Cuando, hace cinco años, abandonó su país, Chile, y se fue a Cataluña para abrir nuevos horizontes profesionales como trabajadora social, Carolina Andrea Alarcón pensó en algunos obstáculos que podría encontrar en su nuevo destino pero nunca imaginó que la lengua sería uno de ellos. Trabajó seis meses (de julio a diciembre de 2025) como coordinadora técnica de un equipo de atención domiciliaria a personas dependientes en una empresa privada subcontrada por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) y, según afirma en declaraciones a ABC, nunca le exigieron el conocimiento de la lengua.Pese a ello, Carolina, que, según dice, «nunca se negó a aprender la lengua autonómica», había realizado por su cuenta dos cursos de catalán, uno para alcanzar el nivel A1, y otro para acreditar el nivel A2. Los cursó en Tarragona, aprovechando que se había matriculado en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de la capital catalana para realizar un postgrado de Antropología y completar su formación. Después, decidió irse a Barcelona, pensando que «quizás era una ciudad más plural y encajaría mejor». La realidad le demostró que estaba equivocada. Noticia relacionada No No Médicos catalanes se rebelan contra el «linchamiento» a los que ejercen en español Esther ArmoraLa trabajadora social ejerció sin problemas en la primera empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí pero ésta fue subrogada y al pasar a depender de la nueva titular del servicio empezaron los problemas. Pese a que debían mantenerle las condiciones de su anterior contrato, la nueva empresa le reclamó la homologación del título y le exigió el uso exclusivo del catalán en su actividad laboral. «Me sentía acosada por el tema de la lengua. Me indicaron en reiteradas ocasiones que debía hablar siempre en catalán, incluso si el usuario se dirigía a mí en castellano. El catalán era parte de su ADN querían trabajadoras catalanas; era un tema de identidad de empresa, aunque gran parte de las empleadas eran latinas», explica Carolina. En su día a día, usaba el castellano porque, según explica, «la mayoría de los usuarios con los que trataba eran castellanohablantes y no tenía sentido forzar el uso de otra lengua».«Me sentía acosada. Querían trabajadoras catalanas; era un tema de identidad de empresa» Carolina Andrea Alarcón Trabajadora socialEl 30 de enero de 2026 la empresa comunicó a Carolina su despido. Era un despido objetivo que sustentó en dos motivos: la falta de homologación de su título y la falta de conocimiento del catalán. Las dos cosas fueron rebatidas por la empleada, que con el asesoramiento de Convivencia Cívica Catalana (CCC), ha demandado a la compañía. «En cuanto al idioma, la carta de despido afirma que la prestación del servicio exige atención y comunicaciones en lengua catalana por imposición del pliego o de las condiciones del servicio, y sostiene que mi representada no habla ni entiende el catalán, llegando a afirmar que así lo habría reconocido», apunta en su escrito de demanda el abogado Ángel Escolano , presidente de CCC. «Motivo directo de la extinción contractual»Añade que «de manera aún más explícita, la propia carta reprocha a mi representada que se dirigiera a las personas usuarias en lengua castellana sin que éstas lo hubieran solicitado expresamente, afirmando que ‘ningún usuario le ha pedido que hablase en castellano’ y que, conforme a la interpretación empresarial del servicio, debía utilizar obligatoriamente el catalán , quedando el uso del castellano limitado únicamente a los supuestos en los que el usuario lo solicitase de forma expresa. El idioma utilizado por la trabajadora se convierte así en el motivo directo y declarado de la extinción contractual». Por lo que respecta a la otra causa de despido, la falta de homologación del título, Escolano precisa que su representada está en vías de obtener la homologación y que eso no fue problema en la anterior compañía. Recuerda también que una empresa no puede despedir a un trabajador por esta causa sin ofrecerle un plazo para conseguir dicha homologación. Está claro que el motivo principal ha sido el no dominio del catalán», coinciden el letrado y su representada.Según arguye Convivencia Cívica Catalana, el despido de Carolina «constituye una vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación reconocido en el artículo 14 de la Constitución española ». Por lo que solicita que se declare nulo el despido, con los efectos legalmente inherentes, incluida la readmisión, el abono de los salarios dejados de percibir y la correspondiente indemnización por daños morales derivados de la lesión de derechos fundamentales por importe de 30.000 euros.