Nuevo recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. En este caso se trata del reparto que ha hecho el Gobierno de los menores inmigrantes por las distintas comunidades y el número que ha tocado a Andalucía, una iniciativa que ya se anunció pero que ahora se ha hecho efectiva este miércoles.Tras la rueda de prensa del consejo de gobierno en San Telmo, la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado la presentación de un nuevo recurso al TC que se suma a otros que ya han interpuesto ya contra decisiones estatales. Sería el cuarto, tras los presentados contra otras medidas estatales como la ley de vivienda, la amnistía y el impuesto de grandes fortunas. Se trata de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.Según ha defendido la consejera, no es una cuestión de colores políticos sino que hay «una invasión de competencias» y por eso se reclama en los tribunales el número de inmigrantes que se plantean en ese reparto. De hecho, la Junta considera que el Gobierno «está utilizando un drama humano como la migración de menores para hacerle un favor a sus socios independentistas».La norma estatal que se recurre modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.Ahora la Junta pone en tela de juicio la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la aprobación de este RDL y considera que, aunque la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000.La Junta de Andalucía considera que el texto extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos.Independientemente de la vía judicial emprendida, «no se paraliza» la actuación por lo que, aunque la Junta no esté a favor del reparto de menas que pretende el Gobierno central y que supone enviar muchos más a Andalucía que a otras comunidades como Cataluña, la Consejería de Inclusión Social «está trabajando» en resolver la situación de estos menores y cumplirá la ley. En cualquier caso la Junta considera que esta norma debería ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente.«Si no fuera por las comunidades autónomas, España ya habría colapsado», ha dicho la consejera recordando que «cuando no es la luz, es el tren o las telecomunicaciones y quienes mantienen el Estado del Bienestar son las comunidades autónomas», ha insistido. Por eso la consejera defiende que las comunidades son «el dique de contención del sanchismo».Ha recordado que el Gobierno tiene que poner encima de la mesa los recursos, y los medios necesarios y que, al final, todo es cuestión de financiación. «No hay manera de poder atender los servicios como se merecen los ciudadanos», ha dicho recordando que el presidente de la Junta reclamó en la Conferencia de Presidentes un nuevo modelo de financiación como hizo la ex consejera de Hacienda y actual vicepresidenta, la socialista María Jesús Montero.Falta de recursosEn este sentido España cree que el de Sánchez es un gobierno que le está «saliendo muy caro» a todos los andaluces. «Tenemos una vicepresidenta que es andaluza y no puede hacer oídos sordos y callarse ante tanta injusticia», ha recalcado la portavoz preguntándose porque no hay nunca recursos para Andalucía y sí los hay para sus socios.También ha calificado de «nuevo maltrato» a Andalucía que el Gobierno haya dado luz verde a la ampliación del aeropuerto de El Prat por lo que ha exigido una actuación similar para los de Málaga y Sevilla. Durante su comparecencia, la portavoz del Gobierno andaluz también se ha referido al procesamiento del fiscal general del Estado. «Quien nos iba a decir que íbamos a ver a un fiscal que está a punto de sentarse en el banquillo, a un gobierno en parálisis permanentes que no tiene PGE y sometido al capricho independentistas y con unos servicios públicos de mal en peor», ha insistido. Nuevo recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. En este caso se trata del reparto que ha hecho el Gobierno de los menores inmigrantes por las distintas comunidades y el número que ha tocado a Andalucía, una iniciativa que ya se anunció pero que ahora se ha hecho efectiva este miércoles.Tras la rueda de prensa del consejo de gobierno en San Telmo, la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado la presentación de un nuevo recurso al TC que se suma a otros que ya han interpuesto ya contra decisiones estatales. Sería el cuarto, tras los presentados contra otras medidas estatales como la ley de vivienda, la amnistía y el impuesto de grandes fortunas. Se trata de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.Según ha defendido la consejera, no es una cuestión de colores políticos sino que hay «una invasión de competencias» y por eso se reclama en los tribunales el número de inmigrantes que se plantean en ese reparto. De hecho, la Junta considera que el Gobierno «está utilizando un drama humano como la migración de menores para hacerle un favor a sus socios independentistas».La norma estatal que se recurre modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.Ahora la Junta pone en tela de juicio la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la aprobación de este RDL y considera que, aunque la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000.La Junta de Andalucía considera que el texto extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos.Independientemente de la vía judicial emprendida, «no se paraliza» la actuación por lo que, aunque la Junta no esté a favor del reparto de menas que pretende el Gobierno central y que supone enviar muchos más a Andalucía que a otras comunidades como Cataluña, la Consejería de Inclusión Social «está trabajando» en resolver la situación de estos menores y cumplirá la ley. En cualquier caso la Junta considera que esta norma debería ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente.