La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez , deberá entregar su pasaporte en el juzgado este miércoles con independencia de la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto al juez Juan Carlos Peinado. La posible sanción contra el magistrado a la que dio luz verde este lunes la Comisión Permanente —dejando en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria la apertura de un expediente por una falta grave— es una vía distinta a la jurisdiccional. La Audiencia Provincial de Madrid es el único tribunal que puede revocar el auto del instructor en el que lanzó una sombra de duda sobre la actuación de los escoltas de Gómez ante una hipotético plan de fuga.De esta forma las medidas cautelares adoptadas contra la mujer de Sánchez seguirán su curso igual y sólo podrían ser revertidas si la Audiencia de Madrid estima el recurso de apelación de la defensa de Gómez frente a esta retirada de pasaporte , las comparecencias quincenales y la prohibición de salir de España, algo que no hará de manera inmediata. No se trata además de un recurso que haya que priorizar teniendo en cuenta que esas medidas cautelares no afectan a la libertad de la acusada de una forma tan gravosa como podría ser una prisión preventiva. La Audiencia de Madrid tiene además sobre la mesa otros recursos del caso Begoña pendientes de resolver. Entretanto, el asunto disciplinario contra el juez seguirá su curso en el CGPJ, donde por una ajustadísima mayoría, solo rota por el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, se decidió este lunes trasladar al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto para que estudie si los hechos pueden ser constitutivos de una falta grave de consideración del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este precepto castiga «la falta de consideración grave respecto de los ciudadanos, de las instituciones, de los jueces y magistrados, de los fiscales, de los secretarios judiciales, de los médicos forenses o de los demás funcionarios o personal que preste servicio en la oficina judicial o de los abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». Noticia relacionada general No No El juez cita a Begoña Gómez el miércoles para que entregue su pasaporte Carmen Lucas-TorresEl hecho de que se remita el asunto a la figura del promotor, labor que desempeña ya desde el anterior CGPJ Ricardo Conde, no significa que necesariamente éste vaya a proponer una sanción. Primero, tras analizar exhaustivamente el auto y las alegaciones que se pidan al interesado, Conde tendrá sobre la mesa dos opciones: el archivo de las diligencias informativas (si considera que las palabras de Peinado no revisten la entidad suficiente para ser sancionadas) o la apertura de un expediente disciplinario que acabaría con una propuesta de sanción. Tras analizar el auto y las alegaciones que se pidan al interesado, el Promotor de la Acción Disciplinaria tiene dos opciones: archivar o abrir expediente disciplinario Teniendo en cuenta que el Promotor de la Acción Disciplinaria no cuenta con un plazo estricto de días y puede practicar cuantas diligencias considere necesarias, podría darse el caso de que un eventual expediente disciplinario se solape directamente con la fecha de jubilación del juez: a finales del próximo mes de septiembre. Multa o suspensiónSi Conde propusiera una sanción, esta se enmarcaría en lo previsto en el artículo 420.2 de la LOPJ. De acuerdo con este precepto legal, las faltas graves solo pueden ser sancionadas mediante dos vías: la multa, que oscila entre los 501 y los 6.000 euros; y la suspensión de funciones por un período de hasta tres años. Hecha esta propuesta es la Comisión Disciplinaria del CGPJ la que tendría la última palabra. Los vocales que la integran decidirían si acogen la propuesta de sanción, modifican la gravedad de la pena u ordenan el archivo. o si proponen el archivo.De momento la división se cierne sobre el CGPJ, pues la mitad de la Comisión Permanente ha dejado claro en un voto particular que el órgano de gobierno de los jueces no puede actuar sobre el contenido de un auto judicial. Los cuatro vocales que se quedaron en minoría entienden que en esa resolución «el magistrado está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares. Esa decisión es estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación». En este sentido es a la Audiencia Provincial de Madrid a quien corresponde revocar, en su caso, la decisión de retirarle el pasaporte y valorar si ese motivo en el que Peinado se basa para decidir (su desconfianza hacia los escoltas) está o no fundado. Los vocales apelan a la doctrina