La Agencia Valenciana Antifraude ha reprochado a la Generalitat Valenciana el trato que dio a las denuncias por tres presuntos casos de mala praxis en el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-SAMU) y reclama a la Administración autonómica que ponga en marcha un procedimiento específico que dé seguridad jurídica a la tramitación de este tipo de quejas internas entre los profesionales.La investigación tiene su origen en las denuncias formuladas por cuatro enfermeras, que entre 2020 y 2023 alertaron de actuaciones en las que consideraban que no se había procedido correctamente. El organismo público adscrito a las Cortes Valencianas no entra a valorar si fue así o no, cuestión que corresponde a otros órganos sanitarios o jurisdiccionales, sino que se centra en cómo gestionó las quejas el Gobierno regional de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem bajo el liderazgo de Ximo Puig. El Servicio sí solicitó información, revisó documentos o llevó a cabo comparecencias al respecto. Si embargo, Antifraude considera su actuación insuficiente y dispar pese a tratarse de casos similares: «Constan entrevistas o valoraciones que se afirman realizadas, pero que no fueron documentadas mediante acta, informe o diligencia incorporada al expediente. Igualmente, algunas decisiones de archivo se fundamentaron en expresiones genéricas o conclusiones categóricas, sin incorporar un análisis técnico suficientemente desarrollado de los hechos asistenciales denunciados».MÁS INFORMACIÓN«La Administración puede, legítimamente, concluir que no existen elementos suficientes para continuar un expediente o para proponer la incoación de actuaciones disciplinarias, sancionadoras o de otro tipo. No obstante, cuando los hechos denunciados afectan a actuaciones sanitarias de urgencia, con posible afectación grave a la vida o integridad de los pacientes, la decisión de archivo exige una motivación reforzada, clara, trazable y documentalmente verificable. No basta, por tanto, con afirmar que no se aprecian hechos disciplinariamente relevantes si el objeto material de la denuncia se refería, de forma principal, a la posible incorrección técnica de una actuación médica», señala la resolución.Reclama, además, más trasparencia. «Consta que el denunciante solicitó aclaraciones sobre el archivo de las actuaciones y que fue necesaria la intervención del Síndic de Greuges para instar a la Administración a proporcionar una respuesta expresa, directa y congruente a las cuestiones planteadas», critica.Del mismo modo, recomienda a la Conselleria de Sanidad que valore si pueden derivarse responsabilidades entre los funcionarios o cargos que participaron en el procedimiento tras ponerse de manifiesto «la existencia de posibles deficiencias» en «la tramitación de las denuncias, en la documentación de determinadas actuaciones, en la motivación de algunos archivos y en la respuesta ofrecida a solicitudes de información».De hecho, ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la Generalitat, las profesionales trasladaron la situación al Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, que llevó el asunto a Antifraude. Según ha indicado esta entidad en un comunicado, «ninguno de los tres facultativos denunciados continúa ocupando actualmente el mismo puesto que desempeñaba en el SAMU cuando ocurrieron los hechos investigados». El informe de Antifraude no condena la actuación clínica de los profesionales denunciados, pero sí recomienda al colegio que estudie la posibilidad de emprender las acciones legales, profesionales, deontológicas o jurisdiccionales que considere oportunas si entiende que de toda la documentación recopilada pueden desprenderse indicios suficientes para continuar la investigación por otras vías. La Agencia Valenciana Antifraude ha reprochado a la Generalitat Valenciana el trato que dio a las denuncias por tres presuntos casos de mala praxis en el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-SAMU) y reclama a la Administración autonómica que ponga en marcha un procedimiento específico que dé seguridad jurídica a la tramitación de este tipo de quejas internas entre los profesionales.La investigación tiene su origen en las denuncias formuladas por cuatro enfermeras, que entre 2020 y 2023 alertaron de actuaciones en las que consideraban que no se había procedido correctamente. El organismo público adscrito a las Cortes Valencianas no entra a valorar si fue así o no, cuestión que corresponde a otros órganos sanitarios o jurisdiccionales, sino que se centra en cómo gestionó las quejas el Gobierno regional de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem bajo el liderazgo de Ximo Puig. El Servicio sí solicitó información, revisó documentos o llevó a cabo comparecencias al respecto. Si embargo, Antifraude considera su actuación insuficiente y dispar pese a tratarse de casos similares: «Constan entrevistas o valoraciones que se afirman realizadas, pero que no fueron documentadas mediante acta, informe o diligencia incorporada al expediente. Igualmente, algunas decisiones de archivo se fundamentaron en expresiones genéricas o conclusiones categóricas, sin incorporar un análisis técnico suficientemente desarrollado de los hechos asistenciales denunciados».MÁS INFORMACIÓN«La Administración puede, legítimamente, concluir que no existen elementos suficientes para continuar un expediente o para proponer la incoación de actuaciones disciplinarias, sancionadoras o de otro tipo. No obstante, cuando los hechos denunciados afectan a actuaciones sanitarias de urgencia, con posible afectación grave a la vida o integridad de los pacientes, la decisión de archivo exige una motivación