Exhaustos. Al límite. Los bomberos exploran los confines de su fortaleza física mental, en la frontera de su resistencia. Los expertos se afanan para controlar el incendio de Niebla, como hace semanas en Los Gallardos de Almería y dos meses en Villanueva de los Castillejos. Estos fuegos comparten señas e identidad: generan una enorme cantidad de energía y serpentean con los cambios de viento de tal manera que resultan imposibles de extinguir. Es la nueva realidad, un escenario diferente al que habrá que enfrentarse de forma diversa. Con más y mejor anticipación. Y más dinero.Entre las explicaciones para entender el porqué de estas catástrofes tan virulentas (siempre han existido, pero no tan voraces), hay que detenerse en una razón sociológica: los hábitos de vida han cambiado . En estas últimas décadas se ha producido un trasvase de población del campo a la ciudad. «Antes, el monte aportaba muchos recursos, generaba actividad, trabajo, economía, y fijaba no sólo población rural sino personas que vivían de él. Ahora, hay menos gente, se le saca menor rentabilidad», apunta la portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía, Ana Warleta. Esta transformación ha derivado «en una situación más de abandono», y son cuatro millones y medio de hectáreas de superficie forestal en Andalucía.Todas esas personas que habitaban y se favorecían de las bondades del monte lo tenían ‘limpio’ y preparado, bien gestionado, con podas, desbroces, clareos y retirada de vegetación que es el combustible de estos incendios. El peso de la prevención recaía principalmente en ellas. Toda esa labor se ha ido desvaneciendo y ha sumido al campo en un contexto de peligroso descuido, pues durante años se ha ido acumulando follaje en toda la comunidad.Nueva ley frente a los incendiosExtinguir uno de estos incendios cuesta unas diez veces más que prevenirlos . Por ello, la Junta de Andalucía ha multiplicado la inversión en estos últimos ocho años. El plan Infoca , dependiente de la Consejería de Emergencias, asigna alrededor de la mitad de su presupuesto (271 millones de euros) para labores de prevención. 146 millones en 2025, un poco más este mismo curso.A su vez, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad trabaja todo el año para anticiparse al fuego y reducir su impacto a través de la selvicultura preventiva , labores de pastoreo, mejora de caminos y vías pecuarias y concienciación social. El Gobierno andaluz destinó 28 millones de euros el año pasado en trabajos selvícolas, un 617,95% más que en el 2018. El Ejecutivo socialista, entonces invirtió 3,9 millones de euros, y ya se había sufrido la gravísima catástrofe originada en Moguer y que alcanzó Doñana. La pasada temporada se certificaron 40 obras para estos tratamientos selvícolas y se licitaron 18 proyectos, muestra de esta intensificación.A estos trabajos han de sumarse las tareas de poda y clareos para mantener las zonas de cortafuegos (el curso pasado fueron más de 2.650 hectáreas) y los 2.000 kilómetros de camino forestal para mejorar los accesos a los medios de extinción. También la actuación sobre 1.800 kilómetros de vías pecuarias (desde 2019). La mejora de las infraestructuras forestales son decisivas para una posterior actuación. Trabajos selvícolas, pastoreo y mejoras de caminosPara prepararse, han incrementado las labores de pastoreo, con 90.500 cabezas de ganado participando en estas faenas en 173 zonas de Andalucía (5.100 hectáreas). En el plan de prevención de la Junta se incluyen campañas de educación y concienciación a los ciudadanos, dirigidas a escolares, cazadores y agricultores. Por último, la Consejería ha contactado con los ayuntamientos de más de 600 municipios para informales de la obligación de tener un plan de emergencias.La comunidad ha dado un paso al frente en la prevención estructural, con un nuevo modelo que ha permitido profesionalizar las líneas de trabajo y mejorar la planificación. Sin embargo, se queda corto, de momento. Los expertos consideran que habría que invertir al menos el doble de lo que se destina en el presupuesto andaluz para reforzar los trabajos preventivos. El campo andaluz no está en óptimas condiciones. « Requeriría una inversión muy grande para romper la continuidad tanto horizontal como vertical del combustible, consecuencia de muchos años de abandono», reflexiona Warleta.No obstante, esos esfuerzos económicos han de ir combinados con una ‘revalorización’ del campo, pues «tener montes productivos que generen ingresos es conservación. Se le puede sacar