El ministerio de Cultura ha encubierto presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental en la Fundación Instituto de Cultura Gitana, una entidad pública creada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha recibido desde entonces más de siete millones de euros de dinero público . Así lo acreditan hasta tres informes internos en los que se instó a la Subsecretaría de Cultura a adoptar medidas, entre ellas derivar el caso a la Fiscalía, lo que no hicieron. El cabecilla del presunto fraude es el socialista Diego Fernández Jiménez, al que Cultura destituyó en junio del año pasado, después de conocer los informes, pero ocultaron los motivos del cese.El Centro de Coordinación de Industrias Culturales auditó los gastos de la fundación del año 2023 y halló graves irregularidades, plasmadas en un primer informe de noviembre de 2024, al que ha tenido acceso ABC: «Lo más grave consiste en la detección de una serie de dietas de kilometraje percibidas durante el ejercicio 2022 y posteriormente también en 2023, que presentan inconsistencias que hacen levantar las dudas sobre dichos gastos», asevera el documento. Al comprobar las irregularidades, el inspector tomó muestras de ejercicios anteriores y descubrió que el fraude era sistemático: «Se ha comprobado que estas prácticas se venían implantando de manera generalizada y sistematizada ya en 2009». Solo ese año, los dos gestores de la fundación pública pasaron dietas por 110.000 kilómetros, que habrían recorrido con sus vehículos privados. El sistema consistía en pasar gastos de grandes desplazamientos, de entre 600 y 1.200 kilómetros, «trayectos que podrían haberse realizado en tren o avión, de menos coste económico». El informe apunta a que la fundación no sacaba un billete de transporte de, por ejemplo, 75 euros, porque en realidad el viaje no existía, y por esa vía no podrían quedarse con el dinero del presunto desplazamiento en vehículo propio, que rondaba los 200 euros, además de la dieta de comida. Las evidencias son numerosas: «Las dietas fueron percibidas en una fecha coincidente con la estancia en hotel en otra ciudad distinta de esa misma persona o su participación en un evento en otra ciudad». Es más, «se han detectado casos en que la misma persona ha llegado a percibir dos dietas para dos desplazamientos de larga distancia distintos el mismo día». Así, Diego Fernández habría ido el 16 de septiembre de 2009 de Madrid a Jaén para celebrar el ‘Día de los Gitanos Andaluces’ y habría vuelto a la capital de España en el día, pero también ese 16 de septiembre habría ido de Madrid a Córdoba para una reunión y habría vuelto a Madrid. O tiene el don de la ubicuidad o no es posible.Además, «las dietas cobradas por miembros de la entidad han sido calculadas mayoritariamente desde Madrid, sin haber constancia de que las personas perceptoras residían en Madrid». De hecho, el inspector comprobó que el director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana residió realmente en Aguilar de la Frontera (Córdoba) y en Torremolinos (Málaga), pero pasaba las dietas como si tuviera que ir desde Madrid hasta distintos puntos de Andalucía . También llama la atención del Centro de Coordinación de Industrias Culturales que los eventos a los que era invitado el director los costea la entidad convocante, no el invitado, que aun así pasaba el kilometraje a la fundación. Entre las dietas que levantaron las sospechas hay varias percibidas «por varios miembros para la realización del mismo trayecto con objeto de asistir al mismo evento y en la misma fecha», es decir, que para ser ciertas tendrían que haber ido a la misma actividad cada uno en su coche particular.Noticia relacionada general No No Urtasun se autoproclama el «ministro del cómic» y avanza más ayudas para las mujeres Jaime G. MoraLa inspección también halló, por ejemplo, que Diego Fernández hacía 1.256 kilómetros en un día, Madrid-Barcelona, ida y vuelta, sin pernoctar allí y, al día siguiente, otros 864 kilómetros para Madrid-Granada-Madrid, lo que no resulta verosímil al inspector.Los ejemplos son numerosos. Carmen Carrillo Losada, responsable de Documentación, cobró una dieta por 1.262 kilómetros porque tiene que ir y volver de Madrid a Jerez a la Frontera, pero ese mismo día estaba alojada en un hotel de la capital.Al margen del presunto fraude en los kilometrajes, la inspección también halló un gasto de 4.053,93 euros para alquilar un local para un acto que «no había tenido lugar», entre otras irregularidades. Una vez descubierto el fraude, el 10 de octubre de 2023 la gerente, Soraya