«Si no fuera por las comunidades autónomas, España ya habría colapsado», ha dicho la consejera recordando que «cuando no es la luz, es el tren o las telecomunicaciones y quienes mantienen el Estado del Bienestar son las comunidades autónomas», ha insistido. Por eso la consejera defiende que las comunidades son «el dique de contención del sanchismo».Ha recordado que el Gobierno tiene que poner encima de la mesa los recursos, y los medios necesarios y que, al final, todo es cuestión de financiación. «No hay manera de poder atender los servicios como se merecen los ciudadanos», ha dicho recordando que el presidente de la Junta reclamó en la Conferencia de Presidentes un nuevo modelo de financiación como hizo la ex consejera de Hacienda y actual vicepresidenta, la socialista María Jesús Montero.Falta de recursosEn este sentido España cree que el de Sánchez es un gobierno que le está «saliendo muy caro» a todos los andaluces. «Tenemos una vicepresidenta que es andaluza y no puede hacer oídos sordos y callarse ante tanta injusticia», ha recalcado la portavoz preguntándose porque no hay nunca recursos para Andalucía y sí los hay para sus socios.También ha calificado de «nuevo maltrato» a Andalucía que el Gobierno haya dado luz verde a la ampliación del aeropuerto de El Prat por lo que ha exigido una actuación similar para los de Málaga y Sevilla. Durante su comparecencia, la portavoz del Gobierno andaluz también se ha referido al procesamiento del fiscal general del Estado. «Quien nos iba a decir que íbamos a ver a un fiscal que está a punto de sentarse en el banquillo, a un gobierno en parálisis permanentes que no tiene PGE y sometido al capricho independentistas y con unos servicios públicos de mal en peor», ha insistido. Nuevo recurso de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. En este caso se trata del reparto que ha hecho el Gobierno de los menores inmigrantes por las distintas comunidades y el número que ha tocado a Andalucía, una iniciativa que ya se anunció pero que ahora se ha hecho efectiva este miércoles.Tras la rueda de prensa del consejo de gobierno en San Telmo, la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado la presentación de un nuevo recurso al TC que se suma a otros que ya han interpuesto ya contra decisiones estatales. Sería el cuarto, tras los presentados contra otras medidas estatales como la ley de vivienda, la amnistía y el impuesto de grandes fortunas. Se trata de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.Según ha defendido la consejera, no es una cuestión de colores políticos sino que hay «una invasión de competencias» y por eso se reclama en los tribunales el número de inmigrantes que se plantean en ese reparto. De hecho, la Junta considera que el Gobierno «está utilizando un drama humano como la migración de menores para hacerle un favor a sus socios independentistas».La norma estatal que se recurre modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.Ahora la Junta pone en tela de juicio la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justifica la aprobación de este RDL y considera que, aunque la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022, por lo que entiende que no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000.La Junta de Andalucía considera que el texto extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos.Independientemente de la vía judicial emprendida, «no se paraliza» la actuación por lo que, aunque la Junta no esté a favor del reparto de menas que pretende el Gobierno central y que supone enviar muchos más a Andalucía que a otras comunidades como Cataluña, la Consejería de Inclusión Social «está trabajando» en resolver la situación de estos menores y cumplirá la ley. En cualquier caso la Junta considera que esta norma debería ser consensuada entre todas las comunidades y contar con financiación suficiente.«Si no fuera por las comunidades autónomas, España ya habría colapsado», ha dicho la consejera recordando que «cuando no es la luz, es el tren o las telecomunicaciones y quienes mantienen el Estado del Bienestar son las comunidades autónomas», ha insistido. Por eso la consejera defiende que las comunidades son «el dique de contención del sanchismo».Ha recordado que el Gobierno tiene que poner encima de la mesa los recursos, y los medios necesarios y que, al final, todo es cuestión de financiación. «No hay manera de poder atender los servicios como se merecen los ciudadanos», ha dicho recordando que el presidente de la Junta reclamó en la Conferencia de Presidentes un nuevo modelo de financiación como hizo la ex consejera de Hacienda y actual vicepresidenta, la socialista María Jesús Montero.Falta de recursosEn este sentido España cree que el de Sánchez es un gobierno que le está «saliendo muy caro» a todos los andaluces. «Tenemos una vicepresidenta que es andaluza y no puede hacer oídos sordos y callarse ante tanta injusticia», ha recalcado la portavoz preguntándose porque no hay nunca recursos para Andalucía y sí los hay para sus socios.También ha calificado de «nuevo maltrato» a Andalucía que el Gobierno haya dado luz verde a la ampliación del aeropuerto de El Prat por lo que ha exigido una actuación similar para los de Málaga y Sevilla. Durante su comparecencia, la portavoz del Gobierno andaluz también se ha referido al procesamiento del fiscal general del Estado. «Quien nos iba a decir que íbamos a ver a un fiscal que está a punto de sentarse en el banquillo, a un gobierno en parálisis permanentes que no tiene PGE y sometido al capricho independentistas y con unos servicios públicos de mal en peor», ha insistido. RSS de noticias de espana
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