El exministro José Luis Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo por su presunta participación en la trama que se hacía con mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, ha presentado una querella ante los juzgados de Madrid contra la persona que elaboró y firmó el informe de auditoría realizado en el seno del Ministerio de Transportes al respecto, Belén Roel, y contra la jefa de Gabinete del Subsecretario del Ministerio hasta marzo de 2022, Belén Villar. A ambas les acusa de falsedad documental y de falso testimonio de perito. En la querella, a la que ha tenido acceso ABC, el exministro recuerda que ese informe elaborado por orden de Puente acabó incorporado a la causa en la Audiencia Nacional y posteriormente fue usado por el magistrado Ismael Moreno para solicitar al Supremo que le investigaran, habida cuenta que está aforado a ese tribunal dado que es diputado.Noticia Relacionada estandar Si La trama Koldo se interesó por fondos europeos para I+D y por lograr contactos en FCC y la SEPI Javier LilloÁbalos ataca duramente la decisión de Puente y advierte de que la orden de realizarla -27 de febrero 2024- fue previa a la publicación del real decreto que otorgaba competencias de auditoría al ministerio. Esto, dice, «acredita una pulsión de celeridad en su elaboración e inmediata puesta en conocimiento de la opinión pública(…) que acredita que tal informe no pretendía tener eficacia en el ámbito interno sino que tuvo una evidente vocación de difusión pública». En este sentido, indica que ese informe se hizo «de forma ilegitima porque la ortodoxia procedimental señala que cualquier actuación administrativa queda paralizada por la actuación judicial» y lamenta que sirvió al instructor para avalar la imputación de Ábalos. Así, acusa al departamento de Óscar Puente de elaborar un informe «falso» con la intención de «dotar de una pretendida objetividad el razonamiento de considerar al ministro (Ábalos) como esencial responsable de una irregular contratación».Y advierte que ese informe pericial pone en boca de entrevistados «lo que no han dicho» y «omite lo que sí dijeron cuidándose de no documentar las entrevistas de forma garantista al objeto de que el contenido fuera contrastado, declinando grabarlas sin ni siquiera someter su redacción para conformidad a los deponentes». «Absoluta arbitrariedad»El informe del ministerio, indica, «se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos» y asevera que es «incierto» que hubiera una falta de control sobre la trazabilidad de las mascarillas en la gestión de compra y destino«, que no hubiera concurrencia de ofertas, que se diera una celeridad sospechosa en la necesidad concreta de demanda de unidades y pago de mascarillas o que el se dieran pagos de precios de forma unilateral sin escrutinio validante de oferta. E insiste Ábalos en que «de forma inopinada el informe auditor del ministerio entra a valorar la legitimidad de las decisiones para elegir un proveedor concreto u otro en un momento crucial de emergencia». Y añade que se orillaron en el mismo se tergiversaron y se manipularon testimonios. Niega además que se diera un favorecimiento «extremo» a quien se le compraron las mascarillas, Soluciones de Gestión (empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama) porque se pasara de una compra de 4 a 8 millones de euros en mascarillas. Añade que este cambio responde a la planificación realizada desde el ministerio que decidió «cubrir un periodo de tiempo más amplio en la estimación de que la duración de la situación de riesgo se iba a extender».«Por todo ello, cabe deducir que las conclusiones de la auditoría en cuestión sobre los contratos de mascarillas son deficientes, sesgadas e incompletas, y de forma preordenada manipuladas y tendencialmente orientadas a la imputación» de Ábalos, concluye. El exministro José Luis Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo por su presunta participación en la trama que se hacía con mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, ha presentado una querella ante los juzgados de Madrid contra la persona que elaboró y firmó el informe de auditoría realizado en el seno del Ministerio de Transportes al respecto, Belén Roel, y contra la jefa de Gabinete del Subsecretario del Ministerio hasta marzo de 2022, Belén Villar. A ambas les acusa de falsedad documental y de falso testimonio de perito. En la querella, a la que ha tenido acceso ABC, el exministro recuerda que ese informe elaborado por orden de Puente acabó incorporado a la causa en la Audiencia Nacional y posteriormente fue usado por el magistrado Ismael Moreno para solicitar al Supremo que le investigaran, habida cuenta que está aforado a ese tribunal dado que es diputado.Noticia Relacionada estandar Si La trama Koldo se interesó por fondos europeos para I+D y por lograr contactos en FCC y la SEPI Javier LilloÁbalos ataca duramente la decisión de Puente y advierte de que la orden de realizarla -27 de febrero 2024- fue previa a la publicación del real decreto que otorgaba competencias de auditoría al ministerio. Esto, dice, «acredita una pulsión de celeridad en su elaboración e inmediata puesta en conocimiento de la opinión pública(…) que acredita que tal informe no pretendía tener eficacia en el ámbito interno sino que tuvo una evidente vocación de difusión pública». En este sentido, indica que ese informe se hizo «de forma ilegitima porque la ortodoxia procedimental señala que cualquier actuación administrativa queda paralizada por la actuación judicial» y lamenta que sirvió al instructor para avalar la imputación de Ábalos. Así, acusa al departamento de Óscar Puente de elaborar un informe «falso» con la intención de «dotar de una pretendida objetividad el razonamiento de considerar al ministro (Ábalos) como esencial responsable de una irregular contratación».Y