Alrededor de sesenta presos de ETA —62 según el seguimiento que hace la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)— cumplen condena actualmente en las cárceles vascas en segundo grado penitenciario sin que se les apliquen (todavía) los privilegios que otorga el artículo 100.2. El último en la lista de los que sí lo hace es Ángel María Tellería , que logró este lunes la autorización por parte del Gobierno vasco, uniéndose a otros como Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ o Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ que, pese a continuar en ese segundo grado o régimen ordinario previo a la semilibertad en términos legales , ya disfrutan de salidas de lunes a viernes de la prisión de Martutene (Guipúzcoa), donde solo vuelven a pernoctar. Esos datos son los últimos que maneja el Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT, que en febrero de este año ya advertía que tan solo un 40 por ciento del total de los etarras encarcelados en España cumple condena sin salir de prisión. No quiere decir que los 62 antes mencionados vayan a obtener el 100.2. Esto depende de las propuestas individualizadas que hace la Junta de Tratamiento de cada presidio. Además, hay que tener en cuenta que muchos miembros de ETA han pasado del segundo al tercer grado o régimen de semilibertad sin contar en su expediente con la aplicación de este precepto. Sin embargo, tal y como comenta Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT responsable del Observatorio de Política Penitenciaria, «la impresión es que dentro del modelo vasco (la comunidad autónoma controla la Administración Penitenciaria desde octubre de 2021) el artículo 100.2 ya se ha convertido en un paso previo al tercer grado». El tiempo dirá, pero tal y como vienen denunciando las asociaciones, las autorizaciones de éste, que no precisan del visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional como sí ocurre con la progresión al tercer grado (en el primer caso solo se pronuncia ‘a posteriori’ el Juez de Vigilancia Penitenciaria), aumentan progresivamente de semana en semana. Tal y como informó en febrero ABC y este domingo comentó Inés Soria, asesora del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, en una entrevista en ‘El País’, actualmente hay 18 etarras a los que se les aplica de forma efectiva el artículo 100.2 (48 han accedido a él en total desde que el Gobierno vasco asumió la competencia). A esa lista con nombres y apellidos que ofreció este periódico hace aproximadamente un mes, donde figuran miembros de la banda terrorista como Henri ‘Parot’ Navarro o Juan Carlos Iglesias Chouzas ‘Gadafi’, habría que sumar en fechas recientes, además de Ángel María Tellería o Anboto, a Jon Bienzobas, el asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Precisamente, tras las declaraciones de Soria, que remarcó que para acceder a beneficios penitenciarios «no es obligatoria» la colaboración en el esclarecimiento de crímenes pendientes (311, según el Memorial de Víctimas del Terrorismo), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) la señaló por «intoxicar» la opinión pública. «Engaña cuando afirma que los presos de ETA ‘reconocen el daño causado’», afirmaban sobre sus palabras: «Es algo tan básico como reconocer que la lluvia moja o, en el caso del terrorismo, que las bombas matan. Lo que tienen que reconocer es la injusticia radical de ese daño causado […]. Si de verdad lo reconocieran, no seguirían integrados en el mismo espacio político y social que les llama ‘presos políticos’, reclama su impunidad y continúa exaltando la trayectoria criminal de los etarras en nuestras calles».El último de estos ejemplos se ha vivido con especial intensidad las dos últimas semanas en el País Vasco y Navarra durante la celebración de la Korrika, la carrera de relevos por el euskera organizada por AEK (Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización). Después de recorrer miles de kilómetros, hace dos días, a su llegada a Bilbao, el equipo del lendakari Imanol Pradales tenía que enarbolar una enjambre de ikurriñas para que en la retransmisión televisiva no apareciesen las imágenes de etarras que se veían a su espalda mientras recogía el testigo. Un escenario que se ha repetido los once días de marcha ininterrumpida, donde ha habido miembros de la