La celebración de los 150 años del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) se convirtió en una enmienda a la totalidad de la reforma judicial. La decana, Begoña Mollá, aprovechaba su discurso en el acto conmemorativo, en la Ciudad de la Justicia, para cargar contra la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, una norma que, según decía, «nos ha venido impuesta por quien, y permítanme que lo diga con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, nunca ha pisado un tribunal y desconoce cuál es la realidad de nuestros órganos judiciales».Ante el presidente del TSJCV, Manuel José Baeza, y el resto de autoridades, la decana advertía el pasado viernes de que celebrar nuestra historia «no puede significar guardar silencio ante lo que está ocurriendo con nuestra justicia». Por eso, «ha llegado el momento de decir, con claridad y sin eufemismos, que nuestra justicia no puede seguir por este camino», proclamaba.Mollá reconocía que palabras como modernización, transformación y eficiencia «suenan bien» y que «nadie, desde la responsabilidad, puede rechazar». Pero remachaba: «La verdadera eficiencia no se proclama en el Boletín Oficial del Estado. La verdadera eficiencia se demuestra cada mañana en nuestros juzgados». Y la realidad que viven a diario los procuradores, lamentaba, «dista mucho de los objetivos que se anuncian».La decana explicaba que una reforma «de semejante envergadura» debería haber nacido «del diálogo, de la planificación, de la dotación suficiente de medios a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, de la escucha a quienes conocemos la justicia desde dentro». En cambio, denunciaba, «demasiadas veces tenemos la sensación de que se legisla para los profesionales de la justicia, pero sin escuchar suficientemente a los profesionales de la justicia», algo que la decana calificaba como «un error profundo ».Mollá insistía en que «no se puede reorganizar la justicia desde un despacho ignorando las dificultades de quienes tienen que hacer funcionar esa reorganización cada día» y rechazaba que se confunda «modernizar con cambiar nombres, estructuras y organigramas». Cambiar la denominación de un órgano judicial, añadía, «no hace desaparecer los retrasos», del mismo modo que aprobar una ley no significa haber resuelto los problemas que pretende solucionar.«Deshumanizar la justicia»La decana alertaba de que, «bajo el nombre de eficiencia», se puede terminar «deshumanizando la justicia, invisibilizando a sus profesionales y alejando a los ciudadanos de los tribunales». Y advertía de que, cuando la justicia llega tarde, no ofrece respuestas o se vuelve inaccesible, «quien pierde no es solamente el profesional. Pierde el ciudadano. Y con él, se pierde la confianza en nuestras instituciones».Mollá subrayaba que aplicar la reforma resulta «más complicado si cabe» en comunidades con competencias transferidas como la valenciana, que deben afrontar los cambios «con los presupuestos que se tienen». En este punto, agradecía a la Conselleria de Justicia, al TSJCV, a la Secretaría Coordinadora Provincial y a los presidentes de los tribunales de instancia su empeño «en conseguir que esto funcione» pese a las dificultades.La otra gran queja del discurso apuntaba a la «progresiva falta de atención a los profesionales» en los juzgados. «Quienes acudimos a los tribunales no lo hacemos por capricho. No pedimos información por comodidad. No solicitamos atención porque pretendamos privilegios», explicaba la decana. «Resulta profundamente injusto que quienes contribuimos al funcionamiento de la justicia tengamos que reclamar, una y otra vez, algo tan elemental como ser atendidos, escuchados y respetados».Mollá valoraba los esfuerzos de la Conselleria y del TSJCV para mejorar la atención presencial y telefónica, pero avisaba de que la comunicación directa con los órganos judiciales «no puede convertirse en una carrera de obstáculos», porque «una justicia verdaderamente eficiente no puede ser una justicia con la que resulte difícil comunicarse».Tampoco quería la decana que los retrasos, los fallos tecnológicos y la sobrecarga de trabajo se conviertan «en una normalidad que acabemos aceptando», porque «la justicia tiene rostro humano y detrás de cada expediente hay una persona que espera una respuesta». Y cerraba la parte más reivindicativa con un aviso: «Desde Valencia, desde un colegio con historia, con dignidad y con voz propia, decimos hoy que no vamos a resignarnos a contemplar en silencio el deterioro de nuestra justicia», sentenciaba, convencida de que «adaptarse no significa renunciar a reivindicar». La celebración de los 150 