reforzada, clara, trazable y documentalmente verificable. No basta, por tanto, con afirmar que no se aprecian hechos disciplinariamente relevantes si el objeto material de la denuncia se refería, de forma principal, a la posible incorrección técnica de una actuación médica», señala la resolución.Reclama, además, más trasparencia. «Consta que el denunciante solicitó aclaraciones sobre el archivo de las actuaciones y que fue necesaria la intervención del Síndic de Greuges para instar a la Administración a proporcionar una respuesta expresa, directa y congruente a las cuestiones planteadas», critica.Del mismo modo, recomienda a la Conselleria de Sanidad que valore si pueden derivarse responsabilidades entre los funcionarios o cargos que participaron en el procedimiento tras ponerse de manifiesto «la existencia de posibles deficiencias» en «la tramitación de las denuncias, en la documentación de determinadas actuaciones, en la motivación de algunos archivos y en la respuesta ofrecida a solicitudes de información».De hecho, ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la Generalitat, las profesionales trasladaron la situación al Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, que llevó el asunto a Antifraude. Según ha indicado esta entidad en un comunicado, «ninguno de los tres facultativos denunciados continúa ocupando actualmente el mismo puesto que desempeñaba en el SAMU cuando ocurrieron los hechos investigados». El informe de Antifraude no condena la actuación clínica de los profesionales denunciados, pero sí recomienda al colegio que estudie la posibilidad de emprender las acciones legales, profesionales, deontológicas o jurisdiccionales que considere oportunas si entiende que de toda la documentación recopilada pueden desprenderse indicios suficientes para continuar la investigación por otras vías. La Agencia Valenciana Antifraude ha reprochado a la Generalitat Valenciana el trato que dio a las denuncias por tres presuntos casos de mala praxis en el Servicio de Emergencias Sanitarias (SES-SAMU) y reclama a la Administración autonómica que ponga en marcha un procedimiento específico que dé seguridad jurídica a la tramitación de este tipo de quejas internas entre los profesionales.La investigación tiene su origen en las denuncias formuladas por cuatro enfermeras, que entre 2020 y 2023 alertaron de actuaciones en las que consideraban que no se había procedido correctamente. El organismo público adscrito a las Cortes Valencianas no entra a valorar si fue así o no, cuestión que corresponde a otros órganos sanitarios o jurisdiccionales, sino que se centra en cómo gestionó las quejas el Gobierno regional de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem bajo el liderazgo de Ximo Puig. El Servicio sí solicitó información, revisó documentos o llevó a cabo comparecencias al respecto. Si embargo, Antifraude considera su actuación insuficiente y dispar pese a tratarse de casos similares: «Constan entrevistas o valoraciones que se afirman realizadas, pero que no fueron documentadas mediante acta, informe o diligencia incorporada al expediente. Igualmente, algunas decisiones de archivo se fundamentaron en expresiones genéricas o conclusiones categóricas, sin incorporar un análisis técnico suficientemente desarrollado de los hechos asistenciales denunciados».MÁS INFORMACIÓN«La Administración puede, legítimamente, concluir que no existen elementos suficientes para continuar un expediente o para proponer la incoación de actuaciones disciplinarias, sancionadoras o de otro tipo. No obstante, cuando los hechos denunciados afectan a actuaciones sanitarias de urgencia, con posible afectación grave a la vida o integridad de los pacientes, la decisión de archivo exige una motivación reforzada, clara, trazable y documentalmente verificable. No basta, por tanto, con afirmar que no se aprecian hechos disciplinariamente relevantes si el objeto material de la denuncia se refería, de forma principal, a la posible incorrección técnica de una actuación médica», señala la resolución.Reclama, además, más trasparencia. «Consta que el denunciante solicitó aclaraciones sobre el archivo de las actuaciones y que fue necesaria la intervención del Síndic de Greuges para instar a la Administración a proporcionar una respuesta expresa, directa y congruente a las cuestiones planteadas», critica.Del mismo modo, recomienda a la Conselleria de Sanidad que valore si pueden derivarse responsabilidades entre los funcionarios o cargos que participaron en el procedimiento tras ponerse de manifiesto «la existencia de posibles deficiencias» en «la tramitación de las denuncias, en la documentación de determinadas actuaciones, en la motivación de algunos archivos y en la respuesta ofrecida a solicitudes de información».De hecho, ante la falta de una respuesta satisfactoria por parte de la Generalitat, las profesionales trasladaron la situación al Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, que llevó el asunto a Antifraude. Según ha indicado esta entidad en un comunicado, «ninguno de los tres facultativos denunciados continúa ocupando actualmente el mismo puesto que desempeñaba en el SAMU cuando ocurrieron los hechos investigados». El informe de Antifraude no condena la actuación clínica de los profesionales denunciados, pero sí recomienda al colegio que estudie la posibilidad de emprender las acciones legales, profesionales, deontológicas o jurisdiccionales que considere oportunas si entiende que de toda la documentación recopilada pueden desprenderse indicios suficientes para continuar la investigación por otras vías. RSS de noticias de espana
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