El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de servicios turísticos por no retirar de su portal los anuncios de alojamientos situados en territorio palestino ocupado por Israel pese a ser notificada hasta en tres ocasiones. La empresa, que opera en todo el territorio nacional y cuya identidad no ha sido revelada, se enfrenta a multas de hasta 100.000 euros por posibles prácticas de publicidad ilícita, según ha informado el departamento de Pablo Bustinduy.En concreto, los anuncios identificados, que suman alrededor de un centenar, se ubican en localidades de más de 200 códigos postales que corresponden a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado publicados en diciembre en el Boletín Oficial del Estado.La investigación de Consumo surge a partir de un informe de Naciones Unidas en la que el Alto Comisionado apuntaba directamente al sector inmobiliario. En el documento, la ONU compartía una base de datos de empresas vinculadas a la ocupación israelí en los territorios palestinos, en la que se incluía explícitamente a multinacionales como Airbnb, Booking y TripAdvisor, y aseguraba que existían motivos razonables para considerar que su actividad apoya el mantenimiento y la existencia de los asentamientos.El Ministerio requirió la retirada de anuncios hace meses a siete multinacionales al detectar contenido ilícito en sus comunicaciones comerciales por el mismo motivo. Sin embargo, seis sí bloquearon el acceso desde España a esos anuncios o los eliminaron, pero una de ellas que el Gobierno no ha querido especificar ha mantenido las publicaciones pese a las advertencias del Ministerio.Ante esta situación, Consumo ha puesto en marcha un expediente a la única multinacional que no retiró sus anuncios, que se enfrenta a multas de hasta 100.000 euros o de hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de dichas prácticas.Esta acción por parte de Consumo se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina y que incluye, entre otras, la prohibición de transferencia de material de defensa (con una excepción en el caso de que la sanción «suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales»), la importación de productos israelíes y la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante en Congreso cada trimestre para informar sobre todo lo relativo a lo aprobado en el decreto.En su artículo 4, se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita. Desde la Dirección General de Consumo señalan que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación. El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de servicios turísticos por no retirar de su portal los anuncios de alojamientos situados en territorio palestino ocupado por Israel pese a ser notificada hasta en tres ocasiones. La empresa, que opera en todo el territorio nacional y cuya identidad no ha sido revelada, se enfrenta a multas de hasta 100.000 euros por posibles prácticas de publicidad ilícita, según ha informado el departamento de Pablo Bustinduy.En concreto, los anuncios identificados, que suman alrededor de un centenar, se ubican en localidades de más de 200 códigos postales que corresponden a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado publicados en diciembre en el Boletín Oficial del Estado.La investigación de Consumo surge a partir de un informe de Naciones Unidas en la que el Alto Comisionado apuntaba directamente al sector inmobiliario. En el documento, la ONU compartía una base de datos de empresas vinculadas a la ocupación israelí en los territorios palestinos, en la que se incluía explícitamente a multinacionales como Airbnb, Booking y TripAdvisor, y aseguraba que existían motivos razonables para considerar que su actividad apoya el mantenimiento y la existencia de los asentamientos.El Ministerio requirió la retirada de anuncios hace meses a siete multinacionales al detectar contenido ilícito en sus comunicaciones comerciales por el mismo motivo. Sin embargo, seis sí bloquearon el acceso desde España a esos anuncios o los eliminaron, pero una de ellas que el Gobierno no ha querido especificar ha mantenido las publicaciones pese a las advertencias del Ministerio.Ante esta situación, Consumo ha puesto en marcha un expediente a la única multinacional que no retiró sus anuncios, que se enfrenta a multas de hasta 100.000 euros o de hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de dichas prácticas.Esta acción por parte de Consumo se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina y que incluye, entre otras, la prohibición de transferencia de material de defensa (con una excepción en el caso de que la sanción «suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales»), la importación de productos israelíes y la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante en Congreso cada trimestre para informar sobre todo lo relativo a lo aprobado en el decreto.En su artículo 4, se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita. Desde la Dirección General de Consumo señalan que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación. El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de servicios turísticos por no retirar de su portal los anuncios de alojamientos situados en territorio palestino ocupado por Israel pese a ser notificada hasta en tres ocasiones. La empresa, que opera en todo el territorio nacional y cuya identidad no ha sido revelada, se enfrenta a multas de hasta 100.000 euros por posibles prácticas de publicidad ilícita, según ha informado el departamento de Pablo Bustinduy.En concreto, los anuncios identificados, que suman alrededor de un centenar, se ubican en localidades de más de 200 códigos postales que corresponden a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado publicados en diciembre en el Boletín Oficial del Estado.La investigación de Consumo surge a partir de un informe de Naciones Unidas en la que el Alto Comisionado apuntaba directamente al sector inmobiliario. En el documento, la ONU compartía una base de datos de empresas vinculadas a la ocupación israelí en los territorios palestinos, en la que se incluía explícitamente a multinacionales como Airbnb, Booking y TripAdvisor, y aseguraba que existían motivos razonables para considerar que su actividad apoya el mantenimiento y la existencia de los asentamientos.El Ministerio requirió la retirada de anuncios hace meses a siete multinacionales al detectar contenido ilícito en sus comunicaciones comerciales por el mismo motivo. Sin embargo, seis sí bloquearon el acceso desde España a esos anuncios o los eliminaron, pero una de ellas que el Gobierno no ha querido especificar ha mantenido las publicaciones pese a las advertencias del Ministerio.Ante esta situación, Consumo ha puesto en marcha un expediente a la única multinacional que no retiró sus anuncios, que se enfrenta a multas de hasta 100.000 euros o de hasta entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido como consecuencia de dichas prácticas.Esta acción por parte de Consumo se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina y que incluye, entre otras, la prohibición de transferencia de material de defensa (con una excepción en el caso de que la sanción «suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales»), la importación de productos israelíes y la obligación del Gobierno de rendir cuentas ante en Congreso cada trimestre para informar sobre todo lo relativo a lo aprobado en el decreto.En su artículo 4, se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita. Desde la Dirección General de Consumo señalan que la iniciación de este expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación. RSS de noticias de economia
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