Giménez, y la contable de la fundación fueron convocadas a una reunión en el ministerio y se les preguntó por los desplazamientos en cuestión. El argumento para justificarlo fue peregrino. Dijo que se había producido un caso puntual de un hombre de avanzada edad que tenía que viajar en coche por miedo al avión. El Centro de Coordinación recordó a la gerente que los kilometrajes los cobraban ella y el director, y que en ningún caso se puede justificar el pago para viajes de personas ajenas a la institución.Modificar facturasEse año, 2023, la inspección también encontró que para justificar la subvención pública, 350.000 euros anuales, pudieron «modificar facturas» . Algunas ni siquiera se pudieron comprobar porque la Fundación Cultura Gitana se negó a entregarlas.Los informes no cuantifican la cantidad exacta del presunto fraude, porque lo descubrieron en los últimos años, tomaron muestras aleatorias de ejercicios anteriores y vieron que era un sistema establecido desde 2009. Ante las irregularidades en el cobro de dietas y «la entrega de documentación presuntamente falseada para justificar subvenciones», el Centro de Coordinación de Industrias Culturales instó al ministerio a denunciar lo ocurrido: «Ante las dudas que despierta, se considera necesaria una investigación más profunda sobre estas cuestiones, dando para ello traslado del caso al Ministerio Fiscal . Esto no ocurrió y, según fuentes consultadas por este diario, hace aproximadamente un mes fue la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien remitió el caso a la Fiscalía de Madrid, donde confirman que hay abiertas unas diligencias de investigación .Los informes recomendaban dar traslado al ministerio fiscal. La responsable directa de no haberlo hecho es la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez La responsable directa de la fundación es la subsecretaria de Cultura, María del Carmen Páez Soria, que, además, encabeza el patronato de esta institución pública. Pese a los informes desvelados, desde el gabinete del ministro Ernest Urtasun aseveran a ABC que no fue hasta «2025» cuando detectaron «1.630 euros que no cuadraban». Reconocen que «se podía elevar el tema a otras instancias», pero no lo hicieron, porque «antes la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la información, que ya ha sido remitida»Este periódico también contactó con la actual gerente de la fundación, Soraya Giménez, que supeditó cualquier respuesta al criterio «de la Subsecretaría de Cultura».Diego Fernández ha sido vicepresidente de la Unión Romaní Española y tiene amplia experiencia internacional en la promoción de la cultura gitana. Es abogado y ha tenido diferentes cargos políticos, como concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento cordobés de Aguilar de la Frontera (1987-1988 y 1999-2003) y asesor de Cultura de la Presidencia de la Diputación de Córdoba. Por su parte, Soraya Giménez es afiliada al PSOE y fue miembro de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana Federal del partido en Madrid. El ministerio de Cultura ha encubierto presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental en la Fundación Instituto de Cultura Gitana, una entidad pública creada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha recibido desde entonces más de siete millones de euros de dinero público . Así lo acreditan hasta tres informes internos en los que se instó a la Subsecretaría de Cultura a adoptar medidas, entre ellas derivar el caso a la Fiscalía, lo que no hicieron. El cabecilla del presunto fraude es el socialista Diego Fernández Jiménez, al que Cultura destituyó en junio del año pasado, después de conocer los informes, pero ocultaron los motivos del cese.El Centro de Coordinación de Industrias Culturales auditó los gastos de la fundación del año 2023 y halló graves irregularidades, plasmadas en un primer informe de noviembre de 2024, al que ha tenido acceso ABC: «Lo más grave consiste en la detección de una serie de dietas de kilometraje percibidas durante el ejercicio 2022 y posteriormente también en 2023, que presentan inconsistencias que hacen levantar las dudas sobre dichos gastos», asevera el documento. Al comprobar las irregularidades, el inspector tomó muestras de ejercicios anteriores y descubrió que el fraude era sistemático: «Se ha comprobado que estas prácticas se venían implantando de manera generalizada y sistematizada ya en 2009». Solo ese año, los dos gestores de la fundación pública pasaron dietas por 110.000 kilómetros, que habrían recorrido con sus vehículos privados. El sistema