rentabilidad y eso generaría empleo». Es el gran reto, porque frenaría la despoblación, impulsaría la economía y, a la vez, se protege al monte.La gran reclamación tanto de los ingenieros como de los propietarios privados es que para afrontar ese desafío necesitan más apoyo, más facilidad, menos burocracia. Son los pilares sobre los que se cimenta la nueva Ley de Montes que entró en vigor este mes de marzo y que todavía necesitará de tiempo para su desarrollo. «La ley es el primer paso» , reconoce Ana Warleta. «Son dos años para aprobar el reglamento. El camino tiene buena perspectiva pero acaba de empezar».Un capítulo entero dedicado a la prevenciónLa ley dedica un capítulo completo a la prevención de los incendios forestales, y establece una planificación a tres escalas : regional (mediante planes anuales para prevención, vigilancia y extinción), comarcal y de monte o grupo de montes. Siempre estarán controlados y deben revisarse, en todo caso, cada diez años, y cada cinco debe acreditarse la ejecución de los trabajos preventivos. Es de carácter obligatorio, y los propietarios, públicos y privados, han de cumplir con lo previsto en sus instrumentos de ordenación.El 70% de la superficie forestal de la región se explota de manera particular. Los dueños se quejan amargamente de la excesiva burocracia , de la cantidad de trámites que se necesitan para realizar pequeñas labores, cuya tardanza en la aprobación acaba generando desidia y desinterés. De las pocas ayudas que reciben, procedente de la Unión Europea, y que no se gestionan de manera eficaz ni eficiente. Del componente ideológico de muchas medidas elaboradas en un despacho por personas sin suficiente experiencia que confunden protección con abandono. «Las corrientes ecologistas que abogan por la no-intervención lo hacen bajo una premisa falsa: que la naturaleza es sabia y se regula, pero la intervención humana es vital», apuntaba el decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Andalucía, Juan Carlos Gómez Méndez. En definitiva, de que sus demandas ni siquiera se escuchan, más allá de ser atendidas. Critican que la Junta destinó menos del 0,3% de su presupuesto global a la política forestal , una cantidad que no llegó a cubrir ni el 30% de lo planificado en el Plan Forestal Andaluz.La ley de Montes tiene en su germen la firme intención de simplificar el papeleo y lograr una mayor agilidad administrativa. Se ha impulsado una nueva estructura administrativa para acortar los plazos administrativos. Las ayudas forestales se tramitan mediante aplicaciones informáticas que han sido rediseñadas y mejoradas para agilizar el sistema. No basta con poner dinero para que se haga prevención; hay que conseguir que las ayudas lleguen y que los trabajos puedan ejecutarse con rapidez.«Ha caído sobre ellos mucho peso en esa obligación de conservación, con demasiados obstáculos y trabas para sacar ciertos aprovechamientos de sus propios montes», explica Warleta. «Hay que darles facilidades e incentivos para que se ejecuten sus planes de prevención. Esta nueva normativa recoge mucho más apoyo y por lo menos tiene en cuenta los montes de propiedad privada, que en la anterior prácticamente no se nombraban».Más dureza con los propietariosA la par, la Junta endurece sus actuaciones en caso de incumplimiento. Si los obligados no realizan los trabajos preventivos, la Consejería puede ejecutarlos subsidiariamente y exigirles su coste, además de adoptar las medidas preventivas e imponer las sanciones correspondientes (artículo 103). Queda por escrito, pero supone la incursión en un laberinto jurídico-administrativo y antes la administración ha de tener sus propios terrenos en estado óptimo. Y no los tiene.La inversión destinada a la prevención «es ridículamente baja» (según Warleta) en comparación con lo que se dedica a la extinción, unas diez veces más. Los andaluces pagan 12.500 euros por apagar cada hectárea en un incendio.Al fin se abandona el vacío normativo , y ahora hay que proceder al desarrollo reglamentario. Se mantiene la protección después del incendio, y como regla general los terrenos afectados no pueden cambiar de uso durante treinta años, para evitar especulaciones inmobiliarias. «Siempre se puede hacer más», finaliza la ingeniera de montes. «Pero no es una cuestión puntual de este curso, sino de muchos años acumulados. Tengo confianza en el cambio. Desgraciadamente, ha tenido que ocurrir todo esto para que vayamos viendo la necesidad de que hay que cambiar muchas cosas». Exhaustos. Al límite. Los bomberos