su caso por si hubiera nuevas circunstancias que valorar, e insiste en que, a diferencia de los 21 vecinos que firmaron sus contratos en septiembre del 2025, él ha rechazado hasta el momento las opciones planteadas.El conflicto también implica al Consistorio torremolinense. Fuentes cuestiona el papel institucional desempeñado por el Ayuntamiento y, de forma particular, por la alcaldesa, Margarita del Cid (PP). Según relata, los servicios sociales municipales negaron inicialmente que el matrimonio se encontrara en situación de vulnerabilidad. Tras las reiteradas quejas del denunciante, el organismo emitió un nuevo informe reconociendo dicha condición amparándose en su «avanzada edad» y en sus graves problemas de salud, acreditados mediante siete informes médicos aportados por el denunciante. Mientras el equipo de gobierno defiende su labor como mediador para impedir desalojos y ha pedido en los últimos días que se compruebe la vulnerabilidad de las cuatro familias afectadas por los desahucios, el afectado sostiene que el Ayuntamiento «ha permitido que se celebren contratos de arrendamiento en los que se frustra el fin social de la vivienda».La Fiscalía apreció una posible estafaEl periplo judicial iniciado por el militar jubilado está plagado de incertidumbres. La Fiscalía General del Estado trasladó su denuncia original a la Fiscalía Provincial de Málaga, que apreció indicios de credibilidad en los hechos relatados al considerar que los mismos podían encajar en « delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y/o estafa », acordando por ello la apertura de diligencias de investigación. Pero el Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones el pasado 27 de enero argumentando la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre «los mismos hechos» en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.José Luis Fuentes niega que aquella causa —originada por una denuncia policial previa interpuesta por él mismo— analice la misma problemática, entre otros motivos porque en aquella ocasión el foco no apuntaba a la Sareb ni al Consistorio, sino directamente a un subarrendador de los pisos . El afectado descubrió casi por casualidad que otro órgano judicial había asumido posteriormente el nuevo procedimiento, aunque hasta la fecha, pese a haberlo solicitado, no ha conseguido personarse. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), entidad controlada mayoritariamente por el Estado, está exigiendo alquileres sociales a familias vulnerables de un edificio de su propiedad en Torremolinos (Málaga) que superan los topes legales fijados por el propio Gobierno. Las cuantías reclamadas exceden tanto el umbral máximo establecido para los colectivos con rentas bajas o en riesgo de exclusión social como los límites de precios impuestos a los grandes tenedores de viviendas, categoría en la que se encuadra la propia sociedad estatal. Dicha gestión inmobiliaria entra en contradicción con el discurso oficial de protección a los inquilinos vulnerables que ha esgrimido el presidente Pedro Sánchez durante la actual legislatura.Esta grave disfunción en el mercado residencial público ha sido denunciada por José Luis Fuentes García, un militar jubilado de 76 años que ha emprendido una enconada batalla judicial para rebajar un alquiler de 1.500 euros que le ofrecieron a cambio de permanecer en la casa que en 2019 subarrendó a una agencia contratada, a su vez, por la anterior propietaria del bloque. La quiebra de ésta desencadenó un proceso de ejecución hipotecaria que supuso el traspaso de los inmuebles a la Sareb. Su ofensiva legal se dirige de manera simultánea contra dicha sociedad, contra el Ayuntamiento de Torremolinos —en calidad de intermediario en la regulación de los arrendamientos— y contra la administradora vinculada a dos sociedades mercantiles que se dedicaban a subalquilar las viviendas y plazas de garaje del edificio residencial situado en la popular barriada de El Calvario, en la localidad malagueña.En el epicentro de este conflicto se encuentra la Sareb, una sociedad creada en 2012 por el Estado con la misión de liberar a las cajas de ahorros de sus activos tóxicos