de la Sala Tercera del Supremo para recordar que «(…) la sanción gubernativa es posible siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones jurídicas que determinan la resolución o el fallo, ni en dicha resolución o fallo, que sólo pueden ser corregidos por medio de los recursos jurisdiccionales…». A modo de ejemplo en otra sentencia de febrero de 2003 el Supremo sentenció que la sanción gubernativa es posible «siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones que, en su conjunto, determinan la resolución o el fallo, ni en dicha resolución o fallo, que sólo pueden ser corregidos por medio de los recursos jurisdiccionales».Begoña Gómez tendrá que cumplir con las medidas cautelares hasta que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso presentado contra el auto De momento Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, deberán acudir a la citación de Peinado a las 18.00 horas del miércoles, el mismo día en el que comparece Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados para responder sobre los últimos casos de corrupción que han trascendido y que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a los investigados de la trama de las cloacas. En la providencia notificada este lunes, el juez avisa a las defensas de ambas para que ese día se personen para notificarles y requerirles el pasaporte expedido a su nombre. También advierte que deben comunicar si cuentan con algún pasaporte adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez , deberá entregar su pasaporte en el juzgado este miércoles con independencia de la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto al juez Juan Carlos Peinado. La posible sanción contra el magistrado a la que dio luz verde este lunes la Comisión Permanente —dejando en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria la apertura de un expediente por una falta grave— es una vía distinta a la jurisdiccional. La Audiencia Provincial de Madrid es el único tribunal que puede revocar el auto del instructor en el que lanzó una sombra de duda sobre la actuación de los escoltas de Gómez ante una hipotético plan de fuga.De esta forma las medidas cautelares adoptadas contra la mujer de Sánchez seguirán su curso igual y sólo podrían ser revertidas si la Audiencia de Madrid estima el recurso de apelación de la defensa de Gómez frente a esta retirada de pasaporte , las comparecencias quincenales y la prohibición de salir de España, algo que no hará de manera inmediata. No se trata además de un recurso que haya que priorizar teniendo en cuenta que esas medidas cautelares no afectan a la libertad de la acusada de una forma tan gravosa como podría ser una prisión preventiva. La Audiencia de Madrid tiene además sobre la mesa otros recursos del caso Begoña pendientes de resolver. Entretanto, el asunto disciplinario contra el juez seguirá su curso en el CGPJ, donde por una ajustadísima mayoría, solo rota por el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, se decidió este lunes trasladar al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto para que estudie si los hechos pueden ser constitutivos de una falta grave de consideración del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este precepto castiga «la falta de consideración grave respecto de los ciudadanos, de las instituciones, de los jueces y magistrados, de los fiscales, de los secretarios judiciales, de los médicos forenses o de los demás funcionarios o personal que preste servicio en la oficina judicial o de los abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». Noticia relacionada general No No El juez cita a Begoña Gómez el miércoles para que entregue su pasaporte Carmen Lucas-TorresEl hecho de que se remita el asunto a la figura del promotor, labor que desempeña ya desde el anterior CGPJ Ricardo Conde, no significa que necesariamente éste vaya a proponer una sanción. Primero, tras analizar exhaustivamente el auto y las alegaciones que se pidan al interesado, Conde tendrá sobre la mesa dos opciones: el archivo de las diligencias informativas (si considera que las palabras de Peinado no revisten la entidad suficiente para ser sancionadas) o la apertura de un expediente disciplinario que acabaría con una propuesta de sanción. Tras analizar el auto y las alegaciones que se pidan al interesado, el Promotor de la Acción Disciplinaria tiene dos opciones: archivar o abrir expediente disciplinario Teniendo en cuenta que el Promotor de la Acción Disciplinaria no cuenta con un plazo estricto de días y puede practicar cuantas diligencias considere necesarias, podría darse el caso de que un eventual