consistía en pasar gastos de grandes desplazamientos, de entre 600 y 1.200 kilómetros, «trayectos que podrían haberse realizado en tren o avión, de menos coste económico». El informe apunta a que la fundación no sacaba un billete de transporte de, por ejemplo, 75 euros, porque en realidad el viaje no existía, y por esa vía no podrían quedarse con el dinero del presunto desplazamiento en vehículo propio, que rondaba los 200 euros, además de la dieta de comida. Las evidencias son numerosas: «Las dietas fueron percibidas en una fecha coincidente con la estancia en hotel en otra ciudad distinta de esa misma persona o su participación en un evento en otra ciudad». Es más, «se han detectado casos en que la misma persona ha llegado a percibir dos dietas para dos desplazamientos de larga distancia distintos el mismo día». Así, Diego Fernández habría ido el 16 de septiembre de 2009 de Madrid a Jaén para celebrar el ‘Día de los Gitanos Andaluces’ y habría vuelto a la capital de España en el día, pero también ese 16 de septiembre habría ido de Madrid a Córdoba para una reunión y habría vuelto a Madrid. O tiene el don de la ubicuidad o no es posible.Además, «las dietas cobradas por miembros de la entidad han sido calculadas mayoritariamente desde Madrid, sin haber constancia de que las personas perceptoras residían en Madrid». De hecho, el inspector comprobó que el director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana residió realmente en Aguilar de la Frontera (Córdoba) y en Torremolinos (Málaga), pero pasaba las dietas como si tuviera que ir desde Madrid hasta distintos puntos de Andalucía . También llama la atención del Centro de Coordinación de Industrias Culturales que los eventos a los que era invitado el director los costea la entidad convocante, no el invitado, que aun así pasaba el kilometraje a la fundación. Entre las dietas que levantaron las sospechas hay varias percibidas «por varios miembros para la realización del mismo trayecto con objeto de asistir al mismo evento y en la misma fecha», es decir, que para ser ciertas tendrían que haber ido a la misma actividad cada uno en su coche particular.Noticia relacionada general No No Urtasun se autoproclama el «ministro del cómic» y avanza más ayudas para las mujeres Jaime G. MoraLa inspección también halló, por ejemplo, que Diego Fernández hacía 1.256 kilómetros en un día, Madrid-Barcelona, ida y vuelta, sin pernoctar allí y, al día siguiente, otros 864 kilómetros para Madrid-Granada-Madrid, lo que no resulta verosímil al inspector.Los ejemplos son numerosos. Carmen Carrillo Losada, responsable de Documentación, cobró una dieta por 1.262 kilómetros porque tiene que ir y volver de Madrid a Jerez a la Frontera, pero ese mismo día estaba alojada en un hotel de la capital.Al margen del presunto fraude en los kilometrajes, la inspección también halló un gasto de 4.053,93 euros para alquilar un local para un acto que «no había tenido lugar», entre otras irregularidades. Una vez descubierto el fraude, el 10 de octubre de 2023 la gerente, Soraya Giménez, y la contable de la fundación fueron convocadas a una reunión en el ministerio y se les preguntó por los desplazamientos en cuestión. El argumento para justificarlo fue peregrino. Dijo que se había producido un caso puntual de un hombre de avanzada edad que tenía que viajar en coche por miedo al avión. El Centro de Coordinación recordó a la gerente que los kilometrajes los cobraban ella y el director, y que en ningún caso se puede justificar el pago para viajes de personas ajenas a la institución.Modificar facturasEse año, 2023, la inspección también encontró que para justificar la subvención pública, 350.000 euros anuales, pudieron «modificar facturas» . Algunas ni siquiera se pudieron comprobar porque la Fundación Cultura Gitana se negó a entregarlas.Los informes no cuantifican la cantidad exacta del presunto fraude, porque lo descubrieron en los últimos años, tomaron muestras aleatorias de ejercicios anteriores y vieron que era un sistema establecido desde 2009. Ante las irregularidades en el cobro de dietas y «la entrega de documentación presuntamente falseada para justificar subvenciones», el Centro de Coordinación de Industrias Culturales instó al ministerio a denunciar lo ocurrido: «Ante las dudas que despierta, se considera necesaria una investigación más profunda sobre estas cuestiones, dando para ello traslado del caso al Ministerio Fiscal . Esto no ocurrió y, según fuentes consultadas por este diario, hace aproximadamente un mes fue la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien remitió el caso a la Fiscalía de Madrid, donde confirman que hay abiertas unas diligencias de investigación .Los informes recomendaban dar traslado al ministerio fiscal. La responsable directa de no haberlo hecho es la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez La responsable directa de la fundación es la subsecretaria de Cultura, María del Carmen Páez Soria, que, además, encabeza el patronato de esta institución pública. Pese a los informes desvelados, desde el gabinete del ministro Ernest Urtasun aseveran a ABC que no fue hasta «2025» cuando detectaron «1.630 euros que no cuadraban». Reconocen que «se podía elevar el tema a otras instancias», pero no lo hicieron, porque «antes la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la información, que ya ha sido remitida»Este periódico también contactó con la actual gerente de la fundación, Soraya Giménez, que supeditó cualquier respuesta al criterio «de la Subsecretaría de Cultura».Diego Fernández ha sido vicepresidente de la Unión Romaní Española y tiene amplia experiencia internacional en la promoción de la cultura gitana. Es abogado y ha tenido diferentes cargos políticos, como concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento cordobés de Aguilar de la Frontera (1987-1988 y 1999-2003) y asesor de Cultura de la Presidencia de la Diputación de Córdoba. Por su parte, Soraya Giménez es afiliada al PSOE y fue miembro de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana Federal del partido en Madrid. El ministerio de Cultura ha encubierto presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental en la Fundación Instituto de Cultura Gitana, una entidad pública creada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha recibido desde entonces más de siete millones de euros de dinero público . Así lo acreditan hasta tres informes internos en los que se instó a la Subsecretaría de Cultura a adoptar medidas, entre ellas derivar el caso a la Fiscalía, lo que no hicieron. El cabecilla del presunto fraude es el socialista Diego Fernández Jiménez, al que Cultura destituyó en junio del año pasado, después de conocer los informes, pero ocultaron los motivos del cese.El Centro de Coordinación de Industrias Culturales auditó los gastos de la fundación del año 2023 y halló graves irregularidades, plasmadas en un primer informe de noviembre de 2024, al que ha tenido acceso ABC: «Lo más grave consiste en la detección de una serie de dietas de kilometraje percibidas durante el ejercicio 2022 y posteriormente también en 2023, que presentan inconsistencias que hacen levantar las dudas sobre dichos gastos», asevera el documento. Al comprobar las irregularidades, el inspector tomó muestras de ejercicios anteriores y descubrió que el fraude era sistemático: «Se ha comprobado que estas prácticas se venían implantando de manera generalizada y sistematizada ya en 2009». Solo ese año, los dos gestores de la fundación pública pasaron dietas por 110.000 kilómetros, que habrían recorrido con sus vehículos privados. El sistema consistía en pasar gastos de grandes desplazamientos, de entre 600 y 1.200 kilómetros, «trayectos que podrían haberse realizado en tren o avión, de menos coste económico». El informe apunta a que la fundación no sacaba un billete de transporte de, por ejemplo, 75 euros, porque en realidad el viaje no existía, y por esa vía no podrían quedarse con el dinero del presunto desplazamiento en vehículo propio, que rondaba los 200 euros, además de la dieta de comida. Las evidencias son numerosas: «Las dietas fueron percibidas en una fecha coincidente con la estancia en hotel en otra ciudad distinta de esa misma persona o su participación en un evento en otra ciudad». Es más, «se han detectado casos en que la misma persona ha llegado a percibir dos dietas para dos desplazamientos de larga distancia distintos el mismo día». Así, Diego Fernández habría ido el 16 de septiembre de 2009 de Madrid a Jaén para celebrar el ‘Día de los Gitanos Andaluces’ y habría vuelto a la capital de España en el día, pero también ese 16 de septiembre habría ido de Madrid a Córdoba para una reunión y habría vuelto a Madrid. O tiene el don de la ubicuidad o no es posible.Además, «las dietas cobradas por miembros de la entidad han sido calculadas mayoritariamente desde Madrid, sin haber constancia de que las personas perceptoras residían en Madrid». De hecho, el inspector comprobó que el director de la Fundación Instituto de Cultura Gitana residió realmente en Aguilar de la Frontera (Córdoba) y en Torremolinos (Málaga), pero pasaba las dietas como si