acumulados. Dicha entidad, que fue etiquetada como el ‘banco malo’, ha reactivado recientemente a través de los tribunales de Torremolinos la ejecución hipotecaria de cuatro viviendas y 35 plazas de garaje. Los inmuebles forman parte de un edificio residencial concebido originariamente para el arrendamiento que arrastraba graves impagos por parte de la promotora Mamelli S.A., su antigua propietaria . La Sareb, adjudicataria de la mayoría de los pisos en una subasta, remitió un escrito al juzgado el pasado 5 de octubre solicitando el lanzamiento de los citados inmuebles, apenas seis días después de que el Gobierno aprobara por primera vez el decreto conocido como «escudo social» para frenar los desahucios de hogares vulnerables.Los inmuebles salieron a subasta en 2024A principios de 2024, un juzgado de Torremolinos acordó el lanzamiento de los inmuebles e hizo constar que el proceso de ejecución hipotecaria se comunicara a los «terceros ocupantes», pero la realidad es que dicha notificación no llegó a los inquilinos, que, ajenos a que iban a tener que abandonar sus casas en breve, siguieron pagando sus alquileres puntualmente. Ante su protesta, 21 de las 39 familias afectadas firmaron en septiembre de 2025 unos nuevos contratos de alquiler social pactados con la Sareb como nueva propietaria que oscilaban entre los 105 y 600 euros mensuales, cuantías calculadas en función de su capacidad económica y respaldadas por un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento que acreditaba su vulnerabilidad.En su desesperado intento por esquivar el fantasma del desahucio, la mayoría aceptó los alquileres sociales a pesar de que, según denuncia José Luis Fuentes, éstos excedían los límites de precios fijados para 2025 por el Fondo Social de Vivienda (FSV) , un mecanismo impulsado por el Gobierno en 2012 para paliar los desalojos y sus devastadoras consecuencias sociales. Tanto el fondo estatal como la normativa que lo regula, que continúan plenamente vigentes, establecen de manera taxativa que la renta del alquiler social debe situarse en una horquilla de entre 150 y 400 euros mensuales, fijando además un tope máximo del 30 % de los ingresos netos familiares para aquellos hogares con rentas bajas, en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad económica, por motivos de edad o por patologías graves.Vulnerable por su «avanzada edad»En este último perfil encaja José Luis Fuentes, quien fue diagnosticado de un cáncer de colon hace un lustro, sufre otras dolencias crónicas y convive en la vivienda con su mujer, de 74 años . Conforme al real decreto que regula estos arrendamientos protegidos, todos aquellos contratos suscritos con los vecinos afectados que superen la barrera de los 400 euros mensuales serían «irregulares».Lejos de ajustarse a estos parámetros, la Sareb ofreció inicialmente al denunciante un contrato de alquiler con una renta inicial de 1.500 euros, cuantía que vería rebajada a 889,05 euros mensuales aplicando una «bonificación» durante el primer año para una vivienda de apenas 67 metros cuadrados construidos que se encuentra en un estado de conservación «deficiente». Para corroborar la desproporción de esta propuesta, el afectado solicitó al Ministerio de Vivienda un certificado informativo de referencia de precios de alquiler. El documento oficial que le remitió el 19 de octubre de 2025, al que ha accedido ABC, dictaminaba que, teniendo en cuenta las características concretas del inmueble situado en la calle Río Yeguas de Torremolinos, la renta de referencia adecuada debía situarse « entre 380,34 y 584,61 euros mensuales». En la práctica, la oferta de la entidad estatal triplicaba dichos importes a partir del segundo año y doblaba ampliamente la cuota bonificada que le exigían para permitirle permanecer en su hogar.El denunciante está dispuesto a abonar una renta ajustada a los topes legales que marca el Ministerio de Vivienda, de entre 400 y 584 euros al mesPara Fuentes, esta disparidad resulta inadmisible, por lo que se negó a firmar un nuevo contrato. En la actualidad, este inquilino sigue sin disponer de un acuerdo en vigor, si bien ha reiterado por escrito su total