La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre de origen francés a indemnizar con 22,5 millones de euros a Hacienda tras quedar probado que defraudó esa cantidad al erario público utilizando el mercado de compraventa de derechos de emisión de CO2 para quedarse con las cantidades correspondientes al IVA. En una sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Francisco Javier Vieira, explica que Stephane Villenueve logró hacerse con cantidades millonarias gracias a que antepuso al verdadero obligado tributario una serie de empresas conocidas en la jerga de este tipo de delincuencia como ‘truchas’ o ‘missing traders’. Al juicio oral, celebrado el pasado mes de junio, se llegó con una conformidad por parte de la defensa del encausado y del Ministerio Fiscal, y el hombre, que declaró por videoconferencia dado que cumple pena de cárcel en Francia, reconoció los hechos.Noticia Relacionada estandar No La Comisión acepta que las empresas europeas descuenten emisiones por proyectos en el extranjero enrique SerbetoEl tribunal, haciéndose eco del criterio de Fiscalía, explica en su sentencia que el condenado interpuso «una pantalla formada por una o varias sociedades» a las que desplazaba la obligación de abonar el IVA al Estado. Y añade que, siguiendo el plan trazado, incumplieron «sistemáticamente» con Hacienda. Esquema delictivoEl juez ponente de la resolución explica que el esquema seguido para lograr esta ocultación arranca con la creación de sociedades ‘truchas’ en las que tienen entrada, procedentes del extranjero, los derechos de CO2 que se comercializan. Apunta que el único reflejo al exterior de estas sociedades en la transmisión de los derechos consistía en las declaraciones fiscales presentadas por las sociedades compradoras y las facturas con las que justificaban las operaciones. Así, resalta que es en estas sociedades donde recaía la obligación de ingresar el IVA en Hacienda, algo con lo que incumplían. Y añade que tenían en común que eran ilocalizables, que no tenían personal, no contaban con ninguna declaración de Hacienda, y existía una desproporción entre el valor de las operaciones en las que participaban y lo recursos económicos de los que disponía. Con los derechos de emisión de CO2 extranjeros en su poder, las ‘truchas’ simulaban operaciones de compraventa a otras sociedades situadas en un segundo nivel a las que el juez califica de ‘pantallas’. Estas operaciones «ficticias» permitían justificar que se había soportado el IVA, cuando no era así. Por medio de esas pantallas llegaban los derechos finalmente al mercado de grandes empresas españolas que los utilizaban para su industria como empresas contaminantes que eran. «Se crea así una corriente de transmisiones cuya única finalidad es lograr que el IVA no ingresado por las ‘truchas’ lo sea con cargo a la Hacienda Pública, al obtener de ésta, su devolución en el caso de ventas a sociedades radicadas en el extranjero o su compensación que conlleva un menor ingreso para la hacienda pública», explica.El Protocolo de KyotoEste tipo de fraude devino en habitual prácticamente desde que entró en vigor en 1997 el conocido como Protocolo de Kyoto, por el que los países firmantes se comprometían a limitar y reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero a un nivel inferior en no menos del 5%. Una directiva europea de 2003 reguló el régimen del comercio de derechos de emisión de esos gases con el objetivo de que los estados miembro pudieran cumplir con el compromiso de esa reducción de emisiones.Para facilitar ese comercio de los derechos de emisión se crearon en Europa sociedades encargadas de agilizar el mercado secundario que actúan como bolsas de intercambio en el mercado de estos derechos. Pero la regulación inicial en ese mercado facilitaba el fraude en el IVA de esos derechos de emisión, como el que ahora ha juzgado la Audiencia Nacional, y en 2009 varios países europeos, incluida España, modificaron sus leyes para evitar este tipo de actividad ilícita. La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre de origen francés a indemnizar con 22,5 millones de euros a Hacienda tras quedar probado que defraudó esa cantidad al erario público utilizando el mercado de compraventa de derechos de emisión de CO2 para quedarse con las cantidades correspondientes al IVA. En una sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Francisco Javier Vieira, explica que Stephane Villenueve logró hacerse con cantidades millonarias gracias a que antepuso al verdadero obligado tributario una serie de empresas conocidas en la jerga de este tipo de delincuencia como ‘truchas’ o ‘missing traders’. Al juicio oral, celebrado el pasado mes de junio, se llegó con una conformidad por parte de la defensa del encausado y del Ministerio Fiscal, y el hombre, que declaró por videoconferencia dado que cumple pena de cárcel en Francia, reconoció los hechos.Noticia Relacionada estandar No La Comisión acepta que las empresas europeas descuenten emisiones por proyectos en el extranjero enrique SerbetoEl tribunal, haciéndose eco del criterio de Fiscalía, explica en su sentencia que el condenado interpuso «una pantalla formada por una o varias sociedades» a las que desplazaba la obligación de abonar el IVA al Estado. Y añade que, siguiendo el plan trazado, incumplieron «sistemáticamente» con Hacienda. Esquema delictivoEl juez ponente de la resolución explica que el esquema seguido para lograr esta ocultación arranca con la creación de sociedades ‘truchas’ en las que tienen entrada, procedentes del extranjero, los derechos de CO2 que se comercializan. Apunta que el único reflejo al exterior de estas sociedades en la transmisión de los derechos consistía en las declaraciones fiscales presentadas por las sociedades compradoras y las facturas con las que justificaban las operaciones. Así, resalta que es en estas sociedades donde recaía la obligación de ingresar el IVA en Hacienda, algo con lo que incumplían. Y añade que tenían en común que eran ilocalizables, que no tenían personal, no contaban