El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha abierto diligencias de investigación y ha llamado a declarar a varios cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos , tras recibir una demanda de la industria Cárnicas Sierra Nevada, que lleva sin actividad desde que, en octubre de 2023, la Junta decretó una alerta sanitaria por vender embutidos afectados por la enfermedad bacteriana conocida como listeria. Según ha podido saber ABC, la titular del juzgado, María de los Ángeles Jiménez , ha citado a declarar a ocho inspectores, funcionarios y cargos públicos, que tendrán que personarse como querellados los días 14 y 15 de julio. Entre ellos está Sánchez-Montesinos, citado a las 11.30 horas del 14 de julio. El día 15, a las 9.30 horas, le tocará el turno a María del Mar Mochón , jefa de Salud y Consumo en la provincia.Según consta en la denuncia, a todos ellos se les imputan los siguientes delitos: prevaricación, falsedad de documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, delitos cometidos por funcionarios públicos contra otros derechos individuales, falso testimonio en causa criminal, denuncia falsa, coacciones y pertenencia a organización criminal. La Junta acude como presunta responsable civil subsidiaria.Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando la Junta decretó una alerta sanitaria en la empresa, ubicada en Cájar , un pueblo cercano a Granada, por distribuir fuet, salchichón, queso de cerdo, chorizo ibérico y chorizo picante presuntamente afectado por listeria en las provincias de Granada, Córdoba y Málaga , así como en las islas Baleares . No se supo de ningún afectado por ese brote. El responsable de la empresa, David Díaz , asegura que los análisis negativos sólo se dieron en un lote de fuet y de que no se hicieron ajustándose al protocolo. «Se hicieron cuando el producto ya había salido de aquí y estaba fuera de nuestro control», afirmó en declaraciones a ABC el pasado mes de abril. Recuerda, además, que el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada acordó en septiembre de 2024 el sobreseimiento del caso y no impuso a la empresa ninguna sanción , pese a lo cual la Junta no le permitía abrir. Las pérdidas acumuladas, dice, superaban los dos millones de euros y abocan a la empresa a su cierre definitivo. La Consejería de Salud replicó que había requerido «en varias ocasiones» a Cárnicas Sierra Nevada que subsanara diversas cuestiones sanitarias y que no lo había hecho. Agregó que el 23 de julio de 2023 –es decir, antes del brote de listeria- instó a la empresa a «cesar su actividad» porque había detectado esa bacteria en lotes de productos, «pese a lo cual siguió vendiendo».La empresa, de casi 50 años de antigüedad, sigue sin poder producir. Su administrador único asegura que ha perdido en todo este tiempo dos millones de euros y confiesa que está a punto de cerrar. Todo lo que le ha pasado en este periodo, que se acerca ya a los dos años, ha sido «injusto», asegura.«Se han hecho informes sin sellos, sin número de registro, sin código de barras, hay tantas irregularidades que no podemos entender lo que ocurre. La Junta nos dice, además, que dificultamos la actividad investigadora y que no hemos subsanado las deficiencias que se han encontrado, pero no nos indican cuáles son ni cómo podemos resolverlas», añade Juan José Álamo , abogado del dueño de Cárnicas Sierra Nevada.En su momento, ese letrado ya advirtió que la vía del contencioso -se han llegado a abrir seis expedientes administrativos- no serviría para nada y que habría que recurrir a la judicial. A principios de junio eso se ha traducido en la presentación de una denuncia , en la posterior apertura de diligencias de investigación y en la notificación a los cargos y funcionarios de que deberán dar su versión de lo ocurrido. El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha abierto diligencias de investigación y ha llamado a declarar a varios cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos , tras recibir una demanda de la industria Cárnicas Sierra Nevada, que lleva sin actividad desde que, en octubre de 2023, la Junta decretó una alerta sanitaria por vender embutidos afectados por la enfermedad bacteriana conocida como listeria. Según ha podido saber ABC, la titular del juzgado, María de los Ángeles Jiménez , ha citado a declarar a ocho inspectores, funcionarios y cargos públicos, que tendrán que personarse como querellados los días 14 y 15 de julio. Entre ellos está Sánchez-Montesinos, citado a las 11.30 horas del 14 de julio. El día 15, a las 9.30 horas, le tocará el turno a María del Mar Mochón , jefa de Salud y Consumo en la provincia.Según consta en la denuncia, a todos ellos se les imputan los siguientes delitos: prevaricación, falsedad de documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, delitos cometidos por funcionarios públicos contra otros derechos individuales, falso testimonio en causa criminal, denuncia falsa, coacciones y pertenencia a organización criminal. La Junta acude como presunta responsable civil subsidiaria.Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando la Junta decretó una alerta sanitaria en la empresa, ubicada en Cájar , un pueblo cercano a Granada, por distribuir fuet, salchichón, queso de cerdo, chorizo ibérico y chorizo picante presuntamente afectado por listeria en las provincias de Granada, Córdoba y Málaga , así como en las islas Baleares . No se supo de ningún afectado por ese brote. El responsable de la empresa, David Díaz , asegura que los análisis negativos sólo se dieron en un lote de fuet y de que no se hicieron ajustándose al protocolo. «Se hicieron cuando el producto ya había salido de aquí y estaba fuera de nuestro control», afirmó en declaraciones a ABC el pasado mes de abril. Recuerda, además, que el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada acordó en septiembre de 2024 el sobreseimiento del caso y no impuso a la empresa ninguna sanción , pese a lo cual la Junta no le permitía abrir. Las pérdidas acumuladas, dice, superaban los dos millones de euros y abocan a la empresa a su cierre definitivo. La Consejería de Salud replicó que había requerido «en varias ocasiones» a Cárnicas Sierra Nevada que subsanara diversas cuestiones sanitarias y que no lo había hecho. Agregó que el 23 de julio de 2023 –es decir, antes del brote de listeria- instó a la empresa a «cesar su actividad» porque había detectado esa bacteria en lotes de productos, «pese a lo cual siguió vendiendo».La empresa, de casi 50 años de antigüedad, sigue sin poder producir. Su administrador único asegura que ha perdido en todo este tiempo dos millones de euros y confiesa que está a punto de cerrar. Todo lo que le ha pasado en este periodo, que se acerca ya a los dos años, ha sido «injusto», asegura.«Se han hecho informes sin sellos, sin número de registro, sin código de barras, hay tantas irregularidades que no podemos entender lo que ocurre. La Junta nos dice, además, que dificultamos la actividad investigadora y que no hemos subsanado las deficiencias que se han encontrado, pero no nos indican cuáles son ni cómo podemos resolverlas», añade Juan José Álamo , abogado del dueño de Cárnicas Sierra Nevada.En su momento, ese letrado ya advirtió que la vía del contencioso -se han llegado a abrir seis expedientes administrativos- no serviría para nada y que habría que recurrir a la judicial. A principios de junio eso se ha traducido en la presentación de una denuncia , en la posterior apertura de diligencias de investigación y en la notificación a los cargos y funcionarios de que deberán dar su versión de lo ocurrido. El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha abierto diligencias de investigación y ha llamado a declarar a varios cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el delegado de Salud en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos , tras recibir una demanda de la industria Cárnicas Sierra Nevada, que lleva sin actividad desde que, en octubre de 2023, la Junta decretó una alerta sanitaria por vender embutidos afectados por la enfermedad bacteriana conocida como listeria. Según ha podido saber ABC, la titular del juzgado, María de los Ángeles Jiménez , ha citado a declarar a ocho inspectores, funcionarios y cargos públicos, que tendrán que personarse como querellados los días 14 y 15 de julio. Entre ellos está Sánchez-Montesinos, citado a las 11.30 horas del 14 de julio. El día 15, a las 9.30 horas, le tocará el turno a María del Mar Mochón , jefa de Salud y Consumo en la provincia.Según consta en la denuncia, a todos ellos se les imputan los siguientes delitos: prevaricación, falsedad de documento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secreto, delitos cometidos por funcionarios públicos contra otros derechos individuales, falso testimonio en causa criminal, denuncia falsa, coacciones y pertenencia a organización criminal. La Junta acude como presunta responsable civil subsidiaria.Los hechos se remontan a octubre de 2023, cuando la Junta decretó una alerta sanitaria en la empresa, ubicada en Cájar , un pueblo cercano a Granada, por distribuir fuet, salchichón, queso de cerdo, chorizo ibérico y chorizo picante presuntamente afectado por listeria en las provincias de Granada, Córdoba y Málaga , así como en las islas Baleares . No se supo de ningún afectado por ese brote. El responsable de la empresa, David Díaz , asegura que los análisis negativos sólo se dieron en un lote de fuet y de que no se hicieron ajustándose al protocolo. «Se hicieron cuando el producto ya había salido de aquí y estaba fuera de nuestro control», afirmó en declaraciones a ABC el pasado mes de abril. Recuerda, además, que el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada acordó en septiembre de 2024 el sobreseimiento del caso y no impuso a la empresa ninguna sanción , pese a lo cual la Junta no le permitía abrir. Las pérdidas acumuladas, dice, superaban los dos millones de euros y abocan a la empresa a su cierre definitivo. La Consejería de Salud replicó que había requerido «en varias ocasiones» a Cárnicas Sierra Nevada que subsanara diversas cuestiones sanitarias y que no lo había hecho. Agregó que el 23 de julio de 2023 –es decir, antes del brote de listeria- instó a la empresa a «cesar su actividad» porque había detectado esa bacteria en lotes de productos, «pese a lo cual siguió vendiendo».La empresa, de casi 50 años de antigüedad, sigue sin poder producir. Su administrador único asegura que ha perdido en todo este tiempo dos millones de euros y confiesa que está a punto de cerrar. Todo lo que le ha pasado en este periodo, que se acerca ya a los dos años, ha sido «injusto», asegura.«Se han hecho informes sin sellos, sin número de registro, sin código de barras, hay tantas irregularidades que no podemos entender lo que ocurre. La Junta nos dice, además, que dificultamos la actividad investigadora y que no hemos subsanado las deficiencias que se han encontrado, pero no nos indican cuáles son ni cómo podemos resolverlas», añade Juan José Álamo , abogado del dueño de Cárnicas Sierra Nevada.En su momento, ese letrado ya advirtió que la vía del contencioso -se han llegado a abrir seis expedientes administrativos- no serviría para nada y que habría que recurrir a la judicial. A principios de junio eso se ha traducido en la presentación de una denuncia , en la posterior apertura de diligencias de investigación y en la notificación a los cargos y funcionarios de que deberán dar su versión de lo ocurrido. RSS de noticias de espana/andalucia
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