advierte que ese informe pericial pone en boca de entrevistados «lo que no han dicho» y «omite lo que sí dijeron cuidándose de no documentar las entrevistas de forma garantista al objeto de que el contenido fuera contrastado, declinando grabarlas sin ni siquiera someter su redacción para conformidad a los deponentes». «Absoluta arbitrariedad»El informe del ministerio, indica, «se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos» y asevera que es «incierto» que hubiera una falta de control sobre la trazabilidad de las mascarillas en la gestión de compra y destino«, que no hubiera concurrencia de ofertas, que se diera una celeridad sospechosa en la necesidad concreta de demanda de unidades y pago de mascarillas o que el se dieran pagos de precios de forma unilateral sin escrutinio validante de oferta. E insiste Ábalos en que «de forma inopinada el informe auditor del ministerio entra a valorar la legitimidad de las decisiones para elegir un proveedor concreto u otro en un momento crucial de emergencia». Y añade que se orillaron en el mismo se tergiversaron y se manipularon testimonios. Niega además que se diera un favorecimiento «extremo» a quien se le compraron las mascarillas, Soluciones de Gestión (empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama) porque se pasara de una compra de 4 a 8 millones de euros en mascarillas. Añade que este cambio responde a la planificación realizada desde el ministerio que decidió «cubrir un periodo de tiempo más amplio en la estimación de que la duración de la situación de riesgo se iba a extender».«Por todo ello, cabe deducir que las conclusiones de la auditoría en cuestión sobre los contratos de mascarillas son deficientes, sesgadas e incompletas, y de forma preordenada manipuladas y tendencialmente orientadas a la imputación» de Ábalos, concluye. El exministro José Luis Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo por su presunta participación en la trama que se hacía con mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, ha presentado una querella ante los juzgados de Madrid contra la persona que elaboró y firmó el informe de auditoría realizado en el seno del Ministerio de Transportes al respecto, Belén Roel, y contra la jefa de Gabinete del Subsecretario del Ministerio hasta marzo de 2022, Belén Villar. A ambas les acusa de falsedad documental y de falso testimonio de perito. En la querella, a la que ha tenido acceso ABC, el exministro recuerda que ese informe elaborado por orden de Puente acabó incorporado a la causa en la Audiencia Nacional y posteriormente fue usado por el magistrado Ismael Moreno para solicitar al Supremo que le investigaran, habida cuenta que está aforado a ese tribunal dado que es diputado.Noticia Relacionada estandar Si La trama Koldo se interesó por fondos europeos para I+D y por lograr contactos en FCC y la SEPI Javier LilloÁbalos ataca duramente la decisión de Puente y advierte de que la orden de realizarla -27 de febrero 2024- fue previa a la publicación del real decreto que otorgaba competencias de auditoría al ministerio. Esto, dice, «acredita una pulsión de celeridad en su elaboración e inmediata puesta en conocimiento de la opinión pública(…) que acredita que tal informe no pretendía tener eficacia en el ámbito interno sino que tuvo una evidente vocación de difusión pública». En este sentido, indica que ese informe se hizo «de forma ilegitima porque la ortodoxia procedimental señala que cualquier actuación administrativa queda paralizada por la actuación judicial» y lamenta que sirvió al instructor para avalar la imputación de Ábalos. Así, acusa al departamento de Óscar Puente de elaborar un informe «falso» con la intención de «dotar de una pretendida objetividad el razonamiento de considerar al ministro (Ábalos) como esencial responsable de una irregular contratación».Y advierte que ese informe pericial pone en boca de entrevistados «lo que no han dicho» y «omite lo que sí dijeron cuidándose de no documentar las entrevistas de forma garantista al objeto de que el contenido fuera contrastado, declinando grabarlas sin ni siquiera someter su redacción para conformidad a los deponentes». «Absoluta arbitrariedad»El informe del ministerio, indica, «se vehiculiza y orienta de forma deliberada para posicionar las decisiones de compra en la más absoluta arbitrariedad al margen de los procedimientos» y asevera que es «incierto» que hubiera una falta de control sobre la trazabilidad de las mascarillas en la gestión de compra y destino«, que no hubiera concurrencia de ofertas, que se diera una celeridad sospechosa en la necesidad concreta de demanda de unidades y pago de mascarillas o que el se dieran pagos de precios de forma unilateral sin escrutinio validante de oferta. E insiste Ábalos en que «de forma inopinada el informe auditor del ministerio entra a valorar la legitimidad de las decisiones para elegir un proveedor concreto u otro en un momento crucial de emergencia». Y añade que se orillaron en el mismo se tergiversaron y se manipularon testimonios. Niega además que se diera un favorecimiento «extremo» a quien se le compraron las mascarillas, Soluciones de Gestión (empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama) porque se pasara de una compra de 4 a 8 millones de euros en mascarillas. Añade que este cambio responde a la planificación realizada desde el ministerio que decidió «cubrir un periodo de tiempo más amplio en la estimación de que la duración de la situación de riesgo se iba a extender».«Por todo ello, cabe deducir que las conclusiones de la auditoría en cuestión sobre los contratos de mascarillas son deficientes, sesgadas e incompletas, y de forma preordenada manipuladas y tendencialmente orientadas a la imputación» de Ábalos, concluye. RSS de noticias de espana
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