exploran los confines de su fortaleza física mental, en la frontera de su resistencia. Los expertos se afanan para controlar el incendio de Niebla, como hace semanas en Los Gallardos de Almería y dos meses en Villanueva de los Castillejos. Estos fuegos comparten señas e identidad: generan una enorme cantidad de energía y serpentean con los cambios de viento de tal manera que resultan imposibles de extinguir. Es la nueva realidad, un escenario diferente al que habrá que enfrentarse de forma diversa. Con más y mejor anticipación. Y más dinero.Entre las explicaciones para entender el porqué de estas catástrofes tan virulentas (siempre han existido, pero no tan voraces), hay que detenerse en una razón sociológica: los hábitos de vida han cambiado . En estas últimas décadas se ha producido un trasvase de población del campo a la ciudad. «Antes, el monte aportaba muchos recursos, generaba actividad, trabajo, economía, y fijaba no sólo población rural sino personas que vivían de él. Ahora, hay menos gente, se le saca menor rentabilidad», apunta la portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía, Ana Warleta. Esta transformación ha derivado «en una situación más de abandono», y son cuatro millones y medio de hectáreas de superficie forestal en Andalucía.Todas esas personas que habitaban y se favorecían de las bondades del monte lo tenían ‘limpio’ y preparado, bien gestionado, con podas, desbroces, clareos y retirada de vegetación que es el combustible de estos incendios. El peso de la prevención recaía principalmente en ellas. Toda esa labor se ha ido desvaneciendo y ha sumido al campo en un contexto de peligroso descuido, pues durante años se ha ido acumulando follaje en toda la comunidad.Nueva ley frente a los incendiosExtinguir uno de estos incendios cuesta unas diez veces más que prevenirlos . Por ello, la Junta de Andalucía ha multiplicado la inversión en estos últimos ocho años. El plan Infoca , dependiente de la Consejería de Emergencias, asigna alrededor de la mitad de su presupuesto (271 millones de euros) para labores de prevención. 146 millones en 2025, un poco más este mismo curso.A su vez, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad trabaja todo el año para anticiparse al fuego y reducir su impacto a través de la selvicultura preventiva , labores de pastoreo, mejora de caminos y vías pecuarias y concienciación social. El Gobierno andaluz destinó 28 millones de euros el año pasado en trabajos selvícolas, un 617,95% más que en el 2018. El Ejecutivo socialista, entonces invirtió 3,9 millones de euros, y ya se había sufrido la gravísima catástrofe originada en Moguer y que alcanzó Doñana. La pasada temporada se certificaron 40 obras para estos tratamientos selvícolas y se licitaron 18 proyectos, muestra de esta intensificación.A estos trabajos han de sumarse las tareas de poda y clareos para mantener las zonas de cortafuegos (el curso pasado fueron más de 2.650 hectáreas) y los 2.000 kilómetros de camino forestal para mejorar los accesos a los medios de extinción. También la actuación sobre 1.800 kilómetros de vías pecuarias (desde 2019). La mejora de las infraestructuras forestales son decisivas para una posterior actuación. Trabajos selvícolas, pastoreo y mejoras de caminosPara prepararse, han incrementado las labores de pastoreo, con 90.500 cabezas de ganado participando en estas faenas en 173 zonas de Andalucía (5.100 hectáreas). En el plan de prevención de la Junta se incluyen campañas de educación y concienciación a los ciudadanos, dirigidas a escolares, cazadores y agricultores. Por último, la Consejería ha contactado con los ayuntamientos de más de 600 municipios para informales de la obligación de tener un plan de emergencias.La comunidad ha dado un paso al frente en la prevención estructural, con un nuevo modelo que ha permitido profesionalizar las líneas de trabajo y mejorar la planificación. Sin embargo, se queda corto, de momento. Los expertos consideran que habría que invertir al menos el doble de lo que se destina en el presupuesto andaluz para reforzar los trabajos preventivos. El campo andaluz no está en óptimas condiciones. « Requeriría una inversión muy grande para romper la continuidad tanto horizontal como vertical del combustible, consecuencia de muchos años de abandono», reflexiona Warleta.No obstante, esos esfuerzos económicos han de ir combinados con una ‘revalorización’ del campo, pues «tener montes productivos que generen ingresos es conservación. Se le puede sacar rentabilidad y eso generaría