expediente disciplinario se solape directamente con la fecha de jubilación del juez: a finales del próximo mes de septiembre. Multa o suspensiónSi Conde propusiera una sanción, esta se enmarcaría en lo previsto en el artículo 420.2 de la LOPJ. De acuerdo con este precepto legal, las faltas graves solo pueden ser sancionadas mediante dos vías: la multa, que oscila entre los 501 y los 6.000 euros; y la suspensión de funciones por un período de hasta tres años. Hecha esta propuesta es la Comisión Disciplinaria del CGPJ la que tendría la última palabra. Los vocales que la integran decidirían si acogen la propuesta de sanción, modifican la gravedad de la pena u ordenan el archivo. o si proponen el archivo.De momento la división se cierne sobre el CGPJ, pues la mitad de la Comisión Permanente ha dejado claro en un voto particular que el órgano de gobierno de los jueces no puede actuar sobre el contenido de un auto judicial. Los cuatro vocales que se quedaron en minoría entienden que en esa resolución «el magistrado está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares. Esa decisión es estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación». En este sentido es a la Audiencia Provincial de Madrid a quien corresponde revocar, en su caso, la decisión de retirarle el pasaporte y valorar si ese motivo en el que Peinado se basa para decidir (su desconfianza hacia los escoltas) está o no fundado. Los vocales apelan a la doctrina de la Sala Tercera del Supremo para recordar que «(…) la sanción gubernativa es posible siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones jurídicas que determinan la resolución o el fallo, ni en dicha resolución o fallo, que sólo pueden ser corregidos por medio de los recursos jurisdiccionales…». A modo de ejemplo en otra sentencia de febrero de 2003 el Supremo sentenció que la sanción gubernativa es posible «siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones que, en su conjunto, determinan la resolución o el fallo, ni en dicha resolución o fallo, que sólo pueden ser corregidos por medio de los recursos jurisdiccionales».Begoña Gómez tendrá que cumplir con las medidas cautelares hasta que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso presentado contra el auto De momento Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, deberán acudir a la citación de Peinado a las 18.00 horas del miércoles, el mismo día en el que comparece Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados para responder sobre los últimos casos de corrupción que han trascendido y que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a los investigados de la trama de las cloacas. En la providencia notificada este lunes, el juez avisa a las defensas de ambas para que ese día se personen para notificarles y requerirles el pasaporte expedido a su nombre. También advierte que deben comunicar si cuentan con algún pasaporte adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez , deberá entregar su pasaporte en el juzgado este miércoles con independencia de la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto al juez Juan Carlos Peinado. La posible sanción contra el magistrado a la que dio luz verde este lunes la Comisión Permanente —dejando en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria la apertura de un expediente por una falta grave— es una vía distinta a la jurisdiccional. La Audiencia Provincial de Madrid es el único tribunal que puede revocar el auto del instructor en el que lanzó una sombra de duda sobre la actuación de los escoltas de Gómez ante una hipotético plan de fuga.De esta forma las medidas cautelares adoptadas contra la mujer de Sánchez seguirán su curso igual y sólo podrían ser revertidas si la Audiencia de Madrid estima el recurso de apelación de la defensa de Gómez frente a esta retirada de pasaporte , las comparecencias quincenales y la prohibición de salir de España, algo que no hará de manera inmediata. No se trata además de un recurso que haya que priorizar teniendo en cuenta que esas medidas cautelares no afectan a la libertad de la acusada de una forma tan gravosa como podría ser una prisión preventiva. La Audiencia de Madrid tiene además sobre la mesa otros recursos del caso Begoña pendientes de resolver. Entretanto, el asunto disciplinario contra el juez seguirá su curso en el CGPJ, donde por una ajustadísima mayoría, solo rota por el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, se decidió este lunes trasladar al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto para que estudie si los hechos pueden ser constitutivos de una falta grave de consideración del artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Este precepto castiga «la falta de consideración grave respecto de los ciudadanos, de las instituciones, de los jueces y magistrados, de los fiscales, de los secretarios judiciales, de los médicos forenses o de los demás funcionarios o personal que preste servicio en la oficina judicial o de los abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial». Noticia relacionada general No No El juez cita a Begoña Gómez el miércoles para que entregue su pasaporte Carmen Lucas-TorresEl hecho de que se remita el asunto a la figura del promotor, labor que desempeña ya desde el anterior CGPJ Ricardo Conde, no significa que necesariamente éste vaya a proponer una sanción. Primero, tras analizar exhaustivamente el auto y las alegaciones que se pidan al interesado, Conde tendrá sobre la mesa dos opciones: el archivo de las diligencias informativas (si considera que las palabras de Peinado no revisten la entidad suficiente para ser sancionadas) o la apertura de un expediente disciplinario que acabaría con una propuesta de sanción. Tras analizar el auto y las alegaciones que se pidan al interesado, el Promotor de la Acción Disciplinaria tiene dos opciones: archivar o abrir expediente disciplinario Teniendo en cuenta que el Promotor de la Acción Disciplinaria no cuenta con un plazo estricto de días y puede practicar cuantas diligencias considere necesarias, podría darse el caso de que un eventual expediente disciplinario se solape directamente con la fecha de jubilación del juez: a finales del próximo mes de septiembre. Multa o suspensiónSi Conde propusiera una sanción, esta se enmarcaría en lo previsto en el artículo 420.2 de la LOPJ. De acuerdo con este precepto legal, las faltas graves solo pueden ser sancionadas mediante dos vías: la multa, que oscila entre los 501 y los 6.000 euros; y la suspensión de funciones por un período de hasta tres años. Hecha esta propuesta es la Comisión Disciplinaria del CGPJ la que tendría la última palabra. Los vocales que la integran decidirían si acogen la propuesta de sanción, modifican la gravedad de la pena u ordenan el archivo. o si proponen el archivo.De momento la división se cierne sobre el CGPJ, pues la mitad de la Comisión Permanente ha dejado claro en un voto particular que el órgano de gobierno de los jueces no puede actuar sobre el contenido de un auto judicial. Los cuatro vocales que se quedaron en minoría entienden que en esa resolución «el magistrado está explicando los motivos por los que él entiende que procede su decisión de adoptar medidas cautelares. Esa decisión es estrictamente jurisdiccional y revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación». En este sentido es a la Audiencia Provincial de Madrid a quien corresponde revocar, en su caso, la decisión de retirarle el pasaporte y valorar si ese motivo en el que Peinado se basa para decidir (su desconfianza hacia los escoltas) está o no fundado. Los vocales apelan a la doctrina de la Sala Tercera del Supremo para recordar que «(…) la sanción gubernativa es posible siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones jurídicas que determinan la resolución o el fallo, ni en dicha resolución o fallo, que sólo pueden ser corregidos por medio de los recursos jurisdiccionales…». A modo de ejemplo en otra sentencia de febrero de 2003 el Supremo sentenció que la sanción gubernativa es posible «siempre que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, no incidiendo en las valoraciones que, en su conjunto, determinan la resolución o el fallo, ni en dicha resolución o fallo, que sólo pueden ser corregidos por medio de los recursos jurisdiccionales».Begoña Gómez tendrá que cumplir con las medidas cautelares hasta que la Audiencia de Madrid resuelva el recurso presentado contra el auto De momento Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, deberán acudir a la citación de Peinado a las 18.00 horas del miércoles, el mismo día en el que comparece Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados para responder sobre los últimos casos de corrupción que han trascendido y que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y a los investigados de la trama de las cloacas. En la providencia notificada este lunes, el juez avisa a las defensas de ambas para que ese día se personen para notificarles y requerirles el pasaporte expedido a su nombre. También advierte que deben comunicar si cuentan con algún pasaporte adicional al español, como pudiera ser un pasaporte diplomático o de otra nacionalidad. RSS de noticias de espana
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