Los corralones de la calle Castellar, en pleno corazón de Sevilla, eran un espacio vivo y dinámico, donde los zapateados de los bailaores y las academias de flamenco se enredaban con el martillar de carpinteros y orfebres, el crujido de la gubia en la madera de los imagineros, el zumbido de los tornos de los ceramistas, las caricias sordas de los pinceles de los talleres de pintura y las risas despreocupadas de los niños del colegio concertado Calderón de la Barca. Ahora, lo que se escucha son los gritos amenazadores de los trabajadores de una empresa de ‘desokupación’ contra una de las pocas inquilinas que siguen residiendo y resistiendo en esta suerte de nave industrial, un espacio único, inherente a la tradición y esencia socioeconómica de la capital andaluza que, como los otros corralones del centro de la ciudad, han sido -y en varios casos siguen siendo- lugares de creación e intercambio cultural y de conocimiento, donde los artesanos han desarrollado su trabajo durante décadas.
«Hemos denunciado y acudido a los juzgados, creyendo que el sistema podría funcionar»
Las inquilinas de los corralones de Castellar y el equipo de asesores legales que les apoyan lamentan la ausencia de respuesta por parte de las instituciones públicas cada vez que han llamado la atención sobre las situaciones de acoso y las irregularidades que han venido sufriendo en los últimos meses. «Llamamos a la policía, y antes acudían, pero ahora ya han dejado de venir o lo hacen muy tarde», señala Estefanía Rodríguez, una de las arrendatarias que sufre mayor hostigamiento. «Cuando llamé a la Policía Nacional para que me dejaran acceder a mi local, me dijeron que me pasara por la comisaría a recoger el atestado y tengo el juicio el próximo 16 de julio y no tenemos constancia de que exista», indica Eva Verbruggen, bailaora que teniendo contrato en vigor hasta el 1 de septiembre, se encontró con la cerradura de su academia de baile bloqueada el 1 de mayo. «Hemos denunciado y acudido a los juzgados, creyendo que el sistema podría funcional», incide Maca Sánchez, percusionista, en la misma situación que Verbruggen y que el 2 de mayo pidió medidas cautelares a los juzgados para poder acceder a su local, sin haber obtenido respuesta.
«Con la de denuncias que hay acumuladas, la Fiscalía tendría que haber abierto una investigación de oficio», sostiene Jaime Jover, profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y portavoz del Sindicato de Inquilinas. Fuentes oficiales reconocen a este diario que en ocasiones los agentes de la Policía Nacional han acudido a los corralones sin tener un conocimiento preciso de lo que sucedía -sobre todo cuando han sido llamados por la empresa de desokupación alertando de okupaciones inminentes, que en realidad eran celebraciones de comidas o reuniones para asesorarse ante la situación de acoso inmobiliario. Esas mismas fuentes indican que están recopilando todas las denuncias y recabando información sobre la situación administrativa del inmueble.
Los vecinos se rebelan contra la violencia ejercida por una empresa de ‘desokupación’ para vaciar un espacio destinado a artesanos y artistas y levantar un hotel y viviendas
Los corralones de la calle Castellar, en pleno corazón de Sevilla, eran un espacio vivo y dinámico, donde los zapateados de los bailaores y las academias de flamenco se enredaban con el martillar de carpinteros y orfebres, el crujido de la gubia en la madera de los imagineros, el zumbido de los tornos de los ceramistas, las caricias sordas de los pinceles de los talleres de pintura y las risas despreocupadas de los niños del colegio concertado Calderón de la Barca. Ahora, lo que se escucha son los gritos amenazadores de los trabajadores de una empresa de ‘desokupación’ contra una de las pocas inquilinas que siguen residiendo y resistiendo en esta suerte de nave industrial, un espacio único, inherente a la tradición y esencia socioeconómica de la capital andaluza que, como los otros corralones del centro de la ciudad, han sido -y en varios casos siguen siendo- lugares de creación e intercambio cultural y de conocimiento, donde los artesanos han desarrollado su trabajo durante décadas.
«Hemos denunciado y acudido a los juzgados, creyendo que el sistema podría funcionar»
Las inquilinas de los corralones de Castellar y el equipo de asesores legales que les apoyan lamentan la ausencia de respuesta por parte de las instituciones públicas cada vez que han llamado la atención sobre las situaciones de acoso y las irregularidades que han venido sufriendo en los últimos meses. «Llamamos a la policía, y antes acudían, pero ahora ya han dejado de venir o lo hacen muy tarde», señala Estefanía Rodríguez, una de las arrendatarias que sufre mayor hostigamiento. «Cuando llamé a la Policía Nacional para que me dejaran acceder a mi local, me dijeron que me pasara por la comisaría a recoger el atestado y tengo el juicio el próximo 16 de julio y no tenemos constancia de que exista», indica Eva Verbruggen, bailaora que teniendo contrato en vigor hasta el 1 de septiembre, se encontró con la cerradura de su academia de baile bloqueada el 1 de mayo. «Hemos denunciado y acudido a los juzgados, creyendo que el sistema podría funcional», incide Maca Sánchez, percusionista, en la misma situación que Verbruggen y que el 2 de mayo pidió medidas cautelares a los juzgados para poder acceder a su local, sin haber obtenido respuesta.
«Con la de denuncias que hay acumuladas, la Fiscalía tendría que haber abierto una investigación de oficio», sostiene Jaime Jover, profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y portavoz del Sindicato de Inquilinas. Fuentes oficiales reconocen a este diario que en ocasiones los agentes de la Policía Nacional han acudido a los corralones sin tener un conocimiento preciso de lo que sucedía -sobre todo cuando han sido llamados por la empresa de desokupación alertando de okupaciones inminentes, que en realidad eran celebraciones de comidas o reuniones para asesorarse ante la situación de acoso inmobiliario. Esas mismas fuentes indican que están recopilando todas las denuncias y recabando información sobre la situación administrativa del inmueble.
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