
Una agencia de modelos. Lo pone en el bajo izquierda de un bloque de 12 viviendas en el barrio de Ópera. Es una media verdad. La agencia sí estuvo en el edificio, pero hace tiempo. Ahora es un piso turístico ilegal. Uno de tantos ubicados en enclaves jugosos del centro de la capital y que por fuera parecen algo que no son. Jugar al despiste es una de las formas que tienen de pasar desapercibidos y operar fuera de la ley. Suele funcionar ―en la ciudad hay más de 15.000 sin licencia―, salvo que se encuentren con una comunidad implacable. Los vecinos de esta han denunciado siete veces a la empresa, con más de 60 apartamentos en Madrid, porque cada vez que anotan una victoria, como que retiren el anuncio de internet, los castigan. Pegamento en los cerrojos, pintadas, telefonillos reventados, carteles amenazantes o cortes de luz. Llevan cuatro años soportándolo y no entienden por qué el Ayuntamiento, que posee las competencias, no lo precinta. Les sorprende porque el consistorio sabe que es ilegal: lo ha inspeccionado, ordenado el cese dos veces y multado con 30.000 euros.
Los residentes de un bloque en Ópera libran una batalla agónica contra una empresa que explota más de 60 pisos turísticos en Madrid, incluido el de su portal. El Ayuntamiento ha ordenado dos veces el cese, pero el negocio sigue activo 
Una agencia de modelos. Lo pone en el bajo izquierda de un bloque de 12 viviendas en el barrio de Ópera. Es una media verdad. La agencia sí estuvo en el edificio, pero hace tiempo. Ahora es un piso turístico ilegal. Uno de tantos ubicados en enclaves jugosos del centro de la capital y que por fuera parecen algo que no son. Jugar al despiste es una de las formas que tienen de pasar desapercibidos y operar fuera de la ley. Suele funcionar ―en la ciudad hay más de 15.000 sin licencia―, salvo que se encuentren con una comunidad implacable. Los vecinos de esta han denunciado siete veces a la empresa, con más de 60 apartamentos en Madrid, porque cada vez que anotan una victoria, como que retiren el anuncio de internet, los castigan. Pegamento en los cerrojos, pintadas, telefonillos reventados, carteles amenazantes o cortes de luz. Llevan cuatro años soportándolo y no entienden por qué el Ayuntamiento, que posee las competencias, no lo precinta. Les sorprende porque el consistorio sabe que es ilegal: lo ha inspeccionado, ordenado el cese dos veces y multado con 30.000 euros.
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