disposición a suscribir un acuerdo ajustado a la legalidad , ya sea fijando el alquiler social en su tramo más elevado, de 400 euros, o bien adoptando la cuantía máxima de 584,61 euros fijada por el Ministerio. Asimismo, recuerda que la propia Secretaría de Estado de Vivienda establece márgenes de precios específicos a los grandes tenedores, como sería el caso de la Sareb, que acumula más de diez inmuebles urbanos de uso residencial. Esta circunstancia, a su juicio, obliga a dicha sociedad a someterse a las reglas de protección frente a los abusos del mercado de alquiler.La Sareb afirma que tiene en cuenta la renta familiarAnte la firme negativa del jubilado a asumir un coste «tan desorbitado», la Sareb le propuso el pasado 12 de febrero un nuevo «alquiler asequible» por importe de 649 euros al mes. Sin embargo, para su asombro, el inmueble especificado en el documento enviado por el ‘banco malo’ correspondía a otra vivienda completamente distinta del edificio y no a la suya. Días más tarde, la propia entidad pública reconoció en otro escrito que dicha comunicación «no debió dirigirse» a él, argumentando, con sorpresa para el destinatario, que ya disponía de un contrato formalizado con la Sareb, un extremo totalmente falso.La Sareb alega que el inquilino de 76 años ha rechazado las ofertas de alquiler anteriores pero se abre a «revisar» su casoDesde la Sareb han explicado que al citado inquilino le han hecho diversas ofertas de alquiler y no ha aceptado ninguna, tras ser consultado por ABC acerca de su denuncia. Reconocen que el alquiler social se establece en función de la renta de la familia y no puede superar el 30% de sus ingresos. No obstante, la sociedad estatal señala que «se volverá a revisar» su caso por si hubiera nuevas circunstancias que valorar, e insiste en que, a diferencia de los 21 vecinos que firmaron sus contratos en septiembre del 2025, él ha rechazado hasta el momento las opciones planteadas.El conflicto también implica al Consistorio torremolinense. Fuentes cuestiona el papel institucional desempeñado por el Ayuntamiento y, de forma particular, por la alcaldesa, Margarita del Cid (PP). Según relata, los servicios sociales municipales negaron inicialmente que el matrimonio se encontrara en situación de vulnerabilidad. Tras las reiteradas quejas del denunciante, el organismo emitió un nuevo informe reconociendo dicha condición amparándose en su «avanzada edad» y en sus graves problemas de salud, acreditados mediante siete informes médicos aportados por el denunciante. Mientras el equipo de gobierno defiende su labor como mediador para impedir desalojos y ha pedido en los últimos días que se compruebe la vulnerabilidad de las cuatro familias afectadas por los desahucios, el afectado sostiene que el Ayuntamiento «ha permitido que se celebren contratos de arrendamiento en los que se frustra el fin social de la vivienda».La Fiscalía apreció una posible estafaEl periplo judicial iniciado por el militar jubilado está plagado de incertidumbres. La Fiscalía General del Estado trasladó su denuncia original a la Fiscalía Provincial de Málaga, que apreció indicios de credibilidad en los hechos relatados al considerar que los mismos podían encajar en « delitos de insolvencia punible, apropiación indebida y/o estafa », acordando por ello la apertura de diligencias de investigación. Pero el Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones el pasado 27 de enero argumentando la existencia de un procedimiento judicial en curso sobre «los mismos hechos» en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.José Luis Fuentes niega que aquella causa —originada por una denuncia policial previa interpuesta por él mismo— analice la misma problemática, entre otros motivos porque en aquella ocasión el foco no apuntaba a la Sareb ni al Consistorio, sino directamente a un subarrendador de los pisos . El afectado descubrió casi por casualidad que otro órgano judicial había asumido posteriormente el nuevo procedimiento, aunque hasta la fecha, pese a haberlo solicitado, no ha conseguido personarse. RSS de noticias de espana/andalucia
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