empleo». Es el gran reto, porque frenaría la despoblación, impulsaría la economía y, a la vez, se protege al monte.La gran reclamación tanto de los ingenieros como de los propietarios privados es que para afrontar ese desafío necesitan más apoyo, más facilidad, menos burocracia. Son los pilares sobre los que se cimenta la nueva Ley de Montes que entró en vigor este mes de marzo y que todavía necesitará de tiempo para su desarrollo. «La ley es el primer paso» , reconoce Ana Warleta. «Son dos años para aprobar el reglamento. El camino tiene buena perspectiva pero acaba de empezar».Un capítulo entero dedicado a la prevenciónLa ley dedica un capítulo completo a la prevención de los incendios forestales, y establece una planificación a tres escalas : regional (mediante planes anuales para prevención, vigilancia y extinción), comarcal y de monte o grupo de montes. Siempre estarán controlados y deben revisarse, en todo caso, cada diez años, y cada cinco debe acreditarse la ejecución de los trabajos preventivos. Es de carácter obligatorio, y los propietarios, públicos y privados, han de cumplir con lo previsto en sus instrumentos de ordenación.El 70% de la superficie forestal de la región se explota de manera particular. Los dueños se quejan amargamente de la excesiva burocracia , de la cantidad de trámites que se necesitan para realizar pequeñas labores, cuya tardanza en la aprobación acaba generando desidia y desinterés. De las pocas ayudas que reciben, procedente de la Unión Europea, y que no se gestionan de manera eficaz ni eficiente. Del componente ideológico de muchas medidas elaboradas en un despacho por personas sin suficiente experiencia que confunden protección con abandono. «Las corrientes ecologistas que abogan por la no-intervención lo hacen bajo una premisa falsa: que la naturaleza es sabia y se regula, pero la intervención humana es vital», apuntaba el decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Andalucía, Juan Carlos Gómez Méndez. En definitiva, de que sus demandas ni siquiera se escuchan, más allá de ser atendidas. Critican que la Junta destinó menos del 0,3% de su presupuesto global a la política forestal , una cantidad que no llegó a cubrir ni el 30% de lo planificado en el Plan Forestal Andaluz.La ley de Montes tiene en su germen la firme intención de simplificar el papeleo y lograr una mayor agilidad administrativa. Se ha impulsado una nueva estructura administrativa para acortar los plazos administrativos. Las ayudas forestales se tramitan mediante aplicaciones informáticas que han sido rediseñadas y mejoradas para agilizar el sistema. No basta con poner dinero para que se haga prevención; hay que conseguir que las ayudas lleguen y que los trabajos puedan ejecutarse con rapidez.«Ha caído sobre ellos mucho peso en esa obligación de conservación, con demasiados obstáculos y trabas para sacar ciertos aprovechamientos de sus propios montes», explica Warleta. «Hay que darles facilidades e incentivos para que se ejecuten sus planes de prevención. Esta nueva normativa recoge mucho más apoyo y por lo menos tiene en cuenta los montes de propiedad privada, que en la anterior prácticamente no se nombraban».Más dureza con los propietariosA la par, la Junta endurece sus actuaciones en caso de incumplimiento. Si los obligados no realizan los trabajos preventivos, la Consejería puede ejecutarlos subsidiariamente y exigirles su coste, además de adoptar las medidas preventivas e imponer las sanciones correspondientes (artículo 103). Queda por escrito, pero supone la incursión en un laberinto jurídico-administrativo y antes la administración ha de tener sus propios terrenos en estado óptimo. Y no los tiene.La inversión destinada a la prevención «es ridículamente baja» (según Warleta) en comparación con lo que se dedica a la extinción, unas diez veces más. Los andaluces pagan 12.500 euros por apagar cada hectárea en un incendio.Al fin se abandona el vacío normativo , y ahora hay que proceder al desarrollo reglamentario. Se mantiene la protección después del incendio, y como regla general los terrenos afectados no pueden cambiar de uso durante treinta años, para evitar especulaciones inmobiliarias. «Siempre se puede hacer más», finaliza la ingeniera de montes. «Pero no es una cuestión puntual de este curso, sino de muchos años acumulados. Tengo confianza en el cambio. Desgraciadamente, ha tenido que ocurrir todo esto para que vayamos viendo la necesidad de que hay que cambiar muchas cosas». Exhaustos. Al límite. Los bomberos exploran los confines de