Las autoridades de Costa Rica presentaron este lunes un protocolo con el que apuestan por una justicia restaurativa, proporcional y alterna para mujeres que cometen delitos menores relacionados con drogas, como por ejemplo el ingreso de sustancias prohibidas a centros penales.El protocolo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (Copolad III), pretende unificar la forma de atender los casos en los diferentes departamentos del sistema costarricense, con el fin de dar un enfoque de género adecuado y de justicia restaurativa.El magistrado de la Sala III de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro, dijo a EFE que desde hace años el país cuenta con una norma específica que establece un tratamiento diferenciado para las mujeres que introducen droga en las cárceles y que han cometido el delito en medio de condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, la exclusión y la violencia de género.El protocolo presentado este lunes busca «establecer una hoja de ruta para que todos los que operamos en el sistema trabajemos de manera diferenciada los asuntos que involucran a mujeres en condición de vulnerabilidad a quienes esas vulnerabilidades las han empujado a cometer el delito», explicó Alfaro.El magistrado de la Sala III de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro (d), en San José (Costa Rica) EFE/ Jeffrey ArguedasSe trata del «Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a mujeres que cometen delitos menores de drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204 de 2001».Alfaro afirmó que la justicia restaurativa «está lejana a la impunidad», ya que genera «responsabilidad» en la persona, así como «conciencia del daño, disposición a la reparación, reconocimiento y transformación», lo que promueve una justicia «equitativa y efectiva» por medio de planes de reparación del daños, sin necesidad de largas condenas de prisión.Según el magistrado, las mujeres sufren las consecuencias de la prisión de manera diferente, pues se ven afectados sus vínculos familiares, sociales, los roles de cuidado de niños y adultos mayores, además del ámbito socioeconómico.El embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, sostuvo que «el enfoque restaurativo que hoy celebramos es una propuesta transformadora que va más allá de la simple sanción y busca, en cambio, la reparación, la rehabilitación, y la inclusión».«En este esfuerzo, la Unión Europea juega un papel fundamental. A través del programa Copolad, la respuesta de la Unión Europea hacia políticas de drogas más efectivas y humanas, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el fortalecimiento de la justicia restaurativa en América Latina y el Caribe», expresó el embajador.Según datos citados por el magistrado Alfaro, en el 2023 en Costa Rica había 564 mujeres presas, y de ellas el 49 % fueron procesadas por delitos relacionados con drogas.En 2022 las autoridades tramitaron 99 causas contra mujeres por el delito de introducción de drogas a centros penales, en 2023 el número subió a 212 y en lo que va del 2024 la cifra fue de 210.Para el 2022 un total de 90 mujeres fueron atendidas mediante la justicia restaurativa, para el 2023 el número ascendió a 225 y las autoridades esperan cerrar el 2024 con 2030, detalló Alfaro.El director del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, destacó que «la rehabilitación e integración de las mujeres no solo mejora el bienestar personal, sino que fortalece el tejido social y reduce los índices de reincidencia». Las autoridades de Costa Rica presentaron este lunes un protocolo con el que apuestan por una justicia restaurativa, proporcional y alterna para mujeres que cometen delitos menores relacionados con drogas, como por ejemplo el ingreso de sustancias prohibidas a centros penales.El protocolo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (Copolad III), pretende unificar la forma de atender los casos en los diferentes departamentos del sistema costarricense, con el fin de dar un enfoque de género adecuado y de justicia restaurativa.El magistrado de la Sala III de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro, dijo a EFE que desde hace años el país cuenta con una norma específica que establece un tratamiento diferenciado para las mujeres que introducen droga en las cárceles y que han cometido el delito en medio de condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, la exclusión y la violencia de género.El protocolo presentado este lunes busca «establecer una hoja de ruta para que todos los que operamos en el sistema trabajemos de manera diferenciada los asuntos que involucran a mujeres en condición de vulnerabilidad a quienes esas vulnerabilidades las han empujado a cometer el delito», explicó Alfaro.El magistrado de la Sala III de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro (d), en San José (Costa Rica) EFE/ Jeffrey ArguedasSe trata del «Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a mujeres que cometen delitos menores de drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204 de 2001».Alfaro afirmó que la justicia restaurativa «está lejana a la impunidad», ya que genera «responsabilidad» en la persona, así como «conciencia del daño, disposición a la reparación, reconocimiento y transformación», lo que promueve una justicia «equitativa y efectiva» por medio de planes de reparación del daños, sin necesidad de largas condenas de prisión.Según el magistrado, las mujeres sufren las consecuencias de la prisión de manera diferente, pues se ven afectados sus vínculos familiares, sociales, los roles de cuidado de niños y adultos mayores, además del ámbito socioeconómico.El embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, sostuvo que «el enfoque restaurativo que hoy celebramos es una propuesta transformadora que va más allá de la simple sanción y busca, en cambio, la reparación, la rehabilitación, y la inclusión».