Cada martes por la mañana, horas antes de que se reúna el Pleno, pero sin la pompa mediática que tiene este, se da cita en el salón de Ministros la Mesa del Congreso de los Diputados . Un órgano poco glamuroso, que rara vez copa los grandes titulares de la prensa, pero cuyo poder es fundamental para controlar los ritmos parlamentarios y, en los casos más controvertidos, dirimir si una iniciativa es o no admisible, como pasó, sin ir más lejos, con la ley de amnistía a los encausados por el ‘procés’. Tener mayoría en ella, a día de hoy, permite detener el reloj de las iniciativas en función de intereses partidistas, políticos, y eso que se supone que su labor es eminentemente técnica, de trámite.Pero desde que el bipartidismo se diluyó y permitió la entrada de partidos de ámbito nacional con cierto peso, primero Podemos y Ciudadanos, después Vox y Sumar, la Mesa se ha transmutado en un órgano político cuyas decisiones favorecen el interés de su mayoría, que no siempre, ni mucho menos, se corresponde con el de la totalidad de los diputados de la Cámara Baja. El ejemplo más palmario es el de la prórroga del plazo para registrar enmiendas, cuya finalidad es conceder a los grupos más tiempo para estudiar las leyes, pero que ha terminado usándose de forma espuria para bloquear sistemáticamente las iniciativas que no gustan no ya al Pleno, sino a la Mesa, donde se sientan solo nueve de las 350 señorías con escaño en el Congreso.Es cierto que ese proceder lo inauguró Ana Pastor en una Mesa en la que PP y Ciudadanos tenían mayoría, pero después lo continuó Meritxell Batet en otra controlada por PSOE y Unidas Podemos, en la que se bloqueó, hasta la disolución de las Cortes, por ejemplo, la ley de apoyo a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y lo ha perfeccionado en el presente Francina Armengol, también socialista, esta vez de la mano de Sumar. Actualmente, hay decenas de leyes, más de un centenar, paralizadas en el trámite para registrar enmiendas. Noticia relacionada general No No Moncloa reduce el enfrentamiento con el PNV a una pelea entre socios vascos Ainhoa MartínezEl mes pasado, el Tribunal Constitucional amparó a diputados del PP que la anterior legislatura recurrieron las 71 prórrogas aprobadas sin justificación a un proyecto de ley procedente de real decreto ley. Pero la Mesa, sin informe del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, se agarró a la ausencia de motivación a la que aludía la sentencia para mantener el sistema, pero con una aclaración explícita de por qué se prolonga el tiempo permitido para proponer cambios en las iniciativas legislativas. Algo que ha puesto a los populares en pie de guerra.Una de sus funciones es calificar y declarar la admisibilidad o no de las leyes, iniciativas y escritos de índole parlamentariaLas funciones de la Mesa están reguladas entre los artículos 30 y 35 del Reglamento del Congreso. Una de ellas es calificar y declarar la admisibilidad o no de todos los escritos de índole parlamentaria, lo que incluye leyes, enmiendas, proposiciones no de ley, mociones, quejas… Todas se clasifican en un índice azul o rojo que reciben sus miembros cada lunes, en función de su importancia, y deben admitirse a trámite siempre salvo que sean de una palmaria inconstitucionalidad, lo que esta legislatura se ha demostrado absolutamente esencial. La primera batalla, de hecho, no fue la investidura de Pedro Sánchez, sino la designación de Francina Armengol.Para elegir al presidente del Congreso —o presidenta en este caso—, cada diputado escribe en un papel un nombre y el que más apoyos recibe es nombrado. El sistema se repite con las cuatro vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Cámara Baja, que se escogen en dos votaciones diferenciadas. Sin papeletas cruzadas entre distintos partidos, la tercera autoridad del Estado habría sido Cuca Gamarra, del PP, cuyo grupo es el más numeroso del hemiciclo. Pero Armengol se comprometió al desembarco de las lenguas cooficiales en la institución y a permitir la tramitación de sendas comisiones