su fortaleza física mental, en la frontera de su resistencia. Los expertos se afanan para controlar el incendio de Niebla, como hace semanas en Los Gallardos de Almería y dos meses en Villanueva de los Castillejos. Estos fuegos comparten señas e identidad: generan una enorme cantidad de energía y serpentean con los cambios de viento de tal manera que resultan imposibles de extinguir. Es la nueva realidad, un escenario diferente al que habrá que enfrentarse de forma diversa. Con más y mejor anticipación. Y más dinero.Entre las explicaciones para entender el porqué de estas catástrofes tan virulentas (siempre han existido, pero no tan voraces), hay que detenerse en una razón sociológica: los hábitos de vida han cambiado . En estas últimas décadas se ha producido un trasvase de población del campo a la ciudad. «Antes, el monte aportaba muchos recursos, generaba actividad, trabajo, economía, y fijaba no sólo población rural sino personas que vivían de él. Ahora, hay menos gente, se le saca menor rentabilidad», apunta la portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía, Ana Warleta. Esta transformación ha derivado «en una situación más de abandono», y son cuatro millones y medio de hectáreas de superficie forestal en Andalucía.Todas esas personas que habitaban y se favorecían de las bondades del monte lo tenían ‘limpio’ y preparado, bien gestionado, con podas, desbroces, clareos y retirada de vegetación que es el combustible de estos incendios. El peso de la prevención recaía principalmente en ellas. Toda esa labor se ha ido desvaneciendo y ha sumido al campo en un contexto de peligroso descuido, pues durante años se ha ido acumulando follaje en toda la comunidad.Nueva ley frente a los incendiosExtinguir uno de estos incendios cuesta unas diez veces más que prevenirlos . Por ello, la Junta de Andalucía ha multiplicado la inversión en estos últimos ocho años. El plan Infoca , dependiente de la Consejería de Emergencias, asigna alrededor de la mitad de su presupuesto (271 millones de euros) para labores de prevención. 146 millones en 2025, un poco más este mismo curso.A su vez, la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad trabaja todo el año para anticiparse al fuego y reducir su impacto a través de la selvicultura preventiva , labores de pastoreo, mejora de caminos y vías pecuarias y concienciación social. El Gobierno andaluz destinó 28 millones de euros el año pasado en trabajos selvícolas, un 617,95% más que en el 2018. El Ejecutivo socialista, entonces invirtió 3,9 millones de euros, y ya se había sufrido la gravísima catástrofe originada en Moguer y que alcanzó Doñana. La pasada temporada se certificaron 40 obras para estos tratamientos selvícolas y se licitaron 18 proyectos, muestra de esta intensificación.A estos trabajos han de sumarse las tareas de poda y clareos para mantener las zonas de cortafuegos (el curso pasado fueron más de 2.650 hectáreas) y los 2.000 kilómetros de camino forestal para mejorar los accesos a los medios de extinción. También la actuación sobre 1.800 kilómetros de vías pecuarias (desde 2019). La mejora de las infraestructuras forestales son decisivas para una posterior actuación. Trabajos selvícolas, pastoreo y mejoras de caminosPara prepararse, han incrementado las labores de pastoreo, con 90.500 cabezas de ganado participando en estas faenas en 173 zonas de Andalucía (5.100 hectáreas). En el plan de prevención de la Junta se incluyen campañas de educación y concienciación a los ciudadanos, dirigidas a escolares, cazadores y agricultores. Por último, la Consejería ha contactado con los ayuntamientos de más de 600 municipios para informales de la obligación de tener un plan de emergencias.La comunidad ha dado un paso al frente en la prevención estructural, con un nuevo modelo que ha permitido profesionalizar las líneas de trabajo y mejorar la planificación. Sin embargo, se queda corto, de momento. Los expertos consideran que habría que invertir al menos el doble de lo que se destina en el presupuesto andaluz para reforzar los trabajos preventivos. El campo andaluz no está en óptimas condiciones. « Requeriría una inversión muy grande para romper la continuidad tanto horizontal como vertical del combustible, consecuencia de muchos años de abandono», reflexiona Warleta.No obstante, esos esfuerzos económicos han de ir combinados con una ‘revalorización’ del campo, pues «tener montes productivos que generen ingresos es conservación. Se le puede sacar rentabilidad y eso generaría empleo». Es el gran reto, porque