banda terrorista como Balbino Sáenz, Mikel San Argimiro o Xabier Atristain que portearon en San Sebastián el mismo canuto de madera que alzaba el presidente jornadas después en la capital vizcaína. El cierre del evento se produjo frente al Ayuntamiento de la villa, donde se leyó un manifiesto que promovía «continuar el legado de los predecesores con nuevas voces». Entre los firmantes, además de jóvenes militantes de EH Bildu, estaba Oier Gil de San Vicente Pla, hijo del exjefe de ETA y parte de la cúpula de Sortu (partido heredero de Herri Batasuna, matriz de la coalición liderada por Arnaldo Otegi), David Pla. En cuanto a la excarcelación de presos de la banda terrorista en el País Vasco, donde las manifestaciones a su favor protagonizadas por Sare (red de apoyo afín a EH Bildu) son múltiples y constantes, viene provocando el choque entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Estos últimos, bajo la figura de la consejera María Jesús San José, dirigen el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que atribuidas las competencias sobre la Administración Penitenciaria, acusaron este fin de semana a los populares de «agredir» a las víctimas del terrorismo . Ayer, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, respondió a Eneko Andueza, secretario general del PSE, acusándole de «trasladar la responsabilidad» del daño causado «de sus socios, EH Bildu, a sus adversarios, el PP». Alrededor de sesenta presos de ETA —62 según el seguimiento que hace la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)— cumplen condena actualmente en las cárceles vascas en segundo grado penitenciario sin que se les apliquen (todavía) los privilegios que otorga el artículo 100.2. El último en la lista de los que sí lo hace es Ángel María Tellería , que logró este lunes la autorización por parte del Gobierno vasco, uniéndose a otros como Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ o Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ que, pese a continuar en ese segundo grado o régimen ordinario previo a la semilibertad en términos legales , ya disfrutan de salidas de lunes a viernes de la prisión de Martutene (Guipúzcoa), donde solo vuelven a pernoctar. Esos datos son los últimos que maneja el Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT, que en febrero de este año ya advertía que tan solo un 40 por ciento del total de los etarras encarcelados en España cumple condena sin salir de prisión. No quiere decir que los 62 antes mencionados vayan a obtener el 100.2. Esto depende de las propuestas individualizadas que hace la Junta de Tratamiento de cada presidio. Además, hay que tener en cuenta que muchos miembros de ETA han pasado del segundo al tercer grado o régimen de semilibertad sin contar en su expediente con la aplicación de este precepto. Sin embargo, tal y como comenta Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT responsable del Observatorio de Política Penitenciaria, «la impresión es que dentro del modelo vasco (la comunidad autónoma controla la Administración Penitenciaria desde octubre de 2021) el artículo 100.2 ya se ha convertido en un paso previo al tercer grado». El tiempo dirá, pero tal y como vienen denunciando las asociaciones, las autorizaciones de éste, que no precisan del visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional como sí ocurre con la progresión al tercer grado (en el primer caso solo se pronuncia ‘a posteriori’ el Juez de Vigilancia Penitenciaria), aumentan progresivamente de semana en semana. Tal y como informó en febrero ABC y este domingo comentó Inés Soria, asesora del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, en una entrevista en ‘El País’, actualmente hay 18 etarras a los que se les aplica de forma efectiva el artículo 100.2 (48 han accedido a él en total desde que el Gobierno vasco asumió la competencia). A esa lista con nombres y apellidos que ofreció este periódico hace aproximadamente un mes, donde figuran miembros de la banda terrorista como Henri ‘Parot’ Navarro o Juan Carlos Iglesias Chouzas ‘Gadafi’, habría que sumar en fechas recientes, además de Ángel María Tellería o Anboto, a Jon Bienzobas, el asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Precisamente, tras las declaraciones de Soria, que remarcó que para acceder a beneficios penitenciarios «no es obligatoria» la colaboración en el esclarecimiento de crímenes pendientes (311, según el Memorial de Víctimas del Terrorismo), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) la señaló por «intoxicar» la opinión pública. «Engaña cuando afirma que los presos de ETA ‘reconocen el daño causado’», afirmaban sobre sus palabras: «Es algo tan básico como reconocer que la lluvia moja o, en el caso del terrorismo, que las bombas matan. Lo que tienen que reconocer es la injusticia radical de ese daño causado […]. Si de verdad lo reconocieran, no seguirían integrados en el mismo espacio político y social que les llama ‘presos políticos’, reclama su impunidad y continúa exaltando la trayectoria criminal de los etarras en nuestras calles».El último de estos ejemplos se ha vivido con especial intensidad las dos últimas semanas en el País Vasco y Navarra durante la celebración de la Korrika, la carrera de relevos por el euskera organizada por AEK (Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización). Después de recorrer miles de kilómetros, hace dos días, a su llegada a Bilbao, el equipo del lendakari Imanol Pradales tenía que enarbolar una enjambre de ikurriñas para que en la retransmisión televisiva no apareciesen las imágenes de etarras que se veían a su espalda mientras recogía el testigo. Un escenario que se ha repetido los once días de marcha ininterrumpida, donde ha habido miembros de la banda terrorista como Balbino Sáenz, Mikel San Argimiro o Xabier Atristain que portearon en San Sebastián el mismo canuto de madera que alzaba el presidente jornadas después en la capital vizcaína. El cierre del evento se produjo frente al Ayuntamiento de la villa, donde se leyó un manifiesto que promovía «continuar el legado de los predecesores con nuevas voces». Entre los firmantes, además de jóvenes militantes de EH Bildu, estaba Oier Gil de San Vicente Pla, hijo del exjefe de ETA y parte de la cúpula de Sortu (partido heredero de Herri Batasuna, matriz de la coalición liderada por Arnaldo Otegi), David Pla. En cuanto a la excarcelación de presos de la banda terrorista en el País Vasco, donde las manifestaciones a su favor protagonizadas por Sare (red de apoyo afín a EH Bildu) son múltiples y constantes, viene provocando el choque entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Estos últimos, bajo la figura de la consejera María Jesús San José, dirigen el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que atribuidas las competencias sobre la Administración Penitenciaria, acusaron este fin de semana a los populares de «agredir» a las víctimas del terrorismo . Ayer, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, respondió a Eneko Andueza, secretario general del PSE, acusándole de «trasladar la responsabilidad» del daño causado «de sus socios, EH Bildu, a sus adversarios, el PP». Alrededor de sesenta presos de ETA —62 según el seguimiento que hace la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)— cumplen condena actualmente en las cárceles vascas en segundo grado penitenciario sin que se les apliquen (todavía) los privilegios que otorga el artículo 100.2. El último en la lista de los que sí lo hace es Ángel María Tellería , que logró este lunes la autorización por parte del Gobierno vasco, uniéndose a otros como Garikoitz Aspiazu ‘Txeroki’ o Soledad Iparraguirre ‘Anboto’ que, pese a continuar en ese segundo grado o régimen ordinario previo a la semilibertad en términos legales , ya disfrutan de salidas de lunes a viernes de la prisión de Martutene (Guipúzcoa), donde solo vuelven a pernoctar. Esos datos son los últimos que maneja el Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT, que en febrero de este año ya advertía que tan solo un 40 por ciento del total de los etarras encarcelados en España cumple condena sin salir de prisión. No quiere decir que los 62 antes mencionados vayan a obtener el 100.2. Esto depende de las propuestas individualizadas que hace la Junta de Tratamiento de cada presidio. Además, hay que tener en cuenta que muchos miembros de ETA han pasado del segundo al tercer grado o régimen de semilibertad sin contar en su expediente con la aplicación de este precepto. Sin embargo, tal y como comenta Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT responsable del Observatorio de Política Penitenciaria, «la