de investigación sobre el caso Pegasus, los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), y la operación Cataluña; asuntos rechazados, todos ellos, por la Mesa que presidía Batet. El PSOE cambió de opinión, los independentistas catalanes respaldaron a Armengol y ahora hay traductores en el Congreso.La ley de amnistíaDespués, la Mesa admitió a trámite la ley de amnistía a los encausados por el ‘procés’, a pesar de que la anterior legislatura la había rechazado porque el antecesor de Galindo, Carlos Gutiérrez, consideraba que esa medida de gracia entraba «en contradicción palmaria» con la Carta Magna. Un criterio que compartía el PSOE hasta que tras las últimas elecciones generales comprobó que necesitaba a los siete diputados de Junts para investir a Sánchez. Así que nuevo letrado mayor y tramitación de lo que hasta esta legislatura parecía ilegítimo. Según el informe que redactó Galindo, en noviembre del 2023, la amnistía no era inconstitucional de forma «palmaria y evidente», por lo que cabía su admisión. En la Mesa, cinco votos a favor (tres del PSOE y dos de Sumar) y los cuatro del PP en contra. Habitual 5-4. El Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, terminó avalando la legalidad de la norma.La amnistía fue el primer ejemplo, el más importante, que ha dado esta legislatura de un poder alejado de los focos, poco vistoso, pero decisivo ahora mismo para el Gobierno de PSOE y Sumar. Gracias a este órgano —o por su culpa— no se tramitan las leyes que aprueba el Senado ni las de la oposición. También, en un asunto que deberá resolver el Tribunal Constitucional, se ha vetado por aumento de gasto el debate de enmiendas aprobadas por la Cámara Alta y que, a petición del Ejecutivo, son retiradas a su regreso al Congreso para evitar que el Pleno las ratifique. El nombramiento de Armengol, y el 5-4 con el que se hicieron PSOE y Sumar en la Mesa, fue el primer cimiento del actual mandato de Sánchez. La (no) cuestión de confianzaOtro caso fue el de la proposición no de ley que registró Junts en la que instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza. Un asunto que suscitó debate jurídico, porque es una facultad exclusiva del jefe del Ejecutivo, pero que la mayoría de PSOE y Sumar, en un movimiento inédito, dilató varias semanas dándose tiempo para estudiar la iniciativa, que finalmente fue calificada tras un acuerdo entre socialistas y posconvergentes por el que estos suavizaban la redacción. No era vinculante, pero ante la desesperación del PP, en minoría en el órgano y que exigía una resolución inmediata, se volvió a comprobar cómo la mayoría de la Mesa, con un poder omnímodo, hacía y deshacía a su antojo. Cada martes por la mañana, horas antes de que se reúna el Pleno, pero sin la pompa mediática que tiene este, se da cita en el salón de Ministros la Mesa del Congreso de los Diputados . Un órgano poco glamuroso, que rara vez copa los grandes titulares de la prensa, pero cuyo poder es fundamental para controlar los ritmos parlamentarios y, en los casos más controvertidos, dirimir si una iniciativa es o no admisible, como pasó, sin ir más lejos, con la ley de amnistía a los encausados por el ‘procés’. Tener mayoría en ella, a día de hoy, permite detener el reloj de las iniciativas en función de intereses partidistas, políticos, y eso que se supone que su labor es eminentemente técnica, de trámite.Pero desde que el bipartidismo se diluyó y permitió la entrada de partidos de ámbito nacional con cierto peso, primero Podemos y Ciudadanos, después Vox y Sumar, la Mesa se ha transmutado en un órgano político cuyas decisiones favorecen el interés de su mayoría, que no siempre, ni mucho menos, se corresponde con el de la totalidad de los diputados de la Cámara Baja. El ejemplo más palmario es el de la prórroga del plazo para registrar enmiendas, cuya finalidad es conceder a los grupos más tiempo para estudiar las leyes, pero que ha terminado usándose de forma espuria para bloquear sistemáticamente las iniciativas que no gustan no ya al Pleno, sino a la Mesa, donde se