La aplicación de la nueva Ley de justicia del Gobierno central supondría que Andalucía deba afrontar un gasto de 54,4 millones de euros para una norma que nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora ese dinero al ejecutivo de Pedro Sánchez . Es un dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.Según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al término del consejo de gobierno de este martes, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades autónomas se verán obligadas a asumir el proceso de trasformación de la justicia sin tiempo y sin financiación . Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.Se trata de la reforma introducida en la Administración de Justicia con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una reforma que la Junta considera «necesaria», pero que se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.Según la Junta, implementar esta Ley en Andalucía supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia , 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año.Por ello, según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los siguientes gastos:4.586.205,24€ de las nuevas necesidades en materia de Recursos Humanos.19.837.655,68€ para infraestructuras y dispositivos digitales. 1.156.549,12€ para ampliar la Orden de Bases y Módulos del Turno de Oficio.20.720.319,20€ para la adaptación de infraestructuras físicas y tecnológicas.8.121.203,24€ para servicios de implantación de Medios Adecuados a la Solución de Controversias (MASC) en todas las jurisdicciones.El perjuicio económico provisional para la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía asciende a un total de 54.421.932,48€. A esta cifra hay que sumar la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que ha sido excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su territorio.Nieto ha recordado que no es la primera ley en materia de justicia que no se ha consensuado. «Cuando en toda Europa apenas se han repuesto de lo que supone que el fiscal general del estado sea procesado, hoy toda España tiene que ver como los jueces convocan un paro que demuestra en que estado de descomposición se encuentra la Justicia«, ha dicho Nieto. La aplicación de la nueva Ley de justicia del Gobierno central supondría que Andalucía deba afrontar un gasto de 54,4 millones de euros para una norma que nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora ese dinero al ejecutivo de Pedro Sánchez . Es un dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.Según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al término del consejo de gobierno de este martes, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades autónomas se verán obligadas a asumir el proceso de trasformación de la justicia sin tiempo y sin financiación . Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.Se trata de la reforma introducida en la Administración de Justicia con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una reforma que la Junta considera «necesaria», pero que se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.Según la Junta, implementar esta Ley en Andalucía supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia , 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año.Por ello, según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los siguientes gastos:4.586.205,24€ de las nuevas necesidades en materia de Recursos Humanos.19.837.655,68€ para infraestructuras y dispositivos digitales. 1.156.549,12€ para ampliar la Orden de Bases y Módulos del Turno de Oficio.20.720.319,20€ para la adaptación de infraestructuras físicas y tecnológicas.8.121.203,24€ para servicios de implantación de Medios Adecuados a la Solución de Controversias (MASC) en todas las jurisdicciones.El perjuicio económico provisional para la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía asciende a un total de 54.421.932,48€. A esta cifra hay que sumar la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que ha sido excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su territorio.Nieto ha recordado que no es la primera ley en materia de justicia que no se ha consensuado. «Cuando en toda Europa apenas se han repuesto de lo que supone que el fiscal general del estado sea procesado, hoy toda España tiene que ver como los jueces convocan un paro que demuestra en que estado de descomposición se encuentra la Justicia«, ha dicho Nieto. La aplicación de la nueva Ley de justicia del Gobierno central supondría que Andalucía deba afrontar un gasto de 54,4 millones de euros para una norma que nace sin consenso y sin la financiación estatal necesaria para ello. Por ello la Junta de Andalucía reclama ahora ese dinero al ejecutivo de Pedro Sánchez . Es un dinero que la Junta ha tenido que asumir como una «carga» y reorganizando partidas presupuestarias.Según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, al término del consejo de gobierno de este martes, la ley se ha sacado adelante sin consenso de las comunidades autónomas ni los informes preceptivos. Por ello las comunidades autónomas se verán obligadas a asumir el proceso de trasformación de la justicia sin tiempo y sin financiación . Una reforma que se llevará a cabo «en el periodo más corto» que ninguna otra norma y sin memoria económica.Se trata de la reforma introducida en la Administración de Justicia con la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Una reforma que la Junta considera «necesaria», pero que se ha llevado a cabo sin consenso político ni aportaciones jurídicas y técnicas para mejorar el sistema. Además, no cuenta con la financiación ni con el apoyo técnico del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, a las que se les ha impuesto un plazo de solo un año para su implementación.Según la Junta, implementar esta Ley en Andalucía supone la transformación de 695 juzgados en 85 Tribunales de Instancia , 700 juzgados de paz en Oficinas de Justicia en el Municipio y 85 nuevas Oficinas del Registro Civil. Esto requiere elaborar relaciones de puestos de trabajo que afectan a más de 9.000 funcionarios en menos de un año.Por ello, según ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, la administración de la Junta de Andalucía tendrá que asumir los siguientes gastos:4.586.205,24€ de las nuevas necesidades en materia de Recursos Humanos.19.837.655,68€ para infraestructuras y dispositivos digitales. 1.156.549,12€ para ampliar la Orden de Bases y Módulos del Turno de Oficio.20.720.319,20€ para la adaptación de infraestructuras físicas y tecnológicas.8.121.203,24€ para servicios de implantación de Medios Adecuados a la Solución de Controversias (MASC) en todas las jurisdicciones.El perjuicio económico provisional para la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía asciende a un total de 54.421.932,48€. A esta cifra hay que sumar la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que ha sido excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su territorio.Nieto ha recordado que no es la primera ley en materia de justicia que no se ha consensuado. «Cuando en toda Europa apenas se han repuesto de lo que supone que el fiscal general del estado sea procesado, hoy toda España tiene que ver como los jueces convocan un paro que demuestra en que estado de descomposición se encuentra la Justicia«, ha dicho Nieto. RSS de noticias de espana/andalucia
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