La asesina del niño Gabriel tendrá que declarar por las supuestas amenazas de muerte vertidas en la cárcel de Brieva en Ávila, donde cumple prisión permanente revisable, sobre Patricia Ramírez. La madre del chico denunció estos hechos en diciembre de 2024 cuando recibió información sobre las intenciones de venganza que tenía al haberle parado el documental que estaba gestionando desde la prisión. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado citar a Quezada para tomarle declaración tras el testimonio prestado el pasado 2 de junio por una mujer que coincidió con Ana Julia en el centro penitenciario y habría escuchado tales amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la denunciante. A la espera de determinar día y hora para la citación, el juez también ha acordado tomar declaración en calidad de testigo a otras de las reclusas que fueron nombradas por la primera de las declarantes, quienes también habrían presenciado esas amenazas de muerte. De igual modo, se ha acordado escuchar en sede judicial a Patricia Ramírez en calidad de perjudicada.Por su parte, la representación letrada de la madre del niño Gabriel, la abogada Verónica Guerrero, ha solicitado además que, en el marco de este proceso, se tome también declaración a una tarotista con la que habría contactado la pareja de Ana Julia Quezada. Fue una denuncia ante la Guardia Civil interpuesta por la madre del ‘pescaíto’ el pasado 31 de diciembre la que dio origen a unas diligencias que, si bien se archivaron provisionalmente en un principio, fueron reabiertas en recurso para la práctica de pruebas.«Si las instituciones hubiesen hecho bien su trabajo y nos hubiesen protegido, esto no hubiese pasado. Que tuviese que salir a parar un documental que se hacía de forma irregular tiene tela, soportar el miedo de posibles amenazas por ello aún más. Espero y deseo que corrijan, arreglen y nos protejan de una vez de forma adecuada y eficaz para poder vivir sin miedo y un poquito en paz . Ni Gabriel, ni todos los que lo amamos se merecen esta dejación de funciones y falta del cumplimiento del estatuto de la víctima», ha manifestado Patricia Ramírez a través de sus redes sociales. Ramírez dijo sentirse «aterrada» por las amenazas de Quezada. «He sido informada que en estas diligencias de investigación está mi nombre, teléfono, correo electrónico y hasta la dirección de mi casa, mis datos personales no se han protegido. Toda esa información le ha llegado a uno de los funcionarios que ha tenido relaciones continuas con esta mujer», manifestó. La madre del niño Gabriel explicó que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido. La asesina del niño Gabriel tendrá que declarar por las supuestas amenazas de muerte vertidas en la cárcel de Brieva en Ávila, donde cumple prisión permanente revisable, sobre Patricia Ramírez. La madre del chico denunció estos hechos en diciembre de 2024 cuando recibió información sobre las intenciones de venganza que tenía al haberle parado el documental que estaba gestionando desde la prisión. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado citar a Quezada para tomarle declaración tras el testimonio prestado el pasado 2 de junio por una mujer que coincidió con Ana Julia en el centro penitenciario y habría escuchado tales amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la denunciante. A la espera de determinar día y hora para la citación, el juez también ha acordado tomar declaración en calidad de testigo a otras de las reclusas que fueron nombradas por la primera de las declarantes, quienes también habrían presenciado esas amenazas de muerte. De igual modo, se ha acordado escuchar en sede judicial a Patricia Ramírez en calidad de perjudicada.Por su parte, la representación letrada de la madre del niño Gabriel, la abogada Verónica Guerrero, ha solicitado además que, en el marco de este proceso, se tome también declaración a una tarotista con la que habría contactado la pareja de Ana Julia Quezada. Fue una denuncia ante la Guardia Civil interpuesta por la madre del ‘pescaíto’ el pasado 31 de diciembre la que dio origen a unas diligencias que, si bien se archivaron provisionalmente en un principio, fueron reabiertas en recurso para la práctica de pruebas.«Si las instituciones hubiesen hecho bien su trabajo y nos hubiesen protegido, esto no hubiese pasado. Que tuviese que salir a parar un documental que se hacía de forma irregular tiene tela, soportar el miedo de posibles amenazas por ello aún más. Espero y deseo que corrijan, arreglen y nos protejan de una vez de forma adecuada y eficaz para poder vivir sin miedo y un poquito en paz . Ni Gabriel, ni todos los que lo amamos se merecen esta dejación de funciones y falta del cumplimiento del estatuto de la víctima», ha manifestado Patricia Ramírez a través de sus redes sociales. Ramírez dijo sentirse «aterrada» por las amenazas de Quezada. «He sido informada que en estas diligencias de investigación está mi nombre, teléfono, correo electrónico y hasta la dirección de mi casa, mis datos personales no se han protegido. Toda esa información le ha llegado a uno de los funcionarios que ha tenido relaciones continuas con esta mujer», manifestó. La madre del niño Gabriel explicó que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido. La asesina del niño Gabriel tendrá que declarar por las supuestas amenazas de muerte vertidas en la cárcel de Brieva en Ávila, donde cumple prisión permanente revisable, sobre Patricia Ramírez. La madre del chico denunció estos hechos en diciembre de 2024 cuando recibió información sobre las intenciones de venganza que tenía al haberle parado el documental que estaba gestionando desde la prisión. El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado citar a Quezada para tomarle declaración tras el testimonio prestado el pasado 2 de junio por una mujer que coincidió con Ana Julia en el centro penitenciario y habría escuchado tales amenazas, que fueron puestas en conocimiento de la denunciante. A la espera de determinar día y hora para la citación, el juez también ha acordado tomar declaración en calidad de testigo a otras de las reclusas que fueron nombradas por la primera de las declarantes, quienes también habrían presenciado esas amenazas de muerte. De igual modo, se ha acordado escuchar en sede judicial a Patricia Ramírez en calidad de perjudicada.Por su parte, la representación letrada de la madre del niño Gabriel, la abogada Verónica Guerrero, ha solicitado además que, en el marco de este proceso, se tome también declaración a una tarotista con la que habría contactado la pareja de Ana Julia Quezada. Fue una denuncia ante la Guardia Civil interpuesta por la madre del ‘pescaíto’ el pasado 31 de diciembre la que dio origen a unas diligencias que, si bien se archivaron provisionalmente en un principio, fueron reabiertas en recurso para la práctica de pruebas.«Si las instituciones hubiesen hecho bien su trabajo y nos hubiesen protegido, esto no hubiese pasado. Que tuviese que salir a parar un documental que se hacía de forma irregular tiene tela, soportar el miedo de posibles amenazas por ello aún más. Espero y deseo que corrijan, arreglen y nos protejan de una vez de forma adecuada y eficaz para poder vivir sin miedo y un poquito en paz . Ni Gabriel, ni todos los que lo amamos se merecen esta dejación de funciones y falta del cumplimiento del estatuto de la víctima», ha manifestado Patricia Ramírez a través de sus redes sociales. Ramírez dijo sentirse «aterrada» por las amenazas de Quezada. «He sido informada que en estas diligencias de investigación está mi nombre, teléfono, correo electrónico y hasta la dirección de mi casa, mis datos personales no se han protegido. Toda esa información le ha llegado a uno de los funcionarios que ha tenido relaciones continuas con esta mujer», manifestó. La madre del niño Gabriel explicó que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido. RSS de noticias de espana/andalucia
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