sientan solo nueve de las 350 señorías con escaño en el Congreso.Es cierto que ese proceder lo inauguró Ana Pastor en una Mesa en la que PP y Ciudadanos tenían mayoría, pero después lo continuó Meritxell Batet en otra controlada por PSOE y Unidas Podemos, en la que se bloqueó, hasta la disolución de las Cortes, por ejemplo, la ley de apoyo a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y lo ha perfeccionado en el presente Francina Armengol, también socialista, esta vez de la mano de Sumar. Actualmente, hay decenas de leyes, más de un centenar, paralizadas en el trámite para registrar enmiendas. Noticia relacionada general No No Moncloa reduce el enfrentamiento con el PNV a una pelea entre socios vascos Ainhoa MartínezEl mes pasado, el Tribunal Constitucional amparó a diputados del PP que la anterior legislatura recurrieron las 71 prórrogas aprobadas sin justificación a un proyecto de ley procedente de real decreto ley. Pero la Mesa, sin informe del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, se agarró a la ausencia de motivación a la que aludía la sentencia para mantener el sistema, pero con una aclaración explícita de por qué se prolonga el tiempo permitido para proponer cambios en las iniciativas legislativas. Algo que ha puesto a los populares en pie de guerra.Una de sus funciones es calificar y declarar la admisibilidad o no de las leyes, iniciativas y escritos de índole parlamentariaLas funciones de la Mesa están reguladas entre los artículos 30 y 35 del Reglamento del Congreso. Una de ellas es calificar y declarar la admisibilidad o no de todos los escritos de índole parlamentaria, lo que incluye leyes, enmiendas, proposiciones no de ley, mociones, quejas… Todas se clasifican en un índice azul o rojo que reciben sus miembros cada lunes, en función de su importancia, y deben admitirse a trámite siempre salvo que sean de una palmaria inconstitucionalidad, lo que esta legislatura se ha demostrado absolutamente esencial. La primera batalla, de hecho, no fue la investidura de Pedro Sánchez, sino la designación de Francina Armengol.Para elegir al presidente del Congreso —o presidenta en este caso—, cada diputado escribe en un papel un nombre y el que más apoyos recibe es nombrado. El sistema se repite con las cuatro vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Cámara Baja, que se escogen en dos votaciones diferenciadas. Sin papeletas cruzadas entre distintos partidos, la tercera autoridad del Estado habría sido Cuca Gamarra, del PP, cuyo grupo es el más numeroso del hemiciclo. Pero Armengol se comprometió al desembarco de las lenguas cooficiales en la institución y a permitir la tramitación de sendas comisiones de investigación sobre el caso Pegasus, los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), y la operación Cataluña; asuntos rechazados, todos ellos, por la Mesa que presidía Batet. El PSOE cambió de opinión, los independentistas catalanes respaldaron a Armengol y ahora hay traductores en el Congreso.La ley de amnistíaDespués, la Mesa admitió a trámite la ley de amnistía a los encausados por el ‘procés’, a pesar de que la anterior legislatura la había rechazado porque el antecesor de Galindo, Carlos Gutiérrez, consideraba que esa medida de gracia entraba «en contradicción palmaria» con la Carta Magna. Un criterio que compartía el PSOE hasta que tras las últimas elecciones generales comprobó que necesitaba a los siete diputados de Junts para investir a Sánchez. Así que nuevo letrado mayor y tramitación de lo que hasta esta legislatura parecía ilegítimo. Según el informe que redactó Galindo, en noviembre del 2023, la amnistía no era inconstitucional de forma «palmaria y evidente», por lo que cabía su admisión. En la Mesa, cinco votos a favor (tres del PSOE y dos de Sumar) y los cuatro del PP en contra. Habitual 5-4. El Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, terminó avalando la legalidad de la norma.La amnistía fue el primer ejemplo, el más importante, que ha dado esta legislatura de un poder alejado de los focos, poco vistoso, pero decisivo