La dirección de Aena ha encontrado una nueva oportunidad para defenderse de una de las decisiones más duras con que cargó el operador aeroportuario durante el azote del Covid. Se trata del mandato del Congreso de los Diputados de rebajar los alquileres de los espacios comerciales en las terminales mientras no volvieran los volúmenes de tráfico aéreo de 2019. Aena ha echado cuentas y esa orden, recogida como disposición final séptima en la Ley 13/2021 (que modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), le hizo perder ingresos por 300 millones de euros respecto al plan de rebajas que, voluntariamente, ofreció a los inquilinos. Tanto Aena como los arrendatarios se cruzaron demandas por la cuantía de los alquileres en la vía civil, donde se avaló la decisión del Congreso, pero el Supremo ha tildado ahora esa jurisdicción de incompetente en favor del contencioso-administrativo.
La empresa se apoya en una sentencia del Supremo para pedir la anulación de todas las actuaciones en la jurisdicción civil, que avalaban el ajuste en las rentas en función de la caída del tráfico respecto a 2019
La dirección de Aena ha encontrado una nueva oportunidad para defenderse de una de las decisiones más duras con que cargó el operador aeroportuario durante el azote del Covid. Se trata del mandato del Congreso de los Diputados de rebajar los alquileres de los espacios comerciales en las terminales mientras no volvieran los volúmenes de tráfico aéreo de 2019. Aena ha echado cuentas y esa orden, recogida como disposición final séptima en la Ley 13/2021 (que modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), le hizo perder ingresos por 300 millones de euros respecto al plan de rebajas que, voluntariamente, ofreció a los inquilinos. Tanto Aena como los arrendatarios se cruzaron demandas por la cuantía de los alquileres en la vía civil, donde se avaló la decisión del Congreso, pero el Supremo ha tildado ahora esa jurisdicción de incompetente en favor del contencioso-administrativo.
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