<p>La inmigración irregular hace ya tiempo que ha vuelto -si es que alguna vez se ha ido- al centro del tablero político. En el 2006, la <i><strong>crisis de los cayucos</strong></i> que sacudió Canarias parecía que eran los restos de la resaca mal digerida del colapso y la pobreza de África. Ahora, en cambio, se produce en un contexto de violencia y bronca institucional donde al Gobierno se le <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/08/01/688ce0ccfc6c8373098b45ba.html»>resquebrajan sus planes</a> para el reparto de menores no acompañados por la oposición de varias Comunidades Autonomías y posturas férreas como la del Gobierno autonómico de Díaz Ayuso, como confesaron ayer en declaraciones a Europa Press. Las cacerías de <strong>Torre Pacheco</strong> (Murcia) -fruto del coctel de la sensación de inseguridad social y desprotección política ante brutales agresiones como la sufrida por un hombre de 68 años en ese municipio- o salvajes violaciones como la ocurrida en Ferrol cometida por un magrebí -con orden de expulsión desde 2024 y concatenando condenas graves desde los 18 años- a una joven, cada vez son más constantes y generan la impresión de que la entrada de manera irregular en España cada vez es mayor. Pero el último Informe quincenal sobre inmigración irregular -elaborado por el Ministerio del Interior y con datos acumulados hasta el 31 de julio de 2025- muestran una <strong>caída del 30%</strong> en el número de personas que llegan a España de manera irregular, respecto a los datos de 2024.</p>
A finales de julio se han contabilizado 8773 inmigrantes menos que en 2024. Los sucesos de Torre Pacheco marcaron julio y un giro político
<p>La inmigración irregular hace ya tiempo que ha vuelto -si es que alguna vez se ha ido- al centro del tablero político. En el 2006, la <i><strong>crisis de los cayucos</strong></i> que sacudió Canarias parecía que eran los restos de la resaca mal digerida del colapso y la pobreza de África. Ahora, en cambio, se produce en un contexto de violencia y bronca institucional donde al Gobierno se le <a href=»https://www.elmundo.es/espana/2025/08/01/688ce0ccfc6c8373098b45ba.html»>resquebrajan sus planes</a> para el reparto de menores no acompañados por la oposición de varias Comunidades Autonomías y posturas férreas como la del Gobierno autonómico de Díaz Ayuso, como confesaron ayer en declaraciones a Europa Press. Las cacerías de <strong>Torre Pacheco</strong> (Murcia) -fruto del coctel de la sensación de inseguridad social y desprotección política ante brutales agresiones como la sufrida por un hombre de 68 años en ese municipio- o salvajes violaciones como la ocurrida en Ferrol cometida por un magrebí -con orden de expulsión desde 2024 y concatenando condenas graves desde los 18 años- a una joven, cada vez son más constantes y generan la impresión de que la entrada de manera irregular en España cada vez es mayor. Pero el último Informe quincenal sobre inmigración irregular -elaborado por el Ministerio del Interior y con datos acumulados hasta el 31 de julio de 2025- muestran una <strong>caída del 30%</strong> en el número de personas que llegan a España de manera irregular, respecto a los datos de 2024.</p>
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