frenaría la despoblación, impulsaría la economía y, a la vez, se protege al monte.La gran reclamación tanto de los ingenieros como de los propietarios privados es que para afrontar ese desafío necesitan más apoyo, más facilidad, menos burocracia. Son los pilares sobre los que se cimenta la nueva Ley de Montes que entró en vigor este mes de marzo y que todavía necesitará de tiempo para su desarrollo. «La ley es el primer paso» , reconoce Ana Warleta. «Son dos años para aprobar el reglamento. El camino tiene buena perspectiva pero acaba de empezar».Un capítulo entero dedicado a la prevenciónLa ley dedica un capítulo completo a la prevención de los incendios forestales, y establece una planificación a tres escalas : regional (mediante planes anuales para prevención, vigilancia y extinción), comarcal y de monte o grupo de montes. Siempre estarán controlados y deben revisarse, en todo caso, cada diez años, y cada cinco debe acreditarse la ejecución de los trabajos preventivos. Es de carácter obligatorio, y los propietarios, públicos y privados, han de cumplir con lo previsto en sus instrumentos de ordenación.El 70% de la superficie forestal de la región se explota de manera particular. Los dueños se quejan amargamente de la excesiva burocracia , de la cantidad de trámites que se necesitan para realizar pequeñas labores, cuya tardanza en la aprobación acaba generando desidia y desinterés. De las pocas ayudas que reciben, procedente de la Unión Europea, y que no se gestionan de manera eficaz ni eficiente. Del componente ideológico de muchas medidas elaboradas en un despacho por personas sin suficiente experiencia que confunden protección con abandono. «Las corrientes ecologistas que abogan por la no-intervención lo hacen bajo una premisa falsa: que la naturaleza es sabia y se regula, pero la intervención humana es vital», apuntaba el decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Andalucía, Juan Carlos Gómez Méndez. En definitiva, de que sus demandas ni siquiera se escuchan, más allá de ser atendidas. Critican que la Junta destinó menos del 0,3% de su presupuesto global a la política forestal , una cantidad que no llegó a cubrir ni el 30% de lo planificado en el Plan Forestal Andaluz.La ley de Montes tiene en su germen la firme intención de simplificar el papeleo y lograr una mayor agilidad administrativa. Se ha impulsado una nueva estructura administrativa para acortar los plazos administrativos. Las ayudas forestales se tramitan mediante aplicaciones informáticas que han sido rediseñadas y mejoradas para agilizar el sistema. No basta con poner dinero para que se haga prevención; hay que conseguir que las ayudas lleguen y que los trabajos puedan ejecutarse con rapidez.«Ha caído sobre ellos mucho peso en esa obligación de conservación, con demasiados obstáculos y trabas para sacar ciertos aprovechamientos de sus propios montes», explica Warleta. «Hay que darles facilidades e incentivos para que se ejecuten sus planes de prevención. Esta nueva normativa recoge mucho más apoyo y por lo menos tiene en cuenta los montes de propiedad privada, que en la anterior prácticamente no se nombraban».Más dureza con los propietariosA la par, la Junta endurece sus actuaciones en caso de incumplimiento. Si los obligados no realizan los trabajos preventivos, la Consejería puede ejecutarlos subsidiariamente y exigirles su coste, además de adoptar las medidas preventivas e imponer las sanciones correspondientes (artículo 103). Queda por escrito, pero supone la incursión en un laberinto jurídico-administrativo y antes la administración ha de tener sus propios terrenos en estado óptimo. Y no los tiene.La inversión destinada a la prevención «es ridículamente baja» (según Warleta) en comparación con lo que se dedica a la extinción, unas diez veces más. Los andaluces pagan 12.500 euros por apagar cada hectárea en un incendio.Al fin se abandona el vacío normativo , y ahora hay que proceder al desarrollo reglamentario. Se mantiene la protección después del incendio, y como regla general los terrenos afectados no pueden cambiar de uso durante treinta años, para evitar especulaciones inmobiliarias. «Siempre se puede hacer más», finaliza la ingeniera de montes. «Pero no es una cuestión puntual de este curso, sino de muchos años acumulados. Tengo confianza en el cambio. Desgraciadamente, ha tenido que ocurrir todo esto para que vayamos viendo la necesidad de que hay que cambiar muchas cosas». RSS de noticias de espana/andalucia
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