«Despedir a una trabajadora por usar el castellano con los pacientes es un acto gravísimo de discriminación» Ángel Escolano Presidente de Convivencia Cívica CatalanaCarolina lamenta las circunstancias de su despido. «Es inaudito que en una comunidad con dos lenguas oficiales me despidan por eso. Yo tengo recursos para poder reclamar y quejarme pero hay muchas personas más vulnerables que están sufriendo esta situación», apunta la afectada. «Me siento frustrada. Mi profesionalidad está acreditada porque la anterior empresa me valoraba mucho e incluso estudié un posgrado para ampliar mi formación. Además, siempre he tenido también una actitud muy abierta a aprender el catalán. Pese a todo, no hay nada que hacer, ha pesado más el tema identitario », concluye la trabajadora. Cuando, hace cinco años, abandonó su país, Chile, y se fue a Cataluña para abrir nuevos horizontes profesionales como trabajadora social, Carolina Andrea Alarcón pensó en algunos obstáculos que podría encontrar en su nuevo destino pero nunca imaginó que la lengua sería uno de ellos. Trabajó seis meses (de julio a diciembre de 2025) como coordinadora técnica de un equipo de atención domiciliaria a personas dependientes en una empresa privada subcontrada por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) y, según afirma en declaraciones a ABC, nunca le exigieron el conocimiento de la lengua.Pese a ello, Carolina, que, según dice, «nunca se negó a aprender la lengua autonómica», había realizado por su cuenta dos cursos de catalán, uno para alcanzar el nivel A1, y otro para acreditar el nivel A2. Los cursó en Tarragona, aprovechando que se había matriculado en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de la capital catalana para realizar un postgrado de Antropología y completar su formación. Después, decidió irse a Barcelona, pensando que «quizás era una ciudad más plural y encajaría mejor». La realidad le demostró que estaba equivocada. Noticia relacionada No No Médicos catalanes se rebelan contra el «linchamiento» a los que ejercen en español Esther ArmoraLa trabajadora social ejerció sin problemas en la primera empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí pero ésta fue subrogada y al pasar a depender de la nueva titular del servicio empezaron los problemas. Pese a que debían mantenerle las condiciones de su anterior contrato, la nueva empresa le reclamó la homologación del título y le exigió el uso exclusivo del catalán en su actividad laboral. «Me sentía acosada por el tema de la lengua. Me indicaron en reiteradas ocasiones que debía hablar siempre en catalán, incluso si el usuario se dirigía a mí en castellano. El catalán era parte de su ADN querían trabajadoras catalanas; era un tema de identidad de empresa, aunque gran parte de las empleadas eran latinas», explica Carolina. En su día a día, usaba el castellano porque, según explica, «la mayoría de los usuarios con los que trataba eran castellanohablantes y no tenía sentido forzar el uso de otra lengua».«Me sentía acosada. Querían trabajadoras catalanas; era un tema de identidad de empresa» Carolina Andrea Alarcón Trabajadora socialEl 30 de enero de 2026 la empresa comunicó a Carolina su despido. Era un despido objetivo que sustentó en dos motivos: la falta de homologación de su título y la falta de conocimiento del catalán. Las dos cosas fueron rebatidas por la empleada, que con el asesoramiento de Convivencia Cívica Catalana (CCC), ha demandado a la compañía. «En cuanto al idioma, la carta de despido afirma que la prestación del servicio exige atención y comunicaciones en lengua catalana por imposición del pliego o de las condiciones del servicio, y sostiene que mi representada no habla ni entiende el catalán, llegando a afirmar que así lo habría reconocido», apunta en su escrito de demanda el abogado Ángel Escolano , presidente de CCC. «Motivo directo de la extinción contractual»Añade que «de manera aún más explícita, la propia carta reprocha a mi representada que se dirigiera a las personas usuarias en lengua castellana sin que éstas lo hubieran solicitado expresamente, afirmando que ‘ningún usuario le ha pedido que hablase en castellano’ y que, conforme a la interpretación empresarial del servicio, debía utilizar obligatoriamente el catalán , quedando el uso del castellano limitado únicamente a los supuestos en los que el usuario lo solicitase de forma expresa. El idioma utilizado por la trabajadora se convierte así en el motivo directo y declarado de la extinción contractual». Por lo que respecta a la otra causa de despido, la falta de homologación del título, Escolano precisa que su representada está en vías de obtener la homologación y que eso no fue problema en la anterior compañía. Recuerda también que una empresa no puede despedir a un trabajador por esta causa sin ofrecerle un plazo para conseguir dicha homologación. Está claro que el motivo principal ha sido el no dominio del catalán», coinciden el letrado y su representada.Según arguye Convivencia Cívica Catalana, el despido de Carolina «constituye una vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación reconocido en el artículo 14 de la Constitución española ». Por lo que solicita que se declare nulo el despido, con los efectos legalmente inherentes, incluida la readmisión, el abono de los salarios dejados de percibir y la correspondiente indemnización por daños morales derivados de la lesión de derechos fundamentales por importe de 30.000 euros.«Despedir a una trabajadora por usar el castellano con los pacientes es un acto gravísimo de discriminación» Ángel Escolano Presidente de Convivencia Cívica CatalanaCarolina lamenta las circunstancias de su despido. «Es inaudito que en una comunidad con dos lenguas oficiales me despidan por eso. Yo tengo recursos para poder reclamar y quejarme pero hay muchas personas más vulnerables que están sufriendo esta situación», apunta la afectada. «Me siento frustrada. Mi profesionalidad está acreditada porque la anterior empresa me valoraba mucho e incluso estudié un posgrado para ampliar mi formación. Además, siempre he tenido también una actitud muy abierta a aprender el catalán. Pese a todo, no hay nada que hacer, ha pesado más el tema identitario », concluye la trabajadora. Cuando, hace cinco años, abandonó su país, Chile, y se fue a