años del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) se convirtió en una enmienda a la totalidad de la reforma judicial. La decana, Begoña Mollá, aprovechaba su discurso en el acto conmemorativo, en la Ciudad de la Justicia, para cargar contra la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, una norma que, según decía, «nos ha venido impuesta por quien, y permítanme que lo diga con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, nunca ha pisado un tribunal y desconoce cuál es la realidad de nuestros órganos judiciales».Ante el presidente del TSJCV, Manuel José Baeza, y el resto de autoridades, la decana advertía el pasado viernes de que celebrar nuestra historia «no puede significar guardar silencio ante lo que está ocurriendo con nuestra justicia». Por eso, «ha llegado el momento de decir, con claridad y sin eufemismos, que nuestra justicia no puede seguir por este camino», proclamaba.Mollá reconocía que palabras como modernización, transformación y eficiencia «suenan bien» y que «nadie, desde la responsabilidad, puede rechazar». Pero remachaba: «La verdadera eficiencia no se proclama en el Boletín Oficial del Estado. La verdadera eficiencia se demuestra cada mañana en nuestros juzgados». Y la realidad que viven a diario los procuradores, lamentaba, «dista mucho de los objetivos que se anuncian».La decana explicaba que una reforma «de semejante envergadura» debería haber nacido «del diálogo, de la planificación, de la dotación suficiente de medios a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, de la escucha a quienes conocemos la justicia desde dentro». En cambio, denunciaba, «demasiadas veces tenemos la sensación de que se legisla para los profesionales de la justicia, pero sin escuchar suficientemente a los profesionales de la justicia», algo que la decana calificaba como «un error profundo ».Mollá insistía en que «no se puede reorganizar la justicia desde un despacho ignorando las dificultades de quienes tienen que hacer funcionar esa reorganización cada día» y rechazaba que se confunda «modernizar con cambiar nombres, estructuras y organigramas». Cambiar la denominación de un órgano judicial, añadía, «no hace desaparecer los retrasos», del mismo modo que aprobar una ley no significa haber resuelto los problemas que pretende solucionar.«Deshumanizar la justicia»La decana alertaba de que, «bajo el nombre de eficiencia», se puede terminar «deshumanizando la justicia, invisibilizando a sus profesionales y alejando a los ciudadanos de los tribunales». Y advertía de que, cuando la justicia llega tarde, no ofrece respuestas o se vuelve inaccesible, «quien pierde no es solamente el profesional. Pierde el ciudadano. Y con él, se pierde la confianza en nuestras instituciones».Mollá subrayaba que aplicar la reforma resulta «más complicado si cabe» en comunidades con competencias transferidas como la valenciana, que deben afrontar los cambios «con los presupuestos que se tienen». En este punto, agradecía a la Conselleria de Justicia, al TSJCV, a la Secretaría Coordinadora Provincial y a los presidentes de los tribunales de instancia su empeño «en conseguir que esto funcione» pese a las dificultades.La otra gran queja del discurso apuntaba a la «progresiva falta de atención a los profesionales» en los juzgados. «Quienes acudimos a los tribunales no lo hacemos por capricho. No pedimos información por comodidad. No solicitamos atención porque pretendamos privilegios», explicaba la decana. «Resulta profundamente injusto que quienes contribuimos al funcionamiento de la justicia tengamos que reclamar, una y otra vez, algo tan elemental como ser atendidos, escuchados y respetados».Mollá valoraba los esfuerzos de la Conselleria y del TSJCV para mejorar la atención presencial y telefónica, pero avisaba de que la comunicación directa con los órganos judiciales «no puede convertirse en una carrera de obstáculos», porque «una justicia verdaderamente eficiente no puede ser una justicia con la que resulte difícil comunicarse».Tampoco quería la decana que los retrasos, los fallos tecnológicos y la sobrecarga de trabajo se conviertan «en una normalidad que acabemos aceptando», porque «la justicia tiene rostro humano y detrás de cada expediente hay una persona que espera una respuesta». Y cerraba la parte más reivindicativa con un aviso: «Desde Valencia, desde un colegio con historia, con dignidad y con voz propia, decimos hoy que no vamos a resignarnos a contemplar en silencio el deterioro de nuestra justicia», sentenciaba, convencida de que «adaptarse no significa renunciar a reivindicar». La celebración de los 150 años