ahora mismo para el Gobierno de PSOE y Sumar. Gracias a este órgano —o por su culpa— no se tramitan las leyes que aprueba el Senado ni las de la oposición. También, en un asunto que deberá resolver el Tribunal Constitucional, se ha vetado por aumento de gasto el debate de enmiendas aprobadas por la Cámara Alta y que, a petición del Ejecutivo, son retiradas a su regreso al Congreso para evitar que el Pleno las ratifique. El nombramiento de Armengol, y el 5-4 con el que se hicieron PSOE y Sumar en la Mesa, fue el primer cimiento del actual mandato de Sánchez. La (no) cuestión de confianzaOtro caso fue el de la proposición no de ley que registró Junts en la que instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza. Un asunto que suscitó debate jurídico, porque es una facultad exclusiva del jefe del Ejecutivo, pero que la mayoría de PSOE y Sumar, en un movimiento inédito, dilató varias semanas dándose tiempo para estudiar la iniciativa, que finalmente fue calificada tras un acuerdo entre socialistas y posconvergentes por el que estos suavizaban la redacción. No era vinculante, pero ante la desesperación del PP, en minoría en el órgano y que exigía una resolución inmediata, se volvió a comprobar cómo la mayoría de la Mesa, con un poder omnímodo, hacía y deshacía a su antojo. Cada martes por la mañana, horas antes de que se reúna el Pleno, pero sin la pompa mediática que tiene este, se da cita en el salón de Ministros la Mesa del Congreso de los Diputados . Un órgano poco glamuroso, que rara vez copa los grandes titulares de la prensa, pero cuyo poder es fundamental para controlar los ritmos parlamentarios y, en los casos más controvertidos, dirimir si una iniciativa es o no admisible, como pasó, sin ir más lejos, con la ley de amnistía a los encausados por el ‘procés’. Tener mayoría en ella, a día de hoy, permite detener el reloj de las iniciativas en función de intereses partidistas, políticos, y eso que se supone que su labor es eminentemente técnica, de trámite.Pero desde que el bipartidismo se diluyó y permitió la entrada de partidos de ámbito nacional con cierto peso, primero Podemos y Ciudadanos, después Vox y Sumar, la Mesa se ha transmutado en un órgano político cuyas decisiones favorecen el interés de su mayoría, que no siempre, ni mucho menos, se corresponde con el de la totalidad de los diputados de la Cámara Baja. El ejemplo más palmario es el de la prórroga del plazo para registrar enmiendas, cuya finalidad es conceder a los grupos más tiempo para estudiar las leyes, pero que ha terminado usándose de forma espuria para bloquear sistemáticamente las iniciativas que no gustan no ya al Pleno, sino a la Mesa, donde se sientan solo nueve de las 350 señorías con escaño en el Congreso.Es cierto que ese proceder lo inauguró Ana Pastor en una Mesa en la que PP y Ciudadanos tenían mayoría, pero después lo continuó Meritxell Batet en otra controlada por PSOE y Unidas Podemos, en la que se bloqueó, hasta la disolución de las Cortes, por ejemplo, la ley de apoyo a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y lo ha perfeccionado en el presente Francina Armengol, también socialista, esta vez de la mano de Sumar. Actualmente, hay decenas de leyes, más de un centenar, paralizadas en el trámite para registrar enmiendas. Noticia relacionada general No No Moncloa reduce el enfrentamiento con el PNV a una pelea entre socios vascos Ainhoa MartínezEl mes pasado, el Tribunal Constitucional amparó a diputados del PP que la anterior legislatura recurrieron las 71 prórrogas aprobadas sin justificación a un proyecto de ley procedente de real decreto ley. Pero la Mesa, sin informe del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, se agarró a la ausencia de motivación a la que aludía la sentencia para mantener el sistema, pero con una aclaración explícita de por qué se prolonga el tiempo permitido para proponer cambios en las iniciativas legislativas. Algo que ha puesto a los populares en pie de guerra.Una de sus funciones es calificar y declarar la admisibilidad o no de las