tuviera que ir desde Madrid hasta distintos puntos de Andalucía . También llama la atención del Centro de Coordinación de Industrias Culturales que los eventos a los que era invitado el director los costea la entidad convocante, no el invitado, que aun así pasaba el kilometraje a la fundación. Entre las dietas que levantaron las sospechas hay varias percibidas «por varios miembros para la realización del mismo trayecto con objeto de asistir al mismo evento y en la misma fecha», es decir, que para ser ciertas tendrían que haber ido a la misma actividad cada uno en su coche particular.Noticia relacionada general No No Urtasun se autoproclama el «ministro del cómic» y avanza más ayudas para las mujeres Jaime G. MoraLa inspección también halló, por ejemplo, que Diego Fernández hacía 1.256 kilómetros en un día, Madrid-Barcelona, ida y vuelta, sin pernoctar allí y, al día siguiente, otros 864 kilómetros para Madrid-Granada-Madrid, lo que no resulta verosímil al inspector.Los ejemplos son numerosos. Carmen Carrillo Losada, responsable de Documentación, cobró una dieta por 1.262 kilómetros porque tiene que ir y volver de Madrid a Jerez a la Frontera, pero ese mismo día estaba alojada en un hotel de la capital.Al margen del presunto fraude en los kilometrajes, la inspección también halló un gasto de 4.053,93 euros para alquilar un local para un acto que «no había tenido lugar», entre otras irregularidades. Una vez descubierto el fraude, el 10 de octubre de 2023 la gerente, Soraya Giménez, y la contable de la fundación fueron convocadas a una reunión en el ministerio y se les preguntó por los desplazamientos en cuestión. El argumento para justificarlo fue peregrino. Dijo que se había producido un caso puntual de un hombre de avanzada edad que tenía que viajar en coche por miedo al avión. El Centro de Coordinación recordó a la gerente que los kilometrajes los cobraban ella y el director, y que en ningún caso se puede justificar el pago para viajes de personas ajenas a la institución.Modificar facturasEse año, 2023, la inspección también encontró que para justificar la subvención pública, 350.000 euros anuales, pudieron «modificar facturas» . Algunas ni siquiera se pudieron comprobar porque la Fundación Cultura Gitana se negó a entregarlas.Los informes no cuantifican la cantidad exacta del presunto fraude, porque lo descubrieron en los últimos años, tomaron muestras aleatorias de ejercicios anteriores y vieron que era un sistema establecido desde 2009. Ante las irregularidades en el cobro de dietas y «la entrega de documentación presuntamente falseada para justificar subvenciones», el Centro de Coordinación de Industrias Culturales instó al ministerio a denunciar lo ocurrido: «Ante las dudas que despierta, se considera necesaria una investigación más profunda sobre estas cuestiones, dando para ello traslado del caso al Ministerio Fiscal . Esto no ocurrió y, según fuentes consultadas por este diario, hace aproximadamente un mes fue la Autoridad Independiente de Protección del Informante quien remitió el caso a la Fiscalía de Madrid, donde confirman que hay abiertas unas diligencias de investigación .Los informes recomendaban dar traslado al ministerio fiscal. La responsable directa de no haberlo hecho es la subsecretaria de Cultura, Carmen Páez La responsable directa de la fundación es la subsecretaria de Cultura, María del Carmen Páez Soria, que, además, encabeza el patronato de esta institución pública. Pese a los informes desvelados, desde el gabinete del ministro Ernest Urtasun aseveran a ABC que no fue hasta «2025» cuando detectaron «1.630 euros que no cuadraban». Reconocen que «se podía elevar el tema a otras instancias», pero no lo hicieron, porque «antes la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la información, que ya ha sido remitida»Este periódico también contactó con la actual gerente de la fundación, Soraya Giménez, que supeditó cualquier respuesta al criterio «de la Subsecretaría de Cultura».Diego Fernández ha sido vicepresidente de la Unión Romaní Española y tiene amplia experiencia internacional en la promoción de la cultura gitana. Es abogado y ha tenido diferentes cargos políticos, como concejal y teniente alcalde del Ayuntamiento cordobés de Aguilar de la Frontera (1987-1988 y 1999-2003) y asesor de Cultura de la Presidencia de la Diputación de Córdoba. Por su parte, Soraya Giménez es afiliada al PSOE y fue miembro de la Organización Sectorial de Participación Ciudadana Federal del partido en Madrid. RSS de noticias de cultura
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