«En este esfuerzo, la Unión Europea juega un papel fundamental. A través del programa Copolad, la respuesta de la Unión Europea hacia políticas de drogas más efectivas y humanas, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el fortalecimiento de la justicia restaurativa en América Latina y el Caribe», expresó el embajador.Según datos citados por el magistrado Alfaro, en el 2023 en Costa Rica había 564 mujeres presas, y de ellas el 49 % fueron procesadas por delitos relacionados con drogas.En 2022 las autoridades tramitaron 99 causas contra mujeres por el delito de introducción de drogas a centros penales, en 2023 el número subió a 212 y en lo que va del 2024 la cifra fue de 210.Para el 2022 un total de 90 mujeres fueron atendidas mediante la justicia restaurativa, para el 2023 el número ascendió a 225 y las autoridades esperan cerrar el 2024 con 2030, detalló Alfaro.El director del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, destacó que «la rehabilitación e integración de las mujeres no solo mejora el bienestar personal, sino que fortalece el tejido social y reduce los índices de reincidencia». Las autoridades de Costa Rica presentaron este lunes un protocolo con el que apuestan por una justicia restaurativa, proporcional y alterna para mujeres que cometen delitos menores relacionados con drogas, como por ejemplo el ingreso de sustancias prohibidas a centros penales.El protocolo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de política de drogas (Copolad III), pretende unificar la forma de atender los casos en los diferentes departamentos del sistema costarricense, con el fin de dar un enfoque de género adecuado y de justicia restaurativa.El magistrado de la Sala III de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro, dijo a EFE que desde hace años el país cuenta con una norma específica que establece un tratamiento diferenciado para las mujeres que introducen droga en las cárceles y que han cometido el delito en medio de condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, la exclusión y la violencia de género.El protocolo presentado este lunes busca «establecer una hoja de ruta para que todos los que operamos en el sistema trabajemos de manera diferenciada los asuntos que involucran a mujeres en condición de vulnerabilidad a quienes esas vulnerabilidades las han empujado a cometer el delito», explicó Alfaro.El magistrado de la Sala III de Casación Penal y rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro (d), en San José (Costa Rica) EFE/ Jeffrey ArguedasSe trata del «Protocolo para la Aplicación del Proceso de Justicia Restaurativa a mujeres que cometen delitos menores de drogas en el marco del artículo 77 bis de la Ley 8204 de 2001».Alfaro afirmó que la justicia restaurativa «está lejana a la impunidad», ya que genera «responsabilidad» en la persona, así como «conciencia del daño, disposición a la reparación, reconocimiento y transformación», lo que promueve una justicia «equitativa y efectiva» por medio de planes de reparación del daños, sin necesidad de largas condenas de prisión.Según el magistrado, las mujeres sufren las consecuencias de la prisión de manera diferente, pues se ven afectados sus vínculos familiares, sociales, los roles de cuidado de niños y adultos mayores, además del ámbito socioeconómico.El embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, sostuvo que «el enfoque restaurativo que hoy celebramos es una propuesta transformadora que va más allá de la simple sanción y busca, en cambio, la reparación, la rehabilitación, y la inclusión».«En este esfuerzo, la Unión Europea juega un papel fundamental. A través del programa Copolad, la respuesta de la Unión Europea hacia políticas de drogas más efectivas y humanas, reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y el fortalecimiento de la justicia restaurativa en América Latina y el Caribe», expresó el embajador.Según datos citados por el magistrado Alfaro, en el 2023 en Costa Rica había 564 mujeres presas, y de ellas el 49 % fueron procesadas por delitos relacionados con drogas.En 2022 las autoridades tramitaron 99 causas contra mujeres por el delito de introducción de drogas a centros penales, en 2023 el número subió a 212 y en lo que va del 2024 la cifra fue de 210.Para el 2022 un total de 90 mujeres fueron atendidas mediante la justicia restaurativa, para el 2023 el número ascendió a 225 y las autoridades esperan cerrar el 2024 con 2030, detalló Alfaro.El director del estatal Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, destacó que «la rehabilitación e integración de las mujeres no solo mejora el bienestar personal, sino que fortalece el tejido social y reduce los índices de reincidencia». 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