El expresidente de la Diputación de Almería y del PP de esta provincia, Javier Aureliano García Molina, comparecerá como investigado el próximo 26 de junio en el marco del Caso Mascarillas, una causa que investiga supuestas comisiones ilegales en contratos públicos vinculados a la institución provincial. Según fuentes judiciales, el juez instructor, Manuel Rey Bellot, ha establecido un calendario de declaraciones tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe apunta a la posible implicación de 43 personas en una presunta red de adjudicaciones irregulares de obras y servicios a empresas afines.García Molina declarará el último día previsto, junto a sus hermanos, Juan Carlos y María Rosario , a quienes los investigadores sitúan como presuntos colaboradores en la gestión de fondos públicos que habrían sido desviados para gastos personales y adquisición de propiedades.Las comparecencias comenzarán el 28 de mayo con la citación del exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, y del empresario Kilian L.S. Ambos están señalados por su presunta participación en la compra de material sanitario por valor de dos millones de euros durante la fase más crítica de la pandemia, operación en la que se investiga una supuesta comisión de 900.000 euros.El 4 de junio será el turno del exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, quien fue detenido en noviembre de 2025 pese a estar investigado desde el inicio. Según la investigación, Giménez, Liria y García formaban parte de un grupo de mensajería denominado ‘Naranjito’, en el que habrían utilizado un lenguaje codificado relacionado con términos odontológicos para referirse a presuntas comisiones.A partir de esa fecha, el juez centrará los interrogatorios en el entorno de Liria y su supuesta red de colaboradores. El 5 de junio declararán su hermano y varios empresarios, mientras que el 11 de junio lo harán el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo, ambos bajo sospecha por contratos con la Diputación.Así, los interrogatorios principalmente a empresarios que estarían vinculados con la trama se suceden los días 12, 18, 19 y 25 de junio. Entre ellos se encuentran varias personas desempeñan cargos públicos como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos Marta Sánchez de Puerta, o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez, quien declarará el último de esos días.El juez instructor, que espera la resolución de recursos para citar a otros siete investigados, acordó tomar declaración a los 43 señalados en el informe de la UCO mediante el que se concreta la supuesta participación de cada uno de los investigados, con un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares.El instructor adoptó la decisión de avanzar en la investigación mediante las declaraciones de los investigados mientras que se resuelven los informes sobre los volcados de los teléfonos móviles que se solicitaron a principios de este año; todo ello sin perjuicio de que puedan citarse a nuevos testigos. El juez solicitó a la UCO el pasado mes de febrero que identificara de forma sucinta a los investigados mediante una breve reseña para aclarar la participación que se atribuía a cada uno de ellos y las posibles consideraciones delictivas. Noticia relacionada estandar No general No No La UCO apunta a que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con las mordidas R. PérezEl informe policial distingue tres líneas principales en la trama : la presunta compra fraudulenta de material sanitario en 2020, el cobro de comisiones en contratos de obras y la existencia de un flujo de dinero en efectivo entre varios implicados. En este último aspecto, los investigadores apuntan a una posible circulación de fondos de origen ilícito con García como figura central, junto a sus hermanos, la sociedad familiar, Giménez, Liria y el empresario Kilian L.S. Asimismo, se sospecha que Liria habría actuado como intermediario en el cobro y reparto de dichas comisiones. El expresidente de la Diputación de Almería y del PP de esta provincia, Javier Aureliano García Molina, comparecerá como investigado el próximo 26 de junio en el marco del Caso Mascarillas, una causa que investiga supuestas comisiones ilegales en contratos públicos vinculados a la institución provincial. Según fuentes judiciales, el juez instructor, Manuel Rey Bellot, ha establecido un calendario de declaraciones tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe apunta a la posible implicación de 43 personas en una presunta red de adjudicaciones irregulares de obras y servicios a empresas afines.García Molina declarará el último día previsto, junto a sus hermanos, Juan Carlos y María Rosario , a quienes los investigadores sitúan como presuntos colaboradores en la gestión de fondos públicos que habrían sido desviados para gastos personales y adquisición de propiedades.Las comparecencias comenzarán el 28 de mayo con la citación del exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, y del empresario Kilian L.S. Ambos están señalados por su presunta participación en la compra de material sanitario por valor de dos millones de euros durante la fase más crítica de la pandemia, operación en la que se investiga una supuesta comisión de 900.000 euros.El 4 de junio será el turno del exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, quien fue detenido en noviembre de 2025 pese a estar investigado desde el inicio. Según la investigación, Giménez, Liria y García formaban parte de un grupo de mensajería denominado ‘Naranjito’, en el que habrían utilizado un lenguaje codificado relacionado con términos odontológicos para referirse a presuntas comisiones.A partir de esa fecha, el juez centrará los interrogatorios en el entorno de Liria y su supuesta red de colaboradores. El 5 de junio declararán su hermano y varios empresarios, mientras que el 11 de junio lo harán el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo, ambos bajo sospecha por contratos con la Diputación.Así, los interrogatorios principalmente a empresarios que estarían vinculados con la trama se suceden