impresión es que dentro del modelo vasco (la comunidad autónoma controla la Administración Penitenciaria desde octubre de 2021) el artículo 100.2 ya se ha convertido en un paso previo al tercer grado». El tiempo dirá, pero tal y como vienen denunciando las asociaciones, las autorizaciones de éste, que no precisan del visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional como sí ocurre con la progresión al tercer grado (en el primer caso solo se pronuncia ‘a posteriori’ el Juez de Vigilancia Penitenciaria), aumentan progresivamente de semana en semana. Tal y como informó en febrero ABC y este domingo comentó Inés Soria, asesora del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, en una entrevista en ‘El País’, actualmente hay 18 etarras a los que se les aplica de forma efectiva el artículo 100.2 (48 han accedido a él en total desde que el Gobierno vasco asumió la competencia). A esa lista con nombres y apellidos que ofreció este periódico hace aproximadamente un mes, donde figuran miembros de la banda terrorista como Henri ‘Parot’ Navarro o Juan Carlos Iglesias Chouzas ‘Gadafi’, habría que sumar en fechas recientes, además de Ángel María Tellería o Anboto, a Jon Bienzobas, el asesino del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Precisamente, tras las declaraciones de Soria, que remarcó que para acceder a beneficios penitenciarios «no es obligatoria» la colaboración en el esclarecimiento de crímenes pendientes (311, según el Memorial de Víctimas del Terrorismo), el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) la señaló por «intoxicar» la opinión pública. «Engaña cuando afirma que los presos de ETA ‘reconocen el daño causado’», afirmaban sobre sus palabras: «Es algo tan básico como reconocer que la lluvia moja o, en el caso del terrorismo, que las bombas matan. Lo que tienen que reconocer es la injusticia radical de ese daño causado […]. Si de verdad lo reconocieran, no seguirían integrados en el mismo espacio político y social que les llama ‘presos políticos’, reclama su impunidad y continúa exaltando la trayectoria criminal de los etarras en nuestras calles».El último de estos ejemplos se ha vivido con especial intensidad las dos últimas semanas en el País Vasco y Navarra durante la celebración de la Korrika, la carrera de relevos por el euskera organizada por AEK (Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización). Después de recorrer miles de kilómetros, hace dos días, a su llegada a Bilbao, el equipo del lendakari Imanol Pradales tenía que enarbolar una enjambre de ikurriñas para que en la retransmisión televisiva no apareciesen las imágenes de etarras que se veían a su espalda mientras recogía el testigo. Un escenario que se ha repetido los once días de marcha ininterrumpida, donde ha habido miembros de la banda terrorista como Balbino Sáenz, Mikel San Argimiro o Xabier Atristain que portearon en San Sebastián el mismo canuto de madera que alzaba el presidente jornadas después en la capital vizcaína. El cierre del evento se produjo frente al Ayuntamiento de la villa, donde se leyó un manifiesto que promovía «continuar el legado de los predecesores con nuevas voces». Entre los firmantes, además de jóvenes militantes de EH Bildu, estaba Oier Gil de San Vicente Pla, hijo del exjefe de ETA y parte de la cúpula de Sortu (partido heredero de Herri Batasuna, matriz de la coalición liderada por Arnaldo Otegi), David Pla. En cuanto a la excarcelación de presos de la banda terrorista en el País Vasco, donde las manifestaciones a su favor protagonizadas por Sare (red de apoyo afín a EH Bildu) son múltiples y constantes, viene provocando el choque entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE). Estos últimos, bajo la figura de la consejera María Jesús San José, dirigen el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que atribuidas las competencias sobre la Administración Penitenciaria, acusaron este fin de semana a los populares de «agredir» a las víctimas del terrorismo . Ayer, el presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, respondió a Eneko Andueza, secretario general del PSE, acusándole de «trasladar la responsabilidad» del daño causado «de sus socios, EH Bildu, a sus adversarios, el PP». RSS de noticias de espana
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