con ninguna declaración de Hacienda, y existía una desproporción entre el valor de las operaciones en las que participaban y lo recursos económicos de los que disponía. Con los derechos de emisión de CO2 extranjeros en su poder, las ‘truchas’ simulaban operaciones de compraventa a otras sociedades situadas en un segundo nivel a las que el juez califica de ‘pantallas’. Estas operaciones «ficticias» permitían justificar que se había soportado el IVA, cuando no era así. Por medio de esas pantallas llegaban los derechos finalmente al mercado de grandes empresas españolas que los utilizaban para su industria como empresas contaminantes que eran. «Se crea así una corriente de transmisiones cuya única finalidad es lograr que el IVA no ingresado por las ‘truchas’ lo sea con cargo a la Hacienda Pública, al obtener de ésta, su devolución en el caso de ventas a sociedades radicadas en el extranjero o su compensación que conlleva un menor ingreso para la hacienda pública», explica.El Protocolo de KyotoEste tipo de fraude devino en habitual prácticamente desde que entró en vigor en 1997 el conocido como Protocolo de Kyoto, por el que los países firmantes se comprometían a limitar y reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero a un nivel inferior en no menos del 5%. Una directiva europea de 2003 reguló el régimen del comercio de derechos de emisión de esos gases con el objetivo de que los estados miembro pudieran cumplir con el compromiso de esa reducción de emisiones.Para facilitar ese comercio de los derechos de emisión se crearon en Europa sociedades encargadas de agilizar el mercado secundario que actúan como bolsas de intercambio en el mercado de estos derechos. Pero la regulación inicial en ese mercado facilitaba el fraude en el IVA de esos derechos de emisión, como el que ahora ha juzgado la Audiencia Nacional, y en 2009 varios países europeos, incluida España, modificaron sus leyes para evitar este tipo de actividad ilícita. La Audiencia Nacional ha condenado a un hombre de origen francés a indemnizar con 22,5 millones de euros a Hacienda tras quedar probado que defraudó esa cantidad al erario público utilizando el mercado de compraventa de derechos de emisión de CO2 para quedarse con las cantidades correspondientes al IVA. En una sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Francisco Javier Vieira, explica que Stephane Villenueve logró hacerse con cantidades millonarias gracias a que antepuso al verdadero obligado tributario una serie de empresas conocidas en la jerga de este tipo de delincuencia como ‘truchas’ o ‘missing traders’. Al juicio oral, celebrado el pasado mes de junio, se llegó con una conformidad por parte de la defensa del encausado y del Ministerio Fiscal, y el hombre, que declaró por videoconferencia dado que cumple pena de cárcel en Francia, reconoció los hechos.Noticia Relacionada estandar No La Comisión acepta que las empresas europeas descuenten emisiones por proyectos en el extranjero enrique SerbetoEl tribunal, haciéndose eco del criterio de Fiscalía, explica en su sentencia que el condenado interpuso «una pantalla formada por una o varias sociedades» a las que desplazaba la obligación de abonar el IVA al Estado. Y añade que, siguiendo el plan trazado, incumplieron «sistemáticamente» con Hacienda. Esquema delictivoEl juez ponente de la resolución explica que el esquema seguido para lograr esta ocultación arranca con la creación de sociedades ‘truchas’ en las que tienen entrada, procedentes del extranjero, los derechos de CO2 que se comercializan. Apunta que el único reflejo al exterior de estas sociedades en la transmisión de los derechos consistía en las declaraciones fiscales presentadas por las sociedades compradoras y las facturas con las que justificaban las operaciones. Así, resalta que es en estas sociedades donde recaía la obligación de ingresar el IVA en Hacienda, algo con lo que incumplían. Y añade que tenían en común que eran ilocalizables, que no tenían personal, no contaban con ninguna declaración de Hacienda, y existía una desproporción entre el valor de las operaciones en las que participaban y lo recursos económicos de los que disponía. Con los derechos de emisión de CO2 extranjeros en su poder, las ‘truchas’ simulaban operaciones de compraventa a otras sociedades situadas en un segundo nivel a las que el juez califica de ‘pantallas’. Estas operaciones «ficticias» permitían justificar que se había soportado el IVA, cuando no era así. Por medio de esas pantallas llegaban los derechos finalmente al mercado de grandes empresas españolas que los utilizaban para su industria como empresas contaminantes que eran. «Se crea así una corriente de transmisiones cuya única finalidad es lograr que el IVA no ingresado por las ‘truchas’ lo sea con cargo a la Hacienda Pública, al obtener de ésta, su devolución en el caso de ventas a sociedades radicadas en el extranjero o su compensación que conlleva un menor ingreso para la hacienda pública», explica.El Protocolo de KyotoEste tipo de fraude devino en habitual prácticamente desde que entró en vigor en 1997 el conocido como Protocolo de Kyoto, por el que los países firmantes se comprometían a limitar y reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero a un nivel inferior en no menos del 5%. Una directiva europea de 2003 reguló el régimen del comercio de derechos de emisión de esos gases con el objetivo de que los estados miembro pudieran cumplir con el compromiso de esa reducción de emisiones.Para facilitar ese comercio de los derechos de emisión se crearon en Europa sociedades encargadas de agilizar el mercado secundario que actúan como bolsas de intercambio en el mercado de estos derechos. Pero la regulación inicial en ese mercado facilitaba el fraude en el IVA de esos derechos de emisión, como el que ahora ha juzgado la Audiencia Nacional, y en 2009 varios países europeos, incluida España, modificaron sus leyes para evitar este tipo de actividad ilícita. RSS de noticias de sociedad
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