del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV) se convirtió en una enmienda a la totalidad de la reforma judicial. La decana, Begoña Mollá, aprovechaba su discurso en el acto conmemorativo, en la Ciudad de la Justicia, para cargar contra la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, una norma que, según decía, «nos ha venido impuesta por quien, y permítanme que lo diga con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, nunca ha pisado un tribunal y desconoce cuál es la realidad de nuestros órganos judiciales».Ante el presidente del TSJCV, Manuel José Baeza, y el resto de autoridades, la decana advertía el pasado viernes de que celebrar nuestra historia «no puede significar guardar silencio ante lo que está ocurriendo con nuestra justicia». Por eso, «ha llegado el momento de decir, con claridad y sin eufemismos, que nuestra justicia no puede seguir por este camino», proclamaba.Mollá reconocía que palabras como modernización, transformación y eficiencia «suenan bien» y que «nadie, desde la responsabilidad, puede rechazar». Pero remachaba: «La verdadera eficiencia no se proclama en el Boletín Oficial del Estado. La verdadera eficiencia se demuestra cada mañana en nuestros juzgados». Y la realidad que viven a diario los procuradores, lamentaba, «dista mucho de los objetivos que se anuncian».La decana explicaba que una reforma «de semejante envergadura» debería haber nacido «del diálogo, de la planificación, de la dotación suficiente de medios a todas las comunidades autónomas y, sobre todo, de la escucha a quienes conocemos la justicia desde dentro». En cambio, denunciaba, «demasiadas veces tenemos la sensación de que se legisla para los profesionales de la justicia, pero sin escuchar suficientemente a los profesionales de la justicia», algo que la decana calificaba como «un error profundo ».Mollá insistía en que «no se puede reorganizar la justicia desde un despacho ignorando las dificultades de quienes tienen que hacer funcionar esa reorganización cada día» y rechazaba que se confunda «modernizar con cambiar nombres, estructuras y organigramas». Cambiar la denominación de un órgano judicial, añadía, «no hace desaparecer los retrasos», del mismo modo que aprobar una ley no significa haber resuelto los problemas que pretende solucionar.«Deshumanizar la justicia»La decana alertaba de que, «bajo el nombre de eficiencia», se puede terminar «deshumanizando la justicia, invisibilizando a sus profesionales y alejando a los ciudadanos de los tribunales». Y advertía de que, cuando la justicia llega tarde, no ofrece respuestas o se vuelve inaccesible, «quien pierde no es solamente el profesional. Pierde el ciudadano. Y con él, se pierde la confianza en nuestras instituciones».Mollá subrayaba que aplicar la reforma resulta «más complicado si cabe» en comunidades con competencias transferidas como la valenciana, que deben afrontar los cambios «con los presupuestos que se tienen». En este punto, agradecía a la Conselleria de Justicia, al TSJCV, a la Secretaría Coordinadora Provincial y a los presidentes de los tribunales de instancia su empeño «en conseguir que esto funcione» pese a las dificultades.La otra gran queja del discurso apuntaba a la «progresiva falta de atención a los profesionales» en los juzgados. «Quienes acudimos a los tribunales no lo hacemos por capricho. No pedimos información por comodidad. No solicitamos atención porque pretendamos privilegios», explicaba la decana. «Resulta profundamente injusto que quienes contribuimos al funcionamiento de la justicia tengamos que reclamar, una y otra vez, algo tan elemental como ser atendidos, escuchados y respetados».Mollá valoraba los esfuerzos de la Conselleria y del TSJCV para mejorar la atención presencial y telefónica, pero avisaba de que la comunicación directa con los órganos judiciales «no puede convertirse en una carrera de obstáculos», porque «una justicia verdaderamente eficiente no puede ser una justicia con la que resulte difícil comunicarse».Tampoco quería la decana que los retrasos, los fallos tecnológicos y la sobrecarga de trabajo se conviertan «en una normalidad que acabemos aceptando», porque «la justicia tiene rostro humano y detrás de cada expediente hay una persona que espera una respuesta». Y cerraba la parte más reivindicativa con un aviso: «Desde Valencia, desde un colegio con historia, con dignidad y con voz propia, decimos hoy que no vamos a resignarnos a contemplar en silencio el deterioro de nuestra justicia», sentenciaba, convencida de que «adaptarse no significa renunciar a reivindicar». RSS de noticias de espana
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