los días 12, 18, 19 y 25 de junio. Entre ellos se encuentran varias personas desempeñan cargos públicos como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos Marta Sánchez de Puerta, o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez, quien declarará el último de esos días.El juez instructor, que espera la resolución de recursos para citar a otros siete investigados, acordó tomar declaración a los 43 señalados en el informe de la UCO mediante el que se concreta la supuesta participación de cada uno de los investigados, con un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares.El instructor adoptó la decisión de avanzar en la investigación mediante las declaraciones de los investigados mientras que se resuelven los informes sobre los volcados de los teléfonos móviles que se solicitaron a principios de este año; todo ello sin perjuicio de que puedan citarse a nuevos testigos. El juez solicitó a la UCO el pasado mes de febrero que identificara de forma sucinta a los investigados mediante una breve reseña para aclarar la participación que se atribuía a cada uno de ellos y las posibles consideraciones delictivas. Noticia relacionada estandar No general No No La UCO apunta a que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con las mordidas R. PérezEl informe policial distingue tres líneas principales en la trama : la presunta compra fraudulenta de material sanitario en 2020, el cobro de comisiones en contratos de obras y la existencia de un flujo de dinero en efectivo entre varios implicados. En este último aspecto, los investigadores apuntan a una posible circulación de fondos de origen ilícito con García como figura central, junto a sus hermanos, la sociedad familiar, Giménez, Liria y el empresario Kilian L.S. Asimismo, se sospecha que Liria habría actuado como intermediario en el cobro y reparto de dichas comisiones. El expresidente de la Diputación de Almería y del PP de esta provincia, Javier Aureliano García Molina, comparecerá como investigado el próximo 26 de junio en el marco del Caso Mascarillas, una causa que investiga supuestas comisiones ilegales en contratos públicos vinculados a la institución provincial. Según fuentes judiciales, el juez instructor, Manuel Rey Bellot, ha establecido un calendario de declaraciones tras analizar el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicho informe apunta a la posible implicación de 43 personas en una presunta red de adjudicaciones irregulares de obras y servicios a empresas afines.García Molina declarará el último día previsto, junto a sus hermanos, Juan Carlos y María Rosario , a quienes los investigadores sitúan como presuntos colaboradores en la gestión de fondos públicos que habrían sido desviados para gastos personales y adquisición de propiedades.Las comparecencias comenzarán el 28 de mayo con la citación del exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, y del empresario Kilian L.S. Ambos están señalados por su presunta participación en la compra de material sanitario por valor de dos millones de euros durante la fase más crítica de la pandemia, operación en la que se investiga una supuesta comisión de 900.000 euros.El 4 de junio será el turno del exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, quien fue detenido en noviembre de 2025 pese a estar investigado desde el inicio. Según la investigación, Giménez, Liria y García formaban parte de un grupo de mensajería denominado ‘Naranjito’, en el que habrían utilizado un lenguaje codificado relacionado con términos odontológicos para referirse a presuntas comisiones.A partir de esa fecha, el juez centrará los interrogatorios en el entorno de Liria y su supuesta red de colaboradores. El 5 de junio declararán su hermano y varios empresarios, mientras que el 11 de junio lo harán el exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo, ambos bajo sospecha por contratos con la Diputación.Así, los interrogatorios principalmente a empresarios que estarían vinculados con la trama se suceden los días 12, 18, 19 y 25 de junio. Entre ellos se encuentran varias personas desempeñan cargos públicos como el concejal de Urbanismo de Olula del Río, José Sánchez, la gerente del Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la gestión de residuos Marta Sánchez de Puerta, o el alcalde de Tíjola y diputado provincial, Juan José Martínez, quien declarará el último de esos días.El juez instructor, que espera la resolución de recursos para citar a otros siete investigados, acordó tomar declaración a los 43 señalados en el informe de la UCO mediante el que se concreta la supuesta participación de cada uno de los investigados, con un total de 33 empresarios o empleados vinculados con unas 25 empresas así como a otros diez cargos públicos y familiares.El instructor adoptó la decisión de avanzar en la investigación mediante las declaraciones de los investigados mientras que se resuelven los informes sobre los volcados de los teléfonos móviles que se solicitaron a principios de este año; todo ello sin perjuicio de que puedan citarse a nuevos testigos. El juez solicitó a la UCO el pasado mes de febrero que identificara de forma sucinta a los investigados mediante una breve reseña para aclarar la participación que se atribuía a cada uno de ellos y las posibles consideraciones delictivas. Noticia relacionada estandar No general No No La UCO apunta a que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con las mordidas R. PérezEl informe policial distingue tres líneas principales en la trama : la presunta compra fraudulenta de material sanitario en 2020, el cobro de comisiones en contratos de obras y la existencia de un flujo de dinero en efectivo entre varios implicados. En este último aspecto, los investigadores apuntan a una posible circulación de fondos de origen ilícito con García como figura central, junto a sus hermanos, la sociedad familiar, Giménez, Liria y el empresario Kilian L.S. Asimismo, se sospecha que Liria habría actuado como intermediario en el cobro y reparto de dichas comisiones. 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