leyes, iniciativas y escritos de índole parlamentariaLas funciones de la Mesa están reguladas entre los artículos 30 y 35 del Reglamento del Congreso. Una de ellas es calificar y declarar la admisibilidad o no de todos los escritos de índole parlamentaria, lo que incluye leyes, enmiendas, proposiciones no de ley, mociones, quejas… Todas se clasifican en un índice azul o rojo que reciben sus miembros cada lunes, en función de su importancia, y deben admitirse a trámite siempre salvo que sean de una palmaria inconstitucionalidad, lo que esta legislatura se ha demostrado absolutamente esencial. La primera batalla, de hecho, no fue la investidura de Pedro Sánchez, sino la designación de Francina Armengol.Para elegir al presidente del Congreso —o presidenta en este caso—, cada diputado escribe en un papel un nombre y el que más apoyos recibe es nombrado. El sistema se repite con las cuatro vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Cámara Baja, que se escogen en dos votaciones diferenciadas. Sin papeletas cruzadas entre distintos partidos, la tercera autoridad del Estado habría sido Cuca Gamarra, del PP, cuyo grupo es el más numeroso del hemiciclo. Pero Armengol se comprometió al desembarco de las lenguas cooficiales en la institución y a permitir la tramitación de sendas comisiones de investigación sobre el caso Pegasus, los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), y la operación Cataluña; asuntos rechazados, todos ellos, por la Mesa que presidía Batet. El PSOE cambió de opinión, los independentistas catalanes respaldaron a Armengol y ahora hay traductores en el Congreso.La ley de amnistíaDespués, la Mesa admitió a trámite la ley de amnistía a los encausados por el ‘procés’, a pesar de que la anterior legislatura la había rechazado porque el antecesor de Galindo, Carlos Gutiérrez, consideraba que esa medida de gracia entraba «en contradicción palmaria» con la Carta Magna. Un criterio que compartía el PSOE hasta que tras las últimas elecciones generales comprobó que necesitaba a los siete diputados de Junts para investir a Sánchez. Así que nuevo letrado mayor y tramitación de lo que hasta esta legislatura parecía ilegítimo. Según el informe que redactó Galindo, en noviembre del 2023, la amnistía no era inconstitucional de forma «palmaria y evidente», por lo que cabía su admisión. En la Mesa, cinco votos a favor (tres del PSOE y dos de Sumar) y los cuatro del PP en contra. Habitual 5-4. El Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, terminó avalando la legalidad de la norma.La amnistía fue el primer ejemplo, el más importante, que ha dado esta legislatura de un poder alejado de los focos, poco vistoso, pero decisivo ahora mismo para el Gobierno de PSOE y Sumar. Gracias a este órgano —o por su culpa— no se tramitan las leyes que aprueba el Senado ni las de la oposición. También, en un asunto que deberá resolver el Tribunal Constitucional, se ha vetado por aumento de gasto el debate de enmiendas aprobadas por la Cámara Alta y que, a petición del Ejecutivo, son retiradas a su regreso al Congreso para evitar que el Pleno las ratifique. El nombramiento de Armengol, y el 5-4 con el que se hicieron PSOE y Sumar en la Mesa, fue el primer cimiento del actual mandato de Sánchez. La (no) cuestión de confianzaOtro caso fue el de la proposición no de ley que registró Junts en la que instaba al presidente a someterse a una cuestión de confianza. Un asunto que suscitó debate jurídico, porque es una facultad exclusiva del jefe del Ejecutivo, pero que la mayoría de PSOE y Sumar, en un movimiento inédito, dilató varias semanas dándose tiempo para estudiar la iniciativa, que finalmente fue calificada tras un acuerdo entre socialistas y posconvergentes por el que estos suavizaban la redacción. No era vinculante, pero ante la desesperación del PP, en minoría en el órgano y que exigía una resolución inmediata, se volvió a comprobar cómo la mayoría de la Mesa, con un poder omnímodo, hacía y deshacía a su antojo. RSS de noticias de espana
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