Cataluña para abrir nuevos horizontes profesionales como trabajadora social, Carolina Andrea Alarcón pensó en algunos obstáculos que podría encontrar en su nuevo destino pero nunca imaginó que la lengua sería uno de ellos. Trabajó seis meses (de julio a diciembre de 2025) como coordinadora técnica de un equipo de atención domiciliaria a personas dependientes en una empresa privada subcontrada por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) y, según afirma en declaraciones a ABC, nunca le exigieron el conocimiento de la lengua.Pese a ello, Carolina, que, según dice, «nunca se negó a aprender la lengua autonómica», había realizado por su cuenta dos cursos de catalán, uno para alcanzar el nivel A1, y otro para acreditar el nivel A2. Los cursó en Tarragona, aprovechando que se había matriculado en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de la capital catalana para realizar un postgrado de Antropología y completar su formación. Después, decidió irse a Barcelona, pensando que «quizás era una ciudad más plural y encajaría mejor». La realidad le demostró que estaba equivocada. Noticia relacionada No No Médicos catalanes se rebelan contra el «linchamiento» a los que ejercen en español Esther ArmoraLa trabajadora social ejerció sin problemas en la primera empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí pero ésta fue subrogada y al pasar a depender de la nueva titular del servicio empezaron los problemas. Pese a que debían mantenerle las condiciones de su anterior contrato, la nueva empresa le reclamó la homologación del título y le exigió el uso exclusivo del catalán en su actividad laboral. «Me sentía acosada por el tema de la lengua. Me indicaron en reiteradas ocasiones que debía hablar siempre en catalán, incluso si el usuario se dirigía a mí en castellano. El catalán era parte de su ADN querían trabajadoras catalanas; era un tema de identidad de empresa, aunque gran parte de las empleadas eran latinas», explica Carolina. En su día a día, usaba el castellano porque, según explica, «la mayoría de los usuarios con los que trataba eran castellanohablantes y no tenía sentido forzar el uso de otra lengua».«Me sentía acosada. Querían trabajadoras catalanas; era un tema de identidad de empresa» Carolina Andrea Alarcón Trabajadora socialEl 30 de enero de 2026 la empresa comunicó a Carolina su despido. Era un despido objetivo que sustentó en dos motivos: la falta de homologación de su título y la falta de conocimiento del catalán. Las dos cosas fueron rebatidas por la empleada, que con el asesoramiento de Convivencia Cívica Catalana (CCC), ha demandado a la compañía. «En cuanto al idioma, la carta de despido afirma que la prestación del servicio exige atención y comunicaciones en lengua catalana por imposición del pliego o de las condiciones del servicio, y sostiene que mi representada no habla ni entiende el catalán, llegando a afirmar que así lo habría reconocido», apunta en su escrito de demanda el abogado Ángel Escolano , presidente de CCC. «Motivo directo de la extinción contractual»Añade que «de manera aún más explícita, la propia carta reprocha a mi representada que se dirigiera a las personas usuarias en lengua castellana sin que éstas lo hubieran solicitado expresamente, afirmando que ‘ningún usuario le ha pedido que hablase en castellano’ y que, conforme a la interpretación empresarial del servicio, debía utilizar obligatoriamente el catalán , quedando el uso del castellano limitado únicamente a los supuestos en los que el usuario lo solicitase de forma expresa. El idioma utilizado por la trabajadora se convierte así en el motivo directo y declarado de la extinción contractual». Por lo que respecta a la otra causa de despido, la falta de homologación del título, Escolano precisa que su representada está en vías de obtener la homologación y que eso no fue problema en la anterior compañía. Recuerda también que una empresa no puede despedir a un trabajador por esta causa sin ofrecerle un plazo para conseguir dicha homologación. Está claro que el motivo principal ha sido el no dominio del catalán», coinciden el letrado y su representada.Según arguye Convivencia Cívica Catalana, el despido de Carolina «constituye una vulneración del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación reconocido en el artículo 14 de la Constitución española ». Por lo que solicita que se declare nulo el despido, con los efectos legalmente inherentes, incluida la readmisión, el abono de los salarios dejados de percibir y la correspondiente indemnización por daños morales derivados de la lesión de derechos fundamentales por importe de 30.000 euros.«Despedir a una trabajadora por usar el castellano con los pacientes es un acto gravísimo de discriminación» Ángel Escolano Presidente de Convivencia Cívica CatalanaCarolina lamenta las circunstancias de su despido. «Es inaudito que en una comunidad con dos lenguas oficiales me despidan por eso. Yo tengo recursos para poder reclamar y quejarme pero hay muchas personas más vulnerables que están sufriendo esta situación», apunta la afectada. «Me siento frustrada. Mi profesionalidad está acreditada porque la anterior empresa me valoraba mucho e incluso estudié un posgrado para ampliar mi formación. Además, siempre he tenido también una actitud muy abierta a aprender el catalán. Pese a todo, no hay nada que hacer, ha pesado más el tema identitario », concluye la trabajadora. RSS de noticias de sociedad
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